En medio de la escalada de violencia, agentes del Frente Policial Ica con apoyo de la División de Homicidios de Lima, capturaron al presunto asesino de la abogada Fanny Hernández Corres (59) quien era trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y fuera atacada a tiros  el 11 de septiembre, cerca al penal de Chincha donde laboraba.

Tras el ataque también resultó herido el profesor Manuel Ricardo Cervantes Cruz. Los delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal y emboscaron con armas de fuego a los trabajadores penitenciarios.

El presunto sicario Jesús Rafael Petit Colina (29), alias Chuy, es de nacionalidad venezolana y fue detenido en el centro poblado de Lurin Chincha. Tras su captura, quedó a disposición de la justicia.

Según pudo saber La República por fuentes del caso, las autoridades dieron con él en medio de un allanamiento realizado en ese barrio de Chincha Baja. Al ser arrestado, negó todo.

La clave para llegar a él fue un testigo que aportó importantes datos que pudieron llevar a su captura. También, aseguran fuentes policiales, existió un trabajo de inteligencia. Al rodearlo, intentó fugar internándose por unos matorrales, pero fue rápidamente rodeado los agentes de la División de Investigación Criminal de Chincha y de Homicidios de Lima.

Los investigadores dijeron que lo que hay evidencias hasta el momento es que este sujeto si sería autor material en el asesinato de Erick Anselmo Reyes Quispe (26) alias Monito y Luis Antonio Magallanes Ramos (25) alias Patón, ocurrido el 31 de julio de 2024, en el asentamiento humano El Salvador, distrito de Pueblo Nuevo, Chincha.

Durante el registro personal se halló un revólver Taurus, con serie erradicada y de fabricación brasileña, abastecida con cinco municiones, una bolsa con marihuana, un equipo celular reportado como robado en el Sistema de Denuncia Policial (Sidpol) y otros de interés criminal.

“Este sujeto estaría inmerso en varios delitos de homicidios por encargo en Chincha, ahora es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública (fabricación, comercialización uso o porte de armas), delito contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) delito contra el patrimonio (receptación) y otros.

El coronel de la PNP, Daniel Soto, informó que la fallecida ya había recibido amenazas de un interno del penal.

Ella trabajaba desde hace 27 años en el Inpe, desempeñándose los últimos diez años en el área legal del penal de la región. Días antes de su muerte, recibió una llamada de una compañera de trabajo advirtiéndole que su nombre figuraba en una lista de personas marcadas para ser asesinadas junto a otros tres trabajadores del Inpe.

Según se supo, la abogada enfrentó al interno acusado de querer acabar con su vida, quien negó las acusaciones. Sin embargo, la advertencia de la lista de víctimas se cumplió tres días después, cuando un sicario en motocicleta disparó tres veces contra ella mientras viajaba en un colectivo

Tres días después de aquella advertencia, sicarios acabaron con su vida mientras se dirigía a su centro de trabajo.