Decenas de pescadores artesanales arrojaron peces negros este martes a las afueras de la empresa española Repsol en Lima, como protesta por la contaminación que causó un derrame de crudo de la petrolera en enero, en las costas de Perú.

El grupo de manifestantes elevó enormes pancartas y arrojó peces muertos teñidos de negro para exigir que se incorpore a miles de afectados por el derrame a un padrón de beneficiarios y que se mejore la gestión de las indemnizaciones económicas por los daños del vertido.

«Hay personas fuera del padrón de afectados. En marzo la Defensoría del Pueblo (ombudsman) había estimado más de 15.000 personas afectadas, y el padrón está compuesto hoy por 10.000 personas aproximadamente», dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.

El derrame, de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima.

«Tenemos un pliego de reclamos vinculados a la actividad de la pesca artesanal y otros administrativos (…) La empresa ha señalado que tiene la disposición, pero nosotros queremos resultados», advirtió Rossi.

Las distintas asociaciones de pescadores y comerciantes presentes en la protesta, que representan a unos 3.000 afectados de la zona contaminada, aseguraron que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque persiste el vertido.

«No podemos pescar (…) tenemos que ir dos o tres días a la chacra» (ndlr: huerto) a buscar alimentos, expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay.

«Por eso pedimos que nos indemnicen. Que vengan y verifiquen si somos pescadores artesanales», añadió Cruz, mientras sostiene una pancarta exigiendo respuestas a la petrolera española.

«Estamos con préstamos, endeudándonos de un banco, de otro banco. Y ellos nos dicen ‘te damos tanto’, pero no nos cubre», afirma a la AFP Rosa Lozano, una pescadora y armadora de 38 años y madre de 5 hijos.

La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.