La Policía Nacional del Perú (PNP) ha determinado que toda la información vinculada a denuncias policiales será considerada confidencial. Este carácter reservado se aplicará a todas las denuncias que presenten los ciudadanos por cualquier tipo de delito, según la Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, de fecha de 25 de agosto de 2025, a la que tuvo acceso La República.
La reserva de está información tendrá una duración de cinco años. Se entiende que al cabo de ese periodo, los ciudadanos recién podrán conocer que personas han sido denunciadas y por que delito. Antes, todo se manejará en secreto. Con ello, se limita la consulta pública sobre las denuncias registradas en la institución. El hecho ha sido visto como una afectación a la libertad de información.
«Clasificar como información reservada Clasificar como información reservada en la Policía Nacional del Perú, independientemente del soporte en que se encuentre, toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco (05) años a partir de la fecha, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución», precisa el artículo 1 de la referida resolución directoral
La decisión de la PNP de declarar reservada por cinco años toda la información contenida en las denuncias policiales se sostiene, según su propio argumento, en la necesidad de resguardar las investigaciones y proteger la seguridad ciudadana. Sin embargo, este razonamiento resulta problemático, ya que extiende la reserva a toda la base de datos de denuncias, sin diferenciar entre casos sensibles y aquellos que podrían ser accesibles sin poner en riesgo el curso de una investigación.
Además, la PNP justifica la medida en la protección de derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad de las personas, pero paradójicamente esta reserva puede afectar a las propias víctimas de delitos, que verían restringido su derecho a la información y al control ciudadano sobre cómo se gestionan sus denuncias. Con esta decisión, la institución corre el riesgo de consolidar un modelo donde la seguridad se usa como excusa para reducir la vigilancia ciudadana sobre la actuación policial. En lugar de fortalecer la confianza en la institución, la decisión puede reforzar sospechas de encubrimiento y falta de rendición de cuentas.
«En efecto, sin la debida reserva de la información contenida en las denuncias registradas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal, se pondría en riesgo la finalidad esencial de la Policía Nacional del Perú, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Asimismo, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la estabilidad democrática constituyen bienes jurídicos de interés nacional que permiten la gobernabilidad y el desarrollo del país. En ese sentido, la unidad orgánica proponente ha recomendado clasificar la información contenida en las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal como información reservada», argumenta la indica resolución directoral
La resolución dispone que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional será la encargada de registrar y custodiar la información que ha sido declarada reservada.
Denuncias contra la PNP por muertes en protestas serían blindados del análisis público
La decisión de la PNP de declarar como reservadas todas las denuncias policiales por un plazo de cinco años puede convertirse en un obstáculo serio para las investigaciones sobre las más de 60 muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en contra de Dina Boluarte.
En ese periodo, organismos nacionales e internacionales como la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional documentaron un patrón de uso excesivo de la fuerza, con un número significativo de víctimas por impactos de proyectiles disparados por agentes estatales. Con la nueva medida, las denuncias que ciudadanos o familiares presentaron en comisarías y que alimentan la base de datos policial quedarían blindadas de escrutinio público.
Además, esta reserva limita el acceso de fiscales, periodistas y organizaciones de derechos humanos a información clave sobre cómo se registraron las denuncias contra efectivos policiales, qué diligencias se realizaron y en qué estado se encuentran. Cabe recordar que, según cifras del Ministerio Público del 2024, más de cincuenta investigaciones fiscales siguen abiertas contra policías y militares implicados en muertes y lesiones graves durante las manifestaciones.
Para los deudos de los asesinados, el acceso a los expedientes y al tratamiento que la PNP dio a cada denuncia es vital no solo para exigir justicia, sino también para demostrar si existió encubrimiento institucional. La medida cerraría durante un lustro este espacio de fiscalización pública.
Especialista señala que la decisión de la PNP va en contra de la Ley de Transparencia: «Las excepciones deben ser de carácter restringido»
En diálogo con el portal independiente Epicentro, el abogado Ronald Gamarra señaló que esta disposición de la Policía Nacional del Perú persigue fines contrarios al derecho a la libertad informativa de los ciudadanos y, en consecuencia, vulnera lo establecido por la Ley de Transparencia.
“(…) La regla frente a todo acto y a toda información en poder de la autoridad es que dicha información debe ser de acceso público, y el Estado tiene la obligación de entregarla al ciudadano. (…) Las excepciones deben ser de carácter limitado. (…) Esta resolución excede las posibilidades de excepción permitidas por la ley. Lo que se pretende es ocultar a la ciudadanía el conjunto de denuncias presentadas: aquellas contra el Ministerio del Interior, contra efectivos policiales, entre otras. Ese es el verdadero sentido de resoluciones como esta”, afirmó Gamarra.
Detenidos:
Delitos:
Lugar de intervención: Calle Leoncio Prado S/N – Huaral.
Incautado en el operativo:
Lo más grave: la agenda revelaría que la droga era entregada a profesionales, empresarios y hasta trabajadores del Estado en Huaral.
Este caso ya está en manos de la Fiscalía de Turno de Huaral y continuará en investigación.
ENFOQUE REAL 