El haber pedido una coima de 50.000 soles a un detenido los llevará a la cárcel. El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este condenó a seis años de prisión efectiva a tres suboficiales de la PNP por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en calidad de cómplices.

Tras la investigación que realizó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, se determinó que, en abril del 2018, los tres efectivos policiales de la comisaría La Huayrona cooperaron en la solicitud ilícita de 50.000 soles que realizaron el entonces mayor PNP Rafael Jiménez y el suboficial Miguel Cáceres a un ciudadano detenido.

A cambio del pago, se buscaba omitir el reporte de detención del detenido para no comunicar el procedimiento al registro de denuncias del Ministerio Público. Los autores principales ya habían sido sentenciados previamente mediante una resolución emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de San Juan de Lurigancho.

En el reciente juicio oral, el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez acreditó que los tres procesados participaron en la ejecución del acto corrupto, permitiendo que se concrete la conducta ilícita que afectó gravemente la función policial y la confianza ciudadana.

El órgano jurisdiccional impuso también igual plazo de inhabilitación, conforme a la normativa penal, y ordenó el pago de 30.000 soles por concepto de reparación civil, de manera solidaria, a favor del Estado.

Otro caso polémico

Hace unos días, dos policías también fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva por su participación en un caso de detención ilegal en agravio de una mujer en el distrito huaralino de Huacho.

El fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza acreditó la actuación ilícita de los agentes Andrés Malvaceda y Franko Vásquez, quienes fueron condenados por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público falso.

Según la acusación fiscal, la víctima trabajaba en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana. Este, sin embargo, con la ayuda de los dos imputados y un abogado, acusó falsamente a la mujer de robo y la obligó a subir a un patrullero sin denuncia previa.

Ya en la sede de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Huacho, los suboficiales retuvieron a la mujer de forma arbitraria, elaboraron documentos con una firma falsificada del comisario y permitieron que el abogado Jacob Aguirre redactara un falso contrato de préstamo por 10.000 soles, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su liberación. El letrado fue sentenciado a tres años de pena suspendida como cómplice del delito de concusión.

Ahora, los tres sentenciados deberán pagar una reparación civil de 5.000 soles de forma solidaria a favor de la agraviada, y 50 días de multa en el caso de los policías y 200 días de multa en el caso del abogado, quien, además, quedó inhabilitado para ejercer el derecho.

No son casos aislados

Estas dos condenas impuestas por el Poder Judicial no son aisladas. En setiembre último, el inspector general de la PNP, el general Jhonny Véliz, señaló que en el primer semestre del 2025 se habían registrado 1.382 denuncias contra policías por distintas faltas y delitos en diversas regiones del país.

De esa cifra, 629 agentes fueron denunciados por faltas contra la administración pública, 327 por delitos contra la vida el cuerpo y la salud, 242 por crímenes contra el patrimonio y 151 por distintos delitos contra la libertad.  

«En ese periodo se han reportado 993 policías que fueron detenidos. De ellos, 222 enfrentan cargos por violencia contra la mujer, 191 contra la administración pública, 181 por crímenes que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio), 151 por delitos relacionados con la seguridad pública, 121 por delitos contra el patrimonio (robo) y 54 por infracciones contra la libertad», explicó el oficial a este diario.

En tanto, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, respondió que cada año se pasa al retiro a un promedio de 1.000 efectivos a nivel nacional por medidas disciplinarias. En el 2024 fueron separados 1.030 malos policías; mientras que en el 2022 se dio de baja a 990 por cruzar la línea.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, madre de tres hijos, cuando se disponía a cobrar un cupo extorsivo a un bodeguero, en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Marco Puente Llanos, en el distrito limeño de Ate.

Al ser intervenida, la sospechosa ofreció disculpas y justificó su accionar, aduciendo que necesita el dinero para mantener a sus hijos, indicó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

El alto mando detalló que la mujer fue intervenida junto con un hombre, quien sería su expareja y también integraría la organización delictiva.

“Estas personas han sido intervenidas con la objetividad, con las evidencias, cuando se disponían a cobrar un dinero producto de la extorsión a un hermano bodeguero”, refirió el jefe policial.

“(La mujer) está pidiendo disculpas, dice que era una necesidad. O sea, ¿una necesidad es someter psicológicamente a sus hermanos peruanos? Hay otras líneas, trabajar lícitamente, no atentar contra la gente”, agregó.

Avanzan las investigaciones

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la mujer detenida como Flor Silva Santiago (27), madre de tres hijos. En tanto, el hombre intervenido responde al nombre de Jacinto Espinosa Vera.

Según la Policía Nacional, la mujer recibía el dinero no solo en efectivo, sino también a través de cuentas bancarias y aplicativos digitales.

La banda criminal amenazaba a sus víctimas a través de mensajes enviados al aplicativo WhatsApp. 

La Fiscalía anticorrupción inició diligencias preliminares tras la revelación periodística que evidencia la paralización de 25 ambulancias que debían ser distribuidas a las regiones del país mas permanecen inmovilizadas al interior del Hospital de la Policía.

Fiscalía inicia investigación preliminar

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) investiga el presunto delito de negociación incompatible tras la compra de 25 ambulancias que se encuentran inmovilizadas en el Hospital de la Policía en el distrito de Jesús María.

La adquisición para adquirir los vehículos habría sido firmada en el 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte cuyo costo ascendería a S/ 4 639 920.30. Con la licitación, el contrato habría sido firmado a inicios del mes de abril. Desde ese momento, las ambulancias habrían permanecido paralizadas al no haber sido distribuidas a las regiones asignadas.

Las ambulancias tendrían que haber sido destinadas a los distritos de Surquillo y San Bartolo, en el distrito de Lima. Para las regiones sería Tacna, Huancavelica, Chincha, Cerro de Pasco, Huánuco, Tumbes, Trujillo, Piura, Cañete, Pucallpa, Abancay, Juliaca, Tingo María, Cajamarca, Bagua Grande, entre otros, según el reportaje de Punto Final.

Según la investigación periodística, el contrato establecía un plazo de 60 días para su entrega. Hasta el momento, los vehículos permanecen inmovilizados y el Ministerio del Interior no habría dispuesto presupuesto para ponerlos en funcionamiento. 

Funcionarios públicos involucrados

Las primeras diligencias fiscales están orientadas a determinar si funcionarios públicos se interesaron indebidamente en la contratación de las ambulancias. 

La Fiscalía ha dispuesto que la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que en un plazo de 60 días se recabe documentación de la licitación pública y el cronograma de ejecución.

También se pide que se identifiquen a todos los funcionarios públicos que participaron en las etapas de requerimiento, adquisición, recepción y custodia de las ambulancias. Tras ello, se determinará las responsabilidades penales. 

Con esta investigación fiscal se busca cautelar el buen uso de los recursos públicos y la persecución del delito para los que resulten responsables.

La Fiscalía anticorrupción inició las diligencias preliminares por la compra de 25 ambulancias que permanecen inmovilizadas al interior del Hospital de Policía. Ello, a pesar que su contratación disponía que estos vehículos fueran distribuidos a diferentes regiones del país. 

Una ciudadana de nacionalidad dominicana, identificada como Joani Rosal Soto, de 45 años, fue intervenida cuando intentaba salir del país rumbo a Madrid con un carnet de residencia español falsificado. El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando personal de migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, fue alertado del incidente.

“Surge la sospecha en el check-in, al momento de ir a dejar el equipaje con la aerolínea. Nos pide a nosotros el apoyo y ahí acudimos. Lo que la señora tenía era un documento de residencia española adulterado. Con ese documento, ella trataba de ingresar a España. Recordemos que para un ciudadano dominicano, ingresar a un territorio de la comunidad Schengen, y básicamente a España, requiere de su pasaporte y una visa”, señaló personal del Ministerio del Interior para Panamericana.

PNP no descarta que mafias operen vendiendo documentos falsificados

La mujer fue detenida para las diligencias de ley, pero el caso dejó en evidencia la existencia de mafias dedicadas a la falsificación de documentos. “Sabemos que inclusive cobran entre US$5.000 a US$6.000 posiblemente por hacer este tipo de documentos. Hemos tenido casos de pasaportes de países muy cercanos donde cambian la tapa y ponen pasaporte oficial del país, tal y obviamente ya se reconoce”, indicó.

En lo que va del año, agentes de migraciones han denegado el ingreso al Perú a 1.949 ciudadanos extranjeros por distintos motivos migratorios. Desde el 1 de junio, con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, se registraron 957 casos de inadmisión. Las causas más frecuentes son por no cumplir con el perfil de turista (50.3%), carecer de visa (22.2%) o pasaporte directo (17.3%), presentar documentación adulterada o falsa (5.1%), así como motivos de seguridad nacional, orden interno y/o público (5.1%). La mayoría provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela.