María Luz Meléndez Morales, una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenida tras intentar ingresar dinero al penal Establecimiento Penitenciario Ancón II, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Dinero oculto en su ropa
Según detalló el INPE, la suboficial manifestó que cumplía funciones en el Establecimiento Transitorio de Lima (carceleta), ubicado dentro del penal, y que se dirigía al área de psicología.
Como parte de los protocolos de seguridad, fue sometida a una revisión corporal en el cubículo 2 del recinto penitenciario. Durante la inspección, el personal detectó que llevaba S/16 300 ocultos en su brasier, dinero cuyo ingreso está prohibido.
Caso en manos del Ministerio Público
Tras el hallazgo, el INPE comunicó la intervención a la Depincri de Puente Piedra de la PNP y al Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen posibles responsabilidades penales.
El caso se produce en un contexto de crisis de seguridad ciudadana, donde las autoridades han advertido que diversas organizaciones criminales operan desde centros penitenciarios.
Investigación en curso
Las diligencias buscan esclarecer:
El destino del dinero.
Si existía coordinación con internos.
La posible comisión de delitos vinculados al favorecimiento penitenciario.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la situación legal de la suboficial.
La noche del lunes 23 de febrero, la provincia de Cajabamba quedó en silencio. En cuestión de minutos, un grupo de sujetos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú irrumpió en la propiedad de Javier Mercedes Chávez, empresario trujillano conocido como ‘Muky’.
Los hombres vestían prendas de la División de Operaciones Especiales (Dinoes). Lo redujeron y se lo llevaron a bordo de una camioneta. Testigos grabaron cómo seis sujetos lo trasladaban con rumbo desconocido. Incluso habrían sustraído dinero en efectivo.
Liberan a empresario secuestrado en Cajabamba. Foto: Difusión
El rapto ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. Entre vecinos y familiares quedó la confusión. Un familiar declaró que la víctima pensó que se trataba de una broma, porque días antes policías habían llegado por una queja por volumen alto. Esta vez lo tiraron y se lo llevaron.
Horas después comenzaron los mensajes. A través de WhatsApp, los secuestradores exigieron hasta siete millones de dólares para liberarlo con vida. En uno de los textos advirtieron que, si avisaban a la Policía, iniciarían actos de tortura.
EXIGENCIA MILLONARIA Y SOSPECHAS
La magnitud del rescate activó las alertas en Cajamarca y La Libertad. Las autoridades investigan la posible participación de bandas criminales que operan entre ambas regiones. Una de las hipótesis apunta a la organización conocida como Los Pulpos, que habría extendido sus operaciones.
Desde el momento de la desaparición, la Policía activó un operativo de búsqueda. Participaron rondas campesinas, tenientes gobernadores y pobladores organizados. La información sobre una camioneta sospechosa circulaba en tiempo real por grupos de WhatsApp.
La comunidad se concentró frente a la comisaría local. Exigían respuestas y mayor seguridad. “Justicia para Muki”, se escuchó en la protesta. Una vecina afirmó que temen por su seguridad y que necesitan protección.
Las investigaciones preliminares señalan que el empresario fue llevado a un búnker subterráneo o refugio rústico. En la zona se hallaron chalecos de efectivos policiales, presuntamente utilizados por los secuestradores para simular el operativo.
RESCATE EN MENOS DE 24 HORAS
El martes 24 de febrero, alrededor de las 6:00 p.m., agentes de la Policía ubicaron a Javier Mercedes Chávez en una choza del caserío de Huayllabamba. Habían pasado menos de 24 horas desde el secuestro.
Durante el operativo de rescate se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones ni cortes visibles. Fue trasladado y permanece en la comisaría de Cajabamba mientras continúan las diligencias.
El empresario, con domicilio registrado en La Libertad, es conocido en el norte del país por sus inversiones. Según sus redes sociales, es propietario de un hotel en Cajabamba, está ligado a la pelea de gallos y tendría vínculos con la minería.
Empresario trujillano dedicado a la minería fue liberado 24 horas después.
La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Las investigaciones buscan identificar y capturar a los responsables, así como determinar si se trató de una operación coordinada por una organización criminal.
En el contexto nacional, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en el tercer trimestre de 2025 se reportaron 393 secuestros denunciados y en el cuarto trimestre la cifra descendió a 375. Sin embargo, varios casos continúan sin resolverse.
En Cajabamba, la familia y la comunidad esperan respuestas. El rescate cerró el cautiverio, pero no el caso. Las diligencias siguen abiertas para esclarecer quiénes fingieron ser policías y planearon un secuestro con exigencia millonaria.
Personal de la DIVREINT LIMA NORTE – EEI HUARAL, tras acciones de inteligencia, tomó conocimiento sobre las operaciones delictivas de la presunta banda criminal «Los Babys de Truji». Esta organización estaría dedicada al delito contra el patrimonio (extorsión) en agravio de empresarios, comerciantes y profesionales del distrito de Huaral.
El operativo se ejecutó tras la denuncia de la víctima, quien manifestó recibir amenazas de muerte y exigencias económicas por parte de dicha banda para no atentar contra su integridad, su familia o su negocio «Repuestos y Multiservicios El Milagro».
Durante la intervención, se logró la retención en flagrancia del menor L. F. A. P. (15), alias «Perico». En el registro personal se le halló un equipo celular; asimismo, en la escena se encontró un sobre con un mensaje extorsivo parcialmente quemado, junto a dos municiones calibre 9 mm y una botella con combustible utilizada para amedrentar a la víctima.
El 1 de marzo de 2024, la rutina de viaje de Jenyfer Lozano Chávez cambió de forma abrupta en la región Amazonas. Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, un grupo de policías, en complicidad con otros involucrados, planificó un falso operativo policial tras enterarse de que la ciudadana trasladaría S/350 000 en efectivo. El objetivo era apropiarse de esa suma mediante la simulación de una intervención legal.
El plan se activó cuando Lozano Chávez abordó un ómnibus en la agencia de Transportes Móvil Bus. Los acusados, identificados como Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez, Wily Iván Cadenillas Requejo, Antonio Yalta Yoplac, Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua, la siguieron en vehículos particulares hasta el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) PNP – Achamaqui.
Allí interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial.
Durante la revisión, encontraron el dinero en una de las maletas. Bajo el argumento de que la trasladarían a una comisaría para formalizar la intervención, la subieron a una camioneta particular y la desviaron de la ruta prevista.
En lugar de llevarla a una dependencia policial, la mantuvieron privada de libertad, situación que constituye secuestro extorsivo según la legislación peruana. Mientras la tenían en su poder, los responsables le exigieron entregar el dinero a cambio de su liberación, acompañando la exigencia con amenazas hacia ella y su familia.
Finalmente, la víctima fue abandonada en la vía pública, pero sin el dinero. Posteriormente, los acusados se repartieron la suma sustraída en dos inmuebles de Chachapoyas, uno en el sector Santa Lucía y otro en el jirón Bolivia N.° 540.Los policías interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial. (Imagen ilustrativa Infobae)
Sentencia y reparación civil
El caso llegó a juicio, donde la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal de los implicados en los hechos. El 13 de febrero de 2026, el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba dictó adelanto de fallo condenatorio.
Se impuso una pena de 35 años de privación de libertad a Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Wily Iván Cadenillas Requejo, todos efectivos policiales. Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua recibieron penas superiores a 30 años de prisión. Antonio Yalta Yoplac, por acogerse a la conclusión anticipada del proceso, fue sentenciado a trece años y cinco meses de cárcel.
Además de las sentencias de prisión, el tribunal estableció el pago de reparación civil por S/348 000 a favor de la víctima. Este monto busca resarcir el daño económico ocasionado por la apropiación ilícita de los fondos.
En el sistema penal peruano, el secuestro extorsivo implica privar de libertad a una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico, agravándose cuando participan funcionarios públicos o se emplea la violencia o amenazas. El fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción policial y la protección de los derechos ciudadanos ante abusos de autoridad.
El proceso judicial evidenció cómo el mal uso de la investidura policial puede desencadenar delitos complejos, desde la privación ilegítima de la libertad hasta la apropiación de bienes ajenos.
La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca dejó firme la condena a 35 años de Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, un expolicía acusados de asesinar al suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe y la quema de un patrullero durante las protestas contra la expresidenta Dina Boluarte del 9 de enero de 2023, en Puno.
Esta medida, ratificada ayer, fue incluso saludada explícitamente por el comando de la Policía Nacional del Perú a través de su cuenta oficial X. “Cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado”, titularon su pronunciamiento.
Luego confirmaron que, mediante la sentencia firme N° 08-2026, la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó 35 años de prisión efectiva “contra el responsable de los hechos que acabaron con la vida de nuestro héroe, el S2 PNP José Luis Soncco Quispe”.
Añadieron que “este fallo no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad, confirmando la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego”.
Así se ratificó además el pago de S/180.000 como reparación civil a favor de los herederos del efectivo policial y S/25.000 a favor del Estado.
Como se sabe, el exefectivo Erusbel Apaza, quien participó en el crimen de su colega durante las protestas en Juliaca, donde también murieron 17 civiles fue declarado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, en el contexto del crimen.
Con esa decisión los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Juliaca, Víctor Paredes Mestas, Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata, desmentían la versión brindada inicialmente por el entonces primer ministro Alberto Otárola, quien afirmó que el agente murió quemado a manos de los manifestantes.
Ahora se sabe que el suboficial José Luis Soncco patrullaba la urbanización Tambopata junto al agente Ronal Villasante Toque cuando fueron rodeados por un grupo de personas. Ambos fueron obligados a bajar del vehículo y agredidos con palos y piedras.
Soncco murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una piedra. Luego, los atacantes rociaron combustible al patrullero, lo incendiaron y dejaron que el fuego lo consumiera. El 73% de su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado. Villasante logró escapar con vida del ataque.
Durante el allanamiento a la vivienda de Apaza Uturunco, se halló una pistola Pietro Beretta y cacerinas para fusil AKM, armas sustraída a los policías atacados, y 23 mil 800 dólares en efectivo.
Las autoridades judiciales declararon a Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco culpable del delito de disturbio agravado y sustracción de armas. Los magistrados concluyeron que las acciones realizadas por Apaza dieron origen a ambos delitos.
También determinaron que Apaza participó de la turba que atacó a los policías, lo que derivó en la muerte del suboficial José Luis Soncco. Asimismo, le arrebató el arma de fuego del suboficial Villasante Toque y la cacerina abastecida del agente Soncco Quispe.
Por estos hechos, se le impuso 35 años de prisión efectiva que cumple desde el 23 de marzo de 2023 en el penal Juliaca ex La Capilla. La pena se cumplirá en el 2058.
La Policía Nacional inició investigaciones tras hallar cuatro fetos humanos dentro de un balde de pintura en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).
Según fuentes policiales consultadas por RPP, el balde con los restos fue hallado por personal de recojo de residuos sólidos de la Municipalidad del distrito, mientras realizan su jornada de trabajo en el jirón Juan Tobías Meyer.
PNP investiga el caso
Al percatarse del contenido del recipiente, el personal de recojo de residuos sólidos de la comuna dio aviso de inmediato a la PNP.
Posteriormente, los efectivos llegaron a la zona y, al identificar que se trataban de restos humanos, aislaron el área e informaron al Ministerio Público y a la unidad policial especializada para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.
Los policías interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial. (Imagen ilustrativa Infobae)
ENFOQUE REAL 