Poder Judicial ordena la liberación inmediata de Iván Quispe Palomino tras permanecer dos días detenido

Tras dos días de haber permanecido detenido, se ordenó la liberación de Iván Quispe Palomino, según una disposición del Poder Judicial en la que detalla que no era la persona que se mencionaba en la presunta requisitoria en su contra. El ministro del Interior, Juan José Santivañez, lo había presentado como «el segundo líder al mando de Sendero Luminoso»; sin embargo, dicha afirmación fue refutada por especialistas en el tema, como Pedro Yaranga, quien comentó que Quispe Palomino nunca tuvo ningún alto cargo dentro de la organización y que se encontraba retirado desde el año 2012.

Cabe recordar que la captura se realizó cuando la Policía Nacional del Perú realizaba un control de identidad en el Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Posteriormente, el ministro Santiváñez lo anunció en un programa periodístico como si hubiese sido la captura del siglo. Sin embargo, según las investigaciones que fueron saliendo se descubrió que la persona detenido no presentaba ninguna requisitoria.

Familiares denunciarán a ministerio del Interior

Los familiares de Iván Quispe Palomino han anunciado su intención de denunciar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como a todos los involucrados en la detención y las acusaciones de una supuesta vinculación de Palomino con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Según explicó Pamela Mayta, familiar del detenido, tanto Iván como sus seres queridos han sufrido afectaciones psicológicas debido a las acciones del Ministerio del Interior (Mininter).

«Al ministro y a los dos policías y a todas las personas que estén vinculadas y que han hablado cosas que no son. Tenemos menores de edad. Mi hermana está psicológicamente mal. Es menor de edad puede traerle problemas de bullying en el colegio», mencionó a Exitosa.

Por esta razón, han decidido querellar al titular del Mininter y recurrir a todas las instancia en búsqueda de justicia. «El ministro tiene preparación. Cómo es posible que de una información tan descabellada. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con él», exclamó Mayta.

Asimismo, Mayta informó que otra de las afectaciones que han enfrentado desde la captura de Palomino es que no conocían su paradero. A pesar de visitar diversas dependencias, ningún efectivo les dijo la ubicación del detenido. «Nos han paseado. Hemos ido a diferentes lugares y nadie nos decía dónde estaba», indicaron.

Ordenan liberación inmediata. Foto: X

El detenido trabajaba como albañil

Los vecinos de Iván Quispe Palomino en San Juan de Lurigancho afirmaron, según informó Exitosa, que el presunto ‘segundo al mando’ de Sendero Luminoso trabaja como obrero en la construcción en la zona. Además, expresaron su descontento con su arresto, calificándolo como ‘injusto’.

Los residentes defendieron que el detenido nunca usó un nombre falso ante las autoridades, ya que lo conocen simplemente como ‘Iván’. Indicaron que vive en el lugar desde hace unos cinco años. Por su parte, el propietario del inmueble que Quispe Palomino alquila se mostró sorprendido por la noticia de su detención y criticó al ministro del Interior, considerando la captura un ‘abuso’.

Iván Quispe Palomino tras ser liberado: «Ha terminado el show. Los responsables deben retractarse»

Iván Quispe Palomino fue liberado tras más de 48 horas de ser detenido y se reencontró con su familia. A su salida, fue interceptado por la prensa y dijo que haber sido víctima de maltrato psicológico. Cabe recordar que el «supuesto segundo líder al mando» de Sendero Luminoso fue capturado en un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

«Ha terminado el show y yo creo que los verdaderos actores deberían de retractarse públicamente, así como hicieron daño a mí y a mi familia (…) Es difícil pero ya estoy libre gracias a mi familia. Por medio de mi abogado vamos a realizar una querella. Fue un error. He sufrido maltrato psicológico», señaló.

Presidente del Poder Judicial se resiste a convocar a Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, cuyo mandato concluye dentro de 76 días, el 31 de diciembre de 2024, no recibió de buen agrado los pedidos para convocar una Sala Plena Extraordinaria de la Corte Suprema realizada por 10 jueces supremos, la Corte Superior de Justicia del Callao y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).

Los jueces piden la convocatoria urgente de la Sala Plena para evaluar las consecuencias que tendrán para la independencia judicial y el respeto a los derechos de los ciudadanos, los proyectos de Ley que se discuten y las Leyes ya promulgadas por el Poder Ejecutivo que reforman y buscan modificar el Código Penal, Código Procesal Penal, Leyes de la Carrera Judicial y Fiscales y el Código Procesal Constitucional.

Pero, según trascendió, Arévalo Vela se tomó el pedido con calma y pidió tolerancia y prudencia. Recién convocaría a Sala Plena la próxima semana, por temas de agenda.

Un juez especialista en derecho laboral

Jueces consideran que las leyes del Congreso afectan la independencia judicial y no sirven para luchar contra la delincuencia

Fuentes de La República indican que al presidente del PJ las leyes que viene aprobado el Congreso no le parecen perjudiciales y que, además, considera que habría que “mantener prudencia para no afectar el presupuesto del 2025” y reajustes salariales para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales.

Sobre la posición de Arévalo, diversos abogados y jueces, circularon y comentaron una frase que Arévalo habría dicho en redes sociales: “No entiendo cuál es la razón por las que ciertas personas se oponen a que se sancione a los jueces y fiscales que de manera irregular liberan a delincuentes capturados en flagrancia. La sanción recaerá en los malos magistrados que dolosamente incumplan con su deber, pues, los jueces y fiscales que resuelvan con arreglo a derecho no tendrán nada que temer”.

Javier Arévalo es un magistrado especialista de derecho laboral por eso, consideran, no comprendería los cambios que está realizando el Congreso en temas procesales penales. Justamente, el 1 de mayo último, la presidenta Dina Boluarte otorgó al presidente del Poder Judicial la Condecoración de la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por su aporte a desarrollar el derecho laboral en el país.

Las Cortes Superiores de Justicia en acción

Los jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se reunieron en Sala Plena Ampliada

Los 10 jueces supremos titulares que pidieron convocar a Sala Plena insistirán para que ésta se realice en los siguientes días para poder explicar los “perjuicios que las leyes del Congreso” tendrán para el sistema judicial y los derechos ciudadanos, señalaron las fuentes.

En tanto, los que si se reunieron en Salas Plenas fueron los jueces superiores, especializados y paz letrado de las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, Cajamarca y Callao para evaluar las reformas que impulsa el Congreso. Todos coincidieron en rechazar las iniciativas legislativas por afectar la independencia judicial y la separación de poderes, base de la democracia.

“Denunciamos ante el país las nefastas consecuencias que traerán estos proyectos de aprobarse, pues no solo afectarán los principios de autonomía de los poderes públicos y la independencia de la función jurisdiccional, sino también se afectarán los derechos fundamentales y nuestra democracia”, advirtieron los jueces superiores, especializados y de paz letrado de la bicentenaria Corte de la Libertad, desde Trujillo.

En tanto, los jueces especializados y de paz letrado de Cajamarca expresaron que “el problema de la inseguridad ciudadana, le corresponde atender a las diversas instituciones del aparato estatal, en especial al Poder Ejecutivo, descartando que sea exclusiva del sistema judicial, de modo que la promulgación de las leyes que buscan sancionar a los jueces o fiscales en su actuación en casos de flagrancia delictiva, riñe con la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos”.

Reformas protegen a las élites políticas

Pronunciamiento de los jueces superiores de la Corte de Justicia del Callao

“Las leyes que aumentan el control del poder ejecutivo o legislativo sobre el judicial no solo suponen una clara trasgresión a la separación de poderes, sino que, además, permiten que las élites políticas utilicen la justicia a su favor y que casos de corrupción o abuso de poder queden impunes”, expresó la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Anotaron que “la independencia de los jueces asegura que todos los ciudadanos, sin importar su posición o condición, sean tratados con igualdad ante la Ley. Sin jueces independientes, las leyes se convierten en herramientas de opresión de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Por lo cual, los jueces del Callao exhortaron a la «Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República se pronuncie en defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial, así como acuerde el inicio de las acciones constitucionales y legales conforme lo prescribe el artículo 203.3 de la Constitución y el artículo 98 del Nuevo Código Procesal Constitucional».

Poder Judicial anuló todo lo actuado en investigación fiscal contra Jorge del Castillo por el caso Odebrecht

El Poder Judicial anuló la investigación preparatoria seguida al excongresista aprista Jorge del Castillo en la Fiscalía por el caso Odebrecht.

La jueza Soledad Barrueto declaró fundada una cuestión previa presentada por la defensa legal del exlegislador para que se disponga la nulidad de todo lo actuado a fin de que se remita este caso al despacho del fiscal de la Nación.

Mediante una resolución emitida el último 4 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada determinó que, antes de ser procesado judicialmente el exlegislador, debía ser sometido a un procedimiento de antejuicio político en el Congreso de la República.

«Declarar fundada la cuestión previa deducida por la defensa técnica del ciudadano Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez respecto a los delitos de asociación Ilícita para delinquir y lavado de activos con agravantes en agravio del Estado, en consecuencia, nulo todo lo actuado respecto a dicho ciudadano, debiendo seguirse el trámite previo establecido para el antejuicio político», determinó la jueza Barrueto Guerrero en su resolución.

La jueza Soledad Barrueto emitió esta resolución luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho, el último 24 de mayo, en la que declaró infundada la cuestión previa presentada por la defensa legal del excongresista Jorge del Castillo y ordenó que otro magistrado evalúe dicho recurso y emita una decisión al respecto

El caso

Esta investigación preparatoria se originó a raíz de la declaración que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en Brasil el 28 de febrero del 2018 en la que reveló que dicha empresa brasileña entregó la suma de 200 000 dólares para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García en el 2006.

Esto originó que la fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, formalizará en el 2023 esta investigación preparatoria por un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza «compleja».

La magistrada dispuso que se lleven a cabo una serie de diligencias, como recibir las declaraciones indagatorias de los investigados Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.

Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’. El presentador de televisión, quien se encontraba detenido de manera preliminar, es investigado por ser presunto culpable de los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. Esta decisión se da tras varios días de incertidumbre.

Este caso nace desde que el último 4 de septiembre, la señora Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, acusó a Hurtado de haber ayudado a su hermano y primos en unas gestiones a través de sus contactos. Afirmó que ‘Chibolín’ a través de su nexo con la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, habría ayudado a agilizar un trámite para que Roberto Siucho pueda quitarse la nacionalidad peruana. Posteriormente, Ana Siucho dijo que Hurtado le solicitaba dinero a su hermano para «ayuda social» y reveló que habría pedido una coima de un millón de dólares para facilitar la devolución de un cargamento de oro incautado a Javier Miu Lei.

Cabe recordar que el conductor de ‘Sábado con Andrés’ en un momento, según fuentes de La República, consideró convertirse en colaborador eficaz por miedo a la prisión, idea que finalmente fue descartada por su abogado, Elio Rivera, debido a que Hurtado aseguró no haber cometido ningún acto ilícito y ahora deberá permanecer en prisión en lo que dure la investigación para una posterior sentencia.

Se allanaron las propiedades de los involucrados

El último martes 24 de setiembre, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de las viviendas del conductor de televisión Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y la empresaria Miu Lei, como parte de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La medida de allanamiento tuvo como objetivo incautar documentos y otros elementos que puedan servir como pruebas en la investigación. Según la Fiscalía, existen indicios de que las personas mencionadas habrían participado en actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero proveniente de actos de corrupción.

‘Chibolín’ cobraría altas sumas de dinero por haber llevado a políticos a su programa

El pasado viernes 20 de setiembre también se conoció que la congresista Rosangella Barbarán de la bancada de Fuerza Popular, aseguró que cuando era candidata le pidieron un pago de mil dólares para asistir al programa de ‘Chibolín’ y como no los pagó, fue retirada de la pauta.

«Yo fui en una oportunidad invitada y me sacaron de la pauta porque me solicitaron un monto. Aproximadamente eran mil dólares solo para asistir al programa. Yo estaba en campaña y recibí una invitación por terceros para poder asistir porque se veía que muchos candidatos asistían a diferentes programas. Ningún otro canal o programa que nos han brindado un espacio nos había dicho de algún monto. El mismo día de la entrevista me dicen que no podía participar porque era un costo de mil dólares, cosa que para mi era imposible pagarlos, entonces decidí no asistir ni tampoco intentar conseguir (el dinero)», declaró ante la prensa.

Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva para hermanos que intentaron llevar 400 mil dólares a Tumbes

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 18 meses de prisión preventiva contra Lizzeth Patricia García Rimaycuna (24) y Fausto Andrés García Rimaycuna (18). Ambos son investigados por presunto Lavado de Activos en agravio del Estado.

Agentes de la DIRANDRO que laboran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez intervinieron el pasado 3 de setiembre a los hermanos ya que no pudieron justificar la procedencia de USD 400 000 que intentaban llevar a Tumbes.

Fausto García Rimaycuna transportaba dinero en efectivo en el interior de su equipaje de bodega que ascendía a 260 mil dólares. Cuando se le intervino aquel día no tenía identificación; mientras tanto, a su hermana Lizzeth García Rimaycuna se le encontró en su ropa catorce paquetes de dinero que contenían $140 000.

Durante las declaraciones de Lizzeth García manifestó que conoció a un hombre en una discoteca, alias “Pepe”, quien le encargó llevar todo ese dinero a cambio de un pago de 2 mil dólares.

Poder Judicial rechaza pedido de Pedro Castillo y sus exministros para archivar proceso por fallido golpe de Estado

El Juez Supremo Juan Carlos Checkley declaró este lunes infundado el pedido que hizo el expresidente Pedro Castillo, a través de su defensa penal, para que se declare el “sobreseimiento” o archivo de los presuntos delitos de rebelión y otros por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022.

Checkley adoptó similar medida respecto a las solicitudes presentadas por los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Aníbal Torres.

El juez determinó que la responsabilidad de los acusados y la valoración de los medios de prueba no corresponden ser vistas a través de un sobreseimiento como ya se estableció en diversos pronunciamientos emitidos por su despacho y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por lo que estas solicitudes son infundadas y se debe proseguir con el estado de la causa.

El Ministerio Público pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo , 25 años de cárcel contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

También se solicita 15 años de cárcel contra el exasesor Aníbal Torres a raíz de este caso.

El proceso penal que afronta el exmandatario sobre este caso se encuentra ahora en la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal como acto previo para ingresar a la fase de juicio oral.