Eliane Karp: Poder Judicial declara procedente solicitud de extradición para ex primera dama desde Israel

El Poder Judicial declaró procedente el pedido de extradición de la ex primera dama, Eliane Karp, quien se encuentra en Israel. Ella viene siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.

En pasado mayo de 2023, Karp Fernenbug se refugió en Tel Aviv, Israel, luego de que su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, fuera extraditado al Perú desde Estados Unidos, a fines de abril del mismo año.

Por su parte, el Poder Judicial, a través de La Novena Sala Penal Liquidadora, la declaró reo contumaz; y ha emitido una orden de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. Además, solicitó a Israel su detención preventiva e inició el proceso de extradición.

Aunque nuestro país no cuenta con un tratado de extradición con Israel, las autoridades podrían apelar al principio de reciprocidad, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

Este acuerdo internacional establece que los países miembros deben cooperar en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, lo que podría servir de base para solicitar la extradición de Karp Fernenbug.

Eliane Karp: ¿de qué es acusada la ex primera dama?

Eliane Karp, junto a su esposo, Alejandro Toledo, y su madre, Eva Fernenbug, enfrenta acusaciones por el delito de lavado de activos, relacionado con el manejo de más de US$/17 millones a través de cuentas pertenecientes a las empresas offshore Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Milan Ecotech, registradas en Costa Rica.

Las investigaciones y reportes bancarios revelan que todo ese dinero provino de una cuenta de la empresa Confiado Internacional en Panamá. De esta cuenta, se transfirieron más de 9 millones de dólares a Ecostate Consulting y 8,4 millones de dólares a Milan Ecotech.

Posteriormente, esos fondos fueron transferidos a Ecoteva: Ecostate hizo una transferencia de 7,7 millones de dólares y Milan, otra de 8 millones de dólares. La fiscalía ha solicitado una condena de 16 años y ocho meses de prisión para Eliane Karp por su presunta participación en estos hechos.

Alejandro Toledo: Poder Judicial dicta 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente

Esta decisión del Poder Judicial contra Karp se da luego de que dictara 30 meses de prisión preventiva a Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur. Actualmente, él se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo 18 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

El veredicto fue emitido el jueves 8 de agosto por el juez Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria durante una audiencia virtual. Ante esta decisión, la defensa de Toledo anunció que apelará.

Cabe destacar que un pedido similar había sido rechazado anteriormente por el Poder Judicial. En marzo, el juez Richard Concepción Carhuancho desestimó la solicitud, argumentando que el exmandatario fue extraditado por el caso relacionado con los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, por el cual ya se le había impuesto prisión preventiva.

Alejandro Toledo: Poder Judicial dicta 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente

El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Carretera Interoceánica Sur. A la fecha, el exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo 18 meses de esta medida restrictiva mientras avanza la investigación en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

El veredicto fue dictado por el juez Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria este jueves 8 de agosto en la audiencia virtual del caso. Ante esto, la defensa de Toledo informó que apelarán la decisión.

Anteriormente, un pedido similar había sido rechazo por el Poder Judicial. En marzo último el juez Richard Concepción Carhuancho desestimó la medida al explicar que el exmandatario no ha sido extraditado por este hecho, sino por el caso Interoceánica tramos 2 y 3, proceso por el cual ya cuenta con una prisión preventiva.

Por el tramo 4 de la Interoceánica, Toledo cuenta con un mandato de comparecencia simple. Por este caso, se le acusa de recibir presuntamente una suma de seis millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Camargo Correa. El millonario pago tendría el objetivo de asegurar la adjudicación de obras para el proyecto vial, de acuerdo a la tesis fiscal.

Toledo Manrique no sería el único involucrado. En la investigación también se encuentran implicados Avraham Dan On, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y Marcos de Moura, señalados por supuestos delitos de lavado de activos y colusión.

Alejandro Toledo durante audiencia: «En pocos meses cumplo 80 años»

Respecto a la última audiencia por el caso tramo 4 de la Interoceánica, el expresidente interrumpió la lectura del juez para indicar que dentro de poco cumplía 80 años y, de esa forma, persuadir al letrado de dictar una condena en su contra. «No tengo el privilegio de ser abogado, pero quiero que sepan que en pocos meses cumplo 80 años», expresó.

Al escuchar esto, el juez le explicó que no podía interrumpir la sesión para indicar algo como ello. «Le pido disculpas, pero quiero que sepan que el TC después de examinar todos los elementos de mi estado de salud se ha pronunciado para que yo sea trasladado a una clínica para que traten el tema de cáncer y cardiaco, le pido eso a nivel humano, soy economista, no abogado», respondió Toledo.

Sin embargo, no es la única vez en la que Toledo ha interrumpido una audiencia. El 15 de julio, el expresidente de la República pidió ser trasladado a una clínica local debido a que, a su consideración, dijo sentirse delicado de salud, pese a que el médico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que el exmandatario no presentaba complicaciones y que no tenía emergencia alguna.

«No estoy bien, seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con ustedes?», indicó Alejandro Toledo en la audiencia programada por el Poder Judicial.

En ese momento, la jueza Zaida Pérez Escalante, perteneciente al Segundo Juzgado Penal Colegiado, le indicó que su estado de salud le compete al INPE y que si esta decisión señala que el investigado no presenta mayores complicaciones, podría seguir participando en la sesión. Asimismo, le recordó al fundador del partido extinto de Perú Posible que se encuentra en medio de un enlace en vivo.

Poder Judicial revoca prisión preventiva contra Sada Goray y dicta comparecencia con restricciones por caso Fondo MiVivienda

El Poder Judicial dispuso revocar la medida de prisión preventiva impuesta contra Sada Goray y otros dos investigados por el presunto delito de colusión, en el caso Fondo MiVivienda.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra la referida empresaria, al igual que para Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson.

«No existen indicios de peligro de fuga ni obstaculización de la investigación»

El tribunal concluyó que la medida de comparecencia con restricciones «es proporcional» con la actual etapa del proceso que afrontan los investigados, dado que «los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan el peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación».

Por esta disposición, Sada Goray afrontará en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Fondo MiVivienda’, cuyos presuntos hechos delictivos habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Vale señalar que la defensa legal de Sada Goray demandó, a través de un recurso de casación, que dicha sala suprema, presidida por el juez César San Martín, se pronuncie sobre la validez de que la Fiscalía cuestione su arraigo cuando había aceptado la presencia de la investigada en el extranjero.

Además, la defensa de la empresaria cuestionaba el criterio de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional acerca de si la sola pertenencia a una presunta organización criminal es suficiente para estimar la existencia de peligro de fuga y, si puede negarse el arraigo domiciliario y familiar si un investigado tiene familia y carece de una residencia habitual permanente.

Como se recuerda, el 20 de octubre del 2023, la referida sala de apelaciones confirmó el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se impuso contra Goray, por lo que permanecía en el Penal Anexo de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

Asimismo, el último lunes 8 de julio, el juez Raúl Justiniano declaró infundado un pedido que hizo Sada Goray para que se ordenará el cese del mandato de prisión preventiva en su contra, al determinar que existen contradicciones respecto a la información que presentó la defensa legal de dicha empresaria para acreditar que su patrocinada cuenta con arraigo domiciliario y laboral, y que además no pudo desvirtuar los graves cargos que la atribuye la Fiscalía ni tampoco el peligro procesal de fuga respecto a este caso.

Sala de la Corte Suprema no emitió pronunciamiento sobre Mauricio Fernandini

En el caso del investigado Mauricio Fernandini Arbulú, el colegiado aplicó la figura de ‘sustracción de la materia’, es decir, no emitió pronunciamiento porque semanas atrás, la Sala Superior declaró fundado el cese de su prisión preventiva.

Cabe indicar que la defensa legal del investigado periodista presentó un recurso de casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para revocar el extremo de la resolución en la que se confirmó el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso en este caso. No obstante, el ultimo 28 de mayo la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó dicha medida restrictiva y ordenó que afronte el proceso penal en libertad, bajo mandato de comparecencia con restricciones.

Además, el tribunal presidido por César San Martín iba a abordar hoy el recurso de casación que presentó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) con el que buscaba dejar sin efecto el extremo de la resolución emitida por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional que revocó el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se les había impuesto al exjefe del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo, y al exsuperintendente de Bienes Estatales, Roger Gaviria, con lo que se dispuso que ambos afronten bajo mandato de comparecencia con restricciones este proceso penal.

Patricia Benavides: Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra su exasesor Miguel Girao

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Girao, exasesor de la destituida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por el denominado caso Valkiria.

El magistrado también impuso dicha medida contra José Luis Castillo Alva ‘Pepe Lucho’ y el empresario Giancarlo Valer Enciso. Ellos, junto a Girao, permanecerán en un penal hasta el 22 de abril de 2027. En la lectura del juez Justiniano se destaca que no se dictó prisión preventiva contra el exfuncionario del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quezada por padecer una enfermedad crónica que requiere visitas médicas constantes. En su lugar, se le dio comparecencia con restricciones y una caución de 5.000 soles.

El juez Raúl Justiniano solo se pronunció respecto a estos 4 investigados en cumplimiento al plazo de 48 horas para resolver el requerimiento de la Fiscalía que le otorgó la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró fundado un habeas corpus que promovieron los investigados por permanecer más de 3 meses privados de libertad sin que se haya resuelto su situación jurídica.

Queda pendiente el pronunciamiento sobre el pedido de prisión preventiva contra el exintegrante de la Diviac, el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien habría sido el informante de la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides. Mientras tanto, el magistrado dispuso su inmediata libertad y programó la continuación de la audiencia para el martes 30 de julio a horas en la noche.

Lo mismo ocurre respecto al exasesor Abel Hurtado y Mirtha González Yep, pareja de José Luis Castillo Alva. Ambos fueron detenidos, pero la Sala de Apelaciones Nacional ordenó su libertad por no configurarse sobre ellos el presupuesto de peligrosismo procesal (peligro de fuga).

El fiscal adjunto provincial Julio Ormeño se mostró conforme respecto a la decisión del juez Raúl Justiniano sobre Girao Isidro, Valer Enciso y Castillo Alva, mientras que apeló respectó a lo resuelto sobre Palomino Quezada.

La imputación

Según el Juzgado, los arraigos de Miguel Girao no son de calidad, sumado a que podría “huir, suprimir u ocultar elementos de prueba”. Esto último debido que el teléfono que se le encontró, al momento de ser allanado, había sido activado en horas de la madrugada del mismo día y que había ocultado su CPU. El juez también considera que podría influir en los otros investigados.

De igual manera, se determinó que existen graves y fundados elementos de convicción contra el exasesor. A Girao Isidro se le atribuyen 15 de los 16 hechos que investiga en esta carpeta el Eficcop. Estos son: la remoción de Bersabeth Revilla, los actos de favorecimiento para José María Balcázar, los cambios en el Equipo Especial Cuellos Blancos, designación de fiscales a cambio de dinero, recepción de presuntas coimas de Oscar Nieves, la compra de un departamento de un millón de soles, la formulación de denuncias falsas contra Marita Barreto y los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, la desarticulación del Equipo Especial Lava Jato, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, intento de direccionamiento de la licitación de un data center del Ministerio Publico, el intento de remover a la JNJ, las presuntas coimas en la adquisición de computadoras y los presuntos actos de obstaculización durante la ejecución de la Operación Valkiria V en noviembre de 2023.

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país a Luciana León

El Poder Judicial resolvió levantar el impedimento de salida del país impuesto a la excongresista aprista Luciana León, investigada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y otros. La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que se venciera el plazo de 36 meses de la medida restrictiva.

“Resuelve: Levantar la medida de impedimento de salida del país de la ciudadana: Luciana Milagros León Romero (…), impuesta con la Resolución N.º 02 del 31 de enero de 2020, por el plazo de treinta y seis (36) meses y consentida mediante Resolución N.° 04 del 12 de noviembre de 2021″, indica la resolución judicial.

Asimismo, el fallo ordena que se le devuelva a la exparlamentaria (2006-2020) el pasaporte diplomático de la República del Perú y el Pasaporte de la República del Perú, cuya titular es León.

Como se recuerda, en enero de 2020, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Luciana León Romero. En el marco de las diligencias realizadas, se allanó dos veces su departamento por el caso Los Intocables Ediles.

El Ministerio Público señala que la excongresista habría recibido dinero de una organización liderada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba para lograr que el distrito reciba mayor presupuesto.

A la exparlamentaria aprista se le sindican los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Asimismo, en 2023, el Pleno del Congreso aprobó dos proyectos de resolución legislativa que declaran haber lugar a la formación de causa penal contra León por aquellos delitos.

Fiscalía pidió al Poder Judicial que se eleve a 18 meses el plazo de ampliación de prisión preventiva contra Pedro Castillo

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que incremente a 18 meses el plazo de ampliación de prisión preventiva contra Pedro Castillo, como parte del proceso penal por el fallido golpe de Estado.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos evidenció su disconformidad luego de presentar un recurso de apelación para que se revoque el extremo de la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el pasado 7 de junio, donde se fijó en 14 meses el plazo de la prórroga del mandato de prisión preventiva para el expresidente.

Por su lado, la defensa de Castillo Terrones presentó un recurso de apelación, para la anulación de dicha decisión judicial. La medida restrictiva vencerá el 6 de agosto del 2025.

El abogado de Pedro Castillo pide que se declare infundado el requerimiento fiscal y se revoque la resolución apelada por introducir hechos no postulados por la Fiscalía Suprema asignada al caso.

Por ese motivo, el juez supremo Checkley resolvió el 18 de junio ‘conceder’ los recursos de apelación y remitirlos en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en caso los admitan a trámite, se convocará a una audiencia virtual para evaluarles con la participación del exmandatario y las partes involucradas con el objetivo de emitir un veredicto.

Actualmente, Pedro Castillo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.