Poder Judicial rechazó prisión preventiva contra excongresista Freddy Díaz y se le impuso comparecencia con restricciones

El Poder Judicial impuso comparecencia con restricciones al excongresista Freddy Díaz, quien recientemente fue vacado e inhabilitado del sector público por diez años, en el marco de las investigaciones que afronta por supuestamente haber abusado de una de sus trabajadoras de su despacho congresal en julio de 2022.

En una audiencia reservada, el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva en contra de Díaz Monago y estableció que el inhabilitado excongresista deberá mantener su domicilio en Lima y pagar una caución de S/ 10 000.

El magistrado Checkley, quien está a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el requerimiento de la Fiscalía al “evidenciarse contraindicios que obran en la carpeta fiscal, como pericia psicológica y toxicológica que debilitan referido requerimiento”.

Asimismo, el juez consideró que no se ha acreditado “peligrosismo procesal” para dictar la medida de prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP), a través de la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, exigía la medida restrictiva contra Freddy Díaz, tras iniciarle una investigación preparatoria por 120 días por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir y, de forma alternativa, por el cargo de violación sexual agravada en perjuicio de la mencionada trabajadora del Parlamento.

Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 15 días contra Rocío Leandro, ‘camarada Cusi’, y otras 6 personas

El día de ayer, jueves, en horas de la noche, fue detenida en Huamanga, Ayacucho, Rocío Leandro Melgar, conocida como ‘camarada Cusi’, quien es presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa).

En esa intervención, también fueron detenidos Estefany Alanya Quispe, vicepresidenta de dicha organización y Alejandro Manay Pillaca, secretario de la misma, junto a otros 4 miembros del Fredepa. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dircote en Lima durante la madrugada de hoy.

Al respecto, el fiscal superior contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, indicó que los 7 capturados cumplirán una orden de detención preliminar, por 15 días, en dicha dependencia policial.

«En este caso, no ha habido detención en flagrancia sino una investigación científica de la Policía, precisamente de los oficiales y suboficiales de la Dircote, quienes, durante varios meses, han ido acopiando evidencias, las cuales, bajo la dirección de nuestra fiscal provincial (…), han sido evacuadas a los órganos jurisdiccionales a solicitar la detención preliminar por 15 días», indicó en conferencia de prensa.

Chávez Cotrina señaló que tras «analizar el informe policial, el requerimiento del fiscal y las evidencias que se han acopiado», el juez de la Corte Nacional «dispuso la inmediata captura de estas personas».

«A consecuencia de ello, se ha capturado a 7 personas, las mismas que han sido traídas a Lima, donde van a permanecer 15 días y se van a llevar a cabo las diligencias correspondientes (…) Al cabo de 15 días, el fiscal, después de las investigaciones preliminares, va a determinar si solicita o no la prisión preventiva. Eso dependerá del resultado de los 15 días», explicó.

Asimismo, el fiscal superior «reconoció» el trabajo de la PNP en el operativo de captura.

«Quiero hacer un reconocimiento a la PNP porque, sin hacer un solo disparo, en un operativo con una estrategia intachable, se ha logrado la captura de estas personas en un ambiente hostil», sostuvo.

«Infiltración de senderistas»

Por su parte, el General PNP Óscar Arriola, jefe de la Dircote, precisó que el trabajo de investigación inició en julio del año pasado y que se determinó que el Fredepa había sido «infiltrado por senderistas».

«La camarada Cusi es excarcelada, convicta y confesa por el delito de terrorismo. Ha sido investigada por la Dircote desde julio del año pasado en que se ha hecho una carpeta fiscal junto al Ministerio Público (…) en el cual se ha empleado procedimientos especiales de investigación como la observación, vigilancia y seguimiento (…) Personas que pertenecen a Sendero Luminoso (…) han infiltrado el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho», indicó.

Asimismo, Arriola sostuvo que «en el ínterin de esas investigaciones» se obtuvo evidencia de que Rocío Leandro contribuyó a financiar los hechos de violencia registrados el pasado 15 de enero en Ayacucho, en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

«En el ínterin de las investigaciones que datan de julio del año pasado (…), de seguir a estas personas (…), se toma conocimiento de los contactos que tienen con Puno, con Cusco, con Andahuaylas, antes, durante y después de la fallida toma por parte de estos senderistas del aeropuerto de Huamanga (…) En un determinado momento (…), se ve en las imágenes a Rocío Leandro Melgar (…) repartiendo dinero para la asonada del 15 de enero de este mes y todo lo que significa el planeamiento», sostuvo.

El jefe de la Dircote subrayó que la llamada ‘camarada Cusi’ era parte de Sendero Luminoso junto a otros tres dirigentes del Fredepa.

«La camarada Cusi era la primera combatiente, el tercer miembro de Sendero Luminoso. Alex Gómez Falcón es el mando político del comité regional principal de Ayacucho. El mando militar es Jazmín Alaya y la camarada Cusi era el tercer miembro de este aparato. Sin embargo, era la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Huamanga, un frente fundado, creado, a la razón de Abimael Guzmán, conforme a la documentación histórica», señaló.

Presidente del PJ dice a la CIDH que «no hay violación de derechos humanos»

Parecer. Las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú terminaron este 13 de enero. El grupo que investiga la situación de los 49 ciudadanos muertos en contexto de protesta social desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el mando, visitó el Poder Judicial a fin de conocer la versión institucional dispuesta por su titular, Javier Arévalo.

Al lado suyo, el vicepresidente de la supranacional, Stuardo Ralón, escuchó la versión del presidente del PJ. Arévalo optó por mostrarle al grupo de la CIDH el estado deteriorado de las diferentes sedes institucionales del sur tras la ebullición de la violencia. Ordenó proyectar imágenes de las dependencias saqueadas por elementos delictivos.

Ralón respondió que lamentó “estos gravísimos hechos que sin duda alguna no son parte de una protesta pacífica. Mi solidaridad”.

A continuación, Arévalo pretendió separar dos tipos de reclamos: “Una justa protesta (…) y, por otro lado, una influencia negativa de elementos vinculados posiblemente a organizaciones criminales“. Señaló sin pruebas como posibles grupos con injerencia en la población al “narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y terrorismo“.

Al terminar la reunión, el presidente del PJ le dijo a Ralón que “ya sabe cuál es la realidad“. Según su versión, “en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo existe, en este momento, es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto“.

Cerró con un refrán: “hay que separar la paja del trigo. Esta es la realidad del Poder Judicial”.

Pedro Castillo: PJ ratifica 18 meses de prisión preventiva por golpe de Estado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre al intentar cerrar el Congreso.

Tras la audiencia, en la que se evaluó el pedido de apelación que presentó la defensa legal de exmandatario, el Poder Judicial lo declaró infundado y continuará con la medida que se le impuso por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros.

“Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

Por otra parte, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema varió la comperecencia con restricciones que se le había impuesto a Aníbal Torres, en su condición de exasesor de la Presidencia del Consejo de Minstros (PCM), y le impuso impedimento de salida del país por 18 meses.

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó prisión preventiva en contra de Castillo Terrones, pues argumentó que él mostró una actitud obstruccionista y de fuga, luego de ser vacado por el Poder Legislativo.

Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal. Esto ocurrió en presencia del investigado, quien habló desde la clandestinidad.

El tribunal admitió en parte el requerimiento del Ministerio Público, que había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez, investigado por el caso ‘Gabinete en las Sombras’.

Sánchez Sánchez permanece prófugo de la justica desde el pasado 11 de octubre, cuando la Policía Nacional fue a su casa a detenerlo, pero no lo encontró.

Asimismo, el último 25 de octubre, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de los demás implicados en el caso. El juez Víctor Zúñiga Urday aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación y consideró necesario aplicar esta medida cautelar en perjuicio de los involucrados cercanos al círculo del presidente de la República, Pedro Castillo.