Policía Nacional recomienda a periodistas «ponerse identificaciones más grandes» ante próximas protestas

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, manifestó este lunes que los periodistas deberían tener «identificaciones más grandes» a fin de que los policías puedan reconocerlos durante las próximas movilizaciones que podrían darse en los próximos días.

Monroy dio un balance con respecto a las protestas sucedidas este último fin de semana y respondió ante los cuestionamientos sobre los ocho periodistas heridos que dejaron estos días de cobertura.

«Yo les pediría a ustedes (los periodistas), seguro si esto va a seguir avanzando, pónganse las identificaciones más grandes, que se vea, nosotros nos conocemos. Los medios tradicionales nos conocemos porque siempre nos coberturan las noticias policiales buenas o malas. Lo que sí no tengo la capacidad de dilucidar si son o no prensa son los medios alternativos«, manifestó en conferencia de prensa.

El general Monroy recomendó también que los hombres de prensa vayan mejor identificados y con chalecos así como sus micrófonos con los respectivos logos de los medios donde laboran.

«Los formales, toditos se identifican y nos vamos conociendo en el camino. De repente yo tengo la capacidad de conocernos a casi todos por mis años de experiencia, pero no necesariamente mi personal policial los conoce. Eso queda como reflexión», añadió.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, informó que el último fin de semana se dieron ocho ataques a periodistas durante la cobertura de protestas convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del Gobierno y Congreso, en el Cercado de Lima.

Según la institución, de este total, siete ataques fueron perpetrados por policías y uno por civiles.

Una agresión fue registrada el sábado 27 y siete se dieron el domingo 28.

Protestas por proyecto Tía María: usarán tractores como muestra de rechazo al reinicio de construcción

El reinicio de obras de construcción de la mina Tía María, en el Valle de Tambo, ubicado en Islay, en Arequipa, ha vuelto a encender las protestas de los sectores que se oponen al proyecto de la compañía minera Southern por temor a la contaminación ambiental. Por el momento, se ha confirmado una movilización para este viernes 5 de julio. Esta noticia ha generado un fuerte impacto en la comunidad local, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos que la actividad minera podría tener en el entorno natural y en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Las protestas y movilizaciones son una muestra clara de la resistencia de la población frente a un proyecto que consideran perjudicial para el medio ambiente y para su bienestar.

El dirigente social del Valle de Tambo, Miguel Meza, señaló que la protesta del viernes será una movilización por los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, que incluirá a vehículos de campo como tractores. Empezará a la 1 p.m.

No obstante, Meza señaló que tampoco se descarta iniciar un paro indefinido. Ello se decidirá el sábado 6 en una reunión popular. Mientras tanto, aún se espera un pronunciamiento de las 3 juntas de usuarios de regantes del sector: Valle de Tambo, La Ensenada y Cocachacra.

Por su parte, el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, criticó a la empresa Southern. En diálogo con RPP, dijo no tener conocimiento de que la minera se haya reunido con la población para mejorar el clima social, y que la decisión de reiniciar obras los tomó por sorpresa.

«A la población la ha agarrado de sorpresa, ya hay gente que está reuniéndose en Cocachacra, Punta de Bombón y La Curva», dijo. Además, negó que haya conversado antes con representantes de Southern. «Yo no puedo conversar con una empresa irresponsable que quiere entrar a la matonada», añadió.

Construcción paralizada desde 2019

El proyecto Tía María se ubica en la provincia costera de Islay. Está destinado a la extracción de cobre, mediante dos futuros tajos abiertos: Tía María y La Tapada. Este último, se ubicará a 3 kilómetros del Valle de Tambo, zona agrícola. En el 2011 y 2015 se activaron protestas contra el proyecto por temor a contaminación ambiental, con un saldo de 7 fallecidos.

En el año 2019, el gobierno central otorgó la licencia de construcción a Southern, lo que provocó un nuevo paro. Desde entonces las obras de construcción de la futura mina estuvieron paralizadas. Este 1 de julio, Southern informó a la Superintendencia de Mercado de Valores que reiniciará las obras de construcción, debido a que existen las condiciones sociales y políticas.

Tía María: Grupo México anuncia inicio de obras

El Grupo México, que controla a la empresa Southern Cooper, anunció el reinicio de actividades del proyecto minero Tía María, a partir de hoy lunes 1 de julio. A través de una confirmación corporativa, el presidente ejecutivo de Grupo México, Óscar Gonzales Rocha, indicó que existen avances en los trabajos de acondicionamiento y preparación del área de la mina de cobre.

«Estando dadas las condiciones políticas y sociales en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional, se comunica el reinicio de actividades en el proyecto Tía María con fecha 1 de julio de 2024», indica el documento.

Tía María: piden al Ejecutivo cumplir compromiso que firmó contra el proyecto minero

El vocero de los agricultores del Valle del Tambo, Sergio Meza, consideró que no están dadas las condiciones políticas y sociales para el avance del proyecto Tía María. Es por ello que hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para cumplir un compromiso que realizó en el año 2021 y en donde firmó a favor de cancelar Tía María.

«Tenemos muchos documentos donde se puede visualizar lo que los candidatos asumieron. Lamentablemente, una vez que llegan al poder se envician. El compromiso que ella firmó lo hizo cuando fue candidata», afirmó Marilú Marroquín, expresidenta de la Junta de Usuarios de Ensenada – Mejía – Mollendo.

Acalde de Islay responsabiliza a gobierno

El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, también señaló que persiste la oposición al Tía María en el Valle de Tambo y que no hay condiciones sociales. Responsabilizó al gobierno central por una eventual escalada de las protestas que generen nuevas víctimas mortales.

«Quien tenía que acercarse era el gobierno nacional a conversar con las autoridades, con los dirigentes, juntas de usuarios, pero no lo han hecho. Va a ser de su neta responsabilidad si hay muertes», expresó.

Junín: Fiscalía formaliza investigación contra expolicías por muertes y agresiones en protestas

El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, informó que el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) formalizó la investigación preparatoria contra tres exmiembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por haber cometido el presunto delito de homicidio calificado y lesiones, que habrían ocurrido durante las protestas sociales ocurridas en Pichanaqui, en diciembre de 2022.

En ese sentido, las diligencias señalan que los investigados corresponden a los nombres de Gregorio Villalón Trillo, quien se desempeñaba como jefe de la VI Macro Región Policial Junín; César Chávez Navarro, exjefe de la División Policial de Chanchamayo; y Jonny Vargas Ontón, excomisiario de Pichanaqui.

«EFICAVIP formaliza investigación contra Gregorio Villalón, exjefe de la VI Macro Región Policial Junín; César Chávez, exjefe de la División Policial de Chanchamayo; y Jonny Vargas, excomisario de Pichanaqui (…) Ellos son investigados por homicidio calificado y lesiones tras las muertes y agresiones que habrían ocurrido durante las manifestaciones registradas en Pichanaqui, en diciembre de 2022», se lee en la publicación del Ministerio Público.

Exmiembros de la PNP son investigados por ser los presuntos autores de homicidio calificado y lesiones. Foto: Ministerio Público.

PNP no habría realizado trabajo eficiente, asegura Fiscalía

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exjefe de la VI Macro Región Policial, Gregorio Villalón, no habría realizado los trabajos de supervisión de manera permanente en los diferentes niveles de comando, así como los de falta de coordinación, evaluación, control e implementación del suficiente equipamiento para los efectivos de la PNP en la mencionada ciudad. Además de la falta de cumplimiento en la ejecución de las operaciones policiales sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza con los distintos niveles de comando, entre otros.

Por su parte, César Chávez, exjefe de la División Policial de Chanchamayo, habría omitido funciones de dirección y monitoreo desde el inicio de las operaciones de la PNP, conforme al uso diferenciado proporcional de la fuerza durante las intervenciones, con el objetivo de evitar que se efectúen acciones dolosas y de realizar el uso excesivo de la fuerza por parte de las distintas unidades policiales especializadas, entre otros.

Mientras que Jonny Vargas Ontón, excomisiario de Pichanaqui, es investigado por presuntamente incumplir su función de dirigir y ejecutar las operaciones de las fuerzas policiales; también por no disponer y verificar que los integrantes de la PNP participantes en las movilizaciones sociales recibieran la debida instrucción dentro del marco de la ley sobre el concepto general de la operación y el uso proporcionado de la fuerza con sus armas de fuego, entre otros.

Pichanaqui: ¿qué pasó el 16 de noviembre de 2022?

El 16 de noviembre de 2022 fue una fecha en la cual se registraron tres muertes producto de las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte. Por consiguiente, Isabelina Román Cueto, miembro del Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales, determinó que la ampliación de las diligencias preparatorias tendrá una duración de aproximadamente 8 meses.

¿Quiénes son los fallecidos durante las protestas sociales contra Dina Boluarte en Junín?

J. W. T. C. (17 años)
Diego Armando Galindo Vizcarra
Ronaldo Franly Barra Leiva.

Asimismo, a los tres exmiembros de la Policía Nacional también se les investiga por ser los autores del presunto delito de lesiones graves de siete personas, entre ellas dos personas menores de edad:

J. J. B. I. (16)
C. J. H. S. (16)
Aldis Charichi Lázaro
Alex Fredy Vilca Del Pino
Rusver Vilca Del Pino
Toni Smit Huanasca Sánchez
Erick Vargas Chuño.

No obstante, la representante de la Fiscalía también investiga a los exmiembros de la PNP por el delito de lesiones graves, en agravio de otras 14 personas:

Clinton Dionicio Huallpa Larico
Ebed Benjamín Goya Ticona
Henrry Walter Arias Quinchori
Joel Raúl Hidalgo Flores
José Alin Campos Acevedo
Junior Eber Pariona Molina
Luis Miguel Mariño Ayala
Marcos Jhonatan Ríos Huari
Noe Daniel Palma Oré
Reynaldo Mario Villano Quispe
Alex Richard Hinostroza Huamán
Brayan Brando Ochoa Osoria
César Enciso Romero
Wilder Santiago Gómez.

Fiscal general de Perú denuncia a presidenta Boluarte por muertes en protestas

La fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.

«Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola», dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra «tienen como propósito» amedrentarla para que no continúe su «lucha contra la impunidad».

La denuncia también está dirigida contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.

Este lunes se llevó a cabo la operación «Valquiria V», a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.

Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta este domingo el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.
Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es «un ataque premeditado» de quienes se oponen a su labor.

77 personas murieron en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

«Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder», dijo Benavides.

La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para «obstruir la justicia».

El Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga.

«Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales», señaló en el pronunciamiento.

También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las «trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023″ en las protestas, así como otros «casos emblemáticos».

«Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia», dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.

Defensoría del Pueblo: crecen las protestas sociales a 410 casos en un mes

El último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, correspondiente a octubre, revela que las acciones colectivas de protesta, como marchas, plantones, bloqueo de vías, paros y huelgas fueron creciendo desde agosto (231) y setiembre (304) hasta llegar a 410 casos en octubre.

Sin embargo, el número de conflictos sociales (224), que se refiere a situaciones complejas, se ha mantenido en setiembre y octubre; mientras que los conflictos de tipo socioambiental tuvieron una ligera baja en octubre (138) con respecto de setiembre (139).

El documento de Defensoría señala que del total, el 62.2% fueron plantones y el 14.1% marchas. Asimismo, indica que los lugares donde se registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (51), Arequipa (46), Puno (39), Piura (35), Áncash (25), entre otros.

Anota que durante el mes se ejecutaron huelgas a nivel nacional, destacándose las protestas realizadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú, el Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica del Perú y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua.

Están también las manifestaciones de los trabajadores ediles, obreros de Construcción Civil, transportistas. Asi como del personal de empresas como Química Suiza, Medifarma, Grupo Económico AJE, Securitas, Esvicsac.

Además de las asociaciones de víctimas de las protestas sociales de diciembre 2022 y enero 2023, frentes de defensa, CGTP, Sutep, productores agropecuarios, pescadores artesanales y anchoveteros, fonavistas, pensionistas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones sociales, vecinales y estudiantiles.

El informe de Defensoría reporta cuatro heridos en octubre.

Podría elevarse más

Este número de acciones colectivas de protesta podría elevarse aún más en diciembre teniendo en cuenta el anuncio que ha hecho la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) sobre una jornada nacional de protesta a partir del 7 de diciembre, a un año de las movilizaciones en las que murieron más de medio centenar de personas a causa de la fuerte represión policial y militar.

Jorge del Carpio Lazo, miembro del comité de lucha de Arequipa, informó que esta jornada fue aprobada en el segundo encuentro nacional de la CNUL del 30 de setiembre y 1 de octubre, y que los últimos ajustes se darán el 25 y 26 de noviembre en el Callao, Lima, con los representantes de las 26 regiones y delegados de organizaciones sociales y gremiales de todo el país.

“Hay propuestas para que la movilización sea el 7, 8, y 9 de diciembre. Hay unidad total. Queremos expresar nuestro rechazo a la dictadura y concentración de poderes en el Ejecutivo y Legislativo a pesar del 90% de rechazo que tienen. Podrán tener legalidad pero son ilegítimos. Para expresarlo, el 25 y 26 de noviembre nos vamos al tercer encuentro nacional de las 26 regiones”, señaló Jorge del Carpio.

Casos nuevos

El Reporte de Conflictos Sociales n° 236 también refiere que en octubre se registraron dos conflictos nuevos. Uno de alcance nacional protagonizado por los agremiados a la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú- FENDUP, quienes acatan una huelga desde el 26 de setiembre. Ellos exigen la nivelación de sus remuneraciones, la homologación de las mismas con los magistrados del Poder Judicial, entre otras demandas.

El otro conflicto involucra a la población de los caseríos de Pomamayo y Cashaucro y el barrio de Bellavista del distrito de Oyón, en Lima. Demandan el reinicio de la mesa de diálogo con la Compañía Minera Raura S.A., la misma que fue suspendida en el 2018. Dicha cita de trabajo fue reanudada en octubre a fin de revisar los acuerdos presuntamente incumplidos en el 2018 y los pedidos del 2023.

Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos) seguido de Cusco (18) y Apurímac (17).

También otros tipos de conflictos

Luis Alvarado, de la Adjuntía para Prevención de Conflictos Sociales de Defensoría del Pueblo, mencionó que otros conflictos comienzan a registrar más números de casos como los de tipo comunal y los de asuntos de Gobierno regional.

“Hace cinco años, los comunales representaba el 4.5% y hoy representa el 10.7% del total de casos. Los que son por asuntos de Gobierno regional significaba el 3.5%, hoy es de 7.6%”, precisó Luis Alvarado.

Protestas contra Dina Boluarte: regiones se movilizarán este jueves en rechazo al Gobierno

El representante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Lucio Ccallo Ccallata, confirmó desde Puno la participación de las 24 regiones del país en la manifestación de mañana contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

“Hemos acordado implementar esta jornada nacional de lucha. Esta no será solo en Lima, sino en todas las regiones del Perú”, dijo. Indicó que el pasado sábado 30 de setiembre y el 1 de octubre tuvieron un encuentro en el que se tomó esta medida.

Informó que participarán los dirigentes de las cuatro macrorregiones, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-Perú), entre otros gremios y organizaciones civiles.

Asimismo, aseguró la presencia de comerciantes, transportistas, así como de líderes de comunidades campesinas y barriales. Cabe destacar que las regiones enviarán a sus delegaciones a la capital.

Demandas

Además de exigir la renuncia de Boluarte, solicitan el cierre del Congreso, sanción para los responsables directos de los muertos en las manifestaciones pasadas, la liberación de todos los presos —tras el estallido social el 7 de diciembre—, la destitución inmediata de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una asamblea constituyente. También se manifestarán a favor del aumento del salario mínimo vital, la reforma integral de la salud pública y por el incremento del sueldo de los obreros agrícolas de la agroexportación, entre otros puntos.

Esta nueva movilización se da en medio de la declaratoria de estado de emergencia en el Cercado de Lima y Lince por 60 días para combatir la delincuencia.

La dirigenta del Frente de Colectivos Recuperemos la Democracia, Lia Valderrama, sostuvo que esta medida del Ejecutivo busca evitar las movilizaciones, aunque aseguró que harán valer su derecho a la protesta pacífica.

“Es evidente que Boluarte, además de perseguir a los dirigentes, ahora se vale de su discurso de lucha contra la inseguridad ciudadana, declarando el estado de emergencia en el Cercado de Lima, para criminalizar la protesta”, afirmó Valderrama.

Denunció que, bajo esta disposición, las fuerzas del orden podrán detener indiscriminadamente a los manifestantes ese día.

La dirigenta anunció que los dirigentes de la CNUL sostendrán hoy una reunión virtual para evaluar el estado de emergencia y aprobar la ruta de la movilización.

“Recién después se estará comunicando la ruta por un tema de prevención”, señaló.

Asimismo, comentó que a fin de mes volverán a reunirse en Ica a fin de evaluar la marcha de mañana, así como para planificar nuevas acciones de protestas en todo el país, que están programadas para entre el 7 y 9 de diciembre.

Comerciantes paralizarán en Puno

En la región de Puno, la concentración de mañana estará acompañada de un paro de los comerciantes y transportistas. Así lo dio a conocer el dirigente puneño Lucio Ccallo.

“Habrá paro y movilizaciones en las 13 provincias de la región de Puno”, dijo.

Asimismo, se levantarán pidiendo el archivamiento de las denuncias fiscales contra más de cien dirigentes, quienes han sido procesados por haber protestado contra el régimen en fechas pasadas.

“Hay una persecución política y judicial contra los dirigentes y luchadores sociales”, recalcó Ccallo.

La población saldrá con banderas negras.

El dato

Reivindicación. El Frente de Colectivos Recuperemos la Democracia marchará con la camiseta peruana y portará un gran balón de fútbol, en el que estarán los rostros de los peruanos asesinados.