Alberto Otárola vuelve a imputar a las FF. AA. las muertes en protestas

El premier Alberto Otárola respondió a muy pocas de las 90 preguntas que le hicieron el miércoles en su declaración en la fiscalía suprema que lo investiga, junto con la presidenta Dina Boluarte, por las muertes durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

Mayormente decía que se remitía a su declaración anterior, pese a saber que fue citado para consultarle sobre las protestas que se acumularon al primer expediente con posterioridad.

Sin embargo, sí aseguró que él no tuvo ninguna participación en la elaboración de los planes ni en las órdenes de los jefes militares o policiales para repeler a los manifestantes.

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a las víctimas, reveló que Otárola insistió —como declaró la primera vez— en que todo fue responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el general Manuel Gómez de la Torre.

“Dijo: Pregúntenles a ellos. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en los planes operativos. No participamos en su elaboración ni nos tienen que dar cuenta”, comentó Quispe, quien cuestionó dicha versión.

“Cómo el jefe del Comando Conjunto no le va a dar cuenta al ministro de Defensa (cargo que ejerció Otárola cuando se produjeron las primeras muertes en las protestas)”, sostuvo.

El abogado recordó que Gómez de la Torre ha declarado ya ante la Fiscalía que se reunió con el entonces ministro de Defensa y con Boluarte en Palacio de Gobierno para informar sobre las acciones realizadas para contrarrestar las protestas, lo que ahora Otárola asegura no recordar.

Por omisión

El premier afirmó que se enteró de los primeros fallecidos por la prensa, a través de la televisión. Sin embargo, no hizo nada para evitar que continúen produciéndose.

Negó haber sido informado de manera oficial, argumentando que eso era responsabilidad netamente de las Fuerzas Armadas. Aseveró que ni como titular de Defensa ni como premier le dieron cuenta algo.

Y cuando le insistieron sobre las medidas que tomó al enterarse, respondió que pidió que se respeten los derechos fundamentales, sin precisar cómo ni dónde ni a quién lo solicitó.

Es más, cuando le consultaron qué cambios hizo después de las primeras muertes, aseveró que eso no le competía.

Quispe remarcó que con esta declaración Otárola ha dado a entender que la responsabilidad de los muertos y heridos es de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tratando de evitar la investigación de comisión por omisión.

El dato

Más casos. Otárola fue convocado nuevamente a declarar porque se incluyeron en el expediente las muertes en Andahuaylas, Junín, Cusco y Lima, así como algunos fallecidos de Ayacucho.

Dina Boluarte se acoge al silencio durante interrogatorio de Fiscalía por crímenes en las protestas

Dina Boluarte se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para dar su manifestación en la ampliación de la investigación por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas. Sin embargo, la diligencia no duró más de diez minutos porque la mandataria decidió acogerse al derecho de guardar silencio.

La diligencia inició a las 9:12 de la mañana, con participación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el fiscal Carlos Huamán. Este último dio lectura a dos disposiciones fiscales de ampliación de investigación por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en Lima y Cusco, además de lesiones en Pucallpa.

Al finalizar, preguntó a Dina Boluarte qué tiene que decir y ella negó las imputaciones. Acto seguido dijo que como ya había declarado en extenso en una anterior diligencia se acogía al derecho de guardar silencio.

Tras esta respuesta, el fiscal Carlos Huamán evitó continuar con la lectura de las siguientes preguntas del Ministerio Público, según contó a La República Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien acompaña a los familiares de las víctimas.

Luego la Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares pidieron formular preguntas, pero Dina Boluarte optó por guardar silencio. Fueron un total de 47 las interrogantes que la mandataria evitó responder.

Joseph Campos, abogado de la mandataria, intentó impedir que estas 47 preguntas sean incluidas dentro del acta de la diligencia; sin embargo, el Ministerio Público no atendió el pedido y las consignó para que quede constancia.

No ocurrió lo mismo con las preguntas del Ministerio Público, pues luego de la primera, Carlos Huamán evitó dar lectura de las siguientes y tampoco quedaron consignadas en el acta. “Hubiese sido importante que el Ministerio Público consigne también sus preguntas”, comentó Juan José Quispe.

El abogado lamentó que Dina Boluarte haya optado por guardar silencio en una investigación fiscal muy importante sobre los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y policiales durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.

“La actitud de la señora Boluarte ha sido obstruccionista a la investigación. Ha sido un desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales y, sobre todo, está yendo contra un principio internacional, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas dentro de una investigación”, expresó Juan José Quispe.

Gobierno compra 540 fusiles, 540 escopetas y 540 pistolas para enfrentar protestas

Con el evidente propósito de reforzar operaciones contra las manifestaciones antigubernamentales, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) fue autorizado por el Ejecutivo para comprar armamento “en apoyo a la Policía Nacional”.

Según el documento que contiene las bases del proceso de adquisición al que tuvo acceso La República, el armamento incluye:

  • 540 escopetas calibre 12A.
  • 540 pistolas calibre 9×19.
  • 540 fusiles de asalto semiautomático M4 no letal.

Además:

  • 540 lanzagranadas lacrimógenas.
  • 2.700 unidades de balones de dióxido de carbono (CO2) de 88 gramos.

La operación se ejecutó de forma directa, sin licitación, en cumplimiento de una resolución del CCFFAA del 26 de mayo de este año, “bajo el supuesto de una situación de emergencia”.

No obstante, pese a que la adjudicación se efectuó el 31 de mayo, el CCFFAA no ha consignado los detalles del proceso ni el monto de la contratación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), como disponen las normas vigentes que garantizan la transparencia gubernamental.

La compra del armamento se ha financiado con parte de los S/233,3 millones que autorizó transferir la presidenta Dina Boluarte al Ministerio de Defensa, el 7 de febrero de este año, en el contexto de las protestas contra el Gobierno.

Conforme a la documentación del proceso, el área usuaria del armamento es la 3.ª División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero la finalidad de la misma, según expone el CCFFAA, es la siguiente: “La presente contratación busca dotar de material de protección para el personal de las Fuerzas Armadas que brindará apoyo a la Policía Nacional del Perú, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en los departamentos de Lima, Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna”.

De acuerdo con fuentes castrenses, las empresas proveedoras que obtuvieron la buena pro para este paquete de armas son la estadounidense Lewis Defense y la israelí Emtan Karmiel.

El 6 de julio, el CCFFAA suscribió un contrato, también “en apoyo a la Policía Nacional”, con la mencionada compañía Lewis Defense, por la compra de munición no letal por la suma de US$116.212.

Sin embargo, el contrato más cuantioso concedido por el CCFFAA fue adjudicado a la empresa estadounidense Sourcing Group Corp., para la provisión de equipos antimotines, el 6 de julio de este año, por US$7,9 millones. Incluye: 2.010 cascos tácticos de protección balística (US$1.145.700); 3.000 trajes antimotines (US$1.710.000); 3.000 mascarillas antigás con filtro (US$1.110.000); y escudos balísticos nivel IIIA (US$972.000), entre otros.

El representante de Sourcing Group Corp. es el peruano Sergio Pérez Pomar. La firma se encuentra acreditada en el Registro Nacional de Proveedores y ha vendido equipos al Ministerio del Interior.

El 23 de marzo de este año, Sourcing Group Corp. también proveyó al CCFFAA de 105.000 cartuchos lacrimógenos CS calibre 37/38 mm. simple y 7.500 cartuchos lacrimógenos CS calibre 37/38 mm. triple, por un total de US$3.152.250, de acuerdo con el contrato al que tuvo acceso La República.

Además, el CCFFAA ha comprado raciones de campaña (S/4.125.000) y equipos de comunicación (US$526.093). Todo mediante la modalidad directa, sin licitación.

Adquisiciones a granel

Detalle del tipo de armamento comprado por el CCFFAA para sumarse a la PNP en operaciones contra las protestas.

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Tercera Toma de Lima: conforman Comando Nacional Unitario para liderar protestas contra Boluarte

La asamblea nacional de dirigentes gremiales de las 26 regiones del Perú conformó el Comando Nacional Unitario de Lucha para liderar y unificar la tercera Toma de Lima y exigir la salida de la presidenta Dina Boluarte, pues consideran que su Gobierno es dictador y carece de legitimidad ante la alta desaprobación de la ciudadanía. Así lo informó el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Erwin Salazar, y el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc) Santos Saavedra, quienes indicaron que se planificaron estrategias para ejecutar en la protesta del miércoles 19 de julio.

¿Quiénes participaron la asamblea nacional?

Erwin Salazar informó a La República que en el encuentro nacional que se realizó el sábado 1 y domingo 2 en el local de la Asociación Cabanista, en el distrito de Puente Piedra (Lima), participaron 800 dirigentes de las 26 regiones del Perú que forman parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro, Federación de Pueblos Jóvenes, Construcción Civil, así como Cunarc y CGTP.

Acuerdos para la tercera Toma de Lima

El dirigente manifestó que luego de un trabajo coordinado por parte de cuatro comisiones se formalizaron acuerdos en el marco de la tercera Toma de Lima. Entre ellos está la conformación del Comando Nacional Unitario de Lucha, que lo integra 46 dirigentes, que representan a todas las regiones del país. El objetivo de esta organización gremial es lograr la unificación de la marcha nacional a fin de que sea contundente.

“Las organizaciones sociales sabemos que la presidenta Dina Boluarte no renunciará, es por eso que se constituyó el comando nacional para liderar un trabajo gremial coordinado para la Tercera Toma de Lima y para las medidas que se emprenderá con posterioridad a este evento, el que diremos ¡Fuera, Dina Boluarte!”, expresó Erwin Salazar.

Otro de los acuerdos fue declarar el Gobierno de Boluarte como dictador y carente de legitimidad. “La sociedad organizada condena la dictadura que ejerce la mandataria, que ante la alta desaprobación popular no tiene legitimidad”, sentenció el dirigente de la CGTP.

¿Qué se busca con la tercera Toma de Lima?

A su turno, el presidente de Cunarc, Santos Saavedra, manifestó que la plataforma de lucha también considera las elecciones generales, el cierre del Congreso y la asamblea constituyente. “Hay objetivos que deben cumplirse de la mano del pueblo”, remarcó.

¿Cómo se conformó el Comando Nacional Unitario de Lucha?

El dirigente de la CGTP, Erwin Salazar, manifestó que tras el resultado de las cuatro mesas técnicas se consolidaron diferentes planteamientos. Uno de ellos fue el Comando Nacional Unitario de Lucha, el cual fue aprobado por unanimidad por asistentes de la asamblea que decidieron que este organismo gremial sea conformado por 20 dirigentes que asistieron al encuentro nacional, así como 26 delegados que representan a las regiones.

Tercera Toma de Lima: gremios advierten paro contundente

El vicepresidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, Aladino Fernández Rubí, manifestó que la tercera Toma de Lima tiene la aprobación de las 70 bases gremiales que existen en las 13 provincias, las cuales agrupan a más de 500.000 ronderos.

Además, precisó que coordinan con comerciantes de mercados para que se sumen a la movilización en Cajamarca, la cual se realizará en paralelo con la marcha en la ciudad de Lima.

Sutep respalda la Tercera Toma de Lima

El dirigente del Sutep Puno, Pedro Quispe, sostuvo que una delegación de profesores viajarán a la capital para protestar el 19 de julio contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y exigir al Ministerio Público y Poder Judicial sean objetivos en la investigación por los 70 fallecidos durante las marchas en las regiones del sur.

Anuncio de protestas preocupa a empresarios

Para el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Turismo (Apemtur) de Cusco, Richard Veláquez, el anuncio del reinicio de protestas en la región el 19 de julio y la toma de Lima, ha generado que agencias de turismo del extranjero duden y dejen de comprar paquetes turísticos para Perú. «Solamente el anuncio ha provocado que muchos tengan dudas en visitar nuestro país», dijo.

El empresario explicó que las grandes agencias, que traían a más de 300 turistas a Perú, tienen muchas dudas para vender paquetes a Perú y están optando por llevar a sus clientes a otros países. Esta situación pone en jaque al turismo local.

Explicó que las protestas que se dieron a principios del año, se desarrollaron con el cierre de carreteras. Por ello muchos turistas tuvieron viajes frustrados. «Estamos de acuerdo con las manifestaciones pero, pacíficas, sin el bloqueo de carreteras, y sobre todo sin perjudicar al prójimo. Este gobierno definitivamente no le favorece a nadie, pero debemos protestar pacíficamente».

Afirmó que la cancelación de viajes por parte de agencias extranjeras, afectaría en general al 50% de turistas entre nacionales y extranjeros llegan a diferentes destinos del país.

Ingresos en Inti Raymi

El Ministerio de comercio Exterior y Turismo, informó que la fiesta del Inti Raymi logró un movimiento económico de 33 millones de soles.

“Se movilizaron alrededor de 36,000 asistentes. El 44% fueron residentes locales, el 31,5% turistas extranjeros y un 24,5% turistas nacionales. Las actividades económicas de la región, sobre todo los negocios vinculados al turismo, han experimentado un impulso positivo durante estas festividades”, refirió el titular de la cartera, Juan Carlos Mathews.

Gastos durante las fiestas

Gran parte de este impacto económico ha sido resultado de las diversas actividades que han realizado los turistas durante las festividades. En promedio, los turistas nacionales invirtieron S/846 por persona durante un aproximado de 4 noches en Cusco; mientras que los extranjeros, un estimado de S/2.081, entre transporte, alojamiento, alimentación y compras de artesanía.

PNP desplegará cerca de 8.000 policías ante nueva convocatoria de protestas

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará cerca de 8.000 agentes en las calles de la capital de cara a una nueva convocatoria de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte para el próximo lunes, informó este jueves esa institución.

“La PNP ha hecho un despliegue de, más o menos, 8.000 efectivos. Están distribuidos tanto en la región Lima como en nuestra Dirección de Operaciones Especiales”, aseguró el general de la PNP Víctor Zanabria a la emisora RPP.

“Los indicadores de cómo se van a llevar a cabo estas nuevas movilizaciones presumen lo mismo: poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia”, explicó Zanabria, quien aseguró que tienen capacidad para controlar a 20.000 o 30.000 manifestantes.

La PNP estimó que la marcha cuente con cerca de 5.000 manifestantes en lo que sería “el escenario más problemático”.

El portavoz policial subrayó la capacitación en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos que han recibido los agentes tras las denuncias hechas por organizaciones internacionales y el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de la policía en la represión de las protestas.

“Han recibido entrenamiento no solamente en técnicas y tácticas de control de disturbios, sino, principalmente, del uso de la fuerza y derechos humanos, que han sido una de las cuestiones que han sido llamadas la atención por las ONG que han evaluado la conflictividad social (de las pasadas movilizaciones)”, apuntó.

Al mismo tiempo, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP recordó que el uso de armas letales es “el último recurso”, que es como él afirma que se ha trabajado en regiones como Ica, Lima o Madre de Dios.

Zanabria indicó que en “situaciones puntuales de violencia generalizada” como Puno o Abancay “han generado otro tipo de respuesta”.

Las movilizaciones que exigían la destitución de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria electoral y la creación de una asamblea constituyente dejaron 49 muertos por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.