Tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales durante las marchas de protesta pidiendo el adelanto de elecciones y cierre del Congreso, la presidenta Dina Boluarte respondió señalando que “el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado” y que “de ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”, por lo que “los posibles excesos en el uso de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”.
De esta forma, el Ejecutivo pretende evadir su responsabilidad y deja la investigación para que se determinen las responsabilidades individuales, tal como informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, que tuvo acceso a las respuestas emitidas por el Ejecutivo, en las que queda en evidencia la estrategia adoptada por Boluarte y sus ministros para mitigar las responsabilidades por las 49 muertes.
En respuesta al informe de la CIDH, el Ejecutivo reconoció la existencia de “graves hechos ocurridos” durante las protestas, pero negó que hayan sido producto de decisiones políticas autoritarias, y anunció para los próximos meses una “reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
Tras insistir en que no se promovieron prácticas de represión fuera del marco legal, el Ejecutivo señaló que, “en diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias”. Ello con el afán de mostrar que se habrían hecho avances ante los 49 asesinatos.
Sin embargo, en la respuesta de Boluarte no se precisa qué otras medidas se han realizado para encontrar a los responsables políticos de estas muertes consideradas como “masacres” por la CIDH.
Boluarte sostuvo que “como todo informe hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano. Rechazamos la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”.
Posteriormente, el premier Alberto Otárola consideró que “el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado”, añadiendo que no es “una sentencia” y que el Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual.
Ni Boluarte ni Otárola tuvieron argumentos para desbaratar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú de la CIDH, que sostuvo que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
En su defensa, Boluarte negó que haya existido racismo durante la represión de las protestas y afirmó que “no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole”, en relación con varias expresiones de miembros del Ejecutivo durante estos meses que organizaciones de derechos humanos han criticado.
Reestructuran las fuerzas del orden
El régimen de Boluarte mencionó que el 29 de marzo pasado tomaron la decisión de reestructurar las fuerzas del orden para los próximos meses sin que haya una fecha establecida.
De esta manera, el Ejecutivo desliza que las FFAA y la PNP sí tuvieron responsabilidad en la violenta represión que hubo durante las manifestaciones.
El informe ‘Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’ que ayer presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
Precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.
También por el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. “Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.
Y menciona que 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas.
Sobre Ayacucho
El informe de la CIDH señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
Anota que, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Además, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Refiere que como resultado de estos hechos, 10 personas perdieron la vida. Y que, según la información suministrada por el Ministerio Público, todas las necropsias fueron realizadas por una persona médica legista en compañía de fiscales.
Las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 individuos resultaron heridos por armas de fuego y objetos contundentes.
Ejecutivo. Boluarte y Otárola, a la cabeza de este Gobierno. Foto: Félix Contreras/La República
Respecto a Juliaca
En cuanto a lo sucedido en Juliaca, región Puno, la CIDH indica que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
Anota que todo esto ocurrió en el marco de una compleja situación violenta, que se inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto Inca Manco Cápac, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.
De los graves hechos de violencia y represión policial que se dieron luego en el terminal aéreo y otros lugares de la ciudad de Juliaca, 226 personas resultaron heridas entre los días 6 y 10 de enero, y a la fecha de cierre del este informe, 18 habían perdido la vida.
También indica que hay graves denuncias de familiares de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, a quienes les atribuyen todas las muertes ocasionadas por armas de fuego.
Refiere que personas que rindieron testimonio a la comisión señalaron que, a partir del mediodía del 9 de enero, “la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego”; y que “se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa” por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
Adicionalmente, algunas personas denunciaron la participación de agentes policiales, vestidos de civil y sin identificación entre los manifestantes, a los que señalaron como pertenecientes al llamado Grupo Terna.
También indica que, por su parte, los agentes del Estado manifestaron a la CIDH que el 9 de enero las fuerzas de seguridad estuvieron todo el tiempo dentro del perímetro del aeropuerto bajo un ataque sostenido de armas hechizas, como avellanas, dirigidas al cuerpo.
Asimismo, señalaron que no hubo fallecidos al interior del aeropuerto o alrededor del perímetro externo. Los agentes entrevistados negaron que la causa de las muertes hubiese sido el uso excesivo de la fuerza, aduciendo que los disparos y las muertes ocurrieron fuera de ese perímetro, incluso en lugares o calles alejadas del aeropuerto, a donde no se habrían hecho presentes integrantes de las fuerzas de seguridad ese día.
A su vez, solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes para individualizar a las personas y armas que causaron los mismos, mediante la determinación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar de cada una de las muertes.
Que se investiguen
La Comisión Interamericana condena los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
En reunión que sostuvo con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal le informó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen. Dicha información coincide con los registros del Ministerio de Salud y con los certificados de defunción a los que la CIDH tuvo acceso.
La Comisión Interamericana formuló recomendaciones
Entre las recomendaciones que hizo la CIDH, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.
Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.
Tomar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.
El dato
Las muertes ocurridas en Ayacucho, según el informe, podrían llevar a calificar lo ocurrido “como una masacre”. Todas las personas murieron por arma de fuego.
Un informe contundente
CIDH se refiere a los sucesos en Ayacucho y afirma que observa con extrema preocupación lo sucedido.
Sobre Juliaca se indica que habría hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Importante. El documento recomienda un “diálogo genuino” implementado desde el Estado con “enfoque étnico y territorial”.
La celebración de la Semana Santa en Ayacucho se vio empañada por el accionar de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), que trataron de impedir las manifestaciones artísticas en rechazo a las muertes de los ciudadanos ayacuchanos del 15 de diciembre del 2022.
En medio del fervor religioso, los policías trataron de impedir que se decore una alfombra de flores en la plaza Mayor de Huamanga, que aludía a la masacre de 10 ayacuchanos con la frase: “No matarás. 15 de diciembre 2022”.
La medida provocó la reacción de cientos de fieles y turistas, generándose enfrentamientos en la procesión del Santo Sepulcro, que es una de las más importantes actividades de Semana Santa en Ayacucho.
Al grito de “¡asesinos!, ¡asesinos!”, los devotos rechazaron que los policías pasen por encima de la alfombra de flores y la situación se volvió más tensa cuando los policías rodearon a los feligreses y con cascos y escudos pretendieron impedir que se concluyan los adornos.
Cuando la imagen del Señor del Santo Sepulcro se encontraba a la altura de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, los devotos prendieron globos de papel cometa con mensajes en contra de la presidenta Dina Boluarte.
En ese momento se produjo un enfrentamiento verbal con la PNP. Ante la fuerte presión de la ciudadanía, la policía se retiró en medio de los gritos de la población en su contra, que los tildaban de “asesinos”.
Según informó el portal El Búho, lo peor sucedió después que pasara la imagen del Santo Sepulcro. En ese momento, los policías comenzaron a empujar con sus escudos a la población que quedó desplazada en los arcos del Portal Independencia y en el frontis de la plaza Mayor.
La PNP evitó que se realicen algunas actividades, como obras de teatro, por temor a más denuncias contra el Gobierno. El sábado que viene (15 de abril) se cumplen cuatro meses de la masacre de 10 ayacuchanos, con las investigaciones trabadas por la Fiscalía.
Pese a los intentos de la PNP para evitar que se realicen actividades pidiendo justicia para las víctimas, algunas lograron concretarse, como la declamación del poema ‘Amor de madre’, de Miguel Ángel Hidalgo, en homenaje a los caídos del 15 de diciembre.
En otras regiones también se recordó a las víctimas durante la Semana Santa, como en Puno, donde no se registraron enfrentamientos con la Policía.
La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó este martes al equipo de fiscales que se encargará de investigar exclusivamente los casos de víctimas mortales durante las protestas antigubernamentale ocurridas entre diciembre del 2022 a marzo del presente año.
Sobre este grupo de trabajo, conformado por 12 fiscales y encabezado por Mariana Mendoza Sánchez, la fiscal de la Nación afirmó que con él «queremos garantizar a todos los peruanos que las investigaciones concluirán en el tiempo más breve posible señalando a los responsables».
Asimismo, indicó que contarán con asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú.
66 personas fallecidas y más de 1000 heridas
Como se sabe, a través de una resolución publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la Fiscalía conformó a este grupo de trabajo que tiene como finalidad investigar «casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (…) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros».
Dicho documento recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo se «han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica».
También por actos de violencia «que no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta» y que «han afectado la integridad física de funcionarios y servidores, así como la infraestructura de diversas entidades públicas y propiedad privada».
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en cuatro meses de protestas se registró un saldo de 66 personas fallecidas y más de 1000 heridas.
Esto llevó a que diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos denuncien el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Ayer por la noche, los cuerpos de los 6 soldados fallecidos del cuartel Pachacutec de Ilave, fueron traslados hasta la plaza de armas y frontis de la municipalidad provincial El Collao, luego de retirar de la morgue del hospital de Ilave.
Lamentable lo que viene aconteciendo en la provincia El Collao – Ilave, los cuerpos de los 6 soldados fallecidos fueron velados en el Centro Cívico de la Municipalidad El Collao, familiares consternados manifiestan que ni un mando del ejército se ha aproximado al lugar, se especula que habrían amenazas por las declaraciones de familiares que hicieron ante los medios, a quienes se estaría negando todo tipo de apoyo por parte del ejército, lo cierto es que la población exige justicia y que los oficiales al mando asuman sus responsabilidades.
Asimismo, los familiares pidieron justicia para sus hijos entre llantos y tristezas. Los padres de los soldados indican que los comandantes y capitanes no quieren responsabilizarse de los soldados fallecidos.
Esta mañana el padre del soldado Yerson Mena Flores, solicito al comandante del cuartel, que le den permiso de 1 un mes y no de 7 días, para su recuperación. El mencionado miembro del ejercito fue diagnosticado con hipotermia en el hospital, según el último reporte del nosocomio fue dada de alta, el mismo padre familia también lo indica, que se viene recuperando y, pero no está en la posibilidad de regresar en 7 días al cuartel, necesita más tiempo, también exigió que se realice una exhaustiva investigación al sucedido.
Soldados fallecidos en la ciudad de Ilave, son 6 miembros del ejercito peruano del cuartel Pachacutec – Bin 59:
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó a la presidenta Dina Boluarte este 7 de marzo a fin de que pueda brindar su declaración en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno.
Así lo confirmó Kelly Montenegro, abogada de la jefa de Estado, en una entrevista con el Diario El Comercio.
“Si la Fiscalía lo dispone de esta manera, nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, indicó al referido medio.
“Nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás”, agregó la abogada.
Se sabe que la mandataria, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior.
ENFOQUE REAL 