Por Francisco Diez-Canseco Távara

El colapso del puente de Chancay en dos ocasiones —marzo de 2023 y febrero de 2025— es una dolorosa evidencia del grado de descomposición y desgobierno que padece el Perú. En ambas tragedias hubo advertencias, alertas técnicas, reclamos ciudadanos y pedidos de intervención. Y en ambas, la respuesta fue la misma: abandono, negligencia y corrupción.

El primer derrumbe, en marzo de 2023, se produjo cuando un camión de carga pesada cruzaba la estructura. El vehículo cayó al río y su conductor murió. La causa: falta de mantenimiento y una estructura envejecida —de más de 50 años— que nunca fue reemplazada. Autoridades como Provías Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) eludieron sus responsabilidades, limitándose a promesas vagas y reparaciones superficiales.

Dos años después, el 13 de febrero de 2025, el puente volvió a ceder. Esta vez con consecuencias aún más trágicas: tres muertos y más de cuarenta heridos, tras el desplome de un bus interprovincial y un auto particular. El desastre ocurrió casi en el mismo punto del colapso anterior. ¿La causa? Socavación de los cimientos por el río Chancay, lluvias intensas y —una vez más— inacción gubernamental. Ositrán concluyó que el diseño estructural ya no era seguro y que el puente requería ser reemplazado totalmente. Pero nadie actuó.

¿Quién responde por las vidas perdidas? ¿Quién fiscalizó? ¿Dónde están los informes técnicos? ¿Y por qué no se construyó un nuevo puente después del primer colapso?

Este caso no es una simple tragedia de infraestructura: es un reflejo de un Estado que ha sido capturado por mafias políticas y tecnocráticas que no sienten responsabilidad por el bien común. Lo que ocurrió en Chancay no es un accidente, es un crimen de omisión.

El estado actual de la Panamericana Norte en ese tramo es un caos: desvíos improvisados, demoras de horas, perjuicio a transportistas, comercios y ciudadanos. Mientras tanto, las promesas de “puentes modulares” y soluciones de emergencia apenas son paliativos frente a una negligencia estructural.

Las responsabilidades deben investigarse y sancionarse, caiga quien caiga. No se trata de buscar chivos expiatorios, sino de romper el ciclo de impunidad que destruye la confianza pública. El colapso del puente de Chancay simboliza algo más profundo: la caída de la autoridad y del sentido mínimo de Estado.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz