Puno: acuerdan enviar una delegación de 13.000 personas para la tercera Toma de Lima

Los líderes sociales de Puno sostuvieron, el último sábado 17 de junio, el sexto encuentro regional en la ciudad de Juli, Chucuito. En este, acordaron que al menos 1.000 ciudadanos por cada provincia viajarán a la capital de la república para la tercera Toma de Lima, la cual fue anunciada para el 19 de julio, previo al aniversario patrio que es el 28 del mismo mes.

“Se ha quedado por provincia. Vamos a viajar 1.000 personas. La región de Puno tiene 13 provincias y, en ese sentido, vamos a viajar 13.000. Se está coordinando ahora con las regiones de Moquegua, Cusco y Apurímac”, precisó a este medio el teniente gobernador del Laraqueri, Jaime Machaca.

Este domingo 18 de junio, 37 tenientes gobernadores del distrito de Pichacani-Laraqueri, de la provincia de Puno, en asamblea, reafirmaron su rechazo al Gobierno de Dina Boluarte, así como a los 130 congresistas, cuestionándoles el hecho de promover proyectos de ley que van en contra de los intereses de la población.

Asimismo, acordaron en desconocer al subprefecto distrital, provincial y al prefecto regional. Señalaron que ellos representan al Gobierno de Boluarte, en el cual murieron asesinados más de 20 civiles en Puno.

«Ella no nos representa, pues mandó a matar a nuestros hermanos. Nosotros pedimos su renuncia inmediata para que vuelva la paz a la región de Puno«, expresó el presidente de los tenientes gobernadores del distrito de Laraqueri, Alfonso Manzano.

Puno: rechazan postura de Dina Boluarte tras anunciar que no renunciará

Los tenientes gobernadores de Pichacani-Laraqueri también debatieron sobre el pronunciamiento de la mandataria luego de que indicara ante los medios de comunicación que no renunciará a su cargo y que, por el contrario, gobernaría hasta el 2026. Al respecto, las autoridades comunales indican que en sus localidades se pide la dimisión de la presidenta. En esa línea, se alistan para las protestas del 19 de julio.

“Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026”, dijo Boluarte durante una conferencia de prensa en Lima.

Puno: autoridades municipales clausuran “prostivideocine” en la ciudad de Juliaca

Las autoridades de la provincia de San Román intervinieron un videocine donde encontraron botellas de licor y preservativos. Este establecimiento, funcionaba en el centro de la ciudad de Juliaca y era frecuentado, sobre todo, por jóvenes.

En la intervención, además de las autoridades participaron las rondas campesinas y dirigentes de la sociedad civil. Uno de los locales intervenidos se ubica en el jirón San Martín, donde se encontró a varios jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. También hallaron preservativos. Una fuente, advirtió la presencia de damas que ofrecen servicios sexuales.

Los funcionarios de la comuna clausuraron y multaron con 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no contar con la licencia de funcionamiento. Asimismo, intervinieron dos antros ubicados en el jirón Piérola y la avenida Circunvalación, donde encontraron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas. Ambos locales fueron multados y clausurados.

Puno: en Juliaca e Ilave izaron banderas blanquinegras por los fallecidos en protestas

En el Día de la Bandera, en Juliaca e Ilave, los puneños lograron izar la bandera negra y blanca en señal de protesta por las personas muertas el 9 de enero, tras la represión policial y militar durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Solo en Puno, la policía evitó este acto simbólico porque acordonaron la plaza principal desde muy temprano.

En Juliaca, los familiares de las víctimas colocaron a media asta una gran bandera negra y blanca en la plaza de Armas. Para lograrlo hicieron una especie de escalera humana porque, extrañamente, no estaba el cordón en el mástil.

Las personas que portaban las banderas arengaban pidiendo justicia por los fallecidos. “La sangre derramada jamás será olvidada”, “¿qué pide el pueblo?, justicia”, gritaban. Además, exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, a quien calificaron de “genocida”.

Un fuerte contingente de efectivos policiales apareció para apostarse en la plaza mientras los familiares los llamaban “asesinos”. Frente a ellos, la madre del joven caído Bryan Apaza se quebró y les reclamaba por su asesinato. Las mujeres lavaron la bandera roja y blanca, al tiempo que insistían por justicia para sus hijos fallecidos. Continuaron con la protesta, cargando una bandera gigante de color negro y blanco, hasta las instalaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial de Juliaca.

Sin presencia policial ni militar, en Ilave (Collao), las autoridades comunales aimaras se vistieron de luto e izaron la bandera blanca y negra por los soldados muertos que trataron de cruzar el río Ilave el 5 de marzo y por Isidro Arcata, muerto en el marco de las manifestaciones. En este lugar tampoco estaba el cordón del asta. También izaron la wiphala, la misma que el congresista de Fuerza Popular Juan Lizarzaburu llamó “mantel de chifa”. La población pedía justicia para los fallecidos y la renuncia de Boluarte.

Mientras todo esto ocurría, el Poder Judicial publicó un mensaje en sus redes que decía: “El que, por acto de menosprecio, usa en estampados de ropa o de otra manera los símbolos de la patria (…) será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas”.

En Puno, la policía cercó la plaza de Armas para que el Ejército eleve la bandera nacional. Incluso se adelantó la ceremonia a las 7:30 a.m. para evitar las protestas anunciadas. En el acto no estuvieron ni el alcalde Javier Ponce ni el gobernador de Puno, Richard Hancco. Solo se hizo presente el obispo Jorge Carrión Pavlich. Hubo paseo de la bandera con poca asistencia del público. En Lima también hubo marchas con banderas negras.

Gobierno amplió estado de emergencia en Puno por 60 días más bajo control de las FF.AA.

El Ejecutivo prorrogó, por segunda vez consecutiva, el estado de emergencia en la región Puno por 60 días, a partir del próximo 6 de junio.

La medida fue oficializada a través de un decreto supremo publicado hoy, domingo, en el diario oficial El Peruano y lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte; del premier Alberto Otárola; del ministro de Defensa, Jorge Chávez; del ministro del Interior, Vicente Romero; y del ministro de Justicia, Daniel Maurate.

Sustento

La medida, según indican los considerandos del documento, se sustenta en un Informe Técnico Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y en un dictamen de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica que recomiendan extender el estado de emergencia en la mencionada jurisdicción.

También se fundamenta en un informe emitido por el Comandante General de la PNP que «sustenta la necesidad de prorrogar el estado de emergencia declarado en el departamento de Puno«.

En base a ello, se establece que el «control del orden interno» continuará a cargo de las FF.AA. «incorporando a la Policía para el logro de dicho objetivo».

Además, señala que «la planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado» que estará a cargo del «Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, al cual se integrará la Policía Nacional, de acuerdo a las disposiciones y directivas» del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

En ese sentido, el accionar de dicho Comando Unificado estará orientado a «la protección de los Activos Críticos Nacionales» y «la protección a instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías».

Además, se indica que en los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando Unificado y la PNP presentarán, a los titulares del Mindef y del Mininter, «un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción, incluyendo las medidas adoptadas para el respeto de los derechos humanos».

Cinco meses con derechos restringidos en Puno

Cabe señalar que el estado de emergencia en Puno se mantiene desde el pasado 7 de febrero a causa de las protestas contra el Gobierno y el Congreso que iniciaron el 7 de diciembre del año pasado.

El último 5 de febrero, la presidenta Dina Boluarte decretó la medida, por 60 días, en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, en Puno se ordenó 10 días de inmovilización social obligatoria.

Al término del plazo, el 7 de abril, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia por 60 días más en esta última región por requerimiento de la Comandancia General de la Policía Nacional.

Tras 5 meses de estado de emergencia en la región sureña, y con el incremento de otros dos, Puno cumplirá 7 meses con derechos constitucionales restringidos.

Estos derechos son los relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

“En Puno no hay paz, llegará cuando haya justicia”: deudos de fallecidos durante protestas en Juliaca

Los familiares de las víctimas y heridos de la represión policial del 9 enero en Juliaca, así como centenares de agremiados del Sutep, hoy encabezaron una movilización de protesta en el marco del paro seco convocado a nivel regional en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

El paro seco en Juliaca no tuvo la convocatoria deseada, pues las asociaciones de comerciantes y los transportistas no se plegaron a esta medida de lucha, por lo que las actividades comerciales en los diferentes mercados y el servicio de transporte urbano se realizaron con toda normalidad en la ciudad calcetera.

Cerca de las 10.30 a. m., a la plaza de armas de Juliaca, se movilizaron los familiares de las víctimas y heridos de la represión policial durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Previamente, centenares de agremiados al Sutep se concentraron en la plaza de armas como parte de su medida de lucha.

Ciudadanos en protesta por represión en Juliaca. Foto: Kleber Sánchez/La República

Testimonios

Rosa Luque Mamani, madre del fallecido Heliot Cristhian Parisaca Luque (18), quien murió de un disparo de bala en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, en circunstancias que caminaba de regreso a su domicilio aquel fatidico 9 de enero, exigió justicia entre sollozos.

«Cuántas muertes más quieres, Dina Bolaurte, para que renuncies. Si quieres al pueblo peruano, renuncia de una vez. Tarde o temprano tendrás qué pagar por las muertes de nuestros hermanos y los heridos que dejaste y que aún sufren los estragos de la masacre del 9 de enero en Juliaca», manifestó Rosa Luque.

Asimismo, la representante de los familiares de las víctimas fue enfático al manifestar que el gobierno de Dina Bolaurte en alianza con el Congreso de la República viene sacando leyes en contra del pueblo peruano y en beneficios de los pequeños grupos políticos. «Ellos (Ejecutivo y algunos congresistas) nos tildaron como vándalos. No somos vándalos, tampoco somos terroristas, tal como ellos nos quieren calificar para deslegitimar las medidas de protesta en contra de Dina Boluarte», manifestó.

Sutep en protesta por represión en Juliaca. Foto: Kleber Sánchez/La República

En la región de Puno no hay paz. La paz llegará cuando llegue la justicia, mientras tanto seguiremos en pie de lucha, agregó Rosa Luque, tras considerar al Gobierno de Dina Boluarte como una dictadura.

Luego del rol de oradores, los familiares de las víctimas y heridos de Juliaca junto a los profesores del Sutep se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Juliaca y se trasladaron a exteriores del Ministerio Público para exigir que la carpeta fiscal N° 23 que fue derivada a Lima retorne a Juliaca para que todas las diligencias se realicen en el lugar de los hechos.

Por otro lado, el paro seco se acató con el bloqueo de carreteras en las provincias de Azángaro, Melgar y Huancané. Piquetes de huelguistas colocaron piedras y cordones humanos, exigiendo la renuncia de Dina Bolaurte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, 18 civiles murieron baleados tras la represión policial en Juliaca, mientras que otros 200 heridos con perdigones y balas disparadas por la Policía, aún sufren los estragos de esta masacre.

Puno prevé acatar un paro seco en contra del gobierno de Dina Boluarte este martes

Desde la medianoche de este martes, 30 de mayo, manifestantes de distintas provincias de la región Puno acatan un paro seco contra el gobierno de Dina Boluarte. La medida tendrá una duración de 24 horas.

La Central Única de Barrios de Puno y Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) han confirmado su participación en una movilización pacífica en los diversos distritos y provincias de la región altiplánica.

En declaraciones a RPP Noticias, el jefe de la X Macro Región Policial en Puno, Enrique Felipe Monroy, informó que se desplegarán más de 4 000 efectivos policiales en toda la jurisdicción para brindar seguridad a los ciudadanos y resguardar las instituciones públicas y privadas, como comisarías, sedes judiciales y el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, que ya fue cerrado dos veces en el marco de las protestas.

Los comerciantes de los mercados de la ciudad de Puno aún no han decidido si acatarán el paro seco, según dijo María Flores, una de las dirigentes del mercado Unión y Dignidad.

¿En qué consiste el paro seco?

El paro seco consiste en la paralización de las actividades económicas, comerciales, educativas y de transporte en la región. En este caso es usual que se bloqueen el Puente Internacional de Ilave y las carreteras de las provincias Azángaro, Juli, Huancané, El Collao, Chuicuito y Yunguyo.

El pliego de reclamos de los manifestantes es el mismo de las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Ellos piden el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta de Dina Boluarte y nuevas elecciones generales.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, 22 personas fallecieron por enfrentamientos en la región Puno. Además, durante el conflicto social se reportó el deceso de un policía y seis soldados entre febrero y marzo de este año.