El ciudadano Rubén Serpa Valdez, presentó una denuncia penal agravada por crimen organizado en banda, contra Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública (amenazas), contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional (rebelión), así como por asociación ilícita para delinquir en su modalidad de organización criminal.

En la denuncia presentada por el ciudadano Valdez, se encuentra incluída la declaración vertida por López Aliaga en la que refiriéndose a Piero Corvetto, jefe de le ONPE, señala: “Si me hacen eso a mí, yo voy a verlo a las oficinas y no sé si quede vivo”.

Se agrega en la denuncia una de sus últimas frases amenazadoras: “Si hasta mañana el JNE no declara la nulidad de las elecciones le voy a m… todo mi plan Morrocoy, bien grandazo para que se haga hombre».

Asimismo la denuncia contiene las frases: «Yo le mando al señor Fiscal de la Nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto».

OTRA DENUNCIA PENAL

Hoy, también se conoció la denuncia penal presentada por la ciudadana Indira Rodríguez Paredes y do0ller Alipio Huamán Cutisaca, representantes de Alianza de Defensa Legal “Justicia y Libertad”, contra Rafael López Aliaga por la presunta comisión de los delitos de Perturbación o impedimento de proceso electoral, previsto en el artículo 354 del código penal peruano.

Señalan que el medio comisivo es la incitación a la alteración del orden público, en tanto ha convocado expresamente a una “insurgencia civil” y a movilizaciones condicionadas al resultado electoral”.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció una recompensa de S/ 20 mil para quienes brinden información comprobada sobre presuntas irregularidades, fraude o sabotaje en el proceso electoral del 12 de abril, en medio de cuestionamientos al sistema y un pedido formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para suspender la proclamación de resultados.

A través de su cuenta en X, el postulante difundió un comunicado en el que convoca a trabajadores de organismos electorales a colaborar con evidencias.

“COMUNICADO – RENOVACIÓN POPULAR:

El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador de ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje, Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa”, escribió el líder de Renovación Popular.

Convocatoria y garantías ofrecidas

En el mismo mensaje, López Aliaga aseguró medidas de protección para quienes decidan aportar información relevante.

“(…) sabotaje@renovacionpopular.com. Garantizamos confidencialidad absoluta y protección de identidad. El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar”, agregó.

Horas antes, el candidato ya había solicitado al JNE suspender la proclamación del segundo y tercer lugar, argumentando que deficiencias operativas afectaron el normal desarrollo de la votación en Lima Metropolitana.

Fallas en mesas y retrasos

El pedido fue presentado mediante un documento dirigido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, en el que se detallan incidencias registradas durante la jornada electoral.

Según el informe, múltiples mesas de sufragio no abrieron a la hora establecida debido a la falta de material electoral. Estas demoras se habrían extendido por varias horas en distintos locales, generando largas filas de electores que finalmente desistieron de votar. Incluso, algunas mesas iniciaron operaciones recién entre las 2:00 p. m. y 4:00 p. m., de acuerdo con lo consignado.

Impacto en resultados y pedido formal de Rafael López Aliaga
El análisis presentado señala que el ausentismo en 2026 aumentó significativamente respecto a procesos anteriores. Se estima que alrededor de 608 mil electores en Lima no pudieron emitir su voto.

“Renovación Popular obtiene el 21 % de los votos válidos en Lima Metropolitana, según el cómputo oficial de la ONPE. Aplicando ese porcentaje, la organización política que represento perdió aproximadamente 120 mil votos que no se materializaron. Esa cifra es 2.5 veces mayor que la brecha actual entre el segundo y tercer candidato (47 mil votos)”, justifican.

“Primero: Suspender la proclamación del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la ONPE presente ante el Pleno del JNE, en un plazo máximo de 72 horas, un informe con el número de mesas que abrieron fuera del horario legal, el número de electores que abandonaron colas sin votar por distrito y las causas del desabastecimiento de material electoral”, formulan.

“Segundo: Convocar a una reunión urgente del Pleno del JNE para determinar el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho al voto de los 608 mil electores limeños que fueron privados del sufragio el 12 de abril en todas las elecciones del proceso: fórmula presidencial, senadores y diputados”, concluyen.

La llegada de Rafael López Aliaga a Juliaca (Puno), como parte de su agenda de campaña, generó un rechazo generalizado entre los ciudadanos de la región sureña, quienes señalaron que el representante de Renovación Popular no es bienvenido debido a las posturas que adoptó frente a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023

López Aliaga ya estaba advertido de que su recibimiento no sería positivo. Semanas atrás, el Consejo de Autoridades Originarias, que agrupa a representantes quechuas y aymaras, le advirtió que sería expulsado de la peor manera si pisaba suelo puneño.

Videos registrados en sociales como un vehículo asociado a la comitiva del partido celeste estuvo cerca de impactar a uno de los protestantes.

“Muy atrevido este señor. En Lima cerró las plazas cuando fuimos a protestar contra Dina Boluarte y ahora viene a pedir votos a Puno. No olvidamos cómo pedía la muerte de Pedro Castillo, no olvidamos cómo pedía que suba el dólar para que los más pobres suframos la crisis, no olvidamos cómo pedía que se ‘carguen’ al periodista Gustavo Gorriti. Simple: no lo queremos. Los puneños tenemos memoria. No más racistas en el Perú”, dijo Claudio García, uno de los dirigentes puneños presente en la manifestación en contra del exalcalde de Lima.

Ciudadanos protestan por llegada de Rafael López Aliaga

El principal reclamo de los ciudadanos se centra en el trato que recibieron cuando viajaron a Lima para protestar. Uno de los voceros afirmó: “No sé con qué cara viene este señor. Cuando fuimos a reclamar justicia por los asesinatos del 9 de enero, nos trató de la peor manera y nos llamó terroristas”. Para ellos, las declaraciones de López Aliaga durante la crisis social fueron una falta de respeto hacia la región.

Además, los ciudadanos criticaron las restricciones que enfrentaron en el centro de Lima. Según indicaron, la gestión municipal les dificultó el acceso a hoteles y espacios públicos: “Nos puso cámaras y nos prohibió ir a la Plaza San Martín. Estábamos totalmente restringidos y nos lanzaban gases y balas de goma a diestra y siniestra”, recordaron los manifestantes sobre su experiencia en la capital.

Los ciudadanos locales consideran que la visita de López Aliaga es una muestra de insensibilidad ante el dolor de las familias puneñas. “Están provocando a Juliaca cuando todavía hay dolor por la sangre derramada. Él ha avalado todo esto y ahora viene aquí”, comentaron. Para los pobladores, la presencia del candidato reaviva el conflicto en lugar de buscar soluciones.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) será investigado preliminarmente por el presunto delito de colusión y negociación incompatible por supuestamente haber endeudado a la Municipalidad de Lima (MML) con S/4 mil millones, de manera “ilegal” e “irregular”, durante su gestión como alcalde.

La denuncia por este caso fue presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes Reyes, quien anteriormente denunció un supuesto fraude en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán.

Emisión de bonos sin garantía del gobierno nacional, según la denuncia

En el documento al que accedió Epicentro, Sifuentes Reyes argumenta que la MML emitió bonos de titulización por el valor de S/4 mil millones, pese a “incumplir” normas técnicas, legales y contables a cambio de los ingresos por concepto de impuestos de alcabala y vehicular.

La práctica de emisión de bonos se da cuando una entidad se endeuda pidiendo dinero a inversionistas a cambio de comprometerse a devolver ese dinero en el futuro con intereses. Si bien se trata de una medida legal, no puede ejecutarse de forma libre ni discrecional sin responder a las regulaciones del Estado.

En este caso, cuando la MML solicitó la opinión de la Contraloría, la institución advierte que la deuda que contraerían se pagaría en un plazo de 20 años, más cinco años de gracia. Esto comprometía las finanzas de las siguientes cinco gestiones municipales, precisó el Informe Previo N° 001-2023-CG/GRLIM, denominado ‘Operación de endeudamiento, sin garantía del gobierno nacional’.

Sifuentes precisó en su denuncia que el endeudamiento se ejecutó con tres acuerdos de concejo realizados entre 2023 y 2024.

Indicó que el primer acuerdo -Acuerdo de Concejo Nº 204, del 23 de junio de 2023- autorizó la primera emisión de bonos titulizados “sin garantía del gobierno peruano y en el mercado nacional”, pero terminó haciéndose en el mercado internacional.

Adicionalmente, el auditor denunciante argumenta que la MML no tendría los recursos económicos para cumplir los parámetros exigidos por el Decreto Legislativo 1275, que exigía que el saldo de la deuda total no debe exceder el 100% de los ingresos de una entidad.Denuncia fue rechazada en un inicio y Procuraduría tuvo que apelar

El último 9 de febrero la Primera Fiscalía Provincial dispuso «rechazar liminarmente» la denuncia penal. La Procuraduría Anticorrupción apeló la decisión y, finalmente, la fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante ordenó ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie una investigación fiscal contra el exalcalde de Lima y quienes resulten responsables.