Convocadas las elecciones, el Parlamento comienza a demostrar que Dina Boluarte ya no le resulta útil. Prueba de ello es el proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, para modificar el Reglamento del Parlamento con el fin de “optimizar” el funcionamiento del Legislativo y regular el proceso de suspensión del presidente de la República.
Muñante propone que se presente la moción para suspender a la mandataria por incapacidad temporal con solo el 15 % del número legal de congresistas (lo que equivale a 20 parlamentarios). Luego de eso, bastaría con el voto favorable del 30 % de los congresistas hábiles —los que estén en condiciones de votar en ese momento— para que la moción sea admitida y pase a ser debatida en el Pleno. De acuerdo con el proyecto, bastaría con una mayoría simple para suspenderla. Se trata de un número menor de votos, en comparación con los que son necesarios para una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. La sanción tendrá un plazo máximo de 36 meses, lapso en el que la mandataria también podrá ser sometida a un proceso de vacancia y “rige la línea sucesoria de la presidencia”.
Una iniciativa para lograr de esta manera la suspensión del cargo presidencial ya había sido presentada por Muñante en 2022, cuando Pedro Castillo era mandatario. Ahora Renovación Popular retoma la discusión.
Ana Neyra, experta en derecho constitucional y exministra de Justicia y Derechos Humanos, consideró que este proyecto buscaría equiparar las causales de suspensión con las de vacancia, y crear así la figura de una “incapacidad moral temporal” que podría llevar a la suspensión del presidente en funciones.
“Se intentará argumentar que la incapacidad temporal podría estar relacionada con una investigación, pero eso aún está por definirse. (…) Lo que se busca es regular el artículo 114 para que el procedimiento sea muy similar al que el Congreso aplica actualmente para la vacancia, aunque sin precisar las causales”, comentó Neyra.
El abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Pedro Grández recordó que la suspensión temporal del cargo presidencial está relacionada con la incapacidad por razones de salud. Coincidió en que se estaría dando inicio a la creación de una figura de “incapacidad moral temporal”. Opinó que la categoría de incapacidad temporal en la suspensión del presidente en funciones podría ser utilizada con fines políticos debido a su interpretación flexible, tal como ocurre con la incapacidad moral permanente que permite la vacancia: «Si se usa políticamente, estas figuras son problemáticas y reflejan la improvisación con la que se redactó la Constitución de 1993”, expresó.
Todavía no ha sido discutido el proyecto en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. La discusión de la suspensión de altas autoridades como el presidente ha tomado fuerza este mes. El 9 de abril, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen sobre un proyecto de ley de la fujimorista Patricia Juárez, quien propone suspender a las altas autoridades con solo 50 votos mediante un proceso de acusación constitucional.
A eso se suma el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, aprobado la semana pasada. El documento recomienda suspender a la presidenta y deja abierta la puerta para una acusación constitucional que concrete ese objetivo por la cirugía de la mandataria. La diferencia del camino de la acusación constitucional y el mecanismo planteado por Muñante es la rapidez con la que pueda presentarse. La modificación al reglamento propuesta por Muñante que permite promover una suspensión mediante una moción de orden del día es una vía que puede avanzar directamente al debate del Pleno. En cambio, una acusación constitucional requiere que primero sea aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El contralor, el defensor del pueblo y los miembros de la JNJ en la mira
El proyecto de Renovación Popular también flexibiliza los mecanismos para remover a autoridades de instituciones claves, como el contralor, el defensor del Pueblo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva.
La propuesta establece que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos deberá elaborar un informe sustentado en un plazo máximo de 15 días tras recibir una denuncia. Si lo aprueban, se remite de inmediato al Pleno para su debate. Actualmente, los procedimientos para destituir a estas autoridades exigen el voto favorable de dos tercios del Congreso. Con la reforma propuesta, ese proceso se vería notablemente simplificado, solo necesitando una mayoría simple del pleno —sin contar la Comisión Permanente— para aprobar los informes.
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