Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Las bancadas del Congreso retroceden. La razón se da luego de que el Gobierno de Dina Boluarte, el último 5 de septiembre, promulgó la Ley 32123 con el Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Tras ello, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular emitieron comunicados rechazando lo que en su momento respaldaron con sus votos.

De acuerdo con la ley enviada por el Parlamento al Legislativo en septiembre del año pasado, se establece lo siguiente: los trabajadores independientes que perciban ingresos (recibos por honorarios) y se encuentren afiliados al sistema de pensiones deberán aportar de manera obligatoria una tasa de 2% hasta un 5%.

Asimismo, en la autógrafa que el Congreso envió al Ejecutivo para su promulgación se determina que para acceder a una pensión adelantada es a partir de los 55 años. Además, un ciudadano desde los 18 años deberá afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). En caso no se haya afiliado, formará parte de la SPP.

Por si fuera poco, la norma también señala que las personas que tengan 40 años o más solo podrán retirar de sus fondos de pensiones hasta el 95.5%. Asimismo, se fijó una pensión mínima para los afiliados al SNP por un monto de S/600. La pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 10 años de aportes, pero menos de 15 años de aportes, queda fijada en S/300 y la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 15 años de aportes, pero menos de 20 años de aportes, queda fijada en S/ 400.

Bancadas que votaron a favor de la reforma de pensiones, ahora lo rechazan

Ahora bien, veamos las bancadas que han emitido un comunicado y que antes con sus votos respaldaron la reforma del sistema de pensiones.

Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, fue el principal impulsor de esta reforma. Es más, uno de sus congresistas, César Revilla Villanueva, entonces presidente de la Comisión de Economía, fue quien sustentó el dictamen que recogió varios proyectos de ley.

En la primera votación, el 29 de mayo del 2024, el fujimorismo respaldó esta norma con 21 votos a favor. En la segunda votación, el 6 de junio del mismo mes, 19 de sus integrantes votó en verde. Sin embargo, han emitido un comunicado acusando al Gobierno de Boluarte de «desnaturalizar la reforma de pensiones». Por ello, proponen «correcciones inmediatas».

 Comunicado de Fuerza Popular

Comunicado de Fuerza Popular

Por el otro bando, en Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, rechazó la ley de modernización del sistema previsional al indicar que «no genera la suficiente credibilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema». Sin embargo, en mayo y junio del año pasado, en la bancada votaron a favor 8 y 7 congresistas, respectivamente.

 Comunicado de Alianza para el Progreso

Comunicado de Alianza para el Progreso

Mientras tanto, en Renovación Popular calificaron como «abusiva» la ley de las AFP y su reglamento. Asimismo, señalaron que presentarán una iniciativa legislativa para corregir esta norma.

No obstante, en la primera votación de la norma, el partido dirigido por Rafael López Aliaga, 3 integrantes de la bancada votaron a favor. Sin embargo, en la segunda votación, 4 votaron en abstención.

 Comunicado Renovación Popular.

Comunicado Renovación Popular.

Reforma del sistema de pensiones: ¿cómo votó cada bancada?

 Votos por bancada

Votos por bancada

Reforma del sistema de pensiones: ¿Cómo votó cada congresista?

 Primera votación reforma de pensiones

Primera votación reforma de pensiones

 Segunda votación reforma de pensiones

Segunda votación reforma de pensiones

Renovación Popular exhorta a la JNJ a destituir a la Junta de Fiscales Supremos por «desacato»

La bancada de Renovación Popular presentó una moción que exhorta a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a evaluar y disponer la destitución de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por «infracción constitucional y desacato».

Esta moción también incluye a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por «desobediencia y usurpación de funciones», luego que ratificaran la destitución de Patricia Benavides Vargas.

Esta moción se suma a la guerra que se ha desatado en el Ministerio Público luego que la Junta de Fiscales Supremos, que preside Delia Espinoza, acordó por unanimidad rechazar la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Por su parte, el premier Eduardo Arana lamentó todo lo que sucede en la fiscalía y declaró que esta disputa «afecta una institución tan importante» pues afecta la «credibilidad» y la «democracia». 

«Creemos que esta situación que ahora se presenta, además de enfrentar a personas e instituciones, afecta la credibilidad en el sistema de justicia, afecta la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos, pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva, que quiere confiar en un sistema de justicia que esté cerca a la población y que además presente que no existe ningún tipo de politización o afectación de la objetividad», refirió Arana en conferencia de prensa. 

Renovación Popular presenta reconsideración de votación para inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años

La bancada de Renovación Popular presentó una reconsideración a la votación del Congreso para inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años. 

Presentan reconsideración a votación del Congreso

Al no haber alcanzado la votación para inhabilitar a Martin Vizcarra por el cierre del Parlamento en septiembre del 2019, la parlamentaria Noelia Callao presentó este recurso ante el presidente de la Mesa Directiva. 

«La presente para saludarlo cordialmente y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, presento reconsideración a la votación», indica la misiva enviada a Eduardo Salhuana. 

Herrera Medina presentó la reconsideración de la votación de la Resolución Legislativa recaída en la DC 400 y 466 acumuladas luego de que el Congreso no alcanzara los votos suficientes para aprobar la inhabilitación de Martín Vizcarra. 

Pleno rechaza inhabilitar al expresidente

El último miércoles, el Pleno del Congreso rechazó el informe que recomienda inhabilitar políticamente al expresidente Martín Vizcarra por 10 años. La representación nacional no alcanzó los votos requeridos para sancionar al exmandatario, quien fue señalado por presuntamente disolver el Parlamento en 2019 de manera ilegítima.

Con 57 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo rechazó el informe previamente aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual recomendaba suspender por una década a Vizcarra Cornejo para que no ocupe cargos públicos. Se requerían 66 votos para que la inhabilitación sea concretada, por lo que ahora el informe pasará al archivo.

«El proyecto de resolución legislativa que proponía la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública de Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, pasará al archivo al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación», informó el Congreso a través de sus canales oficiales.

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre decisión del Congreso?

El expresidente Martín Vizcarra se encontraba brindando una entrevista en vivo cuando el Congreso realizaba la votación para determinar su inhabilitación política. Pese a que los resultados fueron favorables para él, el exmandatario aclaró que no se trata de una victoria

Durante una entrevista para Canal N, el exjefe de Estado se pronunció sobre el rechazo del Congreso a su inhabilitación y aclaró que él no cree que no se hayan alcanzado los votos necesarios porque confiaron en sus argumentos. Según Vizcarra, los resultados de la votación se deben a que un gran número de parlamentarios estaría «de vacaciones». 

De esta manera, se dio a conocer que Renovación Popular presentó la reconsideración de la votación para inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años. 

Renovación Popular busca cambiar el reglamento del Congreso para suspender a Dina Boluarte

Convocadas las elecciones, el Parlamento comienza a demostrar que Dina Boluarte ya no le resulta útil. Prueba de ello es el proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, para modificar el Reglamento del Parlamento con el fin de “optimizar” el funcionamiento del Legislativo y regular el proceso de suspensión del presidente de la República.

Muñante propone que se presente la moción para suspender a la mandataria por incapacidad temporal con solo el 15 % del número legal de congresistas (lo que equivale a 20 parlamentarios). Luego de eso, bastaría con el voto favorable del 30 % de los congresistas hábiles —los que estén en condiciones de votar en ese momento— para que la moción sea admitida y pase a ser debatida en el Pleno. De acuerdo con el proyecto, bastaría con una mayoría simple para suspenderla. Se trata de un número menor de votos, en comparación con los que son necesarios para una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. La sanción tendrá un plazo máximo de 36 meses, lapso en el que la mandataria también podrá ser sometida a un proceso de vacancia y “rige la línea sucesoria de la presidencia”.

Una iniciativa para lograr de esta manera la suspensión del cargo presidencial ya había sido presentada por Muñante en 2022, cuando Pedro Castillo era mandatario. Ahora Renovación Popular retoma la discusión.

Ana Neyra, experta en derecho constitucional y exministra de Justicia y Derechos Humanos, consideró que este proyecto buscaría equiparar las causales de suspensión con las de vacancia, y crear así la figura de una “incapacidad moral temporal” que podría llevar a la suspensión del presidente en funciones.

“Se intentará argumentar que la incapacidad temporal podría estar relacionada con una investigación, pero eso aún está por definirse. (…) Lo que se busca es regular el artículo 114 para que el procedimiento sea muy similar al que el Congreso aplica actualmente para la vacancia, aunque sin precisar las causales”, comentó Neyra.

El abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Pedro Grández recordó que la suspensión temporal del cargo presidencial está relacionada con la incapacidad por razones de salud. Coincidió en que se estaría dando inicio a la creación de una figura de “incapacidad moral temporal”. Opinó que la categoría de incapacidad temporal en la suspensión del presidente en funciones podría ser utilizada con fines políticos debido a su interpretación flexible, tal como ocurre con la incapacidad moral permanente que permite la vacancia: «Si se usa políticamente, estas figuras son problemáticas y reflejan la improvisación con la que se redactó la Constitución de 1993”, expresó.

Todavía no ha sido discutido el proyecto en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. La discusión de la suspensión de altas autoridades como el presidente ha tomado fuerza este mes. El 9 de abril, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen sobre un proyecto de ley de la fujimorista Patricia Juárez, quien propone suspender a las altas autoridades con solo 50 votos mediante un proceso de acusación constitucional.

A eso se suma el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, aprobado la semana pasada. El documento recomienda suspender a la presidenta y deja abierta la puerta para una acusación constitucional que concrete ese objetivo por la cirugía de la mandataria. La diferencia del camino de la acusación constitucional y el mecanismo planteado por Muñante es la rapidez con la que pueda presentarse. La modificación al reglamento propuesta por Muñante que permite promover una suspensión mediante una moción de orden del día es una vía que puede avanzar directamente al debate del Pleno. En cambio, una acusación constitucional requiere que primero sea aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El contralor, el defensor del pueblo y los miembros de la JNJ en la mira

El proyecto de Renovación Popular también flexibiliza los mecanismos para remover a autoridades de instituciones claves, como el contralor, el defensor del Pueblo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva.

La propuesta establece que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos deberá elaborar un informe sustentado en un plazo máximo de 15 días tras recibir una denuncia. Si lo aprueban, se remite de inmediato al Pleno para su debate. Actualmente, los procedimientos para destituir a estas autoridades exigen el voto favorable de dos tercios del Congreso. Con la reforma propuesta, ese proceso se vería notablemente simplificado, solo necesitando una mayoría simple del pleno —sin contar la Comisión Permanente— para aprobar los informes.

Elecciones 2026: Partido Morado, Renovación Popular y Nuevo Perú ya tranzan alianzas para tumbarse a los partidos tradicionales

Con 43 partidos inscritos, el plazo para que las organizaciones políticas se presenten con miras a participar en las elecciones generales de 2026 ha concluido. La amplia oferta electoral fragmenta el voto peruano. Conscientes de ello, los partidos apostarían por aliarse con agrupaciones de ideología afín, con el objetivo de obtener un mayor respaldo popular en los resultados de los próximos comicios.

Izquierdas, derechas y centros tienen posturas diversas frente a la posibilidad de formar alianzas. Mientras algunos rechazan por completo la idea, otros ven con buenos ojos la posibilidad de unirse a otros contendientes, con la esperanza de que ello aumente sus probabilidades de alcanzar el poder.

La ciudadanía no tiene una visión clara sobre estas alianzas, pero, por experiencias previas, es probable que termine respaldando aquellas coaliciones que representen sus ideales de manera aproximada. Para el politólogo José Alejandro Godoy, esto podría ser un arma de doble filo: si bien puede ser beneficioso en ciertos casos, el electorado suele percibir estas uniones como acuerdos poco transparentes.

“Las alianzas podrían ayudar a reducir el número de partidos. Sin embargo, al público no terminan de agradarle, porque no siente que los acuerdos entre partidos sean sinceros. Y a las agrupaciones políticas les cuesta llegar a ellos, porque deben ceder en sus intereses particulares. Sin duda, habrá algunas alianzas en las próximas elecciones, pero no serán suficientes como para reducir a la mitad las opciones en la cédula de sufragio”, señaló en declaraciones para La República.

La izquierda en su laberinto

La izquierda peruana se ha caracterizado por su constante fragmentación. Las diferencias ideológicas entre las agrupaciones de esta parte del espectro político han sido más fuertes, en los últimos años, que la búsqueda de objetivos comunes. Como ocurre en otros sectores, no todas las izquierdas son iguales. Algunas, más cercanas al centro y con posturas liberales, podrían buscar alianzas con similares; mientras que las vertientes más tradicionales y conservadoras suelen mirar con recelo la posibilidad de pactar.

En un reciente informe, La República abordó el caso de Nuevo Perú, organización política a la que pertenece Verónika Mendoza, una de las principales figuras de la izquierda liberal. Enver León, secretario general del partido, aseguró que han iniciado conversaciones con agrupaciones y movimientos de distintas regiones del país.

Una fotografía reciente mostró a diversos representantes de la centroizquierda y el centro compartiendo un mismo espacio. En la imagen aparecen figuras de Nuevo Perú, como Sigrid Bazán e Indira Huilca, junto a Miguel del Castillo, de Primero La Gente, y Alfonso López-Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien aspiraría a la presidencia. Al respecto, el propio López-Chau comentó a este diario.

Pero dentro del espectro de la izquierda liberal también hay posibles rivales: la izquierda más tradicional o conservadora. Perú Libre, el partido que ganó las últimas elecciones y llevó al poder a Pedro Castillo, tiene una postura distinta frente a las alianzas electorales. Fuentes consultadas por La República señalaron que el partido mantiene como política no pactar con otras agrupaciones, y apuesta por la unidad interna. Algunos entrevistados explicaron que esta decisión responde, en parte, a la experiencia pasada con Castillo: “No nos gustaría volver a tener un candidato presidencial invitado”, señaló uno de ellos.

La negativa a formar alianzas parte de una idea extendida en Perú Libre: que Vladimir Cerrón podrá librarse de las acusaciones legales en su contra y postular como candidato del partido. Además, la organización sostiene que solo ellos representan una verdadera alternativa socialista, una crítica implícita a otras agrupaciones de izquierda.

El centro y las dudas electorales

El centro político también enfrenta desafíos. En las últimas elecciones, los partidos que no tomaron una posición clara entre izquierda y derecha obtuvieron bajos resultados. Julio Guzmán, del Partido Morado —quizás el partido de centro más reconocido—, apenas superó el 2% de los votos. Ante un panorama poco alentador, las alianzas podrían convertirse en una opción atractiva.

El Partido Morado considera posible unirse a sectores del centro o la centroizquierda. Francisco Sagasti, aunque no participará en los comicios, es una figura influyente dentro del partido, y ha mostrado disposición, al igual que Nuevo Perú, a respaldar una eventual candidatura de Alfonso López-Chau.

Otra agrupación que se declara alejada de los extremos es Libertad Popular, liderada por Rafael Belaúnde Llosa. El partido también contempla una alianza con López-Chau, quien postularía por Ahora Nación. De concretarse, el partido se sumaría como apoyo a esa candidatura. En caso contrario, Belaúnde Llosa postularía por cuenta propia. No obstante, ya se ha cerrado una alianza con el Movimiento Regional Agua, cuya figura más visible fue excandidato al gobierno regional de Ayacucho.

Las alianzas en el centro no se limitan a partidos de centroizquierda o centroderecha. Primero La Gente, grupo de Miguel del Castillo, ha anunciado una candidatura conjunta con la agrupación Lo Justo, liderada por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. No se descartaría que, a su vez, se unan a otras fuerzas de centro o centroizquierda.

¿Habrá alianzas desde la derecha?

Mientras que la izquierda y el centro evalúan alianzas, en la derecha y los partidos tradicionales predomina la idea de ir en solitario. Acción Popular, Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano y Alianza para el Progreso (APP) optarían por presentarse de manera independiente.

Acción Popular ya ha acordado postular sin alianzas. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde informó que el partido ha decidido no formar coaliciones para las elecciones de 2026. La interna del partido está marcada por pugnas entre diversas figuras, como Manuel Merino, Alfredo Barnechea, Edwin Martínez y el propio García Belaúnde, quienes suenan como posibles candidatos presidenciales.

Fuerza Popular, por su parte, aún no confirma si su lideresa, Keiko Fujimori, será candidata nuevamente. Sin embargo, los buenos resultados que ha obtenido en solitario en las últimas tres elecciones —suficientes para llegar a la segunda vuelta— serían una de las razones por las que no considerarían formar alianzas con otros partidos de derecha.

APP, liderado por César Acuña, también apostaría por su líder como candidato, sin contemplar una posible alianza.

En el Partido Aprista, la postura es clara: no se formarán alianzas. Diversos precandidatos lo han afirmado, señalando como antecedente negativo la fallida Alianza Popular con el PPC en 2016, que obtuvo pobres resultados.

Sobre partidos como Renovación Popular y Avanza País aún no hay definiciones claras. El partido liderado por Rafael López Aliaga no ha expresado oficialmente su posición, aunque fuentes de La República indican que habría conversaciones con el Partido Popular Cristiano (PPC). En el Congreso, Diego Bazán, parlamentario de Renovación Popular, ha propuesto reducir la valla electoral al 3 % para alianzas de más de cinco partidos, una medida que busca incentivar la formación de coaliciones y disminuir la fragmentación electoral.

Avanza País tampoco ha definido si competirá en solitario o en alianza. Sin embargo, Alejandro Cavero, uno de sus congresistas más visibles, declaró recientemente: “Yo pienso, de manera personal, que debemos tratar de buscar la unidad en la derecha en general, ya sea conservadora o liberal. Tratar de buscar un frente único”.

Fuerza Popular y Renovación Popular atacan a la Fiscalía por investigaciones a partidos políticos

Tras la investigación que inició el Ministerio Público contra los partidos políticos Fuerza Popular y País Para todos por presuntas conductas antidemocráticos, el fujimorismo y su aliado Renovación Popular lanzaron ataques contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Por medio de comunicados oficiales, estas organizaciones políticas acusaron a la titular del Ministerio Público de vulnerar el orden democrático por aceptar la denuncia interpuesta por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, quien, basándose en el artículo 14 de la Ley 28094 (Ley de Organizaciones Políticas), fundamentó que el partido de Keiko Fujimori debería ser declarado ilegal por presentar conductas antidemocráticas.

Fujimorismo y Renovación Popular rechazan investigación

«Apenas un día después de convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia», protestó el partido Fuerza Popular. «Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia», agregó.

La agrupación reafirmó que actuarán dentro del marco constitucional para defender su permanencia en las elecciones generales de 2026.

El pronunciamiento de Renovación Popular también cuestiona la indagación contra el partido País Para Todos, donde milita el comediante Carlos Álvarez. La imputación contra esa agrupación fue formulada por el ciudadano Javier Julca, exmilitante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos para lograr dicho fin», se lee en el comunicado de Renovación Popular.

A parte de ello, las organizaciones minimizaron la función fiscal y exhortaron a la institución a dedicarse únicamente a atender denuncias relacionadas a la criminalidad e inseguridad ciudadana.

El congresista Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, calificó de «absurda y descabellada» la denuncia presentada en contra del partido. Agregó que la entidad viene siendo controlada por una «mafia caviar» e instó a que usen los recursos del Estado para atrapar a los delincuentes.

«Puede simplemente rechazar acusaciones totalmente absurdas y descabelladas como esa, pero no, les da trámite. Y después dicen estamos sobrecargados, en lugar de dedicarse a perseguir la delincuencia que es el principal problema que nos aqueja a los peruanos», lamentó Rospigliosi.

Keiko Fujimori, lideresa de FP, también atacó a la Fiscalía y sostuvo que el trasfondo de la indagación es «debilitar la democracia» en medio de la convocatoria electoral.

«Hace tan solo dos días se ha hecho la convocatoria a elecciones y ya tenemos a un primer actor político, la Fiscalía de la Nación. Y es lamentable que el rol que esta institución tan importante que va a jugar es para intentar anular o sacar de carrera a partidos políticos», enfatizó.

Pero más allá de los lamentos, el partido fujimorista tiene un carta bajo la manga con la que responderá al Ministerio Público: las acusaciones constitucionales que alista el Congreso.

Fujimorismo amenaza a fiscales

Rospigliosi, en modo de amenaza, recordó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hay denuncias constitucionales contra los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

«A la fiscal ya la hemos denunciado muchísimas veces. Hemos presentado una denuncia contra toda la Junta de Fiscales Supremos. Desde octubre (del año pasado) está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y hay otras más», advirtió.

Rospigliosi, junto a sus colegas José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), denunció a la fiscal Espinoza por inaplicar la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de las investigaciones preliminares de presuntos delitos.

A eso se suma que el parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) también presentó una denuncia constitucional contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Juan Villena, y la exfiscal Patricia Benavides por supuestamente haber favorecido al expresidente Martín Vizcarra.

El 26 de marzo, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, anunció que presentará una iniciativa para destituir a los fiscales supremos Espinoza, Ávalos, Villena y Pablo Sánchez.

En ese contexto Rospigliosi recordó las denuncias constitucionales contra los fiscales que proponen inhabilitarlos. El Congreso también tiene cómo contragolpear.

Renovación Popular también tiene investigación en contra

Cabe resaltar que en abril de 2024 la Fiscalía inició una investigación al grupo político, Renovación Popular por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada para delinquir y lavado de activos en el caso Odebrecht.