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Terrorista Maritza Garrido Lecca viaja a Argentina, pero no termina de pagar su reparación civil

Maritza Garrido Lecca se encuentra fuera del país. La sentenciada por terrorismo no termina de pagar la reparación civil que le debe al Estado peruano por su vinculación con Sendero Luminoso del genocida Abimael Guzmán. Sin embargo, esto no fue impedimento para irse a Argentina, país en el que se encuentra desde julio del pasado año.

Según El Comercio, Garrido Lecca, quien ocultó en su vivienda al cabecilla terrorista Abimael Guzmán y a la cúpula de Sendero Luminoso hasta su captura en septiembre de 1992, abandonó el país el 3 de julio del año pasado. Desde ese día, no ha retornado del territorio argentino y todo hace suponer que se quedó a vivir en ese país.

Garrido Lecca salió en libertad el 12 de setiembre de 2017, tras cumplir una condena de 25 años de prisión. Como se recuerda, ella fue detenida en setiembre de 1992 en una vivienda en Surco, bajo cuya fachada de academia de baile se escondía Abimael Guzmán y la cúpula terrorista.

MARTHA HUATAY FUGÓ

Pese a que estaba siendo procesada por el atentando en la calle Tarata en Miraflores en 1992, la terrorista Martha Huatay habría fugado hacia Argentina en junio del año pasado.

La excabecilla de Sendero Luminoso logró salir del país antes del pedido de prisión preventiva por nueve meses que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo solicitó en su contra.

El registro en Migraciones muestra que la terrorista abandonó el Perú rumbo a Argentina el 4 de junio del 2022 y hasta la fecha no retorna al país.

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Huatay por el caso Tarata y espera que el Poder Judicial acceda al pedido de prisión preventiva para iniciar el proceso de extradición.

La audiencia para evaluar la prisión preventiva estará a cargo de la jueza Soledad Barrueto del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se realizará este jueves 23 de febrero a las 9:00 de la mañana.

La fiscalía le imputa a Martha Isabel Huatay Ruiz, que en su condición de secretaria del Comité de Socorro Popular de la organización terrorista Sendero Luminoso, recibió la orden para realizar el atentado con coche-bomba, perpetrado en el calle Tarata el 16 de julio de 1992, donde fallecieron 25 personas, 155 personas resultaron heridas y 5 desaparecidas.

Antauro Humala no podría postular a la presidencia por no cumplir con pago de reparación civil

El abogado penalista Carlo Caro señaló que el líder etnocacerista, Antauro Humala, está actualmente impedido de postular a cargos público, incluida la Presidencia de la República, pese a haber sido excarcelado debido a que no ha cumplido con pagar la reparación civil que era parte de su condena.

El letrado manifestó que, si bien Antauro Humala dejó prisión, eso no significa que se haya rehabilitado de la pena que le impusieron. Precisó que su condena incluye el pago de una reparación para las víctimas del ‘Andahuaylazo’, cuyo monto fue fijado en S/ 1 283 000 por la Corte Suprema y que hasta el momento no se ha cancelado.

“Hoy en día el señor Humala no podría postular porque sobre él pesa una condena y al no haber pagado la reparación, todavía no ha sido rehabilitado. Cuando una persona ha salido de la cárcel, todavía no ha pagado todo, tiene que pagar, además, la reparación”, manifestó el penalista.

Sin embargo, el abogado indicó que un benefactor que quiera tener a Antauro Humala como parte de un proyecto político podría pagar la reparación civil, lo cual permitiría que el líder etnocacerista tramite su rehabilitación y de esa forma postule a la Presidencia de la República o cualquier otro cargo público.

“Si el día de mañana un benefactor, un político que quiera tenerlo de cerca, va y le dice: oye mira o te la pago, yo pago la reparación por ti. Él puede tramitar su rehabilitación y quedar expedito para postular a la Presidencia de la República o cualquier cargo público, porque la ley electoral, no impide a los condenados por secuestro, homicidio, arrebato de armas o rebelión postular. Sí se lo impide, por ejemplo, a los casos de terrorismo o corrupción, pero la legislación no ha previsto, no ha pensado en un caso como este”, sostuvo. 

Rodrigo Cuba pide a Melissa Paredes S/200 mil de reparación civil y 4 años de cárcel

El futbolista Rodrigo Cuba y Melissa Paredes continúan con su conflicto legal con el objetivo de conciliar por el bien de su pequeña hija. Sin embargo, el pasado 28 de junio ante el 19° Juzgado Penal el jugador presentó una querella por difamación agravada contra su ex esposa.

En dicho documento, el futbolista solicita una pena de 2 años y 4 meses de prisión privativa contra la actriz. Además de una reparación civil de 200 mil soles, según dio a conocer Magaly Medina en su último programa del viernes 8 de julio.

Como se recuerda, ambos padres se encuentran una investigación en la que intervino el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el fin de preservar el bienestar de su pequeña hija.

Cabe mencionar que, el mismo viernes se conoció que el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima dictó una orden de alejamiento contra Rodrigo Cuba sobre su hija de cuatro años mientras dure las investigaciones que le hizo Melissa Paredes.

«El impedimento de acercamiento o proximidad del denunciado Rodrigo Cuba Piedra hacia la niña, en un radio de 100 metros de donde ésta se encuentra», se lee en el oficio.

Anulan fallo para incautar reparación civil entregada por Vladimir Cerrón

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional anuló la resolución judicial que dispuso la incautación de la reparación civil que pagó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su condena por corrupción como parte del caso Los Dinámicos del Centro.

De acuerdo con las conclusiones, el juez que resolvió la medida no convocó al Gobierno Regional de Junín, considerado como agraviado en el juicio contra Cerrón Rojas. Tras ello, el exgobernador regional fue condenado a cuatro años de pena suspendida, inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de S/ 850.000 correspondiente a una reparación civil que debería entregar de manera solidaria.

“No se aprecia que se haya citado a la parte agraviada −Gobierno Regional de Junín−, a cuyo favor se efectuó el pago de la reparación civil; si bien la parte agraviada es una entidad pública, la misma tiene un titular que debe pronunciarse respecto al destino del monto que le corresponde”, indicó el tribunal.

Según la resolución, las procuradurías se encuentran obligadas a informar sobre las sentencias a los titulares de cada entidad pública agraviada.

“Es indudable que la incautación afecta los derechos que le corresponden y se le ha generado indefensión al tramitar el presente cuaderno omitiendo su emplazamiento. Este defecto no es subsanable en segunda instancia”, indicaron.

En ese sentido, el tribunal declaró fundado en parte un recurso de apelación que presentó el líder perulibrista, por lo que se dispuso anular la resolución de primera instancia que ordenó la incautación. Asimismo, se pidió que el expediente fuera asignado a otro juzgado para emitir un nuevo pronunciamiento.