Repsol gana apelación contra el OEFA y se libera de millonaria multa

Este domingo 15 de enero se cumple un año del desastre ecológico más grande que ha afectado al mar peruano, debido al derrame de más 11.000 barriles de petróleo. Sin embargo, lejos de hacer efectivas las sanciones contra la responsable, la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol se ha liberado de una millonaria multa, de acuerdo a un documento al que este diario tuvo acceso.

En julio de 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso la primera multa a Repsol por 1.087 UIT, que equivalen S/5 millones 004.491, ya que encontró responsabilidad administrativa de su parte por no identificar las zonas afectadas por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En respuesta, la empresa apeló la sanción, cuestión que quedó a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental, también de la OEFA. De acuerdo a la Resolución N.º 003-2023-OEFA/TFA-SE, el ente declaró nula la Resolución Directoral N.º 1017-2022- OEFA/DFAI, a través de la cual se sancionó a la firma al haberse “vulnerado el principio del debido procedimiento y el deber de motivación”. Además, se señaló que corresponde retrotraer el procedimiento administrativo sancionador “hasta el momento en el que el vicio se produjo”.

Con relación a la vulneración del principio de debido procedimiento, la empresa sostuvo que OEFA no cumplió con remitir dos informes de supervisión. “Si es que ha habido un error o negligencia de parte de la Dirección de Fiscalización [de OEFA] habría que ver cuál fue el argumento de la Dirección en la resolución de primera instancia”, señalan fuentes consultadas por este medio. Se debe tener en cuenta que OEFA maneja un sistema electrónico donde queda registro del ingreso de cada documento, por lo que verificar si estos informes no se entregaron oportunamente no es una tarea compleja.

De esta manera, los afectados, entre los que se encuentran miles de familias, cientos de animales, 2 áreas naturales protegidas y más de 20 playas, perdieron su primera batalla.

Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental

Evidente conflicto de interés

¿Cómo la empresa que más perjuicio le ha causado al mar peruano se ha liberado una multa millonaria? Esta es una pregunta válida, ya que se debe recordar que la compañía tiene ahora 5 sanciones económicas en el marco de los 7 procedimientos administrativos sancionadores iniciados por OEFA. De los mencionados, 2 se encuentran impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental y los otros 3 se hallan en plazo legal para presentar recurso de impugnación, los cuales vencen este mes.

Por ello, llama la atención que la secretaria técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental, Angélica María García Gilio, sea la esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla, de acuerdo a la declaración jurada presentada por García en abril de 2021, cuando asume este cargo.

Dicho ente cumple un rol fundamental, puesto que entre las funciones que tiene está la de proporcionar a los vocales —quienes admiten o rechazan las apelaciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental— asesoría técnica especializada a través de un equipo de profesionales multidisciplinario, según el Reglamento Interno de este tribunal.

“La secretaria técnica es la que proyecta las resoluciones de sanción, es la asesora legal, elabora las resoluciones y las expone ante el tribunal para su aprobación o eventual observación”, precisan fuentes especializadas. Por lo tanto, García —al tener una relación personal con un trabajador de la empresa Repsol— debió abstenerse, hecho que no ocurrió en todo el proceso de la primera resolución de apelación que le ha sido favorable a la empresa.

OEFA impone tres nuevas multas a Repsol por más de 22 millones de soles

La primera multa de 19.984 UIT, equivalente a S/ 91,926.40, se impuso por no remitir al OEFA la información requerida, existiendo una situación de daño ambiental, relacionada con la emergencia ambiental ocurrida el 15 de enero de 2022.

La segunda multa de 4 000 UIT, equivalente a S/ 18 400 000.00, se impuso ante el incumplimiento de medida administrativa referida a asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza en la zona de bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas afectadas, como consecuencia de la emergencia ambiental del 15 de enero de 2022.

La tercera multa de 823.025 UIT, equivalente a S/ 3 785 915.00, se impuso ante el incumplimiento de medida administrativa referida a asegurar el área, contener, recuperar y limpiar el hidrocarburo derramado en el agua de mar afectada; así como, ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs o PAH’s) en el área afectada a consecuencia de la emergencia ambiental ocurrida el 24 de enero de 2022.

Pescadores chancayanos afectados por derrame de Repsol marchan al Congreso

Imágenes de la marcha de las asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame petrolero de Repsol que se han movilizado hacia el Congreso y la Presidencia del Concejo de Ministros para demandar atención a sus pedidos a más de 10 meses del derrame del petróleo en la bahía de Chancay.

Pescadores lanzan peces negros frente a las oficinas de Repsol en Lima como protesta por un derrame

Decenas de pescadores artesanales arrojaron peces negros este martes a las afueras de la empresa española Repsol en Lima, como protesta por la contaminación que causó un derrame de crudo de la petrolera en enero, en las costas de Perú.

El grupo de manifestantes elevó enormes pancartas y arrojó peces muertos teñidos de negro para exigir que se incorpore a miles de afectados por el derrame a un padrón de beneficiarios y que se mejore la gestión de las indemnizaciones económicas por los daños del vertido.

«Hay personas fuera del padrón de afectados. En marzo la Defensoría del Pueblo (ombudsman) había estimado más de 15.000 personas afectadas, y el padrón está compuesto hoy por 10.000 personas aproximadamente», dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.

El derrame, de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima.

«Tenemos un pliego de reclamos vinculados a la actividad de la pesca artesanal y otros administrativos (…) La empresa ha señalado que tiene la disposición, pero nosotros queremos resultados», advirtió Rossi.

Las distintas asociaciones de pescadores y comerciantes presentes en la protesta, que representan a unos 3.000 afectados de la zona contaminada, aseguraron que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque persiste el vertido.

«No podemos pescar (…) tenemos que ir dos o tres días a la chacra» (ndlr: huerto) a buscar alimentos, expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay.

«Por eso pedimos que nos indemnicen. Que vengan y verifiquen si somos pescadores artesanales», añadió Cruz, mientras sostiene una pancarta exigiendo respuestas a la petrolera española.

«Estamos con préstamos, endeudándonos de un banco, de otro banco. Y ellos nos dicen ‘te damos tanto’, pero no nos cubre», afirma a la AFP Rosa Lozano, una pescadora y armadora de 38 años y madre de 5 hijos.

La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.

Repsol hizo lobby en Congreso para sortear acusación

El legislador fujimorista Arturo Alegría García, quien se opuso a la aprobación del informe de investigación del Congreso que responsabiliza a Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, se reunió previamente con una persona de la empresa Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía lobby a favor de la compañía española.

Llorente y Cuenca divulgó una “ayuda memoria” entre los congresistas, en la que sostiene que la comisión que presidió la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, emitió un informe “sesgado” por “razones ideológicas”.

El informe al que se refería Llorente y Cuenca atribuye a Repsol el deficiente manejo del vertido de petróleo frente a las costas de Ventanilla, “ocasionando un daño irreparable a la ecología y a la biodiversidad del área geográfica que ha sido contaminada en su mayor plenitud”.

El 15 de setiembre, Arturo Alegría, cuando el informe estuvo en la agenda del Pleno para su debate y aprobación, interpuso una cuestión previa con los mismos argumentos de Repsol y propuso que el documento regresara a la comisión.

“Es una lástima que cuando se emite un informe este venga cargado de un sesgo político e ideológico”, fueron las palabras del fujimorista Alegría.

Con 60 votos a favor y 42 en contra, la mayoría del Parlamento respaldó la cuestión previa de Alegría (ver recuadro).

Repsol contrató a Llorente y Cuenca para que manejara la crisis que estalló luego del derrame de petróleo en Ventanilla, confirmó este diario.

El documento de Llorente y Cuenca alega que el informe de la comisión del Congreso es “ideológico”, porque “Perú Libre es un partido de izquierda con un marcado discurso antiempresarial, que busca caracterizar a las grandes empresas como enemigas de la ciudadanía”.

El informe de la consultora está firmado por Paola Fune Zambrano, en ese entonces directora senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Ella se reunió con el congresista fujimorista Arturo Alegría.

Entrevistado por La República, Arturo Alegría aceptó que se reunió con Llorente y Cuenca. Pero negó haber conversado sobre el caso de Repsol.

“De manera formal, (Llorente y Cuenca) no me lo ha pedido (rechazar el informe). Dudo que me hayan enviado esa información por otro canal. Pero, más allá de eso (…), qué bueno en todo caso que una consultora (Llorente y Cuenca) se dé cuenta de la carga negativa que tenía este informe”, declaró Alegría a este diario.

Otro de los legisladores visitados por Llorente y Cuenca fue el congresista fujimorista Nano Guerra García, aunque dijo que no le hablaron del tema de Repsol. Sin embargo, votó para que no se debata el informe de investigación y regrese a la comisión.

“Esta chica (Paola Fune Zambrano, de Llorente y Cuenca) sí ha estado en la reunión que nos pidió, pero para ver temas de casinos. Tú sabes que Llorente y Cuenca ve varios temas. (…) Creo que vino con otras personas”, señaló Guerra García.

Paola Fune también visitó congresistas de otras bancadas, como José Cueto Aservi, de Renovación Popular, quien aceptó el encuentro con Llorente y Cuenca.

“Sí, han ido a mi oficina. Ella (Paola Fune) ha ido una o dos veces, no recuerdo. No solamente del caso Repsol, no me acuerdo si ha hablado el tema de Repsol, porque ella estaba viendo un tema de transporte. Ahora, de repente, hemos tocado el tema de Repsol, seguro que sí. No recuerdo. Primero que no sé si tengo ese informe. (…) Esa es su chamba, lo lógico es que vaya a buscar a varios. Para eso le pagan”, aceptó Cueto.

PJ admite demanda de Indecopi contra Repsol por US$4.500 millones ante daños tras derrame de petróleo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que el 27 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante la resolución número 4, admitió a trámite la demanda que presentó contra Repsol por daños a la población tras el derrame del crudo que ocurrió el pasado 15 de enero en el mar de Ventanilla.

Según mencionó el ente rector, se pide una indemnización por un monto de US$4.500 millones.

Las empresas demandadas son: Repsol S.A., Mapfre Global Risks, Fratelli D’Amico Armatori S.P.A., Repsol Comercial SAC, Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Refinería La Pampilla S.A.A. y la Empresa Transtotal Agencia Marítima S.A.

Según la Resolución N° 4 del 18 de agosto (https://bit.ly/3KnlNgT), el mencionado juzgado admitió la demanda en vista de los medios probatorios presentados, por lo que otorgó un plazo de 30 días para que las empresas contesten la demanda bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, de acuerdo con el artículo 430 del Código Procesal Civil.

Al respecto, Julián Palacín, titular del Indecopi, manifestó que, a raíz de la declaratoria de emergencia medioambiental decretada por el derrame de crudo, se dio el cierre de playas desencadenando una severa afectación a las actividades económicas de comerciantes, asociaciones y negocios.

“Personas naturales y jurídicas que giran en el entorno de playa y marítimo se vieron afectadas, así como toda la población que no pudo hacer el uso y disfrute de espacios naturales, públicos como son las playas donde pueden gozar de la paz, la tranquilidad, descanso y tiempo libre”, sostuvo.

Respecto a la admisión a trámite de la demanda, Palacín indicó que “esta acción judicial podría generar jurisprudencia a nivel nacional e internacional en temas de derrames de petróleo que producen daños y perjuicios por la afectación de los intereses difusos con daño moral colectivo; buscamos el resarcimiento de la población afectada, terceros beneficiaros de la cobertura de responsabilidad civil que domicilian en 150 km del litoral contaminado”.

Derrame de petróleo aún no se soluciona

Palacín también desmintió que el problema de derrame de petróleo haya sido solucionado como ha informado la petrolera Repsol a la opinión pública mediante un publirreportaje en uno de los principales medios de comunicación del Perú.

Recordó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) precisó el 15 de agosto de 2022, en Twitter, que 25 playas desde el Callao hasta Huaral aún se encuentran afectadas por hidrocarburos.

El funcionario señaló que la prensa española “debe informarse bien”, ya que, a cuatro meses de iniciarse el verano 2023, la contaminación del mar, las playas y el medio ambiente aún continúa, por ende, invocó a la prensa nacional e internacional que verifiquen la información de OEFA.