Pedro Castillo anuncia plancha presidencial para las Elecciones 2026 con Roberto Sánchez a la cabeza, ¿Quiénes postularán a las vicepresidencias?

El expresidente Pedro Castillo sorprendió este martes al anunciar desde la audiencia de su juicio oral que su aliado, el exministro y congresista Roberto Sánchez, encabezará una plancha presidencial que participará en las elecciones de 2026. El anuncio ratificó además los nombres de las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia: la abogada cusqueña Analí Márquez Huanca y la lideresa campesina Brígida Curo, ambas con trayectorias vinculadas al activismo social y la gestión pública.

Durante su intervención ante la sala, Pedro Castillo evitó identificarse formalmente, optando por respaldar públicamente la candidatura de Roberto Sánchez. “En abril del 2026, con Roberto Sánchez a la presidencia, con la compañera Analí Márquez a la primera vicepresidencia, y doña Brígida Curo a la segunda vicepresidencia. Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el Gobierno. ¡Viva el Perú!”, proclamó. Esta declaración marcó la primera confirmación pública e integral sobre la composición de la fórmula, que competirá bajo el paraguas de Juntos por el Perú (JP).

Roberto Sánchez, quien se desempeñó previamente como ministro de Comercio Exterior y Turismo y actualmente es congresista, busca proyectar un perfil de unidad popular tras la vacancia de Pedro Castillo ocurrido en diciembre de 2022 por el intento de golpe de Estado. No obstante, los sondeos recientes de Ipsos lo ubican lejos de los primeros lugares en intención de voto, agrupándolo dentro de la categoría “otros candidatos”. El resultado revela el reto político considerable que enfrenta la naciente fórmula para consolidarse frente a figuras con mayor reconocimiento.

¿Quiénes son Analí Márquez y Brigida Curo?

La primera vicepresidencia será para Analí Márquez Huanca, abogada de 33 años nacida en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Con estudios universitarios en Derecho por la Universidad Alas Peruanas y una maestría en Gestión Pública en la desaparecida Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Márquez cuenta con experiencia en el sector público y la defensa legal dentro de municipalidades distritales y provinciales. En 2022 se postuló al cargo de alcaldesa provincial de Chumbivilcas por Juntos por el Perú, basando su campaña en propuestas como agua saludable para todos, la construcción de un nuevo hospital y la creación de una universidad autónoma en la región.

Durante esa candidatura, enfatizó la necesidad de combatir la corrupción, la mercantilización política y abogó por fortalecer la equidad y justicia social: “La juventud está llamada para hacer una política con justicia y paz social, donde tengamos la convicción de buscar la equidad para todos”, declaró en conversación con Tribuna del Pueblo.

A la segunda vicepresidencia fue propuesta Brígida Curo, reconocida lideresa campesina y quechua de la región Puno. Curo ostenta una trayectoria marcada por la defensa de derechos fundamentales, el liderazgo social y la lucha por el medio ambiente. En 2017 impulsó, junto a organizaciones como Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), una demanda constitucional para frenar la contaminación de los ríos Torococha y Coata, afluentes del lago Titicaca.

El Poder Judicial ratificó una sentencia que obliga a las autoridades regionales y locales a detener la contaminación y garantizar atención médica a las comunidades afectadas. “La atención burocrática tiene que ser simplificada y eso es parte de nuestro compromiso social”, afirmó en sus intervenciones recogidas por medios como Pachamama Radio.

Corte Suprema excluye a Roberto Sánchez de proceso por golpe de Estado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió excluir al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, del proceso penal que enfrenta junto al expresidente Pedro Castillo y otros implicados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El tribunal declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa de Sánchez, archivando así el delito de rebelión que le atribuía la Fiscalía.

La resolución, emitida por la sala presidida por el juez supremo César San Miguel, revocó la decisión anterior del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el 11 de julio de 2024 había declarado “infundada” la excepción de improcedencia de acción en primera instancia.

La defensa de Sánchez argumentó que el análisis realizado por Checkley no se ajustaba a los hechos, ya que la conducta atribuida a su patrocinado no encajaba en el delito de rebelión y existía una falta de precisión en la imputación formulada en su contra.

El tribunal supremo acogió estos argumentos y determinó que no había base legal suficiente para mantener a Sánchez dentro del proceso penal. Sin embargo, la misma sala confirmó la resolución que declaró “infundado” un recurso similar presentado por el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, quien también buscaba ser excluido del caso.

Roberto Sánchez, actual congresista, fue uno de los funcionarios señalados por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que llevó a la destitución de Pedro Castillo.

MP presenta denuncia constitucional contra congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de Guido Bellido Ugarte, como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.

De igual forma contra el legislador Roberto Helbert Sánchez Palomino, como presunto autor del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

Se atribuye a Guido Bellido Ugarte, en su condición de expresidente del Consejo de ministros, haber ejercido influencias en el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, para que este contrate a Daniel Abarca en dicho ministerio. 

El hecho se concretó cuando se le designó como asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur; obteniendo por ello, la cesión o préstamo de un departamento ubicado en el distrito de San Miguel; y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas.

Además, se incrimina a Roberto Helbert Sánchez Palomino, en su actuación de exministro de Comercio Exterior y Turismo, haberse interesado indebidamente en la contratación de dicho asesor en beneficio de este y de Guido Bellido Ugarte.

Roberto Sánchez solicita incorporación de proyectos prioritarios en la Ley de Presupuesto 2025

Durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el congresista Roberto Sánchez planteó la incorporación de tres artículos clave en la Ley de Presupuesto 2025, con el objetivo de atender demandas fundamentales de la población y promover el desarrollo sostenible en zonas estratégicas del país.

“Es momento de actuar con voluntad política y empatía para construir un país más equitativo y con servicios públicos de calidad”, señaló el parlamentario al exponer las siguientes propuestas:

1. Asignación presupuestal para la implementación de la Unidad Ejecutora Chancay en el sector Cultura: Sánchez enfatizó que este espacio permitirá articular y fomentar proyectos culturales en Huaral y Chancay, dos áreas estratégicas vinculadas al desarrollo del megapuerto. “Se trata de promover identidad local y desarrollo con una visión integral”, indicó.

2. Financiamiento a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN): El congresista solicitó recursos para ejecutar proyectos de inversión en las zonas de influencia del megapuerto de Chancay. “Es imprescindible garantizar el acompañamiento público que nuestra población social exige y merece”, afirmó.

3. Recursos para el expediente de ampliación y mejoramiento de servicios de agua y desagüe en San Juan de Lurigancho (SJL): Con más de un millón de habitantes, SJL enfrenta una grave falta de acceso a agua potable y alcantarillado. Sánchez instó a que el Ministerio de Vivienda y Sedapal trabajen junto al MEF para priorizar este proyecto esencial.

El congresista Roberto Sánchez reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la población. “Estos proyectos no solo son indispensables, sino que representan un acto de justicia para miles de peruanos que llevan años esperando soluciones concretas”, concluyó.

Roberto Sánchez presentó nuevo proyecto para derogar la ley contra el crimen organizado

El legislador Roberto Sánchez presentó este martes un proyecto de ley para derogar la Ley n° 32108, que busca luchar contra el crimen organizado en el país. Esto, luego de que dicha norma fuera cuestionada por gremios empresariales, sindicatos y expertos, quienes señalaron que, por el contrario, dicha norma debilita la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para enfrentar la ola de extorsión y sicariato que se vive actualmente.

Fue por medio de sus redes sociales que el congresista y vocero de la bancada de Juntos por el Perú anunció que presentó su proyecto de ley 9953 contra una ley que él considera “limita la lucha contra el crimen organizado”. “Propongo endurecer penas y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Es tiempo de actuar con firmeza!”, escribió el también exministro de Producción en su cuenta de X (Ex Twitter).

La propuesta, emitida por el propio Roberto Sánchez en la Mesa de Partes del Congreso, precisa que tiene como objetivo “adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal y establecer medida para combatir la delincuencia”.

Del mismo modo, el proyecto de Sánchez busca, principalmente, derogar la ley contra el crimen organizado 32108 y la ley 27379 ley de procedimiento para “adoptar las medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal”.

¿Qué modificaciones y reformas propone Roberto Sánchez en su PL?

El proyecto de ley propone, además, incrementar las penas para los tipos base de los delitos de secuestro y extorsión. Según la propuesta de Sánchez, el tipo base delito de secuestro sería castigado con penas privativas de libertad no menores de 25 años y hasta 30 años, mientras que el tipo base del delito de extorsión tendría penas de entre 15 y 20 años.

También se introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementando la participación ciudadana en los comités distritales de seguridad, al incluir a dos representantes de las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional.

“También se establece la obligatoriedad de que las sesiones del comité distrital de seguridad sean convocadas tanto por las autoridades locales como a pedido de los representantes vecinales, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la participación comunitaria en la seguridad”, se lee.

Junta de Portavoces del Congreso rechazó debatir la derogatoria de la cuestionada ley sobre crimen organizado.
Junta de Portavoces del Congreso rechazó debatir la derogatoria de la cuestionada ley sobre crimen organizado. | Fuente: Congreso

¿Cuáles son los fundamentos de Roberto Sánchez para derogar la ley 32108?

Para Roberto Sánchez, la Ley 32108, promulgada en agosto de 2024, introdujo criterios restrictivos para definir a una organización criminal lo que, según el parlamentario, debilitaría la capacidad de las autoridades para procesar redes delictivas.

La ley señala que el allanamiento se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Es decir, si no se encuentra el abogado del investigado, no se puede llevar a cabo el allanamiento.

“La espera puede durar minutos u horas, en las cuales el investigado podría desaparecer pruebas que lo incriminen, favoreciendo de esa manera a que se deje impune el delito. Motivo por el cual la Ley 32108 debe ser derogada”, señala Sánchez en su proyecto.

El proyecto de Roberto Sánchez menciona que tanto el Colegio de Abogados de Lima como el Ministerio Público “han expresado su preocupación por los vacíos legales que esta normativa ha generado, que permitirá la liberación de presuntos delincuentes bajo el argumento de que no se cumplen los nuevos requisitos para ser considerados parte de una organización criminal”.

“Es urgente derogar la Ley 32108 y dar a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar con mayor firmeza el creciente problema de la criminalidad organizada en el país”, explicó el legislador.

Roberto Sánchez presenta proyecto que busca derogar la ley que establece una pensión para los expresidentes

El congresista de Juntos Por El Perú – Voces del Pueblo y exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, presentó un proyecto que busca derogar la ley que establece una pensión para los expresidentes de la República (Ley N.º 26519).

La iniciativa, respaldada por los legisladores Elías Varas Meléndez, Jorge Coayla Juárez, Guillermo Bermejo Rojas, Nieves Limachi Quispe y Hamlet Echevarría Rodríguez, fue presentada este martes, luego de que a inicios de agosto se conociera que un área administrativa del Legislativo aprobara una pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que, según especialistas, la ley lo prohíbe porque fue condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y haber recibido otras sentencias por actos de corrupción cometidos en su gobierno.

En el dispositivo se argumenta que la pensión que reciben los exmandatarios no constituye un derecho que forma parte de la seguridad social, «sino un privilegio», debido a que «no toma en cuenta otros requisitos que si son considerados en el caso de pensiones no contributivas que son entregadas por el Estado».

Sánchez Palomino objeta que la actual norma conceda pensión a una persona solo por el hecho de haber ejercido el cargo de presidente de la República y sin considerar si el beneficiario o beneficiaria se encuentra en situación de indefensión o no tenga otro ingreso.

Otro cuestionamiento que plantea es el hecho de que una determinada persona reciba una pensión con un sueldo bastante alto, equivalente al ingreso de un parlamentario (S/15 600), solo por haber ocupado un cargo, más aún cuando la mayoría de los peruanos percibe, después de aportar 20 años o más a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), un monto que varía entre 500 y 893 soles.

El parlamentario añade que su iniciativa no generará gasto adicional al erario nacional. «Al contrario, traerá un ahorro, puesto que no se pagará un monto a las personas que hayan ejercido el cargo de presidente de la República», se lee en el texto.