Así quiera desmarcarse ahora de él y hacerlo a un lado de su campaña presidencial, el vínculo que tiene Roberto Sánchez con Antauro Humala tiene largo tiempo y es mucho más fuerte de lo que el candidato de Juntos Por el Perú (JPP) quiere negar ante el país. Nuevas imágenes nos recuerdan la cercanía y hasta admiración que el también congresista tiene por el condenado a prisión por la muerte de cuatro policías por el ‘Andahuaylazo’.
En el mismo evento partidario del movimiento A.N.T.A.U.R.O, del etnocacerista, por los 20 años de este acto criminal y en el que Sánchez calificó esta asonada como “un acto político”, el líder del JPP se dirige directamente a Antauro como «compatriota» y «líder del pueblo» y finaliza su proclama vivando por el aliado que hoy niega.
«Compatriota Antauro Humala, líder del pueblo. Compañero, no queremos levantar un programa patriótico para el día siguiente hablar de la hoja de ruta y cambiar el programa de la transformación», arenga Sánchez ante el grupo de ‘antauristas’ que lo escuchaban y teniendo en la mesa principal a su socio político, que por ese entonces —enero de 2025— aún pretendía postular a la presidencia y su agrupación no perdía su inscripción
«El reto no es solamente ganar el gobierno, compatriota, sino construir el poder popular. Porque tal como están desencontradas las fuerzas, ¿usted cree, compatriota, que lo van a dejar gobernar?», lanzó, en una pregunta dirigida directamente al entonces candidato Humala.
A lo largo de su discurso, Sánchez reconoció abiertamente que varios integrantes del movimiento etnocacerista enfrentan procesos judiciales y que algunos se encuentran «recluidos». Y los reivindicó.
«Ya sabemos, hoy muchos de ustedes están procesados por un conjunto de delitos supuestos de carácter político y otros compañeros, así como usted, estuvo cerca de 18 años en la cárcel. Hoy también tenemos compañeros nuestros afrontando lo que significa estar recluidos y los recordamos, los tenemos presentes», dijo.
La proclama cerró con un viva explícito de Sánchez: «Que viva el compatriota Antauro», la que fue respondida con vivas por los simpatizantes antauristas. Una relación que va más allá de alianzas y a estas alturas ya imposible de negar.
En el peor momento de la pandemia del COVID-19, cuando las familias huaralinas desesperadas formaban largas colas y vendían lo que no tenían para conseguir un balón de oxígeno, las promesas políticas se convirtieron en la principal mercancía. Esta es la crónica periodística de una adquisición bajo sospecha: la planta de oxígeno de la Municipalidad Provincial de Huaral (MPH), un proyecto que costó más de medio millón de soles, pero que terminó en el abandono tras una cadena de irregularidades.
A mediados del año 2020, la crisis sanitaria golpeaba con dureza a la provincia. Ante la inacción inicial, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, liderada en aquel entonces por Roberto Sánchez Palomino (quien más tarde saltaría a la política nacional), inició las gestiones para la compra de una planta de oxígeno medicinal.
El argumento técnico y político era irreprochable: se adquiriría una planta diseñada por los científicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una institución que había ganado prestigio nacional por desarrollar tecnología nacional para salvar vidas. La población huaralina vio en esta gestión una luz de esperanza. Sin embargo, los trámites administrativos pronto tomarían un rumbo sinuoso.
Lo que debió ser una compra directa o un convenio institucional transparente con la PUCP se transformó en una triangulación comercial. La planta de oxígeno sufrió severas e inexplicables demoras para llegar a Huaral.
La razón detrás del retraso salió a la luz pública: la universidad no vendía de forma directa los equipos terminados a los municipios, sino que lo hacía a través de empresas autorizadas. Para este fin, se cuestionó severamente la creación o reconversión «express» de la empresa Seralt, una entidad que apareció en el panorama comercial con el único propósito de fungir como intermediaria para venderle directamente la planta de oxígeno al Estado (la Municipalidad de Huaral), lo que ralentizó los procesos de entrega mientras la gente seguía muriendo por falta de insumos.
Cuando finalmente se anunció que la planta estaba lista, las alarmas de los fiscalizadores se encendieron. Rompiendo todos los protocolos de la administración pública para la recepción de bienes —donde el proveedor debe entregar el producto instalado y operando en el destino final—, la entrega de la planta de oxígeno se realizó en la ciudad de Lima y no en Huaral.
Esta movida dejó un vacío de responsabilidad: la municipalidad asumió el traslado y la custodia de un equipo de alta tecnología sin haber realizado las pruebas de control de calidad en el terreno donde supuestamente iba a salvar vidas.
La planta de oxígeno les costó a los fondos públicos de Huaral la suma de S/. 540,000 soles. Un monto millonario que justificaba una operatividad inmediata. Sin embargo, la realidad fue devastadora.
De acuerdo con las denuncias y declaraciones mediáticas de los regidores provinciales de la oposición de aquella época y del entonces consejero regional por Huaral, Jorge Arrieta, la planta nunca llegó a funcionar de manera óptima ni continua. Los fiscalizadores señalaron reiteradamente que el equipo se convirtió en un «elefante blanco» desde el primer día que pisó suelo huaralino, sirviendo solo para la foto oficial, pero siendo inútil para la emergencia.
«Se ha gastado el dinero del pueblo en un equipo que está de adorno mientras nuestros hermanos siguen buscando oxígeno en otros lugares», declaraba tajante el consejero Jorge Arrieta a los medios locales en aquel periodo.
Para corroborar las denuncias de las autoridades fiscalizadoras, un equipo técnico del Ministerio de Salud (MINSA) se apersonó al Hospital de Huaral (lugar donde se había intentado adecuar el flujo del insumo).
El veredicto del MINSA fue un balde de agua fría y lo que sería la confirmación del fraude técnico, ya el sector salud evacuó un informe técnico donde se detallaba que la planta de oxígeno adquirida por la gestión municipal no habría logrado producir un oxígeno con el 93% de pureza mínima exigida por la normativa sanitaria para el uso humano. Administrar ese oxígeno hubiese puesto en riesgo mortal a los pacientes, confirmando que la planta era técnicamente inoperante para el COVID-19.
Ante el escándalo, la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), intervino el proceso de adquisición. Los informes de control fueron lapidarios.
El OCI determinó la existencia de presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en el alcalde provincial de ese entonces, Jaime Uribe Ochoa, así como en los funcionarios de confianza que visaron los contratos, los pagos y la recepción del equipo. El informe destapó que se flexibilizaron los términos de referencia, se pagó por un equipo que no cumplía las especificaciones técnicas y se omitieron las penalidades por el retraso de la empresa proveedora.
Sin saber qué hacer con una máquina inoperante que generaba un enorme pasivo político y legal en la capital provincial, la gestión de Jaime Uribe buscó una salida de escape.
Finalmente, la planta de oxígeno —completamente inoperante para los fines originales de la red de salud provincial— fue donada a la Municipalidad Distrital de Chancay. Lo que nació como la máxima obra de desprendimiento y eficiencia para salvar a Huaral en el año 2020, terminó siendo transferido a otra jurisdicción como un equipo de descarte, cerrando uno de los capítulos más oscuros, indolentes y cuestionados de la gestión pública local en tiempos de emergencia nacional.
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PENAL DE ROBERTO SANCHEZ
En el análisis técnico y legal de este caso, las presuntas responsabilidades de Roberto Sánchez Palomino se configuran desde su rol crítico como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, al haber sido el funcionario que impulsó y canalizó el requerimiento inicial de la planta de oxígeno.
En el plano administrativo, la principal presunción de responsabilidad recae en la formulación de los Términos de Referencia (TDR) y la viabilidad del proyecto. Como titular del área usuaria, Sánchez tenía la obligación funcional de blindar técnicamente la adquisición, asegurando que el requerimiento original —asociado al prestigio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)— no se desvirtuara.
Se le cuestiona haber permitido o generado las condiciones para una opaca triangulación comercial, donde una empresa de nula trayectoria como Seralt terminó interponiéndose para vender de forma directa un equipo por el alarmante monto de 540,000 soles.
Asimismo, su responsabilidad administrativa abarca la falta de supervisión y control de calidad en la génesis del proceso, omisiones que finalmente facilitaron que el municipio pagara una fortuna por una maquinaria defectuosa que jamás habría alcanzado el 93% de pureza médica exigida por el Ministerio de Salud para salvar vidas humanas.
En el ámbito penal, la situación de Roberto Sánchez se evalúa bajo la sospecha de delitos contra la administración pública, específicamente Negociación Incompatible y Colusión. La fiscalía y los órganos de control indagan si existió un interés indebido en provecho de terceros al quebrar el trato directo con la universidad para dar paso al intermediario «express”. Si los informes técnicos que él firmó para dar luz verde a la compra estuvieron direccionados o flexibilizados deliberadamente para favorecer a Seralt, su conducta calificaría como una concertación ilícita. En este escenario, aunque él no haya firmado el cheque final ni emitido la conformidad de recepción en Lima —actos que correspondieron a la gestión del alcalde Jaime Uribe y otras áreas—, Sánchez podría ser procesado en calidad de autor o cómplice, puesto que su gestión como promotor del gasto fue el eslabón indispensable que originó el millonario perjuicio económico al Estado y la desprotección sanitaria de la población huaralina.
La Municipalidad de Lima anunció que no dará permiso a Juntos por el Perú para realizar su cierre de campaña en el Centro Histórico. De acuerdo al gobierno local, esta decisión se sostiene en que el centro de la capital es una zona intangible. El partido de Roberto Sánchez presentó una solicitud para que puedan realizar la actividad pública este 4 de junio.
Comunicado de la Municipalidad de Lima | Foto: Municipalidad de Lima
A seis días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó las novedades en su plan de gobierno. El documento evidencia variaciones en los enfoques constitucional, económico, social y de relaciones exteriores en comparación con los lineamientos presentados durante la primera etapa de la campaña. Esta vez hasta fomenta la inversión privada.
Uno de los principales cambios de la agrupación política es su postura sobre el cambio de la Carta Magna. Mientras que la propuesta inicial contemplaba un reemplazo total de la Constitución a través de un proceso popular que ellos predicaban como «Asamblea Constituyente».
El plan original señalaba el «retorno a la democracia y Nueva Constitución. La Democracia que propone Juntos por el Perú no se limita a un ejercicio formal y representativo, sino que debe ser una democracia sustantiva, participativa y popular”. En contraste, la nueva propuesta establece una “reforma constitucional mediante consenso nacional y referéndum, garantizando la participación ciudadana y el respeto al orden democrático”.
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Sin embargo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que este nuevo planteamiento en materia constitucional no representa una variación real frente a la versión original de la campaña. De acuerdo con el especialista, la propuesta inicial de una Asamblea Constituyente es una alternativa inconstitucional por no estar contemplada en la Carta Magna, y la nueva redacción es solo un refraseo para «decir lo mismo sin decir lo mismo» disfrazado de una consulta ciudadana.
«No es una variación muy distinta de la versión original en que planteaba frontalmente una asamblea constituyente que no está en la constitución y que significaría una alternativa inconstitucional. Ahora han buscado un refraseo para decir lo mismo sin decir lo mismo. Es decir, que habría una suerte de vocación participativa, de consulta a la ciudadanía para hacer la reforma en la constitución.
Quiroga remarcó que, le guste o no a la agrupación política, el Congreso bicameral es el único «constituyente derivado» autorizado y que, según el artículo 206 de la Constitución, cualquier reforma total o parcial debe pasar de forma obligatoria por el Parlamento en dos momentos diferentes, por lo que este cambio de discurso es solo una manera de volver al punto de la Asamblea Constituyente con el fin de capturar el poder.
Además, también se observa que en la primera versión de la sección de Poder del Estado, el plan original aseguró que se construiría una suerte de Poder Popular, un cuarto poder del Estado que se equipararía a los existentes y que sería el «pueblo» el que lo maneje a su favor. Este fue advertido por los especialistas, puesto que, en Venezuela, se intentó una figura similar que fracasó y terminó sacando cara por militares y policías que atacaban ciudadanos en cada protesta en contra del régimen.
“Se llevará a la práctica la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, constitucional y el poder popular (a crearse). Se prohibirá la práctica de los lobbies, la puerta giratoria”, se lee en el oficio.
En cambio, en el plan de segunda vuelta (2026) dice: “Restitución del equilibrio de poderes con meritocracia en los nombramientos de los organismos constitucionales autónomos. Modernización de la gestión pública mediante el fortalecimiento de capacidades en la descentralización”.
«FUE REDACTADO A LA RÁPIDA»
Por su parte, el especialista Javier Albán dijo que la propuesta genera un mensaje contradictorio debido a las afirmaciones previas del propio candidato. Albán precisó que «parece ser una cosa como una hoja de ruta, pero es un mensaje entonces un poco contradictorio porque él había dicho que no iba a firmar ninguna hoja de ruta y esto es básicamente algo que parece ser como eso».
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El analista explicó que, si bien es legítimo realizar ajustes resulta incongruente «decir yo no voy a hacer esto, nosotros no vamos a firmar hoja de ruta y luego firmar justamente una hoja de ruta».
Albán ejemplificó estas contradicciones mencionando la alianza pactada con Ahora Nación, donde el representante técnico asignado al área tecnológica se había manifestado en contra de la creación de un ministerio de ciencia y tecnología; sin embargo, Juntos por el Perú mantuvo dicha propuesta en su plan final.
Del mismo modo, identificó un error. «En un momento dice que van a plantear derogar todas las leyes que hayan afectado el equilibrio fiscal según el tribunal fiscal, pero el tribunal fiscal no revisa eso, es otra cosa, es la segunda instancia de los procedimientos tributarios, probablemente se refieren al consejo fiscal». Según el especialista, estos detalles en la redacción de los objetivos «dan cuenta de que parece que esto ha sido algo redactado un poco a la rápida, lo cual no es ideal».
El analista dijo que este tipo de acciones buscan «jalar a votantes de última hora» y abandonar la agenda radical para mitigar el riesgo de perder la elección. «Tienen que dar un mensaje más claro para que la gente entienda, si es así nomás, primero dices una cosa y luego sales con otra, es difícil que la gente te vaya a creer», mencionó.
Los debates electorales fueron concebidos para que los ciudadanos conozcan las propuestas, los planes de gobierno y la capacidad de los candidatos para resolver los problemas que afectan a un país. Un debate no es un ring de boxeo, tampoco una tribuna para los agravios personales ni un espacio destinado exclusivamente a desacreditar al adversario político.
Por definición, un debate es la confrontación ordenada de ideas, argumentos y propuestas sobre temas de interés público. Su principal objetivo es permitir que los electores comparen visiones de gobierno, evalúen capacidades y tomen una decisión informada al momento de emitir su voto.
Bajo esa premisa, resulta inevitable preguntarse si durante el reciente debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se cumplieron realmente los objetivos para los cuales fue organizado.
A juicio de numerosos observadores, Keiko Fujimori aprovechó gran parte de sus intervenciones para presentar propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana, educación, salud, la economía, el empleo y otros temas de interés nacional. Más allá de que los ciudadanos puedan estar de acuerdo o no con sus planteamientos, la candidata dedicó buena parte de su tiempo a explicar y sustentar las acciones que impulsaría en un eventual gobierno.
La actitud de Roberto Sánchez, en cambio, estuvo marcada por una constante confrontación política. Sus intervenciones estuvieron orientadas principalmente a cuestionar a su contendora, recurriendo a ataques y críticas que, en muchos momentos, desplazaron el debate de las propuestas hacia la polémica personal.
La situación resulta aún más llamativa si se considera que Sánchez formó parte del gobierno de Pedro Castillo, una administración que culminó en medio de una grave crisis política e institucional y cuyo exmandatario se encuentra actualmente enfrentando procesos judiciales. Por ello, muchos ciudadanos esperaban escuchar de Sánchez una autocrítica sobre aquella gestión y, sobre todo, conocer propuestas concretas para enfrentar los desafíos del país.
El problema surge cuando el ataque reemplaza a la propuesta. En ese escenario, el debate pierde su esencia y deja de cumplir la función democrática para la que fue creado. Los ciudadanos no necesitan candidatos expertos en insultar o descalificar; necesitan líderes capaces de presentar soluciones viables para combatir la delincuencia, generar empleo, mejorar la educación y fortalecer la economía nacional.
La democracia se fortalece cuando los candidatos confrontan ideas y proyectos. Se debilita cuando el intercambio político se reduce a una cadena interminable de agravios y acusaciones. Los electores tienen derecho a escuchar propuestas, no espectáculos de confrontación estéril.
Por ello, la pregunta sigue vigente: ¿qué es un debate? La respuesta es sencilla. Un debate es el escenario donde deben imponerse los argumentos sobre los insultos, las propuestas sobre las descalificaciones y las soluciones sobre los ataques personales.
Cuando ello no ocurre, los verdaderos perdedores no son los candidatos, sino los ciudadanos que esperaban respuestas para el futuro del país.
A pocos días del balotaje del 7 de junio frente a Keiko Fujimori, la campaña de segunda vuelta de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, parece haber entrado en una fase de naufragio irreversible. Lo que debió ser una demostración de fuerza y arrastre popular en el tramo final de la contienda se ha convertido en una sucesión de tropiezos logísticos, discursos destemplados y, sobre todo, una alarmante incapacidad de movilización. El síntoma más agudo de esta crisis se vivió hace solo unos días en la Plaza Centenario de Huaral, la tierra natal del candidato, donde el anunciado «retorno triunfal» terminó transformándose en un doloroso fiasco político.
Para cualquier aspirante a la presidencia, la provincia donde nació y creció suele ser el bastión inexpugnable, el lugar donde se refugia para captar las imágenes de multitudes fervorosas que luego se utilizarán en la propaganda nacional. Sin embargo, para Roberto Sánchez, Huaral fue el escenario de su mayor humillación en lo que va de la segunda vuelta. Las imágenes difundidas del evento en la Plaza Centenario resultaron devastadoras para las aspiraciones de la izquierda:
1.- El peso visual del vacío: Largas hileras de sillas plásticas vacías marcaron el panorama de una plaza que lució semidesierta. La reducida convocatoria desnudó la fragilidad de su estructura partidaria y provocó inmediatas comparaciones con las movilizaciones que en 2021 lograba convocar Pedro Castillo. Mientras el expresidente congregaba multitudes, la plaza huaralina de Sánchez evidenció que el candidato no despierta el mismo entusiasmo ni en su propio vecindario.
2.- Incidentes y tensión: El ambiente lánguido del mitin se vio sacudido por la intervención de la Policía Nacional, que detuvo entre la audiencia a un ciudadano armado y en presunto estado de ebriedad. Aunque el sujeto contaba con licencia, el hecho de portar el arma bajo los efectos del alcohol en pleno mitin obligó a los efectivos a cercarlo y retirarlo por peligro común. Pese al alboroto y al despliegue policial, Sánchez continuó leyendo su discurso ante los pocos presentes, en una escena que rozó el surrealismo.
Por si la falta de público no fuera suficiente, la organización del evento logró ganarse el repudio de la comunidad huaralina debido a una total falta de criterio logístico. El escenario principal fue instalado directamente frente a la Institución Educativa Virgen de Fátima y en las cercanías de un centro de salud local. «Estamos muy molestos, muy indignados, porque este ruido empezó desde las 10 de la mañana y no podemos hacer clases», manifestó una docente del plantel escolar. Los padres de familia y profesores expresaron públicamente su rechazo a la Municipalidad Provincial de Huaral por otorgar permisos para eventos proselitistas con ensordecedores equipos de sonido en pleno horario escolar, irrumpiendo el normal desarrollo académico de los niños. Lo que pretendía ser una fiesta democrática terminó como un atropello vecinal que dinamitó el ya golpeado respaldo local del candidato.
El eco del fracaso en el norte chico llegó rápidamente a las pantallas limeñas. En los principales programas de análisis político, periodistas e invitados destrozaron la consistencia de la campaña de Juntos por el Perú. El conductor Augusto Thorndike ironizó abiertamente sobre las imágenes del mitin en Huaral, señalando que la falta de convocatoria ponía en tela de juicio la legitimidad de su paso al balotaje: “Lo de Roberto Sánchez, ya, pues… ¿A quién quieren engañar? (…) No pasó de ninguna manera”, sentenció, contrastando su realidad actual con el arrastre que en su momento tuvo el voto antisistema real.
Aislado en sus propios bastiones, cuestionado por la falta de arrastre y generando anticuerpos en su propia tierra natal debido a la mala organización de sus bases, Roberto Sánchez afronta la recta final hacia el 7 de junio no con el empuje de quien disputa la presidencia, sino con el desgaste de una campaña que parece haber perdido el rumbo y la conexión con el electorado.
