Los gremios de transportistas han decidido suspender sus actividades el 6 de febrero en protesta por el aumento de la criminalidad y las extorsiones.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), denunció que más de la mitad de las empresas del sector paga cupos a mafias y exigió la renuncia del ministro del Interior.
Se espera que más de 20 000 vehículos, incluyendo buses, taxis y mototaxis, se sumen a la paralización.
Además, otros gremios afectados por la inseguridad, como panaderos y comerciantes, respaldan la protesta. Los dirigentes advierten que, si no se atienden sus demandas, convocarán a un paro nacional en los próximos días.
Los ataques contra los transportistas continúan con fuerza. Solo durante la última semana, una miniván con pasajeros a bordo fue incendiada y un bus fue asaltado a mano armada mientras trasladaba a sus ocupantes. Debido a esta creciente ola de violencia, los dirigentes del sector evalúan una nueva movilización nacional que, aseguran, será masiva y contundente, para el mes de febrero.
Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), señaló a La República que el incremento de las extorsiones evidencia la incapacidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a la falta de estrategias efectivas para enfrentar a las bandas organizadas que atemorizan a diversos rubros del país.
Asimismo, indicó que el 15 de enero se llevará a cabo un foro junto con el Colegio de Abogados para analizar las llamadas leyes ‘pro crimen’, que, afirman, benefician a los delincuentes. También mencionó que la protesta tiene como fecha tentativa el 15 de febrero.
“El Gobierno está promulgando leyes que blindan y protegen a la presidenta Dina Boluarte, como la detención preliminar, que solo los beneficia a ellos, pero perjudican a la población, al poner en riesgo la vida de los trabajadores”, dijo.
Niños, mujeres y ancianos se lanzaron al piso del vehículo para evitar ser asesinados. Foto: composición LR/difusión
Queman colectivo en VES
Un ejemplo reciente de esta ola criminal ocurrió la noche del sábado 4 de enero en Villa El Salvador (VES), donde un colectivo informal con pasajeros fue incendiado en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Jorge Chávez. El ataque, presuntamente relacionado con un acto de extorsión, dejó como saldo dos personas heridas y la unidad completamente calcinada.
Según el reporte policial, el hecho estaría relacionado con una amenaza de extorsión al chofer de la unidad, quien habría sido presionado para pagar un cupo. Al negarse, los delincuentes atentaron contra él. El 2024 cerró con un aumento del 35% en homicidios con respecto al 2023.
Presunto ataque de extorsión deja vehículo calcinado. Foto: Captura/ Difusión.
Medida fallida
Lamentable. Pese al estado de emergencia declarado en 13 distritos de Lima y Callao, aún hay un aumento de asesinatos, extorsiones y robos. Cabe resaltar que en cinco días, el 11 de enero de 2025, terminará la medida que no ha tenido resultados esperados.
Para Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana en 2024, con un asesinato cada 4 horas, incluso dentro del estado de emergencia, pone en evidencia que la gestión del ministro,Juan José Santiváñez,ha sido un fracaso. Para él, el decreto de estado de emergencia a nivel nacional carece de objetivos claros.
Además, considera que las estrategias de inteligencia y las capacidades de investigación criminal son insuficientes, lo que constituye otro fracaso más del gobierno y de su gestión en general. “Este fracaso no solo se refleja en las cifras estadísticas, sino también en la percepción diaria de inseguridad que experimentan los ciudadanos. Hay desconfianza y deslegitimación del gobierno y las autoridades”, puntualizó a La República.
Un grupo de transportistas increpó este martes al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la falta de resultados del estado de emergencia por la crisis de seguridad que afronta el país, ello por una promesa que hizo el titular de dicha cartera luego de que el Ejecutivo decretara la medida en 14 distritos de Lima y Callao.
Fue a su salida del programa Prueba de Fuego de RPP, cuando el ministro fue abordado en los pasillos de la radio por el colectivo de transportistas que acompañaron a Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien poco antes también había sido entrevistado en ese programa.
Durante el breve encuentro uno de los transportistas cuestionó a Santiváñez por la falta de resultados en el estado de emergencia. En específico, le recordó la promesa que hizo en La rotativa del aire de RPP, el pasado 27 de setiembre, cuando dijo que daría un paso al costado si no obtenían los logros que esperaban.
“Hemos tenido conocimiento en todos los medios de comunicación en todos los medios de comunicación que usted declaró que prometió que si en 30 días no había resultados usted renunciaba. La pregunta es que ya pasaron más de 30 días y hay cuestionamientos a su gestión. ¿Cuándo piensa renunciar?”, increpó el transportista al ministro del Interior.
Cruce de palabras
Santiváñez, acompañado de su escolta policial, solo atinó a responder a los transportistas que “hubieran ido a las reuniones”, en referencia a los encuentros que desde el Ejecutivo sostuvieron con gremios de empresarios y transportistas formales en los últimos días, en rechazo a la convocatoria a las protestas convocadas para el 13, 14 y 15 de noviembre que coinciden con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Sin embargo, el transportista que le increpó le dijo que no los habían invitado, mientras otro le recriminó por las muertes de conductores de buses de transporte público por el sicariato relacionado al cobro de cupos. El ministro evitó dar mayor respuesta y dejó el lugar.
Previamente, Santiváñez había indicado en Prueba de fuego de RPP que desde el Ejecutivo cuentan con pruebas de que las protestas convocadas para los próximos días tienen un trasfondo político.
“Nos hemos reunido con gran parte de los gremios formales y gran parte del empresariado local y hemos llegado a acuerdos y suscripción de actas, donde hay un compromiso de no sumarse a una paralización, que para nosotros desde diversos puntos de vista por la evidencia y los medios probatorios que tenemos es una paralización politizada”, dijo.
En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Julio Campos, aseguró que aunque se esté llevando a cabo el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en nuestro país, se irán a paro este miércoles, 13 de noviembre.
Confirman paro para este 13 de noviembre
Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, Campos confirmó que este paro se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre con un solo propósito que es el defender la vida y el derecho al trabajo del incremento desmedido de la criminalidad.
«La jornada va a comenzar a las 00:00, los días 13, 14 y 15 (de noviembre), en defensa de la vida y por el derecho al trabajo, puesto que, hoy en día, no estamos viviendo, nos están asesinando, ya esto se convirtió en una pandemia de asesinatos debido a que, cada cuatro horas, hay un asesinato a nivel de Lima Metropolitana con la diferencia del año pasado (…) hoy ya estamos superando los 1600», declaró a nuestro medio.
Enseguida, recordó que desde el pasado 24 de octubre, le otorgaron al Gobierno peruano «una tregua» para que puedan derogar la ley 32108, mejor conocida como la ley de crimen organizada; sin embargo, a la fecha, no han divisado ningún tipo de cambio, motivándolos finalmente a tomar las calles en señal de protesta.
«Nosotros hemos dado una tregua al Gobierno para que pueda derogar estas leyes pro crímenes. Nosotros lo dijimos el día 24 de octubre, hemos dado el tiempo suficiente para que puedan derogar hasta el día 13, mas o menos 20 días, (…) y por culpa de este Gobierno que no escucha a la población nos vamos a un paro», continuó explicando.
En esa línea, remarcó que esta marcha será pacífica, puesto que el objetivo es hacerse oír en defensa de la vida y la tranquilidad de lasfamilias peruanas que actualmente se encuentran viviendo en medio de la inseguridad.
«Una marcha pacífica en defensa de la vida y la tranquilidad (…) hoy vivimos en medio de la inseguridad (…) hace cuatro días asesinaron a un periodista y hasta ahora no han sido capturados (los responsables)», agregó durante la entrevista.
De esta manera, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Julio Campos, confirmó que a partir de este 13 de noviembre se llevará a cabo un paro pese a que se vienen desarrollando el foro APEC en nuestro país.
Mientras el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se prepara para recibir a delegaciones internacionales, gremios y sindicatos a nivel nacional anunciaron una serie de protestas y paros que se realizarán el 13, 14 y 15 de noviembre. El Gobierno respondió con un pronunciamiento «por la paz» y el anuncio de un gran despliegue policial para esos días.
Además de los gremios de transportistas, se han unido a las movilizaciones la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Los manifestantes exigen, principalmente, la derogación de la Ley 32108, una de las llemadas «leyes pro crimen» que consideran ineficaz para combatir la criminalidad y el sicariato.
Ratifican paro de transportistan en Lambayeque
Wilson Miñope, representante de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque, reafirmó la movilización de su sector en la región.
«Esta es una justa demanda no solo del sector transporte, sino de toda la ciudadanía, porque el flagelo de la extorsión y el sicariato nos consume día a día», comentó en La Rotativa del Aire de RPP. En su opinión, tampoco existe un plan que acabe con la inseguridad.
«El Gobierno demuestra una incapacidad total en cuanto a una estrategia de seguridad ciudadana. No hay una medida concreta que nos dé, como mínimo, un ápice de seguridad», afirmó. «Queremos una derogatoria de esta ley porque no está cumpliendo su finalidad. Necesitamos una ley que garantice el juzgamiento rápido de los delincuentes», agregó.
Debate y crítica por la Ley 32108
La Ley 32108 de crimen organizado establece que una organización criminal es un grupo de tres o más personas que actúan de manera coordinada para cometer delitos. También establece penas mínimas de cinco años de prisión para delitos como extorsión, secuestro y sicariato.
Sin embargo, esta ley ha generado debate y críticas sobre su capacidad para limitar la acción del Estado.
Diversos gremios de transportistas anunciaron este lunes la convocatoria a un paro nacional para el 13, 14 y 15 de noviembre en protesta contra el gobierno por la inseguridad ciudadana.
Así lo indicó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en un conferencia de prensa realizada hoy. En dicha actividad, resaltó que la medida implica movilizaciones pacíficas en diversos puntos del país y que «el responsable único» de la situación es el Gobierno.
“Es el Gobierno que hoy día nos está matando y por eso no podemos esperar, 13, 14 y 15 de noviembre paro nacional y marcha pacífica”, anunció.
«El responsable único (de la situación) es el Gobierno que no puede seguir matando a nuestros hermanos. Es una marcha pacífica en reclamo a esta inseguridad que hoy día estamos viviendo. Eso no puede seguir”, agregó.
Campos también se refirió a las declaraciones previas de varios ministros que, en el marco del paro del pasado 23 de octubre, señalaron que quienes convocaban eran un grupo reducido de transportistas informales.
«Ese pequeño grupo que está en el poder está ignorando a 34 millones de peruanos (…), ¿por qué nos tiene que minimizar a nosotros? Nosotros estamos llevando la voz del pueblo, de los 34 millones de peruanos que hoy día, no solo es el sector de transportes, sino otros sectores como Gamarra, mercados», sostuvo.
El dirigente también dirigió críticas hacia el Congreso respecto a la inseguridad y exigió derogar lo que denominó «leyes pro crimen».
«Realmente este Congreso criminal está ocasionando toda esta inseguridad por sus leyes que han sacado a la medida para los criminales que hoy día nos están atacando. Condenamos totalmente a este Congreso criminal que debe derogar todas estas leyes pro crimen que hacen mucho daño al país”, aseveró.
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