Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en diálogo con RPP, confirmó que el paro convocado para el próximo jueves, 10 de octubre, será multisectorial, ya que será acatado no solo por su gremio sino también por comerciantes de Gamarra, bodegueros, trabajadores de la pesca, entre otros, y que no solo será en Lima y Callao, sino en todo el país.
«En estos momentos, todos los gremios se han sumado: los pescadores, los ambulantes, los mercados, los bodegueros, la sociedad civil, estudiantes, madres de familia (…) Es por el derecho a la vida que se va a salir a marchar y paralizar este 10 de octubre», aseguró.
El dirigente indicó que esta medida será de 24 horas, pero que, de no tener una «respuesta favorable» del gobierno en sus demandas, se extenderá a 72 horas. Además, resaltó que si el Parlamento no deroga la Ley N° 32108 -que modificó la normativa referente a crimen organizado y que ha sido criticada por el Ministerio Público- el paro será de manera indifinida.
Asimismo, rechazó la reciente propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo referente a terrorismo urbano, y señaló que este proyecto «debe ser archivado» porque «ya existen leyes» que penalizan la extorsión y el sicariato.
«Lo que pedimos es que se deroguen las leyes pro criminales y se archiven los proyectos sobre terrorismo urbano, porque no ayudan en nada a combatir la criminalidad», indicó. Adicionalmente, Campos consideró que este proyecto atenta contra la protesta pacífica, como la que realizarán este jueves.
Asegura que el paro no tiene connotación política
Como se recuerda, ayer, domingo, en una conferencia de prensa, el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, consideró que el paro convocado para este jueves responde a «intereses políticos cuyo objetivo es generar desestabilización».
«Lo que estamos advirtiendo es que existen intereses políticos cuyo objetivo es generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continue dentro del marco democrático y constitucional. Recordemos que en diciembre del 2022 se pretendió afectar el orden constitucional con un golpe de Estado, y el gobierno de la presidenta garantiza al país un proceso democrático que concluirá con una transferencia democrática el 28 de julio del 2026. En tal sentido, no existen razones para politizar una protesta de esta naturaleza», sostuvo.
Al respecto, Campos aseguró que la medida no responde a connotaciones políticas sino solo al «derecho a la vida».
«No puede ser que por defender el derecho a la vida, el gobierno pueda decir que (el paro) es político», indicó.
Además, el dirigente de los transportistas consideró que, con este tipo de calificativos, el Ejecutivo pretende desacreditar la medida que, según dijo, es netamente en rechazo a la ola de extorsiones. «No puede ser que la vida valga dos soles», aseguró refiriéndose al pago diario exigido por los criminales.
Finalmente, el dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas deslindó de lo indicado por Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien dijo en RPP que su gremio no ha convocado al paro del 10 de octubre.
En esa línea, Campos indicó que los choferes, cobradores y demás trabajadores del rubro de transporte público han asegurado que se sumarán a la medida programada para el jueves.
Dirigente de transportistas llora en el Congreso | Foto captura: Canal N.
