La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente, por mayoría, la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzeti por el caso ‘Vacunagate’. Ambos fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito contra la administración pública tras vacunarse irregularmente contra el Covid-19.

Fueron 17 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Tras leerse el informe de calificación ningún parlamentario quiso participar en el debate y se pasó a votación.

¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?

De acuerdo a la denuncia presentada por la Fiscalía, el 30 de setiembre de 2020, Germán Javier Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico en Fase III de la vacuna de Sinopharm contra la COVID19 en el Perú, señaló que el expresidente mostró su interés por las vacunas que se estaban aplicando al personal perteneciente al ensayo clínico.

“Vizcarra Cornejo habría consultado si dichas vacunas son seguras, a lo que Málaga Rodríguez habría respondido que sí y que incluso él se había vacunado con estas; ante tal respuesta, el entonces mandatario le habría solicitado al referido investigador que al día siguiente le lleve dos dosis de la referida vacuna”, se acota.

Incluso, el entonces jefe de Estado pidió que le otorguen una vacuna adicional para su esposa Maribel Díaz Cabello y luego a su hermano César Vizcarra Cornejo, quien habría sido inoculado con una dosis de la vacuna Sinopharm.

“Habría abusado de su cargo como jefe de Estado, para inducir a Germán Javier Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico en fase III de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 en el Perú, a fin de que le dé tres de las referidas vacunas [cada una de dos dosis], para que sean inoculadas al aludido investigado, así como a su cónyuge Maribel Carmen Díaz Cabello y a su hermano César Santiago Vizcarra Cornejo, pese a que las vacunas en mención eran parte del lote de 3200 dosis que habían sido enviadas por el referido laboratorio, única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico”, se alega en el documento.

El expresidente ya fue inhabilitado para ejercer un cargo público en dos ocasiones por el Congreso: una por el “Vacunagate” y otra por supuestas irregularidades cuando era titular del MTC entre 2016 y 2017.