Waldemar Cerrón, pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso aprobó sin sustento

Continúa el populismo y la improvisación. A pesar de no contar con la opinión favorable de los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, desde julio del 2021, este actual Congreso ha creado 40 nuevas universidades públicas, una cifra que no se había reportado en ningún otro periodo legislativo de nuestra historia republicana.

Pues bien, uno de sus mayores promotores, el parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ahora ha presentado un proyecto de ley para que estas casas de estudio tengan un periodo de gracia de 15 años para obtener su licenciamiento. Así como lo lee.

“El congresista Cerrón se ha dado cuenta que el funcionamiento de estas nuevas universidades públicas es inviable a corto y mediano plazo porque han nacido sin presupuesto, terrenos, plana docente ni equipamiento. Con esto nos da la razón a los exministros y especialistas que cuestionamos estas iniciativas irresponsables, populistas y con fines electorales”, manifestó el extitular del Minedu, Idel Vexler.

Resulta que, el pasado 3 de octubre, el legislador de Perú Libre presentó el proyecto de ley n° 12672 que incorpora un último párrafo al artículo 28 de la Ley Universitaria, “a fin de fortalecer a las universidades públicas creadas”. 

“Las exigencias mínimas establecidas en la presente ley para el otorgamiento del licenciamiento no serán aplicables a las nuevas universidades al momento de su creación. Las nuevas universidades creadas contarán con un período de gracia de 15 años, contados a partir del día siguiente de la conformación de su comisión organizadora, para alcanzar el cumplimiento pleno de todos los requisitos establecidos la ley”, se lee.

Para eso, se dispone que el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) realicen la adecuación de sus normas reglamentarias y procedimientos internos para cumplir con la citada iniciativa.

“Se busca establecer un marco legal que garantice el fortalecimiento y funcionamiento sostenible de las nuevas universidades públicas, asegurando su camino al licenciamiento. Por eso se propone un régimen de acompañamiento técnico y progresivo que les permita cumplir con las condiciones básicas de calidad en plazos razonables y realistas. El objetivo es que el Estado no actúe como un obstáculo mediante la aplicación inflexible de exigencias que no consideran su estado de gestación”, respondió Cerrón en su análisis de necesidad y viabilidad.

No obstante, este no sería un sustento técnico suficiente. Para el exministro Vexler, el legislador de Perú Libre, con su proyecto de ley, reconoce que las 40 universidades estatales creadas se demorarán entre 8 y 10 años para poder abrir sus puertas, según la experiencia de los últimos años. El mayor problema es el presupuesto.

Basándose en un informe técnico del Minedu, las exministras de Educación, Marilú Martens y Miriam Ponce, advirtieron que para abrir una sola universidad pública con tres carreras y sin laboratorios se requieren 105 millones de soles, ya que el 90% va para infraestructura.

“Para estas 40 nuevas universidades se necesitarían 4.000 millones de soles solo para el año cero, sin considerar los gastos del licenciamiento”, afirmaron preocupadas las exfuncionarias.

 Dicho monto representa casi la cuarta parte del presupuesto del sector Educación del 2025, consistente en 20.000 millones de soles. Por consiguiente, para asegurar esos recursos se deberían recortar los gastos referido a la infraestructura de colegios, pago de docentes y programas de educación.

Dejan una bomba de tiempo

Pese a estas advertencias, en setiembre pasado, el Congreso publicó por insistencia una ley que crea 20 universidades de un porrazo en 15 regiones. Esto pese a que el Ejecutivo la había observado previamente.

“Este Congreso dejará una bomba de tiempo al siguiente Gobierno. Las poblaciones locales van a estar exacerbadas cuando vean que las nuevas universidades no se abrirán en el corto plazo”, señaló el exfuncionario del Minedu, Jorge Mori, quien es hoy director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).

De acuerdo con el especialista, lo primero que tendrá que hacer el nuevo Congreso es elaborar un proyecto de ley para que estas instituciones recién creadas se conviertan en filiales de las universidades públicas ubicadas en sus regiones. “Esa será la única opción para evitar que las poblaciones locales protesten”, dijo.

“Los congresistas están en una carrera populista e irresponsable en búsqueda de su reelección. No pueden jugar con las expectativas de los jóvenes”, cuestionó el exministro Idel Vexler.

Congreso: Waldemar Cerrón propone declarar a ‘Melcochita’ como patrimonio cultural del Perú

El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que propone declarar de interés nacional a Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, y reconocerlo como patrimonio cultural de la Nación en la categoría de leyenda viva. La iniciativa legislativa tiene como finalidad la conmemoración para Villanueva por su vida artística.

De acuerdo con el Proyecto de Ley N° 12034/2025-CR, el objetivo de la propuesta es reconocer a Melcochita ante el Ministerio de Cultura por su «destacado sonero nacional, referente internacional y exponente del arte cómico popular». «Con ello buscando su reconocimiento como personaje que contribuyó con su arte y cultura en favor del país», expresa el documento.

‘Melcochita’ sería reconocido por el Ministerio de Cultura

Asimismo, la propuesta legislativa autoriza al Ministerio de Cultura y las entidades involucradas tomar las acciones necesarias para la implementación y reconocimiento del artista de 88 años como ícono referente del arte.

El legislador de Perú sustentó su propuesta tras recordar las vivencias y los pasos que dio Pablo Villanueva como artista en los programas cómicos de «La Peña de Ferrando, «Trampolín a la fama»,»El Tornillo», «Risas y Salsa» y «Recargados de risa».

«Su capacidad para adaptarse a distintos formatos televisivos y su cercanía con el público lo convirtieron en un ícono de la cultura popular limeña, respetado tanto por su comicidad como por su agudeza social», sustenta Cerrón.

Asimismo, la iniciativa legislativa mencionó los reconocimientos que Melcochita recibió en su carrera:Doctor honoris causaMedalla y diploma del Internacional Gold Excellence Awards, Invitación al Capitolio de los Estados Unidos, entre otros.

 Proyecto de ley que plantea reconocer a Melcochita como patrimonio cultural

Proyecto de ley que plantea reconocer a Melcochita como patrimonio cultural

Waldemar Cerrón condecoró a ‘Dayanita’

El último 11 de julio, el congresista Waldemar Cerrón condecoró a la actriz cómica Dayanita Sifuentes tras otorgarle una diploma y una medalla de reconocimiento en una ceremonia respaldada y organizada por el Parlamento.

El homenaje, impulsado por Cerrón Rojas, destacó el aporte al arte y cultura de Sifuentes y la calificó como un «motivo de orgullo nacional».

“Estoy muy feliz. Yo no sabía por qué estaba acá, pero al tener esta sorpresa para mí ha sido muy bonita. Este reconocimiento hermoso que tienen hacia los artistas callejeros. La mayoría son marginados, son olvidados (…) a pesar de los problemas tenemos que sonreír”, expresó Dayanita en su momento.

Congreso: José Jerí, Waldemar Cerrón, César Revilla e Ilich López serían la lista oficialista por la nueva Mesa Directiva

“Estoy en plena capacidad de asumir cualquier reto que se pueda presentar”, respondió el último viernes el congresista de Somos Perú, José Jerí, cuando le preguntaron sin se considera idóneo para postular a la presidencia del Congreso. La República ha informado que Jerí fue sindicado por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. En su bancada, sin embargo, lo consideran una alternativa viable. Jerí alegó que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

En su bancada lo consideran una alternativa viable.

El lunes 14 Somos Perú se reunirá para definir su postulación. Fuentes de esta agrupación reiteraron que las otras opciones son los congresistas Ana Zegarra, quien reemplaza al fallecido Hitler Saavedra, y Héctor Valer, exprimer ministro del gobierno de Pedro Castillo. Entre los tres, quien goza de mayor confianza, es Jerí. La semana pasada, incluso, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) lo eligió como secretario general.

“Lo que puedo señalar el día de hoy es que Somos Perú está plenamente dispuesto a participar de una Mesa Directiva de transición que nos lleve a elegir democráticamente un próximo gobierno”, agregó el parlamentario Jerí.

La coalición que domina el Congreso y que ha protegido a Dina Boluarte en estos tres años, no apostará por Alianza Para el Progreso (APP) en la presidencia por tercer año. Tampoco irá Fuerza Popular (FP) por temor a que liderar la institución con mayor desaprobación del país pueda generarle un costo electoral a Keiko Fujimori.

El pacto, por eso, pretende cederle la posta a Somos Perú. No hay otra opción. El partido del exalcalde de Lima, Alberto Andrade, pasó de enfrentarse al fujimorismo a votar con ellos en el Congreso. Jerí calzaría con el perfil que buscan en Fuerza Popular y APP.

En diciembre del año pasado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, de APP, lo eligió como delegado en la denuncia constitucional que pesa contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas.

Luego de medio año, el congresista de Somos Perú todavía no presenta el informe final de este caso. “Eso está en proceso todavía (…) y espero que a la brevedad de lo posible podamos tener una conclusión”, respondió a este diario.

En la SAC, la coalición que gobierna el Congreso ha bloqueado todas las denuncias constitucionales contra Boluarte. ¿Con el informe de Jerí será la excepción?

Huancayo: Allanan casa de la madre de Vladimir y Waldemar Cerrón

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de Lima, allanan la vivienda de la madre del líder de Perú libre, Vladimir Cerrón, desde la mañana del viernes 18 de octubre. La casa de Bertha Rojas se encuentra en la cuadra 18 del jr. Lima, en la provincia de Huancayo.

A exteriores de la vivienda se observa presencia policial, personal de la Fiscalía y un equipo especial ingresaron para las diligencias. A la par se realiza un allanamiento en la casa del exalcalde de Huancayo, Henry López Cantorín.

Al respecto Vladimir Cerrón se pronunció mediante su red social X, “La Fiscalía en este momento allana la casa donde vive mi señora madre en Huancayo, propiedad de mi hermano, en represalia a las reformas judiciales. Buen inicio de la nueva Fiscal de la Nación: el abuso, la prepotencia y la ilegalidad. ¡Resistiremos como siempre y venceremos!”, publicó a las 12:46 de la tarde.

Waldemar Cerrón propone que Congreso fiscalice jueces y fiscales: ¿qué dice el proyecto y por qué se considera antidemocrático?

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), presentó, el último miércoles, un proyecto de ley que tiene como finalidad «fortalecer la labor de fiscalización del Legislativo, a la función de los jueces y fiscales a nivel nacional conforme a los alcances facultados por la Constitución»; es decir, que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales. 

Dicha propuesta ya se encuentra desde ayer en la Comisión de Constitución del Parlamento, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, donde será debatida y votada. No obstante, el proyecto ya ha sido rechazado por el Ministerio de Justicia; por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; y por el Colegio de Abogados de Lima.

¿Qué dice la iniciativa legislativa de Cerrón Rojas y por qué ha sido considerado por Arévalo Vela de tener un «espíritu autoritario»?

¿Qué dice el proyecto de Waldemar Cerrón?

El proyecto de ley de Waldemar Cerrón propone la inclusión de un numeral en el artículo 35 del Reglamento del Congreso para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales. En ese sentido, el parlamentario propone que dicha nueva comisión sea parte de las comisiones ordinarias del Legislativo.

En sus fundamentos, Cerrón señala una nota periodística que da cuenta de una encuesta de Datum de marzo de este año que indica «que el 85 % de los peruanos no confían en el Poder Judicial» y que «el 73 % de quienes participaron en la encuesta indicaron que desconfían» del Ministerio Público. 

Asimismo, señala dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que indican que el reglamento del Parlamento «no solo tiene fuerza de ley, sino también naturaleza de ley orgánica», y que «la función legislativa (…) incluye la de control político o función propiamente fiscalizadora».

«En el contexto de la función propiamente fiscalizadora, una de las formas a través de las cuales aquella se visibiliza con mayor nitidez, viene configurada por la posibilidad de conformar comisiones investigadoras (ya que) el control que ellas ejercen es sobre la moralidad pública y el desempeño correcto de los altos funcionarios», cita el proyecto.

Además, indica que «los legisladores cuentan con el encargo directo de la población para fiscalizar a todas las instituciones públicas y mixtas sin excepción alguna, por tanto, el Poder Judicial no puede estar ajeno de ser fiscalizado por un ente que cuenta la representación directa de la población».

«Es importante tener en cuenta que el rol fiscalizador del Legislativo se ubica como uno de los entes más legitimados para emprender el rol fiscalizador a todas las entidades públicas sin excepción, por lo mismo que representa de forma directa a la voluntad de la sociedad, el cual es la razón de ser del Estado», añade.

La propuesta indica también que, aunque «exista(n) entes que aparentemente tienen el rol fiscalizador, esta no es suficiente por cuanto estas instituciones no representan de forma directa a la sociedad».

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«Los legisladores son los únicos representantes directos de la sociedad que pueden trasladarse a nivel nacional, sin restricción alguna y entrar en contacto directo de los mismos y de esa se cumple con la satisfacción de uno de los elementos del Estado, a diferencia de los jueces y fiscales quienes se encuentran sujeto a la a un determinado espacio jurisdiccional. Por tanto, es completamente lícito crear una comisión ordinaria de fiscalización de los jueces y fiscales», sostiene.

«Esta normativa busca promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales», agrega. 

Perú Libre rechaza recomendación de denunciar constitucionalmente a Waldemar Cerrón

La bancada de Perú Libre rechazó la recomendación de una Fiscalía de Lavado de Activos al Fiscal de la Nación de realizar una denuncia constitucional a Waldemar Cerrón.

De ejecutarse dichas peticiones, representarían una actuación inconstitucional grave, intimidatoria y de abuso de poder, más aun, considerando que el proyecto de ley en cuestión se encuentra sujeto al marco jurídico vigente y fue aprobado con una votación de amplia mayoría”, señaló el partido a través de un comunicado en su cuenta de ‘X’.

Según Perú Libre, los legisladores no están sujetos a mandato imperativo y no pueden ser denunciados ni procesados por los proyectos de ley que impulsan.

Por tanto, estas acciones demuestran una vez más al país y a la comunidad internacional, el hostigamiento y la feroz persecución política-judicial contra líderes de Perú Libre, con la finalidad de neutralizar el avance de la izquierda popular que emerge del Perú profundo”, indicaron.

Plantean denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Waldemar Cerrón

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, recibió en su despacho un informe que plantea denunciar constitucionalmente a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y congresista Waldemar Cerrón.

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, el fiscal Ángel Astocondor remitió hace tres semanas un informe que recomienda la denuncia. El documento fue enviado al fiscal coordinador Rafael Vela, quien después lo elevó al fiscal de la Nación.

Para Astocondor existen “hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.

El informe de 200 páginas contra Boluarte y Cerrón nació en la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, donde desde el 2021 se investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; su hermano Waldemar Cerrón; la extesorera del partido Dina Boluarte y otros exaltos dirigentes en lo que es la presunta organización criminal Perú Libre.

El pedido de denuncia contra la presidenta y el congresista Cerrón se refiere sobre una “influencia de la organización criminal Perú Libre en la promulgación de Leyes”, una suerte de brazo legal transversal entre el Congreso y el Ejecutivo.

La Fiscalía no cree que entre Boluarte y el prófugo Cerrón exista un divorcio real y cita una entrevista del 2021. “Cuando tú me dices de Vladimir Cerrón corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir”, se escucha decir a Dina Boluarte.