La campaña electoral no solo representa la disputa por el poder político. También constituye una oportunidad para que la ciudadanía conozca la verdad sobre la gestión de quienes concluyen su mandato y para que los candidatos expliquen cómo enfrentarán los problemas heredados.
Sin embargo, en los últimos días han surgido comentarios y percepciones que merecen ser observados con atención desde una perspectiva ética. Diversos sectores han advertido un cambio de actitud en algunos candidatos que, durante meses, formularon severas críticas contra determinadas autoridades municipales salientes, pero que hoy mantienen un notorio silencio respecto a las presuntas irregularidades que antes denunciaban públicamente.
Esta situación ha dado lugar a especulaciones sobre la posible existencia de acercamientos informales entre el entorno de algunos alcaldes salientes y determinados candidatos. Incluso circulan versiones según las cuales algunos periodistas cercanos a dichas autoridades estarían actuando como presuntos intermediarios para facilitar conversaciones orientadas a disminuir el nivel de confrontación política.
Hasta el momento, no existen pruebas públicas que acrediten la existencia de acuerdos de impunidad ni de negociaciones de esa naturaleza. No obstante, la sola percepción ciudadana de que podrían estarse gestando pactos políticos para evitar futuras investigaciones resulta preocupante y exige transparencia por parte de todos los actores involucrados.
La democracia pierde credibilidad cuando el debate electoral deja de centrarse en las propuestas y, de manera repentina, desaparecen los cuestionamientos que antes ocupaban un lugar importante en el discurso de algunos candidatos. Si una autoridad fue objeto de denuncias políticas o de críticas por su gestión, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué motivó ese cambio de postura. ¿Las observaciones eran infundadas o simplemente dejaron de ser convenientes desde el punto de vista electoral?
Igualmente delicado resulta el eventual uso del periodismo como instrumento de intermediación política. La función del periodista consiste en investigar, fiscalizar e informar con independencia. Si un comunicador utilizara su posición para promover intereses particulares, facilitar acuerdos políticos o influir en decisiones que comprometan el control ciudadano, estaría traicionando uno de los principios esenciales de la profesión: servir al interés público y no al poder de turno.
La ética periodística exige independencia frente a los grupos políticos, transparencia en el ejercicio profesional y un compromiso permanente con la verdad. Del mismo modo, la ética pública demanda que quienes aspiran a gobernar mantengan coherencia entre lo que denuncian durante la campaña y las decisiones que adopten si llegan al poder.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un discurso electoral que desaparece cuando comienzan las negociaciones políticas. La fiscalización de la gestión pública debe responder al interés colectivo y no a conveniencias circunstanciales.
Por ello, corresponde que los candidatos expliquen con claridad cualquier cambio sustancial en su posición respecto de las autoridades salientes. Asimismo, si existen rumores sobre presuntos acuerdos o intermediaciones, estos deben ser esclarecidos mediante información verificable y no permanecer en el terreno de las especulaciones.
En democracia, la confianza ciudadana se fortalece con transparencia, rendición de cuentas y coherencia. Si las críticas formuladas durante la campaña fueron legítimas, deben sostenerse con pruebas. Si fueron equivocadas, corresponde reconocerlo. Lo que no puede aceptarse es que el silencio se convierta en la antesala de la impunidad.
La ciudadanía no espera pactos de conveniencia ni acuerdos reservados; espera autoridades que gobiernen con independencia, periodistas que informen con honestidad y una política donde prevalezca el interés público por encima de cualquier negociación que pudiera poner en riesgo la verdad y la justicia.
Fuente: RADIO TV Digital-RTD