La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó asistencia técnica al Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que organizó la elección del representante de este colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2026 – 2030. Once candidatos compitieron en el proceso, gracias al cual el Colegio de Abogados de Lima (CAL) podrá ocupar el espacio que le corresponde en el pleno del JNE.
Los comicios se llevaron a cabo con normalidad el domingo 15 de febrero, desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. Fueron convocados a votar los 96,000 agremiados que se encontraban en el padrón electoral del CAL. Para ellos se instalaron, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), las 134 mesas de sufragio previstas.
Con respecto a la asistencia técnica, es un servicio que la ONPE proporciona gratuitamente a entidades públicas y privadas que la solicitan, y consiste en consejería especializada para el planeamiento de todas las etapas de un proceso electoral interno. No incluye la capacidad de tomar decisiones ni de resolver reclamos. Tampoco, veeduría, supervisión, observación ni fiscalización electoral.
El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima –organizador de los comicios– estuvo conformado por Tania Sandra Paliza Toscano (presidenta), Pablo Sánchez Diaz (secretario) y André Delia Muñoz Muñoz (vocal).
En diciembre del año pasado, dicho Comité solicitó asistencia técnica a la ONPE. Por esa razón, especialistas del ente público capacitaron a abogados que debían cumplir la función de miembros de mesa, dándoles a conocer los procedimientos que se aplican durante la instalación de la mesa, la votación y el escrutinio.
La asistencia técnica también incluyó la revisión del reglamento partidario, el diseño del material electoral usado en los comicios y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de sufragio
El presidente de la República, José Jerí, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según reveló el programa dominical Punto Final, el jefe de Estado hizo 34 viajes al interior del país en lo que va de su gestión en casi 4 meses; no obstante, en los reportes de estos traslados figuran como pasajeras jóvenes que previamente habían acudido a Palacio de Gobierno.
El informe periodístico señala además que algunas de ellas fueron contratadas por el Estado pocos días después de reunirse con el mandatario y a escasas semanas de haber obtenido sus títulos profesionales.
Según el reportaje, los viajes al lado del presidente oscilan entre 4 y 34, según documentos de la Comandancia del Escuadrón Aéreo 841. Uno de esos casos es el de Rosa Rueda Yaya, quien viajó a Huánuco y Trujillo. Sacó su diploma en noviembre del año pasado y en diciembre fue contratada como analista administrativa en el Despacho Presidencial.
Otro caso es el de la comisionada de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial con contrato FAG, Alicia Camargo Leiva. Ella realizó 34 vuelos; es decir, 17 viajes con Jerí. Al respecto, el vocero del Despacho Presidencial, Ciro Flores, señaló que Camargo Leiva «asiste personalmente al presidente en todas las reuniones en la materia de protocolo; su función es asesorar».
Según las investigaciones fiscales, Camargo ingresó a Palacio el 14 de octubre desde las 8 de la noche hasta las 10:55 p.m. El 17 del mismo mes fue contratada como locadora en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Es más, aparece en la visita del mandatario a Market Capón, donde fue visto con el empresario chino Zhihua Yang.
El siguiente caso es el de Fiorella Melgarejo Sánchez, quien estuvo en 7 viajes oficiales con Jerí a Iquitos, Cusco, Tacna, Áncash, Cajamarca y Tumbes luego de reunirse en tres ocasiones en octubre pasado con el mandatario en Palacio de Gobierno. Una semana después de su última visita, el 4 de noviembre, obtuvo una orden de servicio de seguimiento y monitoreo por S/11 mil.
Otro caso es el de Susana Gutiérrez Rivera, comisionada ejecutiva de la Secretaría General del Despacho Presidencial, quien hizo 8 viajes con el presidente a Ayacucho, Trujillo, Iquitos, Cusco, Quito (Ecuador) y Tacna.
De igual manera, la asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial con contrato FAG, Hilda Zapata Juárez, acompañó a José en cinco viajes a Junín, Tacna, Piura, Cusco y Ayacucho. Según la Fiscalía, Zapata visitó Palacio de Gobierno un día antes de ser contratada y, once días después, fue designada como asesora de gabinete de la Secretaría del Despacho Presidencial.
Otros viajes
Según el dominical, se reportaron más viajes. Eso sucede con Etiene Henriquez Cortez, quien brindó servicios de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Acompañó en cuatro ocasiones a Jerí a Tumbes, Piura, Cusco y Trujillo. Fue contratada el 26 de noviembre de 2025 y, tres días después, el 29 de noviembre, viajó a Tumbes. Es miembro del partido político Somos Perú. No figura en el registro de Sunedu. Según fuentes de Palacio, Henriquez ya no labora en dicha institución.
En tanto, indica Punto Final, Rossmary Malpartida Ostos fue contratada el 25 de noviembre como asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial, bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Acompañó al presidente en dos viajes oficiales a Trujillo y Ayacucho. Según la Fiscalía, las visitas a Jerí ocurrieron cuando este aún era congresista. Malpartida se desempeñó previamente como Jefa de Gabinete de Asesores del exministro Juan Silva y fue candidata por Alianza para el Progreso (APP).
Por otro lado, Angélica Aznarán Ríos presta servicios de asistencia técnica para la ejecución de actividades comunicacionales. Acompañó al presidente en dos viajes oficiales a Cajamarca y Tacna. Fue contratada el 21 de noviembre de 2025 y, al día siguiente, viajó a Cajamarca.
Renuncias
Hasta el momento, han renunciado 3 personas en el Despacho Presidencial: Stephany Vega, asesora en la PCM; Guadalupe Vega, asesora del Ministerio del Ambiente; y Cristina Beraún, analista de comunicación en Palacio.
El conductor Brayan Rodríguez dio positivo en el examen de dosaje etílico cualitativo tras protagonizar un fatídico accidente en la Panamericana Norte, que cobró la vida de al menos 5 personas, entre ellos un menor.
Según los reportes, el tráiler que conducía, cargado con más de una tonelada de material de construcción, impactó y arrastró a una minivan tras una serie de maniobras temerarias.
Fuentes cercanas a la investigación indican que la fiscal a cargo presentará un pedido de limitativa de derechos contra Rodríguez, quien es investigado por el presunto delito de homicidio culposo. El detenido continúa en la dependencia policial a la espera de las diligencias de ley.
Ji Wu Xiaodong cedió una concesión minera ubicada en Áncash a favor de la empresa América Sam S.A.C., representada por Zhihua Yang, empresario señalado como amigo del presidente José Jerí. El contrato de cesión fue inscrito ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y establece un plazo de vigencia de 10 años, reveló Panorama este domingo.
Se trata de la concesión minera denominada “Fortuna 2”, ubicada en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, en Áncash. Según el contrato presentado ante el Minem, comparece como titular-cedente la “Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La Victoria Uno”, representada por su gerente general, Xiaodong Ji Wu.
En el documento se consigna textualmente: “declara haber celebrado un contrato de cesión minera sobre el derecho minero que trata esta partida, a favor del cesionario América Sam Sociedad Anónima Cerrada debidamente representada por su gerente general don Zhihua Yang”.
El mismo contrato establece: “La duración del presente contrato de cesión minera es por 10 años, plazo que empezará a regir a partir de la firma de la minuta (06/07/2022) y que vencerá indefectiblemente el 30 de junio de 2032”. La inscripción fue formalizada el 13 de diciembre de 2022 ante el Minem.
La revelación cobra relevancia porque Ji Wu Xiaodong declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que acudía a reuniones en calidad de traductor de Zhihua Yang. Sin embargo, los documentos difundidos por Panorama evidencian una relación vigente entre ambos en el ámbito minero.
Además, el reportaje señala que en enero de este año la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa realizó un operativo en la concesión “Fortuna 2”, tras una denuncia por presunta minería ilegal.
Según la información difundida, se hallaron más de 12 socavones y campamentos mineros, así como el uso de explosivos para la extracción de mineral. Dos personas fueron intervenidas mientras transportaban sacos con mineral sin autorización.
Hoy el Congreso tiene casi 90% de desaprobación. La mayoría de peruanos siente que cada periodo ha sido peor que el anterior. Y sin embargo, elección tras elección, volvemos a decir lo mismo.
En términos concretos, la pérdida de legitimidad debilita la democracia.
Cuando se promete lo que no se puede cumplir, se alimenta el populismo. Luego llega la frustración ciudadana. Y así seguimos repitiendo que “este Congreso es peor”, Si queremos un Congreso mejor, debemos empezar por exigir algo distinto.
El Congreso no está para hacer obras
En esta campaña vemos candidatos al Senado y a Diputados ofreciendo hospitales, carreteras, presupuesto regional y ejecución de proyectos, esa no es su función.
La Constitución es clara.
El artículo 43 establece la separación de poderes como principio fundamental del Estado. El artículo 102 señala que el Congreso tiene como atribuciones:
Dar leyes.
Velar por el respeto de la Constitución.
Ejercer control político sobre el Ejecutivo.
Investigar asuntos de interés público.
Aprobar el presupuesto.
Designar altas autoridades cuando corresponda.
El Congreso no ejecuta obras, El Congreso legisla y fiscaliza.
¿Qué deberíamos exigir?
Un Senador debe hablar de calidad legislativa, revisión técnica y equilibrio de poderes.
Un Diputado debe explicar qué leyes impulsará, cómo fiscalizará y cómo combatirá la corrupción desde el control político.
Con respeto a colegas y amigos de todos los partidos —incluido el mío— este es un tema que debemos corregir juntos, por responsabilidad con el país. No es una crítica personal; es un llamado a ordenar la política.
Si queremos que deje de ser el “peor Congreso”, tenemos que empezar por elegir mejor.
Porque: Si el Congreso es débil, el Estado es débil, si el Estado es débil, el desarrollo se frena.
Nuevas adquisiciones. El Congreso de la República pagará S/1.172.500 por la compra de 10 autos de lujo como parte de la «renovación de la flota vehicular» de la institución actualmente dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi.
De acuerdo con la convocatoria a la buena pro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Parlamento destinará S/465.000 por la adquisición de 5 vehículos sedán y S/707.500 por la de 5 camionetas pickup doble cabina 4×4.
Según el Seace, la adjudicación de esta compra se entregó al consorcio Autoniza S.A.C. y Autoniza Perú S.A.C., luego de la evaluación de las propuestas presentadas. La convocatoria para la buena pro se realizó el pasado 31 de diciembre del 2025, a vísperas del Año Nuevo 2026.
Asimismo, la entrega de la buena pro a través del Seace se realizó este viernes 13 de febrero a las 8:30 de la mañana.
Entrega de la buena pro al consorcio Autoniza el último 13 de febrero.
El detalle de los autos de lujo del Congreso
Antes de la convocatoria de la buena pro, el Congreso fijó, en la sección de bases integradas, los detalles de la nueva compra de los vehículos de lujo.
En el caso de los autos sedán, el Parlamento exigió que sean modelo 2025 como mínimo y completamente nuevos (0 kilómetros). Los vehículos deberán contar con cinco asientos tipo butaca y tener dimensiones no menores a 4,6 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Además, deberán ser de color negro o gris y funcionar a gasolina.
Como parte del equipamiento de seguridad, el vehículo deberá contar con sistema antibloqueo de frenos, control y estabilidad de tracción, distribución electrónica de frenado y airbags para el piloto y copiloto, inmovilizador de motor y alarma. Los asientos serán de cuero o tela.
Por otro lado, las camionetas pickup con doble cabina 4×4 deberán contar con un año de fabricación, como mínimo, del 2025, 0 kilómetros. Su largo tendrá que ser de 5 metros, su ancho de 1.7 metros y el alto no menor de 1.7 metros. Su color sería negro, gris o azul, siempre y cuando correspondan a la gama de color oscuro.
Su tipo de combustible será diésel, con una capacidad de tranque de combustible entre 70 y 85 litros. Las camionetas serán mecánicas con 5 o 6 cambios más retroceso. Contará con apertura de puertas con sistema inteligente (Smart Entry) con cierre centralizado a distancia, aire acondicionado, lunas laterales con o sin sistema antiatrapamiento, asientos de tela y un sistema de encendido por llave.
Los vehículos deberán tener una garantía comercial mínima de 3 años o 50.000 kilómetros. El día de la entrega de los autos de lujo, la jefatura del Área de Transporte y Servicios del Congreso suscribirá con el contratista un acta de verificación y entrega.
El contratista asumirá la tramitación de la Tarjeta de Propiedad, Placas de Rodaje y SOAT con vigencia de un año.
Congreso duplicó su gasto anual de 600 millones de soles a cerca de 1.500 millones en solo 4 años
Según un análisis realizado por el ingeniero Juan Carbajal, basado en datos de Transparencia, el Congreso de la República incrementó su presupuesto anual de S/588.8 millones en 2021 a S/1.412 millones en 2025, duplicando así su costo en solo cuatro años.
En 2020, el Parlamento tenía un presupuesto cercano a los 600 millones de soles. Este monto aumentó significativamente, superando los 1.400 millones de soles al cierre del último periodo fiscal. Se proyecta que para el año 2026, el presupuesto inicial será de S/1.768 millones, marcando un incremento notable en los últimos años.
Al finalizar el año 2025 y con proyecciones para 2026, el presupuesto ya se acerca a los 1.400 millones de soles, consolidando la tendencia de duplicar el gasto registrado hace menos de cinco años.
La mayor parte de este incremento, un 125%, se concentra en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales. El aumento de trabajadores en planilla, que ha sumado más de 700 nuevas plazas en el actual periodo legislativo, junto con bonificaciones extraordinarias aprobadas mediante convenios colectivos, ha inflado el costo operativo de la institución.
En 2021, el presupuesto destinado al pago de personal en el sector público peruano era de S/400 millones. Para 2025, esta cifra se incrementó a S/950 millones, más que duplicando el monto original. Se estima que en 2026 el gasto en remuneraciones alcance aproximadamente S/1.300 millones.
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