El dicho no reproduce el hecho: lo traduce y toda traducción es traición. Cuando el sujeto enfrenta la realidad no la encuentra en su desnudez ontológica, la encuentra ya trabajada por estructuras de inteligibilidad que hacen posible la experiencia al precio de deformarla. Esta es la paradoja fundamental, percibimos desde nuestras preconcepciones, no a través de ellas como si fueran cristales transparentes. El lenguaje lejos de ser instrumento neutro, configura aquello que pretende nombrar.
El hecho, en tanto actualización de una potencia mediante causa eficiente posee densidad irreductible. El dicho, empero, opera mediante selección: elige rasgos, establece jerarquías, impone contornos donde la realidad ofrece continuidad. La limitación no es contingente, no se resolverá con más palabras, es estructural: el significante, por su naturaleza misma, fija lo fluido y simplifica lo complejo. Quien dice «esto ocurrió» ya ha ejecutado una violencia epistemológica necesaria pero costosa.
De aquí que el trecho entre dicho y hecho no sea fallo a corregir sino condición de toda manifestación de verdad. La verdad no reside en la identidad entre ambos que es imposible sino en el reconocimiento consciente de su distancia. El sujeto moderno debe asumir su mediación sin ilusiones de inmediatez: solo así el dicho conserva su dignidad, no como réplica del hecho, sino como testimonio honesto de la imposibilidad de decirlo todo.
Se logró reunir las 78 firmas para convocar a una sesión plenaria de urgencia que permita debatir la moción de censura y vacancia contra José Jerí. Según el proceso establecido, la solicitud deberá ser presentada ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para emitir la convocatoria e invitar a los parlamentarios.
El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) fue quien solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra José Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.
Del 1 al 10 de febrero, se obtuvo un total de 63 firmas. Las bancadas que firmaron en ese primer momento fueron: Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6).
Sin embargo, la ausencia del respaldo de Fuerza Popular y el poco presentado por Alianza para el Progreso y Podemos desaceleró la presentación del pedido ante el presidente del Congreso.
Recolección de firmas generó cruce de palabras entre Segundo Montalvo y Fernando Rospigliosi
En esas circunstancias se produjo un breve cruce de palabras entre Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) en las instalaciones del Congreso.
Segundo Montalvo se acercó a Rospigliosi mientras este iba rumbo a la salida del Congreso y le explicó que habían solicitado un acta virtual. En respuesta, este último, sin dejar de caminar, se negó y explicó que no tiene mayores atribuciones en lo solicitado.
«Qué quieres que haga, yo no puedo convocar (una sesión de Pleno). No habrá Junta de Portavoces hasta el primero de marzo. No se puede convocar hasta que tengas las 78 firmas, amigo», le dijo. En respuesta, el legislador de Perú Libre le increpó diciendo que era «grave» lo que estaba sucediendo.
Cuatro sicarios del Callao, entre ellos un menor de 15 años, involucrados en el asesinato de un chofer de la empresa de transporte de transporte Pesquero S.A., fueron capturados y confesaron el delito. Ahora son investigados por una serie de resonantes crímenes que vienen sacudiendo a la capital.
Cristopher Aldair Rodríguez Loayza (27), alias Krito, quien sería el cabecilla de los ‘gatilleros’, Juan Pablo Pastrana Pajuelo (30) alias Nero, Félix Leonardo Polo Raa (28) alias Toreto, y el adolescente L.A.G.A., conocido como Caquita, intervenido en la calle Loreto Callao, acribillaron contra el ómnibus de placa ANX-862.
‘Krito’ confesó que la orden para cometer el asesinato salió del penal Sarita Colonia (Callao) y reveló que fue su propio padre (Christofer Rodríguez), quien purga prisión en ese reclusorio, el que le ofreció esa “chambita”.
-¿Cómo te llamas?
Christofer…
-¿Natural de dónde eres?
Del Callao.
-¿Por qué cometiste este delito?
Jefe, mi papa está en Sarita (penal) y le aventaron una granada, me llamó (por teléfono) y me dijo que tenía una ‘chambita’.
-¿Cómo coordinaron?
Me dijo: Te van a ir a recoger y vas a disparar.
-¿A quién tenían que disparar?
Mi papá me dijo que matara a cualquiera de la empresa de transporte.
¿Eso te dijo, a cualquiera?
Si, pero le dije que iba a disparar solo a la lata (carrocería).
-¿Cuánto te iban a dar (pagar)?
Si lo mataba, 2 mil soles.
-¿Luego que hiciste?
Regresé a mi casa y una señora recogió el arma.
Esta entrevista preliminar a la que tuvo acceso La República fue entre el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el sicario detenido. En otro diálogo con ‘Nero’ también confirma esta versión.
Los detenidos serían miembros de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’. Ellos fueron arrestados por personal de la Dirección de Inteligencia (Dirin) en coordinación con agentes del Departamento mde Investigación Criminal Breña-Pueblo Libre por delito contra el patrimonio (extorsión).
Las operaciones de captura fueron realizadas la noche del 10 de febrero en la avenida Malecón Grau, cuadra 10, y en la segunda cuadra de la avenida Marco Polo, Callao.
Revoredo explicó que, por información proporcionada por una fuente humana, el personal policial tomó conocimiento de que integrantes de una banda criminal, quienes horas antes habrían atentado contra el bus de placa ANX-862, perteneciente a la empresa Transporte Pesquero S.A., se encontrarían reunidos en inmediaciones de la avenida Miguel Grau.
Detalló que, ante dicha información, el personal de la Dirin en coordinación con la Depincri Breña, se constituyó en la jurisdicción del Callao, logrando divisar el vehículo de placa BPV-353, el cual habría participado en el atentado, procediéndose a su intervención y logrando reducir a un integrante.
Asimismo, se supo que el cabecilla y otro integrante se encontrarían ubicados en la avenida Marco Polo, cuadra 12, Callao, por lo que los agentes se desplazaron al lugar, logrando ubicarlos. Estos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos.
Alias Krito, el cabecilla, nació en el Callao el 14 de junio de 1998. Entre el 2023 y 2025 ha sido detenido cuatro veces por tráfico ilícito de drogas. También tiene una denuncia por estafa en Chaclacayo y otra por violencia contra la mujer en Ciudad del Pescador. En el 2021 fue detenido también por receptación en el Callao.
Alias Toreto también registra un amplio prontuario por tráfico de drogas, violencia contra la mujer y falsificación; mientras que, alias Nero tiene denuncia por delito de violencia contra la mujer.
A ellos se les incautó un automóvil, una pistola, dos cartuchos de dinamita y 16 municiones.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó la renuncia del candidato por el partido político Ahora Nación a la Cámara de Senadores, Antonio Maldonado Paredes, quien se desempeñó como procurador anticorrupción en el Estado.
De acuerdo con la carta de dimisión presentada por Maldonado Paredes el pasado 2 de febrero, su salida se debe a razones estrictamente personales. «(…) y por así convenir a mis intereses, me permito renunciar a la candidatura por la que fui postulado por la referida Organización Política, para contender en el proceso electoral ordinario de Elecciones Generales 2026», se lee en el documento.
El ahora excandidato aseguró que presentó su renuncia dentro del plazo legal establecido en el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para los comicios electorales.
Asimismo, Maldonado Paredes adjuntó la tasa de pago de S/578 para solicitar su retiro de la postulación. Además, el exprocurador firmó y colocó su huella en el documento presentado ante el órgano electoral.
Carta de renuncia de Antonio Maldonado
Otra baja en Ahora Nación
La renuncia de Maldonado no fue la única. El JEE también aceptó la dimisión de Rodil Tello Espinoza, candidato al Senado con el número 9.
Tello Espinoza aseguró que su salida obedece a motivos de índole estrictamente personal, de carácter sobreviniente, ajenos al proceso electoral y totalmente desvinculados del partido de Alfonso López Chau.
«Declaro, bajo responsabilidad, que esta renuncia se formula de manera libre, consciente e informada, sin mediar coacción, inducción ni condicionamiento de ninguna naturaleza, y con pleno respeto al marco constitucional, legal y reglamentario que rige el sistema electoral peruano, resguardando la transparencia, la legalidad y el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026», indica en su carta de renuncia.
«Renuncio de manera expresa, definitiva e irrevocable a todo derecho, prerrogativa, expectativa o beneficio derivado de la referida candidatura, comprometiéndome a no realizar acto alguno que pueda generar confusión respecto de mi condición de candidato ante la ciudadanía, la autoridad electoral, la organización política o terceros, reafirmando mi respeto por el sistema electoral y por las competencias del Jurado Nacional de Elecciones», acotó.
Un informe fiscal y pericial ha puesto bajo la lupa una presunta red de irregularidades durante la gestión de Javier Alvarado en el Gobierno Regional de Lima, vinculada a la emisión de recibos por honorarios, el manejo de encargos económicos y la utilización de terceros proveedores que, según los documentos, presentarían evidentes coincidencias en su elaboración.
Un mismo puño gráfico en distintos proveedores
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de similitudes en el puño gráfico es decir, la escritura manuscrita en recibos por honorarios correspondientes a distintos proveedores.
El denominado Puño Gráfico A aparece en recibos emitidos por diversos proveedores, entre ellos:
– José Figueroa Yanayaye
– Guillermo Conde Muchaypiña
– Maribet Serna Chipana
– Giovanni Muchaypiña Loyola
– Sebastián Velarde Alfonso
– Mayra Vásquez Quiroz
– Víctor Camara Morales
– Dayana Cortez León
– Alberto Cortes Villalobos
– Oscar Noel Cotera
– Mirtha Marcos de Anampa
– Margarita Ramírez Pineda
Pese a tratarse de personas distintas, los documentos consignan un mismo patrón de escritura en el llenado de los recibos, particularmente en el campo “Recibí de: Gobierno Regional de Lima”.
Asimismo, el informe señala que proveedores como Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, pese a residir en lugares distintos, presentan recibos con el mismo puño gráfico, lo que constituiría un indicio de que habrían sido elaborados por una sola persona.
Además, se advierte que varios proveedores utilizaban el mismo formato y tenor para presentar informes de actividades, variando únicamente el tipo de letra como mecanismo para aparentar diferencias.
Delitos imputados a proveedores
En el documento fiscal se consigna que diversos proveedores, en condición de terceros, son investigados como presuntos:
Cómplices extraneus en delitos contra la administración pública, en las modalidades de:
Peculado por apropiación (Art. 387 del Código Penal)
Colusión (Art. 384 del Código Penal)
Negociación incompatible (Art. 399 del Código Penal)
Autores de:
Falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411 del Código Penal)
Falsedad genérica (Art. 438 del Código Penal)
Defraudación tributaria (Ley Penal Tributaria D. Leg. 813 y D. Leg. 1114)
Entre los mencionados figuran nombres como María Elena Negrón Martínez, Héctor Grober Pasquel Pino, Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, entre otros.
“Burriers administrativos” y cobro de cheques
El informe también describe la existencia de funcionarios y servidores administrativos de segunda línea que habrían actuado como “burriers administrativos”, es decir, personas encargadas de:
– Firmar comprobantes de pago.
– Cobrar los cheques en el Banco de la Nación.
– Entregar el dinero al gerente inmediato que impulsaba el encargo económico.
Según el documento, en muchos casos estas personas no contaban con la experiencia profesional mínima para organizar actividades de envergadura, y su participación se habría limitado a firmar documentos que habrían sido elaborados por terceros.
Encargos económicos millonarios
Uno de los hechos más relevantes se refiere al Informe N.º 27-2015, relacionado con un encargo económico otorgado en 2013 para la realización de un evento denominado “Minicampeonato de Vóley” en Barranca.
Se consigna que:
– Se autorizó un encargo económico por S/ 35,000.
– Se informó la asistencia de cerca de 350 personas.
– No se presentó el registro formal de participantes y/o asistentes.
Además, el documento detalla que, durante el periodo 2011-2014, se habrían entregado múltiples encargos económicos por montos significativos.
Por ejemplo:
– Sara Noemí Aliaga Tantaleán habría recibido 17 encargos económicos por un total de S/ 537,470.00.
– Jorge Humberto Barba Mitrani, en su condición de Director de Comercio Exterior y Turismo, habría recibido 4 encargos económicos por S/ 104,601.00.
– Marcelo Lévano Solari, exgerente de Desarrollo Social, habría canalizado 25 encargos económicos por un total de S/ 644,500.00 entre 2011 y 2014.
El informe sostiene que la Gerencia de Desarrollo Social fue la que viabilizó la mayor cantidad de encargos económicos en ese periodo.
Indicios que agravan la investigación
La coincidencia en la escritura de recibos emitidos por distintos proveedores, el uso reiterado de formatos similares, la falta de sustento documentario completo y la concentración de encargos económicos en determinadas áreas configuran, según el informe, indicios relevantes de una posible organización interna destinada a canalizar fondos públicos mediante terceros.
Las investigaciones continúan y corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales. No obstante, los documentos analizados revelan un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia en el manejo de recursos del Gobierno Regional de Lima durante la gestión de Javier Alvarado.
Con el inicio del Año Escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Indecopi ha emitido una alerta nacional para frenar posibles abusos en las instituciones educativas privadas. La institución ha sido enfática al recordar que obligar a los padres a comprar uniformes o materiales en tiendas específicas o de marcas determinadas es una práctica ilegal que será sancionada con severidad.
Esta advertencia surge como respuesta a una tendencia de infracciones detectadas en los últimos años, donde la «falta de idoneidad» del servicio —que incluye el direccionamiento de compras y la mala atención a reclamos— ha sido el motivo principal de castigos económicos que pueden llegar a las 450 UIT, es decir, más de S/ 2,475,000.
Entre los años 2021 y 2025, la vigilancia del organismo regulador ha sido constante, aplicando un total de 647 sanciones a 226 centros educativos en todo el país, lo que ha generado multas acumuladas por más de 1,189 UIT.
Ante este panorama, es fundamental que los padres de familia, tutores y apoderados conozcan a detalle qué pueden y qué no pueden exigirles en las listas de útiles para proteger su economía familiar y asegurar un proceso de matrícula justo.
A continuación, estos son los puntos clave de la normativa vigente a los que los padres y/o apoderados deben considerar:
Libertad absoluta de compra: Las instituciones educativas tienen estrictamente prohibido direccionar la compra de uniformes, materiales o útiles hacia marcas específicas o establecimientos señalados por el colegio. Como consumidor, usted tiene el derecho pleno de buscar y adquirir los productos en cualquier local del mercado que se ajuste a su presupuesto.
Entrega progresiva de útiles: Ningún colegio puede exigir que se entregue la totalidad de la lista de útiles el primer día de clases. La normativa establece que la entrega debe ser gradual y el plazo para completarla no puede ser menor a 30 días calendario después del inicio del año escolar, según el cronograma fijado en el Reglamento Interno.
Materiales de aula prohibidos: Es ilegal que el colegio solicite artículos que no estén directamente relacionados con el aprendizaje de los alumnos. Están prohibidos los pedidos de productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales destinados al uso exclusivo del docente.
Textos escolares y participación: Los padres no están obligados a comprar libros nuevos cada año, a menos que sean cuadernos de trabajo o actividades diseñados para un solo uso. Además, tienen el derecho legal de participar en la selección de los textos escolares cada vez que el colegio evalúe realizar un cambio de los mismos.
Si usted detecta alguna de estas irregularidades, puede presentar su reclamo ante el Indecopi para salvaguardar sus derechos como usuario del servicio educativo.
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