¡Atención, papis! Colegios que obliguen a comprar marcas específicas de útiles o uniformes recibirán multas de S/ 2.4 millones

Con el inicio del Año Escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Indecopi ha emitido una alerta nacional para frenar posibles abusos en las instituciones educativas privadas. La institución ha sido enfática al recordar que obligar a los padres a comprar uniformes o materiales en tiendas específicas o de marcas determinadas es una práctica ilegal que será sancionada con severidad.

Esta advertencia surge como respuesta a una tendencia de infracciones detectadas en los últimos años, donde la «falta de idoneidad» del servicio —que incluye el direccionamiento de compras y la mala atención a reclamos— ha sido el motivo principal de castigos económicos que pueden llegar a las 450 UIT, es decir, más de S/ 2,475,000.

Entre los años 2021 y 2025, la vigilancia del organismo regulador ha sido constante, aplicando un total de 647 sanciones a 226 centros educativos en todo el país, lo que ha generado multas acumuladas por más de 1,189 UIT.

Ante este panorama, es fundamental que los padres de familia, tutores y apoderados conozcan a detalle qué pueden y qué no pueden exigirles en las listas de útiles para proteger su economía familiar y asegurar un proceso de matrícula justo.

A continuación, estos son los puntos clave de la normativa vigente a los que los padres y/o apoderados deben considerar:

Libertad absoluta de compra: Las instituciones educativas tienen estrictamente prohibido direccionar la compra de uniformes, materiales o útiles hacia marcas específicas o establecimientos señalados por el colegio. Como consumidor, usted tiene el derecho pleno de buscar y adquirir los productos en cualquier local del mercado que se ajuste a su presupuesto.
Entrega progresiva de útiles: Ningún colegio puede exigir que se entregue la totalidad de la lista de útiles el primer día de clases. La normativa establece que la entrega debe ser gradual y el plazo para completarla no puede ser menor a 30 días calendario después del inicio del año escolar, según el cronograma fijado en el Reglamento Interno.
Materiales de aula prohibidos: Es ilegal que el colegio solicite artículos que no estén directamente relacionados con el aprendizaje de los alumnos. Están prohibidos los pedidos de productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales destinados al uso exclusivo del docente.
Textos escolares y participación: Los padres no están obligados a comprar libros nuevos cada año, a menos que sean cuadernos de trabajo o actividades diseñados para un solo uso. Además, tienen el derecho legal de participar en la selección de los textos escolares cada vez que el colegio evalúe realizar un cambio de los mismos.

Si usted detecta alguna de estas irregularidades, puede presentar su reclamo ante el Indecopi para salvaguardar sus derechos como usuario del servicio educativo.

Municipalidad Provincial de Huaral realizó taller de cultura turística en el C.P. San Isidro

La Municipalidad Provincial de Huaral, reafirmando su compromiso con el impulso del turismo como una oportunidad de desarrollo para nuestras comunidades, realizó el Taller de Cultura Turística en el Centro Poblado San Isidro, con el propósito de fortalecer la identidad local y promover el cuidado de nuestros recursos turísticos.

Esta jornada se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado con la Subgerencia de Participación Ciudadana y Juventudes, logrando la participación de vecinos y jóvenes, quienes recibieron orientación sobre la importancia de brindar una atención adecuada al visitante, preservar el entorno, valorar nuestras costumbres y reconocer el turismo como una actividad que beneficia a toda la comunidad.

La actividad forma parte del programa “Turismo para Todos”, que busca acercar el turismo a los centros poblados de la provincia, promoviendo el conocimiento, la organización y el orgullo por nuestras riquezas locales.

José Williams: JEE inicia proceso sancionador en su contra por omisión de sentencia en su hoja de vida

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició un procedimiento sancionador contra el candidato presidencial José Williams Zapata, de Avanza País, por haber omitido información en su Declaración jurada de hoja de vida presentada para las Elecciones Generales 2026. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 01059-2026-JEE-LIC1/JNE, del 5 de febrero de 2026.

Según el informe de fiscalización que sustenta la resolución, el candidato habría omitido consignar en el rubro de su hoja de vida una sentencia relacionada con el delito de homicidio calificado. El documento señala que la información fue remitida por la Corte Superior de Justicia de Lima mediante oficio del 8 de enero de 2026, en el que se indica que el candidato registra antecedentes penales.

El JEE advierte que, de confirmarse la omisión, esta podría configurar causal de exclusión cuando existe condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad. Por ello, el órgano electoral resolvió iniciar procedimiento sancionador que el personero legal del partido formule sus descargos.

Avanza País: “No existe sentencia condenatoria firme”

El personero legal de Avanza País presentó descargos ante el mismo JEE, solicitando el archivo del procedimiento. En el documento, el partido sostiene que el candidato “no registra sentencias condenatorias firmes impuestas por delito doloso” y que la información observada corresponde a un incidente procesal vinculado al caso Chavín de Huántar, mas no a una sentencia condenatoria.

La defensa argumenta que el proceso penal concluyó con sentencias absolutorias firmes tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar. Además, señala que el Consejo Supremo de Justicia Militar dispuso el archivo definitivo del caso en 2004. El escrito añade que el expediente al que hace referencia el informe de fiscalización data de mayo de 2002 y que no constituye una condena ejecutoriada, sino un incidente procesal accesorio.

A través de un comunicado la agrupación política sostiene que, a casi 30 años del operativo militar que permitió el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón, “la persecución persiste”.

“El JEE de Lima Centro 1 pretende excluir al General José Williams por su participación en dicho operativo, en una decisión que consideramos injusta y desproporcionada”, señala el comunicado.

En el texto, el partido afirma que la medida se produce “dentro de un proceso en el que, una vez más, se intenta presentar a los héroes como villanos”. Asimismo, Avanza País expresó su “firme protesta frente a esta medida” y convoca “a la solidaridad de los peruanos de bien en defensa de la verdad, la memoria y la justicia”.

Pedro Castillo presenta denuncia penal contra jefa del INPE y otros funcionarios tras difusión de fotos de requisa

El exmandatario Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión en el Penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado, formalizó una denuncia penal dirigida contra Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Henry García Malpartida, director de seguridad de la sede central de dicha institución.

La medida legal, presentada por su abogado Walter Ayala, surge tras la difusión en medios de comunicación de fotografías del interior de su espacio de reclusión, las cuales muestran objetos personales y las condiciones de su encierro luego de un operativo de requisa realizado el último fin de semana.

En el petitorio del documento judicial, el cual fue remitido a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, se detalla que la acción se basa en la presunta comisión de delitos como violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.

Según el texto de la denuncia, estos hechos habrían ocurrido al «haber filtrado indebidamente fotografías de carácter privado del suscrito con el fin de distraer la atención».

Las reacciones de Humala y Vizcarra

La acción de de Castillo se suma a las de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, quienes también aparecen en las imágenes difundidas de la requisa realizada por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes).

Vizcarra escaló la protesta al ámbito judicial denunciando un presunto abuso de autoridad al haber sido sometido a tres intervenciones en menos de 24 horas.

A través de sus redes sociales, el exmandatario cuestionó la rigurosidad de estas medidas en comparación con otros internos históricos del penal de Barbadillo.

Por su parte, la defensa de Ollanta Humala remitió una carta a la presidencia del INPE denunciando que se tomaron fotografías sin el consentimiento del exlíder nacionalista.

Su abogado, Edinson Huamán Chacón, recalcó que la situación jurídica de su patrocinado no debería restringir sus derechos fundamentales, señalando que la sentencia dictada en primera instancia contra su patrocinado, la que encuentra aún en apelación, «no restringe sus derechos fundamentales».¿Qué dice el INPE?

Ante la controversia generada por la exposición pública de las imágenes de los exmandatarios, el INPE afirma que ha iniciado un proceso interno para esclarecer responsabilidades.

«Se ha solicitado al director del establecimiento penitenciario que informe lo ocurrido al jefe de seguridad para que así se pueda determinar la responsabilidad del caso y conocer cómo se filtran esas fotografías», dijo Luis Alberto Vega, gerente general del INPE, en declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP.

El funcionario confirmó que se ha requerido documentación técnica al consejo penitenciario y que la Dirección de Asuntos Internos ha tomado competencia para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

A pesar de que la defensa de Castillo y otros exmandatarios recluidos en el mismo penal sugieren que estas filtraciones podrían funcionar como distractores políticos, la administración penitenciaria señala que mantendrá una postura técnica.

«En mi condición de técnico administrativo no me permite ni opinar ni mucho menos prestar atención a ese tipo de opiniones», puntualizó Luis Alberto Vega al ser consultado sobre si este incidente representaba una «cortina de humo» vinculada a otras coyunturas del Gobierno.

OSITRÁN sobre fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe fiscalización a megapuerto de Chancay: «Vamos a apelar»

La presidenta de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), Verónica Zambrano, aseguró que apelarán el fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe la fiscalización en el megapuerto de Chancay, pues la empresa buscaría evadir las normas peruanas.

Megapuerto en disputa

En entrevista con Canal N, la titular de Ositrán sostuvo que el puerto de Chancay debe ser supervisado porque, aunque es de titularidad privada, brinda servicio al público.

«Ellos son una empresa de uso público. Ellos cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte», indicó.

Sostuvo que la Ley Portuaria Nacional detalla que el administrador portuario es aquel que explota una infraestructura de transporte de uso público y aseguró que este es el caso de Cosco Shipping.

«En las normas de Ositrán, en el decreto supremo 044, claramente señala que nosotros supervisamos a los administradores portuarios cuando hacen uso de infraestructura de uso público, no estamos discutiendo la titularidad», aseguró.

Empresa buscaría incumplir norma

Asimismo, sostuvo que cualquier inversionista debe ajustarse a las normas del país en el que invierte y para la directora de Ositrán, Verónica Zambrano, la empresa Cosco Shipping estaría intentando evadir las normas peruanas.

«Está recurriendo a los mecanismos legales para salirse de las normas y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Si, ahorita están incumpliendo las normas, ese es su objetivo para nosotros», indicó.

En ese sentido, Zambrano detalló que aún el Poder Judicial no ha notificado del fallo al Ositrán, por lo que se encuentran a la espera de la resolución.

«Bueno, nosotros esperamos una resolución adecuadamente motivada, no lo que ha descrito el abogado diciendo que no es una concesión, eso no es parte de una discusión. Pero una resolución motivada y cuando la tengamos vamos a apelar», anunció.

Respecto a la resolución, también dijo que es un fallo en primera instancia pero por ello acudirán a una segunda instancia donde hay tres magistrados. Además, Zambrano señaló no entender porqué se da este problema, pues en el Perú hay otro puerto similar al de Chancay y se fiscaliza sin problema.

Es así, que la presidenta de OSITRÁN, Verónica Zambrano, anunció que apelarán el fallo que restringe la fiscalización del megapuerto de Chancay.

Vladimir Cerrón señala que López Chau es un farsante y oportunista representa el continuismo de los caviares

En un video en su cuenta X, Vladimir Cerrón, aspirante presidencial de Perú Libre, arremetió contra Alfonso López Chau, candidato al sillón de Pizarro por Ahora Nación, al acusarlo de aliarse con caviares que se confabularon para encerrar al golpista Pedro Castillo.

Cerrón señala que López Chau representa el continuismo de los caviares, al señalar que está rodeado de Ruth Luque, Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Harvey Colchado, quienes postulan a una curul en el próximo congreso por Ahora Nación.

“Tiene la osadía de ofrecer indulto a quienes derrocaron, secuestraron, encarcelaron, procesaron, sentenciaron y forzaron al exilio de su familia. López Chau representa la continuidad del caviarismo en el poder, quienes gobiernan en las sombras hace 25 años, es un candidato que no representa al pueblo, por el contrario, postula a sus esbirros, no hay que engañarse, el oportunismo puede salir muy caro, elegirlo es escupir la memoria de los muertos del sur”, dijo.

En la víspera, Cerrón apareció en una entrevista transmitida en vivo, durante la cual reveló su ubicación, se dirigió al electorado y formuló críticas directas a las autoridades, al tiempo que explicó los motivos por los que continúa oculto y cómo interpreta las acciones legales que enfrenta.

Según indicó, existe una “persecución política” que, a su juicio, ha desplazado del escenario electoral a figuras de izquierda y a otros sectores considerados antisistema. Mencionó como ejemplo al radical etnocacerista Antauro Humala, citándolo como muestra de un ambiente adverso.

“Lo he manifestado en varias ocasiones: me encuentro en el Perú, que es el lugar y el espacio donde le han puesto las condiciones históricas al partido para dar esta batalla”, afirmó en diálogo con América.

El perulibrista sostuvo que las instituciones encargadas de impartir justicia habrían actuado de manera irregular en su contra y reiteró que, aunque no pesa sobre él una acusación fiscal ni una sentencia, sí existe una orden de prisión preventiva, cuya motivación atribuye a decisiones de índole política.

Aseguró que, en repetidas ocasiones, las autoridades judiciales habrían limitado su participación electoral. “No huyo de la justicia, yo huyo de la injusticia. Más bien, yo quiero dar con la justicia. Yo no me burlo del Poder Judicial, es el Poder Judicial que se ha burlado de mí no en esta ocasión, sino en múltiples ocasiones al impedir mi candidatura presidencial “, expresó Cerrón.

El exgobernador insistió en que la medida de prisión preventiva tendría como finalidad afectar su proceso de acercamiento a la población durante la campaña electoral. Asimismo, remarcó que su intención es mantenerse activo políticamente aún con su condición actual.

El plan económico expuesto por Cerrón se centró en el control estatal de sectores clave. “El Perú debe tener control de las mismas si es que quiere planificarse a futuro”, señaló al referirse a los contratos estratégicos. Según explicó, Perú Libre considera recursos estratégicos a aquellos vinculados con “la seguridad alimentaria”, “la energía” y “la soberanía de la patria”.

Consultado sobre la estatización, fue explícito: “Las que tienen que ver con las tres condiciones que he mencionado deben estatizarse”. Como ejemplo, citó “el gas de camisea”, al sostener que sin control económico no existe capacidad real de planificación.