Gobierno declara 2026 como el «Año de la Esperanza y la Democracia»

Mediante decreto supremo, el Gobierno declaró que el año 2026 será denominado oficialmente como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.

La frase deberá incluirse obligatoriamente en los encabezados de documentos oficiales, como oficios, resoluciones y comunicaciones de entidades públicas.

Además, el lema será utilizado en campañas institucionales y mensajes de gobierno a lo largo del año.

Frase con valor simbólico e institucional

El nombramiento del año es una práctica ya consolidada en el aparato estatal peruano. Su propósito es reflejar una prioridad o eje simbólico del gobierno de turno, y forma parte de una tradición que se remonta a la segunda mitad del siglo XX.

En este caso, la frase elegida hace referencia a la necesidad de recuperar la confianza institucional y promover valores democráticos en un contexto de crisis política e inestabilidad.

Práctica instaurada durante el gobierno de Belaúnde

La costumbre de asignar un nombre oficial a cada año se consolidó durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Desde entonces, los nombres han estado vinculados a temas como el desarrollo, la educación, la integración nacional o fechas históricas relevantes.

Esta disposición busca uniformizar el mensaje institucional del Estado y promover una identidad temática común durante el año correspondiente.

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

El presidente José Jerí continúa en medio de la tormenta política por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Keiko Fujimori, a través de la bancada de Fuerza Popular, y el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, han asumido un rol central en su defensa, al descartar una censura inmediata, rechazar la convocatoria a un Pleno extraordinario y presentar las críticas como parte de un intento de desestabilización.

El respaldo no se limita a declaraciones aisladas. Fuerza Popular difundió un comunicado en el que, aunque reconoce dudas sobre la conducta de Jerí, se niega a apoyar cualquier medida que implique su salida en este momento. La bancada fujimorista optó por un discurso de “orden” frente al “caos”, con el que busca deslegitimar las mociones promovidas desde distintos sectores del Parlamento.

Desde la Mesa Directiva, Rospigliosi ha reforzado esa línea. Si bien admitió que las reuniones fuera de agenda fueron una “actitud incorrecta”, sostuvo que no justifican una vacancia ni una censura inmediata. Además, se ha opuesto a que el tema se discuta en un Pleno extraordinario durante el receso legislativo.

El caso, conocido como el “Chifagate”, ha derivado en cuatro mociones de censura, una moción de vacancia y una solicitud formal para convocar a una sesión extraordinaria. Todas apuntan a esclarecer la conducta de José Jerí y a evaluar su permanencia en el cargo, en medio de sospechas de falta de transparencia y posibles conflictos de interés.

Comunicado de Fuerza Popular: defensa política bajo el discurso del “orden”

Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que admite que las explicaciones de José Jerí “siguen generando dudas” y que las investigaciones deben continuar tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Sin embargo, el partido evita respaldar cualquier acción inmediata de censura y centra su mensaje en la necesidad de “orden y madurez política”.

El texto sostiene que el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad y la pobreza, y que, en ese contexto, no corresponde impulsar “peleas inútiles”. Bajo ese marco, la bancada fujimorista descarta sumarse a lo que denomina un “coro desestabilizador”, en el que incluye a sectores de izquierda y a grupos que califica como “pseudo moralistas de derecha”.

Aunque deja abierta la posibilidad de retirar su apoyo si surgen hechos que vuelvan “insostenible” la permanencia de Jerí, el comunicado remarca que no actuará por “cálculo electoral”. La posición, en los hechos, funciona como un blindaje político frente a las mociones que buscan apartarlo de la presidencia del Parlamento.

La firma del mensaje y su difusión desde la cúpula partidaria colocan a Keiko Fujimori como la principal referente de esta estrategia. El énfasis en la estabilidad y en la lucha contra el “caos” se alinea con la defensa que, desde la Mesa Directiva, impulsa Fernando Rospigliosi.

Los cambios de postura de Fernando Rospigliosi frente al Chifagate

Antes de que el escándalo tomara mayor dimensión pública, Rospigliosi calificó de “absurda” cualquier vacancia contra José Jerí. Argumentó que una medida de ese tipo, en pleno proceso electoral, solo generaría inestabilidad y no resolvería las dudas sobre las reuniones con el empresario chino.

Tras la difusión de una reunión sostenida en un local del centro de Lima, el titular del Congreso reconoció que se trató de una conducta impropia. Habló de “errores” y de una “actitud incorrecta”, pero insistió en que el cauce adecuado era la investigación en comisiones y no una destitución inmediata.

Días después, su discurso se endureció frente a las mociones. Rechazó una censura en el Pleno, la calificó de “irresponsable” y sostuvo que sería “peor el remedio que la enfermedad”. A su juicio, el caso aún se encuentra en el terreno de las sospechas y no de pruebas concluyentes que justifiquen una salida forzada.

Rospigliosi se negó a convocar a un Pleno extraordinario durante el receso. Afirmó que detrás de las iniciativas existe un intento de reproducir escenarios de crisis política como los de 2020 y 2021. Con esa decisión, cerró el paso a un debate inmediato y consolidó la línea de protección institucional a José Jerí.

Seis iniciativas en fila contra José Jerí en el Congreso

La primera respuesta formal vino con la moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque. El documento no solo cuestiona las reuniones no registradas con el empresario chino y advierte una vulneración a los estándares de transparencia, sino que se sustenta en la pérdida de idoneidad ética de José Jerí. La moción fundamenta que, al amparo del artículo 115 de la Constitución, el mandatario mantiene su origen legislativo y, por tanto, su sujeción al control político del Pleno.

Poco después, el congresista Elías Varas impulsó una segunda moción, en la que se sostiene la falta de idoneidad ética de José Jerí, cuestionada tras revelarse reuniones no oficiales y sin registro con el empresario Zhihua Yang en un local clausurado. Estos hechos, considerados una grave vulneración a la transparencia, justifican el ejercicio del control político para removerlo de la Presidencia del Congreso; medida que, por ser su función presidencial de carácter accesorio y sucesorio, conlleva automáticamente su cese en la Presidencia de la República para salvaguardar la institucionalidad y la moral pública.

JNE determina que las condenas penales no impedirán postular de por vida: el plazo será de 10 años

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido criterios para los impedimentos que afectan a ciudadanos con sentencias penales que buscan postular a cargos de elección popular. Según la Resolución N.° 0085-2026-JNE, emitida el 15 de enero de 2026, estos impedimentos no serán perpetuos, sino que tendrán una vigencia de 10 años contados desde el cumplimiento de la pena, siempre que el candidato haya sido rehabilitado judicialmente y no mantenga deuda por reparación civil.

«Así, teniendo en cuenta que el artículo 69 del Código Penal establece que la rehabilitación es automática cuando se cumple la pena, este órgano colegiado establece que los referidos impedimentos electorales a un candidato que cuente con sentencia condenatoria será de diez (10) años desde que se cumple la pena y condicionada su participación en el proceso electoral a que no tenga pendiente la reparación civil correspondiente y obtenido la declaración de rehabilitación por parte del Poder Judicial», se lee en el documento.

El nuevo plazo fue fijado al resolver la apelación presentada por el partido Perú Primero contra la exclusión de su candidato presidencial, Mario Vizcarra Cornejo. En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 había declarado fundadas las tres tachas presentadas en su contra, al considerar que estaba impedido de postular por una condena por peculado registrada en 2005.

Sin embargo, el Pleno del JNE revocó esa decisión al advertir que el candidato ya había cumplido la pena, no tenía deuda por reparación civil y contaba con rehabilitación judicial firme. A partir de ese análisis concreto, el colegiado decidió no solo habilitar la candidatura, sino también establecer un criterio general aplicable a futuros casos.

Del impedimento perpetuo al nuevo plazo establecido por el JNE

La Ley N.° 30717 establecía que las personas condenadas por delitos como peculado, colusión o corrupción de funcionarios no podían postular “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”. Esta ley, en la práctica, se entiende como un impedimento permanente.

El JNE reconoce en su resolución que ese esquema entra en tensión con el principio constitucional de resocialización del condenado, así como con la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional desarrollada en diversos procesos de amparo. En esos casos, el máximo intérprete de la Constitución ha considerado que extender indefinidamente las restricciones políticas a ciudadanos rehabilitados resulta desproporcionado y vulnera el derecho a la participación política.

Con ese sustento, el Pleno del JNE concluye que los impedimentos electorales deben tener un límite temporal razonable, y fija dicho plazo en 10 años desde el cumplimiento de la pena, condicionado a dos requisitos: rehabilitación judicial y ausencia de deuda por reparación civil.

APP acelera campañas municipales en lima provincias en medio de cuestionamientos

El partido Alianza para el Progreso (APP) habría iniciado de manera anticipada las campañas municipales en Lima Provincias, en un contexto marcado por cuestionamientos al rol político de Ramón Aldave, esposo de la gobernadora regional Rosa Vásquez.

De acuerdo con fuentes locales, varios candidatos distritales y provinciales habrían recibido presiones para acelerar su exposición pública, con el objetivo de asegurar respaldo logístico y financiero vinculado al entorno del Gobierno Regional de Lima. En círculos políticos se comenta que Aldave contaría con insumos, como barriles de pintura presuntamente provenientes de proveedores del GORE, lo que habría incentivado el despliegue temprano de campañas.

Las críticas se centran en la figura de Aldave, cuyas apariciones públicas han sido calificadas como ambiguas y carentes de propuestas concretas. Analistas señalan que no estaría definido su rol político y que su accionar apuntaría a fortalecer un blindaje político en favor de la gobernadora regional.

En redes sociales, ciudadanos expresan su preocupación y señalan que el electorado deberá decidir entre la continuidad del actual escenario político o apostar por un cambio.

El Perú cerró el 2025 con un déficit fiscal del 2,2 %, uno de los más bajos de la región, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Perú cerró el año 2025 con un déficit fiscal del 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), una de las cifras más bajas de la región, tras implementar medidas urgentes de ajuste en el último trimestre que permitieron cumplir la regla fiscal después de dos años consecutivos de incumplimiento.

Con base en información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta cifra ubica al país por debajo de Colombia (7,1 %), México (4,3 %) y del promedio de América Latina (5,0 %), además de registrar una de las reducciones más significativas respecto a 2024, cuando el déficit alcanzó el 3,4 % por encima de la regla del 2,8 % para ese año.

“Este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica”, resaltó la titular del MEF, Denisse Miralles.

Medidas de ajuste y austeridad fiscal implementadas

En el último trimestre de 2025, el MEF aprobó mediante decreto de urgencia medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

“Se reforzó la austeridad fiscal, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales (publicidad, consultorías), sin afectar sectores clave como salud y educación, buscando ahorrar millones y cumplir la regla fiscal de déficit para garantizar la estabilidad económica”, destacó la ministra.

Estas acciones se complementaron con la aplicación de límites de ejecución a través de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la priorización de inversiones en ejecución con sustento técnico.

“Adoptamos decisiones firmes para ordenar el gasto público y asegurar que cada sol se destine a prioridades reales para el país. Estas medidas permitieron cumplir la meta fiscal sin afectar la inversión ni el gasto social prioritario”, precisó Miralles.

La ministra también señaló que “en el último trimestre, tomamos medidas urgentes para ordenar las finanzas públicas, sin frenar la inversión ni el gasto social prioritario, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión”.

De acuerdo con el MEF, la trayectoria a la baja del déficit fiscal contó con el respaldo del crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, que superaron los S/175 000 millones, alcanzando un récord histórico.

Acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible

Como parte de la agenda para consolidar la sostenibilidad fiscal, el MEF informó que impulsa el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, que busca ampliar la base tributaria, mejorar la calidad del gasto público y asegurar una trayectoria fiscal sostenible. 

Actualmente se desarrollan reuniones técnicas con aportes de la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el BCRP, el Consejo Fiscal, organismos multilaterales como la CAF, exministros y especialistas. Entre marzo y abril avanzará hacia la definición de medidas para promover la adhesión de los candidatos presidenciales.

A través de un comunicado, el MEF reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

“Las acciones impulsadas durante 2025 están orientadas a sentar las bases para que el déficit fiscal y la deuda pública converjan a sus metas de mediano plazo de 1,0 % y 30 % del PBI, respectivamente, en los siguientes años”, concluyó la ministra Miralles.

Este marco contribuye a preservar un bajo riesgo país, una calificación crediticia favorable y condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenible, concluyó el MEF.

En ninguna parte del mundo una sentenciada por corrupción sigue gobernando una región

Por Néstor Roque Solís

Nadie le puede desear sentencia y cárcel a ninguna persona, pero, Rosa Vásquez ha cometido delito según la investigación fiscal y sentencia de los jueces de la provincia de Huarochirí.

Lamentamos esta sentencia en contra de la gobernadora Rosa Vásquez, pero por ahora ella es una delincuente, por robo millonario en la Municipalidad de Huarochirí.

Por ahora, está suspendida su encarcelamiento por nueve años.

Por ahora, la gobernadora es un mal ejemplo para los jóvenes de la región Lima y del país, porque los fiscales y jueces han comprobado delito y corrupción millonaria a los recursos al Estado.

Nuestra recomendación, es que la gobernadora, rectifique su mal comportamiento, como autoridad municipal y regional.

La cárcel afecta a los hijos y a la familia, estimada gobernadora.