Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará el archivo del caso Cócteles este viernes 19 de diciembre

El Poder Judicial, mediante el juez Wilson Verástegui, evaluará el pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que solicita la anulación de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles. El magistrado analizará este pedido este viernes 19 de diciembre.

La solicitud se presenta luego de que, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la investigación contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento sobre si corresponde o no archivar el caso Cócteles, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó que se inhibiera de seguir interviniendo en el proceso, tras un informe periodístico difundido que lo vinculó con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Sin embargo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordenó que el juez continúe con el trámite en todos los incidentes vinculados al caso Cócteles.

En ese contexto, el juez Verástegui Gálvez evaluará dicho pedido presentado por la abogada de Keiko Fujimori.

Asimismo, también se revisará la solicitud presentada por la defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, así como de Antonia Gutiérrez y Adriana Tarazona, para que la sentencia del Tribunal Constitucional se extienda a sus casos y sean excluidos del proceso penal del caso Cócteles.

La sesión está programada para el viernes a las 9 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Centro de Lima. A la audiencia deberán acudir las partes procesales de manera presencial con la finalidad de que expongan sus alegatos ante el juez.

Cañete: Hallan sin vi-da a menor de 12 años dentro de la comisaría de Mala

Una tragedia de extrema gravedad ha sacudido al distrito de Mala y a toda la provincia de Cañete. La tarde del miércoles 17 de diciembre, una menor de apenas 12 años, identificada con las iniciales A.V.V., fue hallada sin vida en el quinto piso de la Comisaría de Mala, un espacio que, por su naturaleza, debería garantizar seguridad absoluta. El hecho ha generado conmoción, indignación y serios cuestionamientos a los protocolos de control dentro de instalaciones policiales.

De acuerdo con información preliminar, la menor era hija de una trabajadora de la concesionaria de alimentos que opera dentro de la propia dependencia policial. Fuentes vinculadas a la investigación revelaron que la niña habría dejado una carta manuscrita dirigida a su madre, documento que fue inmediatamente incautado y se encuentra bajo análisis de los peritos de Criminalística. Tras el hallazgo, la menor fue trasladada de urgencia al centro de salud local, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

El Ministerio Público, junto a especialistas de Criminalística, ha tomado control total de la escena para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. Sin embargo, la gravedad del caso ha encendido las alarmas de la opinión pública ¿Cómo pudo ocurrir un hecho de esta magnitud dentro de una comisaría con vigilancia permanente las 24 horas del día? La pregunta resuena con fuerza entre la ciudadanía, que exige explicaciones claras e inmediatas.

Municipalidad Provincial de Huaral fortalece la educación inicial con entrega de aula prefabricada en nuevo Huaral – Makatón

La Municipalidad Provincial de Huaral realizó la entrega de un aula prefabricada al Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PONOEI) del AA.HH. Nuevo Huaral – Makaton, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación inicial en la provincia. Esta importante acción busca mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de niñas y niños del sector, brindándoles un espacio adecuado, seguro y funcional.

La entrega del aula prefabricada permitirá que el PONOEI cuente con una infraestructura digna que favorezca el desarrollo integral de los menores, así como el adecuado desempeño de las promotoras educativas.

Esta donación se realizó en el marco del Acuerdo de Concejo N.° 173 – 2025 – MPH, el cual respalda las acciones orientadas a mejorar la infraestructura educativa en los asentamientos humanos de la provincia. La Municipalidad Provincial de Huaral continúa así su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el bienestar y desarrollo de la niñez huaralina.

Reconocimiento otorgado por OTASS a la EPS EMAPA Huaral S.A. sería falso, advierte Fredelco

El reconocimiento otorgado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) a la EPS EMAPA Huaral S.A. viene siendo cuestionado tras la emisión del Informe de Acción Posterior de la Contraloría General de la República N.° 18534-2025-CG/PREV-AOP, fechado el 10 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el citado informe, los funcionarios de OTASS designados en la EPS EMAPA Huaral S.A. no habrían promovido adecuadamente las buenas prácticas ni la transparencia en la administración de la empresa prestadora de servicios de saneamiento de la provincia de Huaral.

Asimismo, el documento señala que el gerente y funcionarios de OTASS en EMAPA Huaral habrían omitido la aplicación de la Ley N.° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.

En ese sentido, se hace referencia al inciso 1 del Artículo III – Medidas Preventivas, el cual establece disposiciones relacionadas con:

  • Normas de conducta para el adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
  • Normas orientadas a prevenir conflictos de intereses.
  • Medidas destinadas a preservar la confianza y la integridad de los funcionarios públicos.

El informe de la Contraloría forma parte de las acciones de control destinadas a fortalecer la gestión pública y garantizar la correcta administración de las entidades del Estado.

Reinfo hasta fines de 2026: Congreso ratifica dictamen que amplia proceso de formalización minera

Con 13 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape. De esta forma, el Parlamento mantiene abierta una vez más esta especie de licencia sin caducidad que se ha convertido en un escudo de impunidad para la minería ilegal.

Una vez que esté lista la autógrafa de ley, el presidente José Jerí dispondrá de 15 días hábiles para promulgarla en el diario oficial El Peruano. Por lo pronto, sus declaraciones previas apuntan a una conformidad con la decisión de los congresistas, ya que no se realizaron cambios al dictamen de la Comisión de Energía y Minas y se mantuvieron los aportes del Poder Ejecutivo.

Además de autorizar una prórroga adicional de un año, la norma ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, coordinado por el INEI junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, así como el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares y la transferencia del acervo documentario desde los gobiernos regionales al Minem.

Reinfo: Confemin pide a presidente que promulgue la norma

En diálogo con este medio, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, se mostró poco satisfecho con la ratificación del dictamen, pero consideró que representa un alivio de cara al año que viene. No perdió la oportunidad de pedirle al presidente José Jerí que agilice su promulgación esta semana.

«No estamos recontra satisfechos, pero por lo menos estamos aliviados de tener un año más para seguir trabajando. Ahora, le hacemos un llamado al presidente Jerí para que el gobierno se siente a conversar con nosotros y agilice la promulgación de la norma, de modo que podamos regresar a nuestras labores», indicó.

De igual forma, advirtió que la prórroga de un año adicional otorgado por el Congreso es insuficiente para que se pueda elaborar una nueva Ley Mape. En su opinión, la falta de voluntad política y la incapacidad de las autoridades de Estado provocará que continúe la espiral de extensiones del proceso de formalización minera.

A su turno, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, responsabilizó al Minem de desentenderse de su rol como autoridad del sector para ofrecer alternativas ante el entrampamiento de la Ley Mape. Si bien creó una Mesa Técnica que produjo un documento con 11 aportes, dichos insumos no tuvieron peso en el debate.

«En el último año, la estrategia del Minem fue desatenderse del tema y darle carta libre a la Comisión de Energía y Minas (…). Entonces, sí creo que su actitud ha sido irresponsable, pero además hay que observar algo. Por ejemplo, existen evidencias de puertas giratorias que involucran al personal del Minem con el sector informal», explicó.

Reinfo: los votos del Congreso que aprobaron su ampliación

El dictamen que extiende el Reinfo hasta el 2026 recibió los votos de respaldo de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Juntos por el Perú, Somos Perú y la Bancada Socialista, quienes prácticamente repitieron los mismos argumentos para darle luz verde a esta norma que se enmarca en un contexto preelectoral. En el caso de las abstenciones, esta vez vinieron de Perú Libre.

Solo se opusieron Ilich López de Acción Popular, el fujimorista Arturo Alegría, Gladys Echaíz y Karol Paredes de Avanza País, así como Ruth Luque del Bloque Democrático Popular. Precisamente, la legisladora de izquierda cuestionó que se haya excluido del debate a los pueblos indígenas, pese a que este sector es uno de los principales afectados por el avance de la minería informal e ilegal.

«Se ha excluido de manera arbitraria a las poblaciones indígenas, actores que en sus territorios tendrían mucho que decir. Es bien irresponsable el texto que han aprobado porque no hay ninguna cláusula ambiental. No se puede generar una afirmación y seguir justificando frente al grave deterioro ambiental que existe (..) Se ha perdido una gran oportunidad», enfatizó.

Desde la vereda contraria, el congresista Roberto Sánchez reconoció que la ampliación del proceso de formalización pone al descubierto el fracaso de la políticas públicas del país para atender la expansión desenfrenada de la minería artesanal y a pequeña escala. Además de ello, no se ha podido avanzar con la aprobación de la Ley Mape, que sigue durmiendo el sueño de los justos.

Gobernador del Callao acusado de liderar red de corrupción por más de S/ 1.4 millones permanece no habido

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, afronta una grave investigación fiscal al ser sindicado como presunto líder de la organización criminal denominada “Los Socios del Callao”, una red que habría direccionado contratos públicos por más de S/1.400.000 en el Gobierno Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed).

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta organización habría favorecido de manera irregular a los proveedores Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez mediante 63 contratos, configurando los presuntos delitos de colusión y organización criminal. La investigación señala que estos procesos se habrían realizado vulnerando los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

El último lunes 15 de diciembre, la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles y las oficinas del Gobierno Regional del Callao, vinculados a 13 investigados. Asimismo, se ordenó la detención preliminar por 15 días de 11 funcionarios y servidores públicos, entre ellos el propio gobernador regional.

Sin embargo, Ciro Castillo Rojo permanece no habido desde hace cuatro días, pese a que la orden judicial fue declarada fundada por la Corte Superior de Justicia del Callao el pasado 9 de diciembre. Llama la atención que la Policía Nacional, a través de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), tardó seis días en ejecutar la orden, retraso que genera serios cuestionamientos sobre la eficacia y oportunidad de la intervención policial.

El operativo se desplegó en diversos distritos de Lima y Callao, incluyendo Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, Villa El Salvador, San Miguel, Rímac, Carabayllo y San Martín de Porres, evidenciando el alcance nacional de la presunta red delictiva.

Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción política a nivel regional, poniendo en entredicho la gestión del Gobierno Regional del Callao y profundizando la crisis de confianza ciudadana en las autoridades. La Fiscalía continúa con las diligencias para ubicar al gobernador y determinar responsabilidades penales, mientras la opinión pública exige sanciones ejemplares y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.