Alcalde de Ihuari pierde vigencia de importante proyecto de riego para Ñaupay y la agricultura

Los comuneros de Ñaupay expresaron su indignación luego de conocerse que la actual gestión municipal, encabezada por el alcalde Elmer Calderón, permitió la pérdida de vigencia del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego del canal Marampampa – Sayán Alto y Pilpintay de la comunidad campesina de Ñaupay, distrito de Ihuari, provincia de Huaral, departamento de Lima”, con CUI N° 2542057.

El mencionado proyecto era largamente esperado por los agricultores de Ñaupay, quienes dependen al cien por ciento del cultivo de frutas. Sin embargo, la Municipalidad Distrital de Ihuari no continuó con los trámites administrativos necesarios para su ejecución.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 12972-2025-CG/PC/PREV-AOP, la Contraloría General de la República identificó un hecho con indicio de irregularidad, debido a que la entidad municipal permitió la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de dos proyectos de inversión, valorizados en un monto total actualizado de S/ 838,851.55.

El informe señala que la municipalidad no registró el expediente técnico ni el documento equivalente en el Banco de Inversiones, lo que limitó la continuidad del ciclo de inversión y desaprovechó los recursos destinados a su formulación, además de postergar el cierre de brechas en la provisión de servicios básicos para la población.

Conclusiones de la Contraloría

De acuerdo con la revisión efectuada al Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la información de la Dirección General de Programación de Inversiones, la Contraloría confirmó que los proyectos perdieron su vigencia de declaratoria de viabilidad en el año 2025, luego de transcurrir el 100% del plazo sin haberse registrado el expediente técnico.

Esto significa que las inversiones no podrán ejecutarse en el corto plazo, y en caso de que se busque reactivar el proyecto, será necesario actualizar los estudios de preinversión, generando mayores costos y retrasos en su implementación.

Responsabilidad del alcalde

La Contraloría recordó que el plazo de vigencia del proyecto venció el 18 de febrero de 2025, y que el alcalde Elmer Calderón fue notificado mediante el Oficio N° 016294-2025-CG/PREV, de fecha 9 de octubre de 2025, sobre la situación del proyecto. Pese a ello, no se adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la continuidad de la inversión pública.

Los comuneros de Ñaupay lamentaron la falta de gestión y advirtieron que esta negligencia afecta directamente su producción agrícola, al privarlos de un sistema de riego moderno que hubiera mejorado la eficiencia del uso del agua y su calidad de vida.

Guido Bellido enfrenta juicio oral por terr***orismo: agente ‘Sacha’ asegura que congresista era enlace con los Quispe Palomino

El congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena de 20 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del VRAEM y se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso, del autodenominado “Militarizado Partido Comunista del Perú” que opera en el VRAEM.

Bellido ha negado las acusaciones ante ‘Panorama’, calificándolas de un «invento» y un complot político que surgió durante la segunda vuelta electoral. El juicio oral está solo a falta de que se le ponga fecha.

Testimonio del agente ‘Sacha’

El testigo principal en el caso es Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como el agente ‘Sacha’. Villarroel afirma haberse desempeñado como «embajador» o enlace de los Quispe Palomino, líderes terroristas, y asegura que Bellido recibió encargos y paquetes de su parte. Los hechos habrían ocurrido en el 2018, en Cusco.

En enero de 2018, según la Fiscalía, Bellido recibió memorias USB que contenían «documentación de carácter terrorista». Sacha precisó ante Panorama que los paquetes lacrados contenían «chips» (memorias de celulares) con información, números telefónicos y contactos, y también USB. Estos elementos habrían sido utilizados por Bellido para lograr sus objetivos políticos y cumplir la misión encomendada por los Quispe Palomino, que era llevar el terrorismo al poder a través de la política.

Eddy Villarroel, quien fue nombrado agente especial por la Fiscalía, ha detallado que Bellido lo citaba en una oficina en el segundo piso, frente a la Universidad Nacional del Cusco. El testigo está dispuesto a ratificar en el juicio oral lo que tiene en conocimiento y sus conversaciones que se dieron en el campamento terrorista de los Quispe Palomino.

Bellido, visiblemente nervioso ante las cámaras de ‘Panorama’, negó haber tenido esa oficina o haber recibido el USB, desestimando la versión de Sacha. El exjefe de la DIRCOTE, Máx Anhuamán, respalda la credibilidad de Sacha, indicando que está probado que él estuvo con los Quispe Palomino.

Bellido y Bermejo, casos similares

El caso de Bellido ha sido comparado con la sentencia por terrorismo contra Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel. Bellido ha tratado de distanciarse de este caso, señalando que «lo de Bermejo es otro proceso».

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación contra Bellido por obstrucción a la justicia. Esto se debe al presunto intento de sobornar al testigo Sacha cuando Bellido ya era congresista, mediante una reunión confirmada en video en un baño turco, con un abogado de Perú Libre actuando como mensajero.

Finalmente, aunque Bellido insiste en que no hay ningún juicio oral y que lo que existe es una apelación, se señaló que en 2024 él votó a favor de la Ley 32130, que permitió precisamente a los acusados como él apelar el “auto de enjuiciamiento” (la resolución que faculta el inicio del juicio oral).

Congreso: Proponen penalizar hasta con 10 años de cárcel a quienes total o parcialmente se cubran el rostro durante protestas

La congresista Elizabeth Medina Hermosillo (Somos Perú) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, a fin de sancionar el ocultamiento de rostro y la manipulación de menores de edad y personas con discapacidad durante un contexto de protestas sociales.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, presentado el jueves 6 de noviembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone evitar la impunidad de quienes usen objetos o prendas que cubran el rostro para delinquir en manifestaciones. Asimismo, tiene por finalidad resguardar la integridad física y psicológica de los menores de edad y personas con discapacidad.

¿A cuánto ascenderían las penas?

De acuerdo con el texto formulado por el ‘partido del corazón’, plantea la modificatoria de los artículos 315° y 452° del Código Penal. En el caso del primero, detalla como agravante que si el agente utiliza objetos y/o prendas para cubrir su rostro o parte del rostro, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años y con 365 a 500 de multa.

Para el artículo 452°, la fórmula plantea dos sanciones: la prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas o con 60 a 90 días-multa, en los siguientes casos:

El que oculta su rostro en protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.
El que autorice y/o lleve a menores de edad o personas con discapacidad a protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.

Fundamentos del proyecto de ley

El documento hace referencia a que en países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania, existen «leyes anti máscara» reguladas como prohibiciones o tipos penales, con el fin evitar el ocultamiento de rostros y lograr la identificación de quienes ocasionen daños a la propiedad pública o privada o lesionen la integridad de las personas en protestas sociales.

Del mismo modo, aclara que, si bien es cierto que el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú, este no es ilimitado, puesto que, sanciona cuando se realizan actos de violencia contra la autoridad.

Asimismo, puntualiza que actualmente no se contempla en el Código Penal cuando se usan prendas u objetos para ocultar el rostro durante una movilización, por lo que, considera que debería agregarse esos agravantes a fin de que puedan ser sancionados, previa identificación y que los delitos cometidos no queden impunes.

La congresista plantea entonces sancionar a quienes oculten sus rostros en protestas, haciendo hincapié en las manifestaciones registradas desde finales del 2022 hasta octubre último.

Del dolor a la repostería: la historia de resiliencia de Leslie Pérez

La vida tiene giros inesperados y eso lo sabe muy bien Leslie Lucila Pérez Cuenca, vecina del distrito limeño de Lurín y usuaria del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien en el año 2020 sufrió un accidente de tránsito que la dejó con una lesión medular irreversible.

Tenía solo 25 años cuando el diagnóstico la obligó a adaptarse a una nueva realidad: la paraplejia. Su movilidad se redujo a una silla de ruedas, pero no así su determinación. Lejos de rendirse, Leslie convirtió ese momento de dolor en un punto de inflexión para reinventarse como mujer, madre y emprendedora.

Antes del accidente, ya mostraba una profunda vocación por la cocina. Había llevado cursos de gastronomía y acumulaba experiencia trabajando en restaurantes. Sin embargo, cuando todo parecía detenerse, Leslie encontró una nueva motivación: el nacimiento de su hija Ivannia Saraí, lo que se sumó a su creciente pasión por la repostería.

Fue en ese proceso de reconstrucción personal cuando el programa Juntos del Midis se convirtió en una pieza clave de su historia. Como titular del programa, Leslie encontró no solo un alivio económico, sino también un respaldo emocional y social que le permitió enfocarse en su rehabilitación, en el cuidado de su hija y en su idea más ambiciosa, la de emprender un negocio.

Con el acompañamiento respectivo y con los incentivos del programa social, Leslie pudo organizar su tiempo y recursos para poner en marcha, “Ivannia Saraí”, pastelería que abrió con mucha ilusión y que bautizó con el nombre de su hija, que ya había cumplido dos años.

Desde una bodega que fue acondicionada como tal en la casa de su madre, ubicada en el km 40 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín, Leslie comenzó a producir postres caseros que pronto captaron la atención de sus vecinos. Las ventas empezaron por WhatsApp, compartiendo fotos de sus productos, así como las ofertas y promociones. Es así que, con la ayuda constante de su familia logró establecer una pequeña red de clientes fieles.

El rol del programa Juntos del Midis no solo fue económico. Fue una puerta que le permitió seguir accediendo a salud y educación para su hija, mientras ella concentraba sus energías en crecer como emprendedora. Además, ese ingreso representó una base estable en los meses más difíciles, cuando las ventas caían casi a cero.

Con el paso del tiempo y el esfuerzo constante, Leslie logró generar mejores ingresos, aunque reconoce que hay temporadas en las que las ventas bajan. Aun así, sigue firme. Cuenta con el apoyo incondicional de su madre Hilda, su padre José Luis, su hermana Massiel, y un taxista de confianza que la moviliza a ferias y eventos, permitiéndole recuperar parte de su independencia.

Hoy, Leslie no solo prepara dulces: cocina a fuego lento su futuro. Su objetivo es claro: tener un local propio donde pueda atender a más personas, expandir su catálogo de postres y, sobre todo, demostrarle a su hija que los sueños pueden alcanzarse, incluso cuando la vida da un giro inesperado.

En su historia se entrelazan el dolor, la resiliencia y la gratitud. Porque Leslie sabe que el apoyo del programa Juntos del Midis fue la chispa que encendió el horno de sus sueños. Tres años después, sigue amasando esperanza, horneando postres memorables y construyendo, con cada receta, una historia que inspira.

Ministerio Público reporta 56 choferes asesi*nados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. En su mayoría, las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha convertido en el método más recurrente para asesinar a transportistas en zonas urbanas.

En síntesis, ocho de cada diez atentados se producen bajo esta modalidad: interceptación desde una moto lineal y disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. El aumento de estos crímenes está directamente relacionado con el incremento explosivo de las denuncias por extorsión, que afecta especialmente al sector transporte.

La República conversó con diversos expertos para conocer cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detención por dicho delito aumentaron drásticamente no solo en el último año, sino en los últimos cuatro años, que refleja la expansión del crimen organizado y la debilidad de la respuesta del Estado.

Septiembre fue el mes más violento

Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se ha intensificado. Septiembre cerró con 31 homicidios, la cifra mensual más alta del año. Octubre registró 18 muertes y en los primeros días de noviembre ya se había sumado una nueva víctima.

El incremento de homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% respecto al mismo período de 2024 (18.215 casos).

Este fenómeno también tiene un impacto geográfico claro. Las denuncias crecieron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y el Callao (+45,6%). Asimismo, 19 regiones muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a 76 denuncias diarias. La tendencia es clara: el 2025 será el año con más denuncias de extorsión registradas en la historia reciente del Perú.

José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), alerta que este mes representa un ejemplo claro de cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó «bajo ninguna circunstancia un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia». «Revisando las estadísticas, los cuales resultan preocupantes, no damos cuenta que esa administración no puso atención a un factor importante que muchos expertos en seguridad ciudadana hemos demandado: inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público», indica.

Menos del 1% de los extorsionadores termina en prisión

A pesar del alarmante número de denuncias, el sistema de justicia penal muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Según datos del INPE, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, apenas 11 tienen sentencia firme (3,8%). Las restantes 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.

Para Stefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva. A ello se suma, observa, la falta de un sistema judicial y penal robusto que garantice sanción efectiva. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan libres por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia que funcione desde la denuncia hasta la condena”, señala.

En términos históricos, entre 2022 y octubre de 2025 se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión, pero solo 363 personas más han sido encarceladas por este delito en ese período. Es decir, el aumento de reclusos por extorsión representa apenas el 0,4% del total de denuncias, lo que evidencia una impunidad estructural en el combate contra las mafias.

Ante este escenario preocupante, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala, criticó que el actuar director de la institución encargada de los centros penitenciarios no haya promovido, en primer lugar, cumplido su rol de ejecutar la política penitenciaria nacional al permitir que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles. «Eso no saldrán en las estadísticas. Quedará para la anécdota y un saber de conocimiento público, pero de nada sirve encerrar a los extorsionadores si no se combate la delincuencia no solo en las calles, sino dentro de las instalaciones penitenciarias», asegura.

Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% (750) está sin sentencia. “Ningún día del año ha registrado cero homicidios en el país”, alerta el analista de datos Juan Carbajal, quien ha revisado las cifras penitenciarias y las bases del SINADEF.

«Queda en manos del Congreso y José Jerí si, lejos del estado de emergencia, no se establecen objetivos a largo plazo para combatir a los delincuentes, extorsionadores o no», advierte Pedraza.

Regiones afectadas y montos exigidos

La Fiscalía también alerta que una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos en el país. Las zonas más afectadas por el crimen organizado son La Libertad, junto con distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Las organizaciones criminales exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables. En paralelo, los robos continúan siendo el delito más frecuente, con 40.125 denuncias por hurto y asalto hasta septiembre. Lima Norte y Lima Sur concentran los mayores índices de estos delitos.

Indignante: 20 policías en actividad integraban red de sicariato, extorsión y protección a narcos

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que más de 20 policías en actividad y retiro integraban la organización criminal denominada ‘Los Piratas’. Se trata de una de las infiltraciones delictivas más graves dentro de la Policía Nacional: agentes que no solo permitían el crimen, sino que lo diseñaban, ejecutaban y, en varios casos, ordenaban asesinatos.

Según el dominical, los hechos se concentraron en Tarapoto y Lima, donde los investigadores vinculan a la banda con asaltos, sicariato, extorsión, robo de droga y protección al narcotráfico. Entre los casos más graves figuran el asesinato del cambista Hernán Laynes y del empresario Jorge D’Ambrosio. Sus familiares confirmaron la participación de policías en los ataques.

Cómo operaban los agentes

Audios difundidos por Cuarto Poder muestran a integrantes del Escuadrón Verde —como Carlos Miguel Gamarra Pérez y Jaime García Córdova— coordinando golpes con delincuentes como ‘Chato Silver’. En las conversaciones se mencionan montos, logística, división de tareas e incluso el uso de uniformes para simular operativos legales. La banda planificaba robos de hasta 140 mil dólares utilizando motos y vehículos oficiales.

A Hernán Laynes lo emboscaron tras citarlo bajo una falsa operación de compra; llevaba más de 450 mil soles. Su hija denunció que había policías involucrados.

El empresario Jorge D’Ambrosio fue asesinado dentro de su casa mientras participaba en una reunión virtual. Su esposa relató que el atacante irrumpió y disparó sin detenerse.

El megaoperativo de captura

Un operativo policial permitió detener a los 20 agentes implicados. Otros cuatro ya estaban presos por casos conectados y dirigían operaciones desde el penal de Tarapoto. Por ello, se allanaron seis celdas donde se hallaron evidencias de coordinación delictiva.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina indicó que es la primera vez que se detecta una organización criminal estructurada y liderada por policías en actividad.

La hija del policía retirado Eycer Solano —asesinado por esta red— afirmó que su padre fue emboscado por agentes en servicio. Señaló que la población vive aterrorizada al descubrir que quienes deberían protegerlos usan su placa como herramienta delictiva.

La Fiscalía continúa recibiendo declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, lo que permitirá completar el esquema interno de ‘Los Piratas’, una organización que, de acuerdo con Cuarto Poder, operaba como una empresa criminal desde dentro de la propia institución.