El excanciller Javier González-Olaechea afirmó que el Estado peruano debe «negarle el salvoconducto» a la expremier Betssy Chávez «para no consolidar lo que ha sido una treta» de su parte y «una premeditada, continua y actitud de vieja data» del gobierno mexicano.

El extitular de Relaciones Exteriores recordó que si bien la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático reconoce que el país asilante —que en este caso específico es México— es el que califica el asilo y lo otorga sin necesidad de una justificación, esa misma norma, en su artículo 3, establece una excepción, «y es que cuando alguien —en este caso la señora Betssy Chávez— está incurso en un proceso como imputada por autoridad competente ante tribunales competentes en un proceso ordinario, dicho proceso es ilícito».

«Creo que correspondería al Estado peruano negarle el salvoconducto para no consolidar lo que ha sido una treta por parte de la señora Chávez, que no asistió a las audiencias a las que fue convocada», dijo, y enseguida cuestionó también la «premeditada, continua y de vieja data actitud la familia López Obrador que ha sido abiertamente hostil, maltratando el derecho constitucional y haciendo uso y abuso de la Convención de Caracas».

González-Olaechea advirtió que negarle el salvoconducto a Chávez no tendrían consecuencias negativas para el Estado peruano sino más bien positivas «por cuanto se invoca el párrafo primero del artículo tercero que establece con toda claridad que en su calidad de imputada (el asilo) es ilícito, es ilegal, contra la razón», subrayó.

«Las consecuencias son positivas desde el punto de vista del derecho porque lo que ha hecho México es un uso y abuso del derecho internacional público y de la Convención de Caracas, y pretende burlarse del Perú y en este caso sustraer de la justicia a una persona que está claramente comprometida en un intento de golpe de Estado bajo la figura de conspiración según el Código Penal», reiteró.

«La consecuencia política sería positiva desde el punto de vista interno porque con claridad el mensaje sería: ‘no vamos a permitir que se utilice un instrumento jurídico para evadir impunemente la justicia’; y entonces se constituye —porque hay otros que están haciendo cola y pudieran intentar hacer lo mismo respecto al mismo intento golpe de Estado— en un mensaje que sería: ‘no vamos a fomentar como parte de la lucha contra la corrupción y como parte de la lucha contra la impunidad que se le saque la vuelta al Perú por la vía del asilo», prosiguió.

Consultado sobre la posibilidad de que el Estado peruano sea demandado por incumplimiento de la convención ante la Corte Internacional de Justicia, el excanciller refirió que «como todos los juicios», este podría prolongarse siete u ocho años y es más probable —continuó— de que antes de que eso se resuelva «la familia política ampliada de López Obrador y la señora presidenta (Claudia) Sheinbaum llegue a su fin y cambie el giro político del gobierno mexicano.