Fiscalía despliega megaoperativo en 16 grifos de Lima para detectar alza de precios de combustibles

Tal y como anunció el Gobierno en medio de la desesperación por el alza de precios de combustibles, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito ejecutó un operativo en 16 grifos de Lima junto a Indecopi, Sunat y Osinergmin para detectar especulación.

Operativo multisectorial para intervenir grifos de Lima

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Quinta Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por el fiscal Luis Torres Tapia, desde este jueves 12. La institución informó que 16 fiscales participan en la diligencia.

«Para prevenir la comisión de delitos de especulación, acaparamiento, abuso de poder económico y omisión de funciones en la distribuión de suministro de gas natural», indicó el Ministerio Público en sus redes.

Durante el operativo multisectorial, las instituciones procedieron a supervisar si existe la coincidencia entre el precio y las boletas de pago, por lo que se necesitó la presencia de un equipo multidisciplinario. 

Además, se revisó información proporcionada por la administración del establecimiento, así como el sistema de telemetría y los comprobantes de venta.

De esta forma, se busca evitar acaparamientos de los combustibles para, posteriormente, los establecimientos los vendan a un precio mayor, según detalló Torres.

La Fiscalía agregó que, en aquellos locales donde se advierta posibles irregularidades en la venta de combustible, esto será remitido a la fiscalía penal correspondiente para que actúe de acuerdo con sus atribuciones.

La diligencia, en la que también participan representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Defensoría del Pueblo, se realizó en el distrito de Pueblo Libre.

Por otro lado, especialistas de esta entidad también realizaron la verificación de existencias de combustibles como gasolinas y diésel en los tanques del establecimiento mediante el procedimiento del varillaje.

Llamado a usuarios a denunciar incrementos sospechosos

En el grifo Primax, ubicado en la avenida Sucre, representantes de la Sunat recabaron un registro histórico de las ventas de combustible a lo largo de cuatro días. Al respecto, hizo un llamado a los grifos a ser «sumamente diligentes en contextos de emergencia como los que vivimos».

«El mensaje claro que debe quedar para todos los establecimientos es que la Fiscalía de Prevención del Delito, juntamente con Osinergmin e Indecopi, están llegando a diferentes establecimientos y su actuar debe obedecer a un correcto funcionamiento de su actividad económica», enfatizó.

El representante de Osinergmin indicó que los consumidores que detecten un incremento sospechoso del precio de combustible, pueden denunciarlo mediante sus canales tradicionales, call center o sus redes sociales.

Avanza construcción de primer parque inclusivo del Perú “Jorge Ortiz Dueñas” en Huaral

La provincia de Huaral se encuentra cada vez más cerca de vivir un momento histórico con la próxima inauguración del primer parque inclusivo del Perú, denominado “Jorge Ortiz Dueñas”, una obra que simboliza el compromiso con la igualdad, la integración y el desarrollo social de toda la comunidad.

Actualmente, el proyecto registra un avance del 97% en su ejecución, consolidándose como una de las obras más emblemáticas que transformarán el rostro urbano de la ciudad. Este moderno espacio público ha sido diseñado para que niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad puedan disfrutar de áreas recreativas seguras, accesibles y pensadas para todos.

La construcción de este parque inclusivo representa una apuesta firme por una ciudad más humana y solidaria, donde el desarrollo no solo se mide en infraestructura, sino también en oportunidades y bienestar para la población. Autoridades locales destacaron que este tipo de proyectos reflejan una gestión orientada a cerrar brechas y promover espacios que fortalezcan la convivencia y la integración social.

Vecinos de diferentes sectores de la provincia han expresado su expectativa y entusiasmo ante la pronta inauguración de esta importante obra, que no solo embellecerá la ciudad, sino que también se convertirá en un símbolo de inclusión y orgullo para Huaral.

De esta manera, Huaral reafirma su camino hacia la modernidad con proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, demostrando que la transformación de la provincia continúa avanzando con obras que dejan huella en la historia local.

Gobierno anuncia compra de cámaras de videovigilancia para buses y 5700 policías más en las calles

La presidenta del Consejo de MinistrosDenisse Miralles, continúa con la ronda de diálogos con bancadas del Congreso y este jueves 12 de marzo se reunió con el bloque de Fuerza Popular, en donde aprovechó para anunciar las medidas que implementará el Gobierno en el marco de la lucha contra la criminalidad.

En conversación con los medios de prensa, la Premier anunció aproximadamente 5700 efectivos de la Policía Nacional se sumarán a las calles entre el 18 y 19 de marzo para reforzar el patrullaje y la seguridad ciudadana.

Como segunda medida inmediata, la jefe del Gabinete Ministerial señaló que en los próximos días se dará inicio al proceso de contratación de las cámaras de vigilancia, las cuales serán instaladas en los buses para identificar a los extorsionadores.

Declaran estado de emergencia en varios distritos del Perú, entre ellas Aucallama.

El Diario Oficial El Peruano publicó, hoy, el Decreto Supremo N° 034-2026-PCM, que declara declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

La referida norma alcanza al distrito de Aucallama, entre otros distritos de la provincia de Huaral.

Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competente.

Ratifica sentencia contra Rosa Vásquez y Consejo Regional de Lima convoca a sesión extraordinaria para el 17

La Corte Superior de Justicia de Lima Este ratificó el contenido de la sentencia emitida contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, condenada por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

Mediante la resolución N.° 16, de fecha 5 de diciembre de 2025, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate dispuso condenar a Vásquez Cuadrado a nueve años y cinco meses de pena privativa de la libertad de carácter efectiva, cuya ejecución quedó suspendida hasta que la sentencia sea resuelta en última instancia.

Asimismo, el fallo establece el pago de una caución económica de 100 mil soles, que debía ser cancelada mediante depósito judicial en un plazo de cinco días.

La sentencia también ordena la inhabilitación por nueve años y cinco meses para ejercer función pública, conforme al artículo 36 del Código Penal. Esta medida implica la privación del cargo o función que ejerce el condenado, incluso si proviene de elección popular, así como la incapacidad para obtener mandato, empleo o comisión de carácter público durante el periodo de la sanción.

Para el cumplimiento de esta disposición, se dispuso comunicar la sentencia a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), al Gobierno Regional de Lima y al Jurado Nacional de Elecciones.

Apelación en trámite

De acuerdo con el informe N.° 01-2026-1° SAP-ATE/CSJLE, remitido el 10 de febrero de 2026 por el juez superior titular de la Primera Sala de Apelaciones Permanente de Ate – Sede Separadora, Fredy Gómez Malpartida, el expediente N.° 2883-2018-6 se encuentra actualmente en la Sala Penal de Apelaciones de Ate.

El documento precisa que el proceso llegó a dicha sala el 20 de enero de 2026, tras el recurso de apelación presentado por la defensa de la gobernadora el 23 de diciembre de 2025.

Posteriormente, mediante resolución N.° 01 del 21 de enero de 2026, la sala dispuso correr traslado del escrito de apelación a las partes procesales por un plazo de cinco días, a fin de que tomen conocimiento y presenten la absolución correspondiente.

Consejo Regional sesionará el 17 de marzo

En este contexto, el Consejo Regional de Lima fue convocado a sesión extraordinaria para el martes 17 de marzo de 2026, con el objetivo de analizar el informe remitido por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este sobre la sentencia contra la gobernadora regional.

Durante esta sesión se informará sobre el contenido de la resolución judicial que ratifica la condena contra Vásquez Cuadrado. No obstante, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los consejos regionales no tienen facultades para inhabilitar a una autoridad regional ni a los consejeros electos.

Por ello, el acuerdo que adopte el Consejo Regional deberá ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones, entidad que posee las atribuciones para evaluar el caso y determinar las acciones correspondientes respecto al ejercicio del cargo de la gobernadora regional de Lima.

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

La estabilidad del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles pende de un hilo. Las principales bancadas del Congreso de la República parecen haber sellado un pacto de unidad para exigir una reestructuración profunda del Ejecutivo, y han condicionado el voto de confianza a cambios inmediatos en el equipo ministerial y a la ratificación del Estado como administrador de los activos estratégicos de Petroperú.

A puertas de la presentación del voto de confianza el próximo miércoles 18 de marzo, varios legisladores y líderes políticos expresan su rechazo a la composición del gabinete como el resultado de una repartija de cuotas políticas y a sus recientes medidas en medio de la emergencia energética que vive el país.

Condicionan voto de confianza para que no privaticen Petroperú

Diversas bancadas parlamentarias han adelantado que el voto de confianza no está garantizado y que su otorgamiento dependerá estrictamente de un compromiso formal por parte del Ejecutivo: descartar cualquier plan de privatización de Petroperú.

Al respecto, el segundo vicepresidente del Congreso, Ilich López de Acción Popular, se mostró en contra de la elección de la premier Millares y sus funciones, al considerar como improvisaciones las últimas medidas de la emergencia energética y la educación. De hecho, sostuvo que la primera ministra debería meditar la posibilidad de su renuncia.

“Tanta improvisación llevará a que se elija un nuevo presidente en breve tiempo. Ojalá ocurra lo primero”, señaló en su cuenta de X.

La bancada de Podemos Perú elevó la apuesta política también al anunciar que su respaldo al Gabinete está sujeto a una garantía tangible. Guido Bellido informó que el grupo parlamentario exige un compromiso documentado por parte del Ejecutivo que asegure la permanencia de Petroperú bajo administración estatal antes de definir su postura en el voto de confianza.

Según indicó Bellido, el Gobierno no debería entregar las empresas nacionales a compañías privadas o monopolios y advirtió que su bancada necesita garantizar la soberanía energética del país.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gabinete garantice que no se va a privatizar Petroperú. Queremos un compromiso documentado, no solamente palabras”, sostuvo.

En esa misma línea, José Luna, fundador del partido Podemos Perú, manifestó su rechazo a la continuidad del Gabinete Miralles, endureciendo la postura de su bancada frente al Ejecutivo. El político fue tajante al señalar que si no se adoptan acciones concretas para garantizar que Petroperú no será privatizada no darán el voto de confianza.

“Debemos defender nuestros recursos estratégicos y la soberanía energética nacional, dejando atrás la política de favorecer a empresas transnacionales en desmedro de los peruanos”, agregó.

Al respecto, Denisse Miralles señaló que el gobierno de Balcázar adoptó una postura clara frente a los cambios que se realizan en Petroperú para solucionar los problemas financieros que afronta la empresa. Asimismo, señaló que el decreto de urgencia promulgado cuando era ministra de Economía busca optimizar la operatividad y reactivar sus activos.

«Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (…) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución», indicó.

Asimismo, la premier del PCM también se pronunció sobre la virtualidad en las escuelas y recalcó que era una medida necesaria ante la crisis; además, también negó que el reinicio de clases presenciales se deba a una presión de los grupos políticos por el voto de confianza.

«No es la razón (…) al tener prácticamente el 10% de lo que normalmente teníamos de disponibilidad de GNV (…) teníamos una problemática, sino realizamos medidas de priorización, medidas de reducción de tránsito corríamos un gran riesgo (…) estas medidas no son improvisadas (…) Esas medidas han permitido ahorrar, reducir el tránsito vehicular y por tanto el consumo de esos combustibles. El lunes el tráfico en Lima se redujo entre 20 y 30 %», sentenció.

Previo a que el Ejecutivo oficializara la suspensión de las clases virtuales, Keiko Fujimori manifestó que Fuerza Popular condicionaría el voto de confianza a dicha medida. En la misma línea, la bancada de Avanza País adoptó una postura similar y anunció que promovería la interpelación y eventual censura de los titulares de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes responsabilizan por la crisis del GNV.

Bancadas piden cambios de Ministros

El gabinete de Denisse Miralles llega al Congreso con un lastre pesado: al menos cinco de sus integrantes enfrentan investigaciones fiscales activas por delitos que van desde colusión agravada hasta presunto genocidio. Este factor ha sido el principal argumento de bancadas como Fuerza Popular, APP y sectores de izquierda para exigir una limpieza inmediata del equipo ministerial.

Al respecto, Diego Bazán, congresista y candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, recalcó la postura de su partido a negar al Gabinete Miralles por las “cuotas políticas”, pero también indicó que el Ejecutivo debe reestructurar el gabinete y postular perfiles técnicos.

“Se tiene que reformar (…) esperamos que tenga criterio esta vez para poder colocar gente evidentemente técnica sin cuotas políticas dentro de los gabinetes”, mencionó.

Desde las canteras de Alianza para el Progreso, intentan desmarcarse del gobierno interino de José María Balcázar y negar vínculos con el poder de turno. César Acuña sostuvo que no tiene relación con el renunciante Luis Quiroz, que hasta el último 10 de marzo ocupó la cartera de Salud.

Juan Carlos Velasco jura como nuevo ministro de Salud

Frente a este panorama y el pedido de confianza a cuestas, Juan Carlos Velasco Guerrero juró como nuevo ministro de Salud. Su llegada ocurre, sin embargo, horas después de que la misma Denisse Miralles declarara a la prensa que ella no había propuesto a nadie para reemplazar a Luis Quiroz. “No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente», señaló.

Esta situación se suma a la nube de cuestionamientos alrededor del gabinete, recordando que la primera ministra había informado que al asumir el cargo, no conocía los nombres del equipo ministerial que la acompañaría. Además, pese a las investigaciones fiscales en su contra, diversos ministros permanecen en sus carteras con la expectativa de recibir el respaldo del Congreso durante la sesión de confianza.

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Es el perfil más resistido por la oposición de derecha. Así como Jiménez, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se encuentra investigado por colusión simple.

Hugo Begazo, ministro del Interior, también es investigado por la presunta falsificación de un documento público para el saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.

Wilfredo Alejandro Sifuentes, ministro de Vivienda, cuenta con seis procesos abiertos por usurpación de funciones, lavado de dinero y aprovechamiento indebido del cargo.

Lo mismo ocurre con Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, quien enfrenta una pesquisa por omisión de funciones y genocidio, vinculada a su rol previo como ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante las protestas sociales ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte, entre 2022-2023.

En el caso de Denisse Miralles, titular del PCM, es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo; sin embargo, la primera ministra no ha detallado el delito por el que es investigada.