La Libertad: Comando Unificado Pataz rescata a 15 personas secuestradas por mineros ilegales

En una acción táctica ejecutada el 27 de octubre, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) llevó a cabo la operación ‘Dante’ con el fin de rescatar a 15 personas que se encontraban secuestradas en el interior de la mina Gladis Quispe, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, en la región La Libertad.

Esta intervención se originó tras una denuncia de presunta usurpación. Al acudir al lugar, las patrullas integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) se encontraron con un escenario alarmante: detonaciones de explosivos, disparos de armas de fuego y vehículos incendiados, lo que evidenció la violencia de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Ante esta situación -señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado- los agentes procedieron a asegurar el perímetro para evitar un desenlace fatal.

Minutos después, dos de los secuestrados lograron salir del socavón con las manos atadas, advirtiendo que sus captores amenazaban con asesinar a los demás rehenes en caso el personal militar y policial decidía ingresar.

Por tal motivo, se dispuso el despliegue de refuerzos especializados de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROPESP-GRECCO) y de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), quienes mediante una acción sincronizada lograron liberar a las 15 víctimas y recuperar el control total de la zona.

Durante la verificación posterior se constató que la mina había sido sellada y se hallaron casquillos de armas de fuego, explosivos y otros indicios del ataque.

Las personas liberadas fueron trasladadas a la División Policial de Pataz (DIVPOL Pataz), donde se verificó que no presentaban lesiones visibles.

Cabe señalar que la operación ‘Dante’ forma parte de la estrategia integral del Comando Unificado Pataz, orientada a restablecer el principio de autoridad, combatir la minería ilegal y proteger a la población.

Congresista Lucinda Vásquez niega acusaciones y denuncia intento de difamar su labor

La congresista Lucinda Vásquez Vela emitió un comunicado oficial en respuesta a un reportaje del programa Cuarto Poder, en el cual se le atribuyen presuntas acciones de maltrato hacia trabajadores de su despacho parlamentario.

En el documento, difundido con membrete del Congreso de la República, la legisladora sostiene que el reportaje “mancilla su honor y reputación” al atribuirle acciones falsas, como obligar y humillar a su personal para realizar tareas personales.

Vásquez rechaza categóricamente cualquier intento de manipulación o uso indebido de información que busque distorsionar su labor parlamentaria.

Asimismo, afirma que el caso obedece a un acto de «venganza» por parte de excolaboradores de su despacho que —según señala— no lograron aprovecharse de su posición para fines personales o políticos.

Será investigada por la Comisión de Ética

La congresista Lucinda Vásquez Vela, elegida inicialmente por Perú Libre y actualmente integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, será investigada por la Comisión de Ética Parlamentaria tras la difusión de imágenes que la muestran recibiendo un pedicure dentro de su despacho en el Congreso.

El caso fue revelado por el programa Cuarto Poder, que mostró una fotografía fechada el 6 de noviembre de 2024, donde la legisladora aparece sentada en un sillón atendiendo una llamada telefónica, mientras su asesor y sobrino-nieto, Edwar Rengifo Pezo, le corta las uñas de los pies. En la imagen también se observan dos banderas del Perú al fondo y el carnet de identificación congresal del trabajador.

Reacciones en el Congreso

El hecho ha sido calificado como “repudiable”, “vergonzoso” e “indignante” por diversos congresistas de diferentes bancadas, quienes exigieron una investigación inmediata.

La Comisión de Ética Parlamentaria analizará el caso, que podría derivar en una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber, si se comprueba una infracción al reglamento o al Código de Ética del Congreso.

Las declaraciones de la legisladora

Consultada por el dominical, Vásquez Vela negó haber obligado a su asesor a realizar dicha tarea.

“¿Cómo sabes que lo obligo? No obligo a nadie”, respondió la parlamentaria al ser abordada por el reportero de Cuarto Poder.

Horas después, la congresista difundió un comunicado oficial, en el que rechaza las acusaciones y las califica de “manipulación” y “venganza” por parte de excolaboradores, reiterando su compromiso con la ética y la transparencia.

Más imágenes difundidas

El reportaje también mostró otras fotografías en las que se observa a Willer Sajami, asesor II de la legisladora, cocinando en la vivienda de Vásquez, junto a su esposo, Luis Villacorta Arce.

Asimismo, en otra imagen, el asistente Luis Llaguento Heredia aparece sosteniendo una olla y un cucharón dentro del despacho congresal, aparentemente realizando tareas domésticas.

Fuerza Popular, sinónimo de ingratitud y deslealtad

Por Dante Pacheco

Causó sorpresa la renuncia irrevocable a Fuerza Popular de la congresista Vivian Olivo, quien después de quince años de dedicación al fujimorismo abandonó sus filas argumentando problemas personales. No obstante, a la carta y a su postura de pasar a convertirse en no agrupada, creemos que más allá de su principal argumento está implícitamente revelada su indignación por el pago que le dan al no reconocer la dedicación que ella tuvo para con el Partido.

Lo cierto es que la Parlamentaria fujimorista, de la noche a la mañana, fue desplazada del puesto de candidata al próximo congreso, del número 1 de Lima provincias y colocada en el puesto 3, obviamente a ella no le pareció correcto en base a su activa militancia en el fujimorismo, abonando a su decisión el hecho de que Fuerza Popular colocarse en su reemplazo-en el número 1- a Gisela Andrade Salguero, esposa del alcalde de Chancay Juan Álvarez. Nadie entiende cómo es que una persona que ya fue congresista y que llegó fortuitamente al fujimorismo, o mejor dicho ayudada por su esposo, al término de su labor congresal pasó a la vida doméstica, sin actividad partidaria y de pronto la coloquen en lugar preponderante en la lista de pre candidatos al Parlamento. Esta sería la razón por lo que Vivían Olivo tomó la determinación de abandonar las filas de un Partido donde salta a la vista la ingratitud y la deslealtad.

De otro lado, no sabemos qué hilos se mueven detrás de la determinación fujimorista puesto que ahora el esposo de Gisela es el candidato del APRA al Gobierno Regional de Lima. No sabemos qué puede estar pasando por cuanto, inclusive, existe la posibilidad de que Juan Álvarez sea sentenciado en segunda instancia y su imagen a favor de la esposa no tenga ningún tipo de valor… a qué juegan los fujimoristas.

Consejero de Huaral y su silencio frente a la crisis en salud, generado por director de la Diresa

Mientras los trabajadores de salud protestan en las puertas de los hospitales por sueldos impagos, falta de insumos y equipos inservibles, el consejero regional por Huaral, Víctor Hugo Huaccho Salas, apareció recién ahora con una visita “de fiscalización” al Hospital de Chancay & SBS.

Pero su repentina presencia no convence a nadie. La población y el personal médico exigen hechos, no fotos ni comunicados.

Huaccho recorrió algunas áreas y habló de “protocolos de bioseguridad” y “mantenimiento de equipos”, como si eso resolviera el drama diario que se vive en los hospitales de la región.

¿Dónde estuvo cuando comenzaron los plantones?
¿Por qué no ha exigido públicamente la salida del cuestionado director de la DIRESA Lima, responsable directo de la crisis?

El silencio del consejero se interpreta como una protección política al actual titular de la Dirección Regional de Salud, pese a que su gestión ha llevado al colapso de los servicios, a la paralización de hospitales y a la indignación de miles de trabajadores que aún no reciben sus pagos.

Mientras los gremios médicos y administrativos reclaman transparencia y soluciones reales, Huaccho parece más interesado en cuidar sus alianzas que en defender la salud de su provincia.

Los hospitales de la Región Lima no necesitan visitas simbólicas ni informes tibios:
necesitan decisiones firmes y el cambio inmediato del director de la DIRESA.

Porque hoy la salud está en coma… y el consejero de Huaral sigue mirando hacia otro lado.

Fuente: Alterna TV

Revelan que extorsionadores habrían exigido a Agua Marina el 30% de lo recaudado en conciertos: «Estaban siendo perseguidos»

La reconocida agrupación de cumbia Agua Marina anunció su retiro temporal de los escenarios tras el atentado ocurrido en Chorrillos durante su última presentación y ante la creciente ola de inseguridad que afecta al país. Frente a esta situación, Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, reveló que las organizaciones criminales exigen hasta el 30% de las ganancias de los eventos a orquestas y empresarios musicales.

“Tú tienes un proyecto o un evento. Si inviertes 100.000 soles, el 30% va para la extorsión. El Estado no nos hizo caso. [¿Desde hace cuánto tiempo viene esto?] Agua Marina hace un año y medio. [¿Año y medio que pedían ese 30%?] Sí, el 30% en todo lo que se iba a recaudar por concierto. Estaban siendo perseguidos en el norte mucho tiempo”, declaró en entrevista con RPP.

Bandas musicales dejan de trabajar por temor a atentados

Para Dolorier, la criminalidad se siente con fuerza en todo el país y no solo en Lima, donde se concentra la atención. Lamentó que, pese a los constantes ataques, el sector artístico no cuente aún con una protección efectiva a nivel nacional. «Lógicamente se está perdiendo muchos millones, un fin de semana ya muchas bandas no están trabajando, han dejado de publicitar sus eventos por un tema de seguridad», señaló.

El presidente explicó que las extorsiones al rubro musical no son recientes, pues se registran incluso desde antes de la pandemia. Los delincuentes exigían hasta el 30% de las ganancias obtenidas por los conciertos. En el caso de Agua Marina, las amenazas se habrían iniciado hace aproximadamente un año y medio. Aunque los propietarios no presentaron una denuncia formal en ese momento, optaron por reforzar la seguridad en cada presentación.

«Ellos pensaban que esto era normal en una ocasión, pero cuando ya metieron una bomba en Trujillo, como que saltaron, tomaron sus precauciones, contrataron seguridad privada, externa e interna. Cuando pasó lo de Chorrillos, fue algo donde, gracias a Dios, no hubo tantas muertes», comentó.

Más de 60 orquestas pagan cupos a bandas criminales en el norte y sur del país

Walter Dolorie explicó que al menos 65 agrupaciones musicales afiliadas a su asociación se ven obligadas a pagar cupos a bandas criminales para poder seguir trabajando.

El dirigente detalló que las regiones más afectadas por estas extorsiones son Tumbes, Piura, Chiclayo y Juliaca (Puno), donde el accionar delictivo se ha intensificado. “En Juliaca la extorsión se ha vuelto muy fuerte. Hay casos en los que extorsionadores bolivianos cruzan la frontera, realizan sus operaciones y luego regresan a su país, aprovechando la facilidad que ofrece la zona limítrofe”, señaló.

“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

El 24 de septiembre de este año una auditoría de la Contraloría advirtió que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), a cargo entonces de Roberto Kanashiro Romero, modificó arbitrariamente las bases del concurso para la compra de 3,164 chalecos antibalas afectando a la mayor parte de los proveedores y favoreciendo a otros.

Era una evidente manifestación de manipulación del proceso con el propósito de orientar la adquisición a beneficio de un proveedor, como informó en su momento La República.

La Contraloría detectó una gravísima anomalía: “Durante la absolución de consultas la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional (…) con relación al plazo de fabricación de los chalecos antibalas al ser entregados por el postor ganador, motivando que las propuestas de 7 de 9 postores sean descartadas durante la evaluación de ofertas”.

Por modificar se entiende por cambiar, variar, manipular; en este caso, en favor de una compañía.

“(Esta) situación estaría generado cuestionamientos al trato justo e igualitario y a la transparencia del procedimiento de selección, así como limitar a la entidad a la obtención de mayores ofertas”, informó la Contraloría con absoluta precisión.

“En otras palabras, lo que estaba diciendo la Contraloría es que el proceso había sido ‘arreglado’ para favorecer a una empresa ofertante, adecuando las bases del concurso para que encajara con el producto propuesto”, explicó una fuente del Ministerio del Interior con conocimiento del caso.

“Al respecto, es probable que la empresa que ha ganado el concurso ya tenga en almacenes un lote de chalecos antibalas, por eso la OGAF recortó el plazo de entrega, mientras que las otras compañías fabrican a pedido, es decir, una vez que firman el contrato”, añadió la fuente.

Poco tiempo después de la advertencia de la Contraloría, el ocho de octubre el propio Kanashiro suscribió contrato con la compañía Armor Life Lab, de México, por US$2,008,989 (alrededor de S/7,000,000), pese a que el Comité de Selección de la Séptima Región Policial de Lima desestimó por razones técnicas el modelo presentado por dicha empresa.