En el marco de las celebraciones por el Día del Sereno Municipal, la Municipalidad Provincial de Huaral llevó a cabo una emotiva ceremonia de reconocimiento en honor a los hombres y mujeres que integran el cuerpo de serenazgo, destacando su compromiso permanente con la seguridad ciudadana en la provincia.
Esta conmemoración, establecida cada 25 de abril mediante la Ley N.° 31297, busca revalorar el rol fundamental que cumplen los serenos en la prevención del delito, el resguardo del orden público y la atención inmediata a las emergencias que afectan a la población.
Durante la actividad, las autoridades municipales resaltaron la vocación de servicio, disciplina y entrega de los serenos huaralinos, quienes, con esfuerzo y dedicación, contribuyen diariamente a fortalecer la tranquilidad de las familias. En ese contexto, el alcalde provincial expresó su reconocimiento público, subrayando que el trabajo del serenazgo es clave para consolidar una provincia más segura y organizada.
Asimismo, se recordó un hito importante en la historia local: Huaral fue la primera provincia del país en conformar oficialmente su unidad de Serenazgo Municipal hace 32 años, posicionándose como referente en la implementación de estrategias de seguridad a nivel local.
Este aniversario no solo representa un momento de celebración, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso de la gestión municipal de seguir fortaleciendo las capacidades del serenazgo, promoviendo mejores condiciones de trabajo y una mayor articulación con la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad.
Los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas y Juan Phang Sánchez, adecuaron los requisitos para la contratación del servicio de traslado vehicular de material para el sufragio del domingo 12 de abril, con la finalidad de favorecer la contratación de la firma Servicios Generales Galaga por S/6,3 millones.
Por esta razón, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Raúl Martínez Huamán, encabezó una incursión policial bajo mandato judicial a las viviendas de Samamé y Phang a primera hora de la mañana del viernes, con el propósito de buscar e incautar información relacionada con la investigación.
En busca de evidencias
También incluyó en el allanamiento la residencia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien vincula en la contratación irregular de Galaga porque fue quien designó en los cargos a José Samamé y Juan Phang.
Las viviendas de otros tres funcionarios también fueron intervenidas: la subgerente de Logística, Hilda Otoya Alvarado; el especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y del asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.
Además, el operativo incluyó el allanamiento de los inmuebles del gerente de Servicios Generales Galaga, Juan Alvaradon Pfuyo.
Originalmente el fiscal Raúl Martínez solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios, pero el juez Manuel Chuyo desestimó el requerimiento. En la resolución judicial, se indica que se persigue a los siete implicados (seis de la ONPE y uno de Galaga), por la contratación del servicio de transporte de material electoral destinado al sufragio del domingo 12 de abril.
Se les atribuye el presunto delito de colusión y omisión de funciones. No hay referencia a un supuesto atentado contra la voluntad popular (fraude electoral).
Hasta donde han avanzado las indagaciones del fiscal Raúl Martínez, ha detectado que Servicios Generales Galaga no contaba con las condiciones para prestar el servicio que necesitaba ONPE para la ejecución del proceso electoral del 12 de abril.
Sin embargo, los implicados, en particular los que participaron en la evaluación y en la buena pro, acondicionaron los requisitos para sacar de la licitación a importantes empresas de seguridad para adjudicar el contrato por S/6,3 millones a Servicios Especiales Galaga, que ni siquiera contaba con las unidades móviles que se requerían.
Conspiración a favor de Galaga
El fiscal también encontró que algunos de los involucrados que fueron parte del proceso de selección del proveedor, carecían de experiencia profesional en contrataciones del Estado.
“José Samame no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”, señala el fiscal
“Ambos (Samamé y Phang) formularon y suscribieron el pedido de servicio (de transporte de material electoral), incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”, precisa la resolución del fiscal.
José Samamé y Juan Phang armaron las condiciones técnicas para que Servicios Especiales Galaga se quedara con el contrato de S/6,3 millones, concluye el fiscal Martínez.
Respecto al caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indica la imputación del fiscal del caso: “(Corvetto) intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (…). Concertó con el proveedor para que esta empresa (Servicios Generales Galaga) se beneficiara con la buena pro”. Al respecto, no incluye la evidencia de la presunta relación entre Corvetto y Servicios Generales Galaga.
Implicados. José Samamé, Juan Phang e Hilda Otoya, concertaron voluntades para que Galaga ganara el contrato de S/6,3 millones. Foto: difusión
Los fundamentos fiscales
El fiscal Martínez agrega: “Este funcionario (Corvetto), quien debería ser el primer interesado que la entidad cumpla sus metas, más aún ante un proceso electoral de gran transcendencia para el país, permitió que el TDR (términos de referencia) del servicio de transporte para el sufragio de abril de 2026, se flexibilizara en desmedro de los intereses del Estado”, se lee en el documento.
No se menciona si Corvetto presuntamente ordenó al exgerente de Gestión, José Samamé Blas, y al subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez, adulterar el TDR para disminuir el porcentaje de vehículos hasta el 10%, y así beneficiar directamente a Servicios Generales Galaga, e incluso le autorizaron subcontratar hasta el 40%.
Pero ni siquiera con estas increíbles ventajas, el proveedor Galaga pudo cumplir con el contrato, afectando el proceso electoral en algunas mesas distritales de Lima.
De acuerdo con las investigaciones, la ONPE requirió 434 vehículos para Lima Metropolitana. Sin embargo, Servicios Generales Galaga ganó la buena pro con 40 unidades. Es decir, el 9% del total de la flota, debido a que el TDR alterado solo le exigía el 10% para la ejecución del servicio. Con este afán, los implicados tuvieron la osadía de descalificar a otros proveedores que sí calificaban y contaban con amplia experiencia en el rubro: una práctica muy común de corrupción de funcionarios públicos en contrataciones del Estado.
Para cumplir con el presunto plan, José Samamé y Juan Pfang recibieron el respaldo de la servidora Hilda Otoya Alvarado, quien elaboró el TDR; la subgerente de Logística, Lilia Flores Bancho y el asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal, William García Velásquez.
Los servidores Flores y García aplicaron un criterio interpretativo al metraje y carga de los vehículos, con el objetivo de reducir el número de las unidades que no estaban considerados en el TDR. De este modo, Servicios Especiales Galaga ganó artificialmente ventaja a otros postores como Hernes, AFE y Prosegur, compañías conocidas en el mercado nacional.
Contratista tenía trabajadores fantasmas
El fiscal anticorrupción, sustentó que, durante la etapa de perfeccionamiento contractual, José Samamé y Juan Phang dieron el visto bueno a la documentación falsa que proporcionó Servicios Generales Galaga.
En uno de estos documentos la contratista acreditó tener 70 trabajadores, lo que supuestamente demostraba su capacidad operativa.
Sin embargo, de acuerdo con la Planilla Electrónica (PLAME) del Sistema de Administración Tributaria (SUNAT) del periodo 2026, Galaga solo contaba con 33 trabajadores.
De ese total, 13 trabajadores estaban en planilla y 20 eran locadores de servicios. Y pese a estas circunstancias, le otorgaron la buena pro. En otras palabras, los otros 37 empleados eran “fantasmas”.
Los Comités de Sanidad Agraria (COSAGRA) del distrito de Huaral, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la Agencia Agraria, la Municipalidad Provincial de Huaral y la empresa Agriterra, desarrollaron una gran jornada de recolección de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola, con el objetivo de reducir la contaminación en los campos y promover prácticas responsables en el manejo de residuos.
Durante esta actividad, los productores organizados realizaron la recolección de envases previamente sometidos a triple lavado, los cuales fueron concentrados en puntos estratégicos para su posterior traslado y acopio en el sector de La Virgen. Finalmente, la empresa Agriterra se encargará de la disposición final adecuada de estos residuos, conforme a la normativa de inocuidad alimentaria vigente.
Es importante recordar que el triple lavado de los envases es una práctica obligatoria, que consiste en enjuagar los recipientes tres veces y verter el agua resultante en las mochilas fumigadoras o en el caldo de aplicación, evitando así la contaminación del suelo. Asimismo, los envases deben ser perforados para impedir su reutilización y devueltos a los puntos de acopio autorizados o establecimientos donde fueron adquiridos.
La Municipalidad Provincial de Huaral y las instituciones participantes destacan y agradecen el compromiso de los productores que se sumaron a esta jornada, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la sanidad agraria, la protección ambiental y el desarrollo sostenible del sector agrícola en la provincia.
A través de un comunicado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró por unanimidad inviable que se realicen elecciones complementarias en el marco de los comicios generales 2026.
“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026”, informó el JNE en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El organismo electoral indicó que recibió solicitudes de diversos sectores políticos orientados a convocar a “elecciones complementarias” antes de la segunda vuelta presidencial, tras los problemas registrados en la distribución del material electoral en los comicios del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana. Sin embargo, el Pleno del JNE determinó que esta posibilidad es inviable.
En esa misma línea, el JNE resaltó que el proceso electoral se encuentra en curso y aún no ha concluido. En este contexto, sostuvo que continuará, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas y la resolución de solicitudes de nulidad.
“El Jurado Nacional de Elecciones reafirma que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”, señaló.
Agentes de la Policía Nacional capturaron en la provincia de Chincha, región Ica, a un hombre de 28 años que registraba una requisitoria vigente por el delito de homicidio.
La intervención se realizó como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. Tras el operativo, el detenido fue plenamente identificado por los efectivos y quedó bajo estricta custodia policial.
La detención se produjo luego de acciones de inteligencia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional en diversos sectores de Chincha. Tras la intervención, los agentes realizaron la verificación de identidad correspondiente en el sistema E-SINPOL, y confirmaron que el sujeto era solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo que fue trasladado de inmediato a la dependencia policial para continuar con las diligencias respectivas.
Crimen en las inmediaciones del penal
Según las investigaciones preliminares, el detenido estaría directamente implicado en el asesinato de la abogada Fanny Hernández Correa.
La víctima laboraba como funcionaria en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y fue atacada a balazos el pasado 11 de setiembre del 2024, cerca de las inmediaciones del penal de Chincha.
Las autoridades policiales y del Ministerio Público indicaron que continuarán con las investigaciones exhaustivas para esclarecer totalmente este caso y determinar el grado de participación del detenido.
Asimismo, informaron que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días vinculadas a este violento hecho criminal.
La tensión política en la región Lima empieza a escalar en medio de versiones de divisiones internas y posibles traiciones. Lo que parecía una estrategia alineada entre figuras cercanas a Rosa Vásquez hoy muestra señales de quiebre, con nombres como Ramón Aldave y Lucho Ueno en el centro de una disputa que ya se perfila de cara a las elecciones primarias.
Según fuentes del entorno político regional, ambos personajes, considerados hasta hace poco piezas clave dentro del mismo bloque, estarían tomando caminos distintos en su aspiración por alcanzar el Gobierno Regional de Lima. Esta situación ha encendido las alertas sobre la posible existencia de dos bandos enfrentados dentro del mismo espacio político.
El trasfondo resulta aún más llamativo debido al papel de Rosa Vásquez, quien atraviesa la etapa final de un proceso judicial. En ese contexto, surgen interrogantes sobre su presunta intención de mantener influencia en el poder regional. ¿Se trata de una estrategia política legítima o de un intento por evitar mayores investigaciones?
Por ahora, el escenario es incierto, pero todo apunta a que la contienda interna no solo definirá candidaturas, sino también el futuro del liderazgo político en la región.
ENFOQUE REAL 