“Es una mafia, son delincuentes”: José Ramos lanza duras críticas contra autoridades regionales y precandidatos vinculadas a APP

El precandidato a la alcaldía de Huaral por Ahora Nación, José Ramos Casazola, lanzó fuertes críticas a la gobernadora regional y el consejero regional de Lima, además, de los precandidatos vinculados a Alianza para el Progreso durante una entrevista con Enfoque Real.

Entre los cuestionados mencionó al precandidato Juan Díaz Amado, al consejero regional Víctor Hugo Huaccho, así como al esposo de la gobernadora regional de Lima Región, Ramón Alvade.

En ese sentido, Ramos Casazola pidió a la población elegir autoridades que —según señaló— sean luchadores y defiendan los intereses del pueblo.

“No busquen consejeros como Huaccho, no voten por un candidato como Juan Díaz que el hospital le ha quedado grandazo para poder administrarlo. Aquí hay que decir las cosas con verdad, hay que decirle al pueblo con palabras sencillas lo que ha pasado durante estos últimos años”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, el precandidato huaralino también cuestionó el financiamiento de la campaña política de algunos aspirantes vinculados a APP en la provincia.

“Eso es la demostración palpable de lo que es APP, lo que es el símbolo de la ‘A’, lo que es el contubernio entre el marido de la cholita, la cholita, Juan Díaz, Ferrer. Han pintado todo Huaral. Ferrer es un empleado público del hospital de Huaral. ¿Cómo van a tener tanto dinero? Vienen equipos de Huacho. ¿De dónde van a sacar Ferrer y Juan Díaz para poder hacer esas pintas? Están metidos en la corrupción”, expresó.

Asimismo, calificó de “mafia” al partido Alianza para el Progreso y señaló directamente a su líder, César Acuña Peralta, como el jefe de dicha organización política.

“APP es una mafia, son delincuentes. Han destruido el seguro social. APP tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, los ministerios con mayores presupuestos. Son los que tienen que caer este 12 de abril. Acuña es el jefe de la mafia”, manifestó el precandidato.

Las declaraciones forman parte del debate político previo al proceso electoral, en medio de cuestionamientos y posiciones encontradas entre los distintos actores políticos de la provincia.

Poder Judicial declara reo contumaz a candidata a diputada de Fuerza Popular en Ucayali

El fujimorismo y sus filtros. Hasta hace unos días, Jessica Navas Sánchez caminaba por las calles de Ucayali promoviendo su candidatura a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular ; no obstante, el Poder Judicial acaba de declararla reo contumaz por no acudir a la instalación de un juicio oral en su contra por el presunto delito de malversación de fondos.

Debido a su inasistencia, la magistrada de la Corte Superior de Justicia de Ucayali decidió también ordenar su conducción compulsiva, por lo que la Policía Nacional deberá llevar a Jessica Navas Sánchez a la referida sala en el día y la hora que está programada su declaración como testigo.

El caso se remonta al 2015 cuando Navas se desempeñaba como funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ucayali. Según la tesis fiscal, la imputada -junto a otros dos servidores- habría desviado fondos del proyecto ‘Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha’, cuyo presupuesto ascendía a más de 4 millones de soles.

La Fiscalía señala que Navas Sánchez, en su condición de coordinadora del proyecto y anterior titular de la Dircetur de Ucayali, habría permitido la desviación de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio firmado con el Plan COPESCO Nacional. Ella ocupó el primer cargo desde el 2 de setiembre del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, periodo en el que ocurrieron las irregularidades.

Bienes no autorizados

Pero, ¿en qué se gastó dicho dinero? De acuerdo con la investigación fiscal, se compró un bus turístico de dos niveles por 399.000 soles; una camioneta 4×4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales, por 30.440 soles. Estos bienes, que no estaban contemplados en el cronograma de desembolsos, fueron comprados bajo la dirección de Jessica Navas Sánchez y Lissette Rengifo Rojas, quienes en diferentes periodos estuvieron a cargo de la Dircetur de Ucayali. 

El convenio con el Plan COPESCO Nacional, del Mincetur, era claro. Los fondos transferidos no debían utilizarse para fines distintos a los estipulados. Pero eso se cumplió.

La Fiscalía afirmó que el delito de malversación de fondos, por los que se le investiga a Navas, tiene penas de entre tres a ocho años de prisión, según lo establecido en el artículo 389° del Código Penal.

Aunque, se debe indicar, que se ha solicitado para la candidata N° 1 de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados por Ucayali una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel; además de un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 9.000 soles por concepto de reparación civil.

Por el momento, Jessica Navas ha dejado de realizar sus actividades proselitistas por las zonas de su región Ucayali.

Puente Rojo La Huaca – Tambillo fue cerrado definitivamente por medidas de seguridad

El Puente Rojo La Huaca – Tambillo viene sufriendo una grave afectación estructural en tres bases de las siete ubicadas en el cauce del río a consecuencia de la socavación del suelo.

La Municipalidad Provincial de Huaral ha tomado la decisión de cerrar definitivamente el paso por este puente, tras el informe técnico correspondiente y en salvaguarda de la seguridad de la población.

La medida va acompañada de una exhortación a la población y a los transportistas a respetar las medidas de cierre y la señalización instalada, así como a utilizar las rutas alternas que serán comunicadas oportunamente, con el fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de todos.

El problema del gas natural podría acabar este 14 de marzo, pero crisis continuaría

La crisis del gas natural estaría a punto de acabar en los plazos originales. Como se recuerda, la ruptura de la tubería del gas de Camisea llevó a que el Gobierno racionara el gas, y se limitara la venta de GNV a vehículos particulares y taxis. Esto llevó a que la gasolina subiera de costo (por oferta y demanda del libre mercado) y a un escenario de especulación de precios. Esto, a su vez, impacta en el precio de alimentos, como el pollo, dado el mayor costo para transportarlos.

Ahora, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea registran un avance del 52%. Para el Gobierno esto abre perspectivas muy positivas para superar la emergencia en el más breve plazo. El impacto en la economía familiar peruana, sin embargo, ya está hecho, y podría inclusive no resolverse aún.

Según la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú y su director Carlos Puente, quien ha estado declarando en medios de comunicación, la escasez de combustibles como la gasolina se podría extender más allá de este plazo. Como se sabe, ya genera un impacto en los precios, ya sea por especulación o por aumento del precio de la gasolina.

¿Crisis se extenderá?

Carlos Puente, de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), ha señalado que la escasez de combustibles en el Perú podría extenderse más allá de las dos semanas que estimo el Gobierno inicialmente. Esto extendería más aún el impacto que ya se siente en los precio, y el galón de gasolina podría llegar a costar hasta S/30 en el mercado nacional.

Sin embargo, si el Gobierno confía en que el ducto roto sea reparado pronto, ¿esto no acabaría con la crisis? No, para el dirigente el problema de la gasolina y del diésel es más complejo y no tendrá una resolución rápida.

Si bien el gas natural y el GLP fueron afectados directamente por la rotura del tubo de Camisea, la escasez de gasolina y diésel viene de desde finales del año pasado y si bien se agravó con la emergencia actual, es algo que ha estado creciendo a la par.Comunicado de Calidda informando sobreComunicado de Calidda informando sobre medidas respecto a la crisis de gas natural. Aún si este fin de semana se soluciona lo del gas natural, la crisis de los otros combustibles va aparte. – Crédito Captura de Cálidda

GNV regresaría este fin de semana

En entrevista con RPP, el titular del Minem, Ángel Alfaro, explicó que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP, que ha reportado, oficialmente, que ya cuenta con la mayor parte del equipamiento necesario para la intervención, y que las labores se desarrollan de forma ininterrumpida para restablecer la operatividad del gasoducto en el menor tiempo posible.

“Ya se tiene la mayor parte del equipamiento, lo que falta son los tubos que se llevan al último, cuando está todo dispuesto”, indicó el ministro y añadió que los tubos pesan aproximadamente 10 toneladas y son trasladados mediante helicópteros.

Asimismo, informó que el proceso de restablecimiento del sistema contempla la puesta en operación progresiva de las tuberías de gas natural y de sus líquidos, y que, una vez reiniciado el flujo, el gas tarda entre 12 y 16 horas en llegar a la ciudad.Los precios en el transporteLos precios en el transporte público subieron en, al menos, S/0,50. El alza impacta en la canasta básica familiar. – Crédito Andina/Renato Pajuelo

De igual manera, el ministro hizo un llamado a la calma y comprensión de la ciudadanía frente a la situación. “Que entiendan que esta es una crisis que la estamos administrando y estamos haciendo todo lo posible para atender a los sectores más vulnerables, a las familias y las actividades esenciales para el país”, subrayó.

Mientras, la crisis sigue afectando a la economía familiar, con precios más altos de gasolina, lo que encarece el transporte público y el de carga. Esto impactaría en el precio de alimentos y se vería reflejado en la inflación de marzo.

Jefe policial desata su indignación contra fiscal por dar libertad a sujetos implicados en caso de homicidio

Una fuerte polémica se ha generado en el sistema de justicia tras las declaraciones del jefe de la Región Policial, el general PNP Manuel Farías, quien expresó públicamente su indignación y frustración por la decisión de un fiscal en Huacho de disponer la libertad de dos sujetos implicados en un caso de homicidio, pese a las evidencias presentadas por la Policía.

Durante una reciente conferencia de prensa, el alto mando policial señaló que la Policía Nacional del Perú había entregado un expediente sólido, acompañado de diversas pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad y otros elementos que, según indicó, sustentaban la responsabilidad de los investigados. Sin embargo, el representante del Ministerio Público del Perú optó por no solicitar la prisión preventiva, permitiendo que los presuntos implicados recuperen su libertad.

La decisión ha generado malestar dentro de la institución policial y también preocupación en la ciudadanía, ya que, según advirtió el general Farías, este tipo de resoluciones termina favoreciendo la impunidad. Para el jefe policial, la liberación de presuntos delincuentes de alta peligrosidad no solo debilita el trabajo de investigación realizado por los agentes, sino que además incrementa la percepción de inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de administrar justicia.

“Cuando la Policía arriesga la vida en las calles para capturar a quienes cometen delitos graves, lo mínimo que espera la población es que el sistema de justicia actúe con firmeza”, sostuvo el general, remarcando que el combate contra la delincuencia requiere coherencia y responsabilidad de todas las entidades involucradas.

Finalmente, Farías hizo un llamado directo a las autoridades del Ministerio Público para trabajar de manera articulada con la Policía, señalando que la lucha contra la criminalidad no puede tener éxito si una de las piezas del sistema judicial “le da la espalda” al trabajo de campo realizado por los efectivos policiales.

Cabe señalar que no es la primera vez que el general Manuel Farías cuestiona públicamente decisiones que, a su juicio, favorecen la impunidad. En anteriores oportunidades también ha advertido sobre la presencia de “malos elementos dentro del sistema de justicia”, insistiendo en la necesidad de depurar y fortalecer las instituciones para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Fiscalía del Callao condena a Nilver Huarac y otros exfuncionarios del Gobierno Regional por corrupción en festival musical

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao (Tercer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Wils Anselmo Hugo Gonzales Morales, consiguió que se dicte condena contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y el productor artístico Nilver Huarac debiado al manejo irregular de los fondos generados durante las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao.

De acuerdo con la acusación, presentada en el juicio oral por el fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González, los sentenciados habrían actuado en conjunto para defraudar al Estado a través de un mecanismo que permitió que el empresario musical Nilver Huarac se beneficiara con más de S/440 000 obtenidos por la venta de entradas de un evento financiado completamente con recursos públicos.

La investigación fiscal determinó que los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, junto con el exjefe de Logística, Juan Solís, habrían omitido deliberadamente su obligación de regular el cobro de entradas en los contratos de organización. Esta situación permitió que el proveedor Nilver Huarac recaudara grandes sumas por la venta de boletos que nunca ingresaron a las cuentas del Gobierno Regional del Callao, pese a que la propia entidad difundía de manera oficial los precios de ingreso al evento.

Por los mencionados hechos, el Ministerio Público consiguió que se imponga una condena de seis años de prisión efectiva contra los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís, como autores del delito de colusión agravada. Asimismo, Nilver Huarac fue sentenciado a nueve años de prisión efectiva en calidad de cómplice primario del mismo delito.

Los sentenciados también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que van de seis a diez años y deberán pagar de manera solidaria al Estado una reparación civil de S/568 709. Este monto busca resarcir el perjuicio económico ocasionado por un proceso de contratación irregular que favoreció intereses particulares por encima del deber de proteger los recursos públicos.

La ejecución de la pena permanece en suspensión provisional hasta que el fallo sea confirmado en segunda instancia. En caso de incumplir las reglas de conducta impuestas —como no ausentarse de su lugar de residencia y presentarse mensualmente ante el juzgado para informar sobre sus actividades— la medida podría ser revocada.