Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

Un estudio reciente realizado por egresados de la Universidad del Pacífico (UP) señaló que cinco partidos que competirán en las elecciones generales de 2026 utilizaron inteligencia artificial en la redacción de al menos el 90% de su plan de gobierno. Según los resultados presentados, Fe en el Perú, Fuerza y Libertad, Partido Demócrata Verde, Partido Morado e Integridad Democrática son las agrupaciones que más recurrieron a la IA para elaborar estos documentos. Para el análisis correspondiente, los investigadores utilizaron la herramienta Pangram, la cual permite detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción de textos.

“La herramienta que usamos para detectar IA (Pangram) es confiable: en un estudio del BFI Chicago con miles de textos de distintos tipos, confundió texto humano como generado por IA en menos del 1% de los casos. Pangram y su validación por instituciones externas son de acceso público; ninguno de los porcentajes compartidos está oculto; los enlaces de verificación y los documentos utilizados se encuentran en la página web. Los reportes específicos no son un resumen elaborado por nosotros, sino enlaces directamente alojados por Pangram”, señalaron los investigadores Roberto Monjarás, Fiorella Ramírez y Francesca Chocano.

La ficha técnica del estudio detalla que los planes de gobierno analizados fueron los presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fe en el Perú, partido cuyo candidato presidencial es el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, obtuvo la calificación más alta en uso de IA. Según Pangram, esta agrupación redactó el 100% de su plan de gobierno utilizando herramientas de inteligencia artificial.

El segundo lugar lo ocupa Fuerza y Libertad, alianza partidaria cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli, que alcanzó un índice de 92% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su plan. El Partido Demócrata Verde y el Partido Morado, cuyos candidatos son Alex Gonzáles y Mesías Guevara, respectivamente, también obtuvieron un alto índice de 91%. La lista de partidos con mayor uso de IA en la elaboración de sus planes se completa con Integridad Democrática, cuya postulación es liderada por Wolfgang Grozo; la plataforma Pangram halló un 90% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su documento.

Figuras de los partidos involucrados responden

Desde el Partido Morado, el coordinador del plan de gobierno de esta agrupación, Alfredo Urquiza, señaló que el documento es resultado de un trabajo colectivo iniciado en 2015, antes de la existencia de herramientas de inteligencia artificial, en el que han participado más de 200 personas. Explicó que el plan de 2026 se construyó sobre versiones previas, incorporando nuevas propuestas como la matriz de desarrollo nacional y el modelo de sistemas viables, elaboradas —según afirma— íntegramente por personas.

Indicó que la IA solo se utilizó en dos aspectos: recopilar y organizar información actualizada, posteriormente revisada por el equipo técnico, y uniformizar el estilo del documento final para asegurar coherencia en la redacción. También cuestionó parcialmente los resultados del análisis de Pangram, al señalar que los cambios de estilo pueden haber influido en la evaluación.

En Fuerza y Libertad, La República pudo conversar con Fiorella Molinelli. La candidata señaló que, en evaluaciones previas, su plan de gobierno sí obtuvo una calificación aprobatoria: “Nosotros tenemos la verificación de Turnitin IA Detector y arroja menos del 20% en promedio, que es lo razonable”, indicó.

Por su parte, Paz de la Barra señaló que la publicación no era creíble debido a que los investigadores no figuraban en el registro de Concytec. Además, afirmó que en los próximos días presentaría pruebas de que su plan de gobierno no había sido redactado con estas herramientas.

Desde el equipo de prensa de Wolfgang Grozo señalaron que su plan de gobierno es resultado de un trabajo humano y colaborativo basado en propuestas propias y aportes territoriales. Además, indicaron que la normativa electoral no prohíbe el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo editorial para ordenar, estructurar y mejorar la claridad del texto sin cambiar su contenido.

Se cursaron comunicaciones también con el equipo de prensa de Alex Gonzáles; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fuerza Popular habría utilizado IA para la redacción del 44% de su plan de gobierno, según Pangram

El partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por su candidata Keiko Fujimori, también presenta un porcentaje considerable de utilización de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de su plan de gobierno. Según el estudio, la agrupación habría redactado hasta el 44% del documento con IA. Este medio intentó comunicarse con el equipo de prensa del partido; no obstante, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República señala que Fujimori comparte los primeros puestos junto a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Tanto el exalcalde de Lima como el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) registran bajos porcentajes de utilización de IA en la redacción de sus planes. En el caso del primero, el uso de IA es nulo (0%), mientras que López Chau registra un 8%.

Otras figuras como César Acuña, Carlos Álvarez, José Luna y Mario Vizcarra también presentan porcentajes de uso de IA. El plan oficial de Alianza para el Progreso figura con un 12% de utilización de estas herramientas; País para Todos, partido de Álvarez, obtuvo un 29%; el hermano del expresidente Martín Vizcarra alcanzó un 26%, y Gálvez registró un 21%.

“El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa”

La República conversó con Roberto Monjarás, economista egresado de la Universidad del Pacífico, quien lideró el equipo de trabajo que publicó este informe. Monjarás defendió la precisión de Pangram como herramienta para detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción.

«Esto no necesariamente implica que la detección de texto por IA suponga ideas creadas por IA. Reescribir con IA contamina el texto. Lo contrario es mucho más difícil: lograr que un texto generado por IA pase como humano ante este detector requiere herramientas especializadas y un esfuerzo deliberado», añadió.

Monjarás señaló que detrás de esta investigación hay dos preguntas por responder: «Lo primero sería lo siguiente: ¿está el candidato comprometido con lo que propone? Un plan escrito en su totalidad por IA tiene menos probabilidades de reflejar convicciones reales. Alguien que cree en una propuesta tiende a articularla con su equipo, en su propio lenguaje. También preguntaría: ¿hubo cuidado en la elaboración del plan? Incluso si el candidato cree en lo que propone, dejar que una IA escriba el documento final sin revisión dice algo sobre la seriedad con que se asumió el proceso», indicó.

El joven economista señaló que considera beneficiosas las herramientas de inteligencia artificial, pero advirtió que su uso indiscriminado puede ser perjudicial: «No minimizamos ni su impacto ni sus capacidades. No suscribimos narrativas deflacionistas. Pero hay un problema concreto cuando la IA redacta planes de gobierno sin supervisión: los equipos técnicos saben cosas que la IA no sabe, como cómo funciona la institucionalidad local, qué restricciones legales existen y qué es viable en la práctica. Sin ese filtro, nadie en el equipo termina entendiendo realmente los detalles de lo que se propone. Si hay que implementarlo, se empieza de cero».

Además, detalló que esto puede escalar a otros niveles del Estado: «El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa. Si esto se vuelve el proceso estándar para generación de documentos, podría en el futuro cercano darse leyes que contradigan la legislación vigente, propuestas desconectadas de la realidad y ningún técnico que detecte los errores a tiempo. Eso es especialmente preocupante dado el éxodo de técnicos del sector público desde la crisis política».

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Tal como lo adelantó La República, Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea y principal productor de gas licuado de petróleo (GLP), informó que la producción de este combustible en su planta de fraccionamiento de Pisco (Ica) se encuentra interrumpida, luego de que el 1 de marzo se registrara la deflagración en los ductos operados por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

Según precisó la compañía en un comunicado, tras ser alertados del evento y a pedido de TGP, ese mismo día procedieron a parar producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, con el objetivo de permitir que el concesionario realice las intervenciones necesarias en su sistema de ductos. Esta medida implicó la suspensión total del transporte, tanto de gas natural seco como de los líquidos asociados.

La paralización del sistema ha generado, además, la interrupción de la llegada de los líquidos del gas natural a la planta de Pisco, lo que obligó a detener la producción de GLP y otros derivados. Pluspetrol señaló que esta situación es ajena a las operaciones del Consorcio Camisea y responde exclusivamente a la contingencia ocurrida en la infraestructura de transporte.

Tal como informó La República, esta interrupción golpea directamente al mercado del GLP, combustible esencial para los balones de cocina que utilizan más de 8 millones de hogares en el país, especialmente en las regiones donde no existe acceso al gas natural por red domiciliaria. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que «el 70% del GLP que consume el Perú proviene de Camisea y ese 70% está cortado».

Incrementa afluencia de cisternas

En su comunicado, Pluspetrol señaló que, ante la contingencia, viene ejecutando acciones para sostener los despachos de GLP desde Pisco, utilizando inventarios disponibles. Indicó que continúa atendiendo cisternas, que cargan GLP y cuya afluencia se ha incrementado, mientras evalúa alternativas para contribuir al sostenimiento del sistema energético nacional.

Este escenario ya había sido advertido por el sector envasador. Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), confirmó a La República que ya se inició un racionamiento en el terminal de Pisco y que los tiempos de despacho se han elevado. «Una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días, lo que incrementa los costos logísticos y presiona al alza los precios», indicó a este diario.

Frente a este contexto, Pluspetrol apeló a la calma y responsabilidad de sus clientes, solicitando que mantengan sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de preservar la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la emergencia. Además, informó que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y que viene coordinando con las autoridades nacionales para contribuir a una pronta solución.

La empresa también precisó que sus plantas de Malvinas y Pisco se encuentran listas para reanudar operaciones a plena capacidad, aunque aclaró que ello solo será técnicamente viable cuando se restablezca de manera integral tanto del ducto de gas natural seco como del ducto de líquidos de gas natural, ubicados en la selva virgen de Cusco, al tratarse de un sistema único de producción.

Como alertaron especialistas consultados por este diario, la prolongación de esta interrupción podría derivar en mayor dependencia de importaciones de GLP y en incrementos en el precio del balón de gas, cuyo valor en Lima ya oscila entre S/55 y S/60, con impactos potencialmente más severos en las regiones.

El GLP es un combustible de uso diario para millones de peruanos. Desde hogares, hasta negocios, incluidos los transportistas y conductores de autos.

Gestión provincial avanza en obras y perfil técnico de puente Rojo La Huaca – Tambillo: responde a precandidato por caso ambulantes

En su cuarto y último año de gestión, el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas, dialogó con Enfoque Real sobre temas clave de su administración, tales como la clausura del puente Rojo la Huaca – Tambillo, la colocación de la primera piedra para la obra de pistas y veredas en el Trébol – II etapa, obras ejecutadas por su gestión, entre otros temas.

Respecto al cierre del puente que une Huaral y Chancay, el burgomaestre afirmó comprender el malestar de la población y los transportistas; no obstante, sostuvo que la medida es indispensable ante el inminente peligro de colapso de una de sus bases. Cárdenas explicó que, a través de una consultora, la municipalidad elabora el perfil técnico para un nuevo puente, proceso que tardaría de 2 a 3 meses. Además, precisó que desde 2024 gestionan ante el MTC – Provías Nacional la instalación de un puente modular para el próximo año.

En cuanto a infraestructura urbana, la autoridad anunció la colocación de la primera piedra para las pistas y veredas de la segunda etapa de El Trébol. “Seguimos cumpliendo nuestro compromiso. La población esperaba esto hace 40 o 50 años y ahora es una realidad”, refirió el alcalde, destacando que su gestión ya supera las 100 obras ejecutadas.

Sobre la acumulación de residuos sólidos, Cárdenas atribuyó la problemática a la falta de educación ambiental de ciudadanos que arrojan basura en lugares no autorizados. Aseguró que se están realizando campañas de sensibilización para respetar los horarios de recolección.

Asimismo, se refirió críticamente a la gestión de OTASS, señalando que, pese a las constantes solicitudes enviadas al Ministerio de Vivienda para exigir la salida del organismo por su deficiente servicio, aún no han obtenido respuesta.

Finalmente, lamentó las promesas del precandidato José Ramos, quien —según Cárdenas— habría ofrecido a los ambulantes permanecer en las calles. “Siendo abogado y conocedor de las leyes, pretende prometer algo que está prohibido. ¿Qué más se puede esperar de ese señor?”, concluyó.

El Estado al servicio del pueblo

Por Francisco Diez-Canseco Távara

El principio fundamental de una República es claro: el Estado debe estar al servicio del pueblo. No al revés. Sin embargo, en el Perú de hoy ocurre exactamente lo contrario. El pueblo trabaja, paga impuestos, cumple la ley y sostiene el aparato público, mientras un Estado hipertrofiado, capturado por políticos corruptos e ineficientes, vive a costa del esfuerzo nacional.

El ciudadano madruga para producir, emprender o sobrevivir. El agricultor siembra con riesgo propio. El transportista enfrenta extorsiones. El pequeño empresario lucha contra la informalidad y la inseguridad. ¿Y qué recibe a cambio? Trámites interminables, servicios públicos deficientes, hospitales colapsados, escuelas sin calidad y una inseguridad creciente. El Estado no responde; el Estado estorba.

Durante décadas se ha consolidado una estructura pública diseñada no para servir, sino para repartirse cuotas de poder. Ministerios que se multiplican sin resultados, organismos que duplican funciones, asesores innecesarios, consultorías millonarias y redes clientelares que convierten al presupuesto en botín político. El aparato estatal se ha convertido en refugio de mediocres y plataforma de intereses particulares.

El problema no es el tamaño del Estado, sino su captura moral. Cuando quienes gobiernan priorizan sus conveniencias, blindajes y componendas, el ciudadano queda relegado. Se legisla para grupos de presión, no para el bien común. Se protege al corrupto, no al honesto. Se castiga al emprendedor con impuestos y regulaciones, mientras el corrupto negocia impunidad en las sombras.

Un verdadero Estado al servicio del pueblo exige tres transformaciones profundas. Primero, moral pública: tolerancia cero a la corrupción, sanción ejemplar y expulsión inmediata de quienes traicionan la función pública. Segundo, eficiencia: evaluación permanente del desempeño de funcionarios, eliminación de entidades inútiles y simplificación radical de trámites. Tercero, prioridad social real: salud, educación, seguridad y empleo por encima de privilegios políticos.

El Perú no necesita más discursos; necesita un cambio estructural. Un Estado que facilite, no que obstaculice. Que proteja al ciudadano, no que lo exprima. Que administre con austeridad y rinda cuentas con transparencia. La autoridad existe para servir, no para servirse.

La gran tarea nacional es recuperar el sentido republicano del poder. Recordar que cada sol del presupuesto proviene del esfuerzo del pueblo. Que cada funcionario es un servidor, no un señor feudal. Y que el poder político es un mandato temporal, no una propiedad privada.

Si invertimos esa lógica perversa que hoy nos gobierna, el Perú podrá liberar su enorme energía creadora. El Estado volverá a su esencia: instrumento de justicia, orden y desarrollo al servicio de todos los peruanos.

Esa es la Revolución Pacífica que plantea Perú Acción.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

El próximo 31 de marzo, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Renovación Popular, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se enfrentarán en el debate presidencial elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El tema a discutir se centrará en educación, tecnología e innovación. Al grupo de debate se unirá la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello.

Ese mismo día, también se debatirá sobre el segundo tema: empleo, desarrollo y emprendimiento. Se realizará en cuatro grupos de 3 candidatos. En el primer grupo estarán Francisco Diez Canseco (Perú Acción), el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos). El segundo lo integrarán Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

El tercero Pérez Tello, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y López Aliaga. En el cuarto, estará compuesto por Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Fujimori.

El cruce entre Keiko Fujimori y López Aliaga

Luego de escuchar los constantes dardos que se lanzan los candidatos presidenciales y las promesas que realizan en campaña, veamos qué es lo que proponen sobre educación, innovación y tecnología en su plan de gobierno en caso de que lleguen a la presidencia.

Comencemos por el exalcalde de Lima, que renunció a su cargo para postular a las Elecciones 2026. Su plan de gobierno presentado ante el JNE consta de 25 páginas (24 sin carátula). Según el documento, en «déficit de salud, educación y vivienda en comunidades campesinas y nativas», López Aliaga plantea descentralizar los programas de apoyo social e incorporar en los directorios a representantes de la población organizada, así como formar agentes de desarrollo para capacitar atenciones de alfabetización de adultos.

Asimismo, dice, que implementará el deporte recreativo y formativo en la currícula escolar en todos sus niveles. Además, implementará la participación de los padres de familia en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y desempeño de profesores.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, quien intenta por cuarta vez ser presidenta, propone reforzar integralmente la currícula escolar, incorporar laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos rurales y amazónicos y la construcción de 3.000 colegios. Sin embargo, sobre este último punto no se especifica cómo lo llevará a cabo.

En esa misma línea, Fujimori menciona que adquirirán 6 millones de laptops o tablets con conexión a internet para niños en edad escolar, el acceso a educación inicial en comunidades rurales y dotación de uniformes escolares.

En paralelo, Marisol Pérez Tello apuesta por la mejora de aprendizajes y habilidades socioemocionales de los escolares, el impulso de la educación técnico-productiva y tecnológica, el cierre de brechas territoriales en servicios educativos y el fortalecimiento de la docencia y gestión escolar.

Segundo tema de debate: empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer grupo del segundo tema de debate, Diez Canseco (Perú Acción) propone fortalecer la economía de libre mercado y emprendimiento a través del fomento del entorno empresarial idóneo para los emprendedores y empresarios. Eliminará las «barreras legales innecesarias que puedan obstaculizar el desarrollo de nuevas empresas y la innovación» e incentivará la productividad de los trabajadores.

En tanto, Cerrón apunta a «garantizar el trabajo digno y establece» con derechos laborales a través del fortalecimiento de protección del Estado, la inspección laboral y formalización productiva, así como restituir los derechos laborales y la negociación colectiva como «pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral». Por otro lado, Jaime apuesta por implementar programas de bienestar emocional para combatir el estrés laboral en servidores públicos, integrar a jóvenes en el ámbito laboral y educativo y reducir la informalidad mediante incentivos.

En el segundo grupo, Charlie Carrasco propone la reducción de impuestos, la modernización laboral mediante la formalización, promover la inversión, la reforma agropecuaria y la generación de puestos de trabajo. Mientras tanto, Roberto Chiabra apuesta por la formalización laboral e incorporación de trabajadores al empleo digno, así como la entrega de beneficios tributarios adicionales a empresas que cumplan con cuotas mínimas de contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años con programas de capacitación. Mario Vizcarra va por la generación de empleo formal, productivo y descentralizado, la formalización progresiva de la economía informal, y la reducción del desempleo juvenil y femenino.

En el tercer grupo, Pérez Tello propone elevar la productividad y reducir la informalidad mediante una mayor articulación productiva e inversión en capacidades, reducir de manera significativa la informalidad, las brechas territoriales en formalización, servicios de desarrollo productivo e inclusión financiera y aumentar la productividad. Por su parte, Herbert Caller va por industrializar todos los sectores productivos para desarrollar el país, impulsar la industria productiva, racionalizar el gasto público. López Aliaga se inclina por impulsar oportunidades sin distinción de género, dotar de habilidades a las mujeres para la generación de ingresos en sus comunidades e impulsar la industrialización y generación de empleos en zonas vulnerables.

En el cuarto grupo, Mesías Guevara apuesta por el empoderamiento económico y social del ciudadano, la transformación digital del Estado, el trabajo decente y el emprendimiento, la seguridad social integral y la lucha contra la pobreza e implementar una estrategia de transformación productiva y competitiva de la economía. Roberto Sánchez plantea la ruptura con el modelo primario-exportador y soberanía productiva, la justifica fiscal y redistribución de la riqueza, la diversificación productiva, matriz energética y recursos estratégicos. Keiko Fujimori apunta a la creación de Prompyme, la implementación de política de «licencia 0 para Mypes», eliminar costos y trámites innecesarios, la ejecución del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa como política de Estado.

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que establece que la suspensión de la prescripción penal no puede superar un año.

En su sentencia, el Tribunal concluyó que el legislador tiene competencia para regular los plazos de prescripción como parte de la política criminal del Estado y que la norma no vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional ni al debido proceso. El fallo sostiene que la prescripción cumple una función constitucional al limitar el poder punitivo estatal y evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente.

Ahora, al fijarse un tope máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción, varios expedientes deberán ser recalculados bajo la nueva regla. La decisión fue adoptada por los magistrados al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, con seis votos a favor y uno en contra. El único voto disidente fue el del magistrado Manuel Monteagudo.

Beneficiados por la Ley Soto

El congresista Alejandro Soto Reyes es candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por Alianza Para el Progreso (APP), como parte de la fórmula junto a César Acuña y Milagros Tumi Rivas.

Soto Reyes estuvo involucrado en un proceso penal por el delito de estafa, en el que enfrentaba una posible condena de ocho años y ocho meses de prisión. Aunque el caso había sido archivado inicialmente en 2019, posteriormente fue reabierto tras detectarse irregularidades procesales en la actuación judicial previa.

Luego de la aprobación y publicación de la Ley 31751 en mayo de 2023, norma cuya inclusión en agenda parlamentaria fue impulsada por el propio legislador, su defensa solicitó el archivamiento del proceso penal alegando que, bajo el nuevo régimen de prescripción, los hechos imputados habían quedado extinguidos. El proceso fue finalmente declarado prescrito en sede penal tras la aplicación de la norma.

Sin embargo, la vía civil permaneció abierta y permitió que la empresa afectada continuara su reclamación económica. En ese proceso, el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco lo declaró responsable civil y ordenó el pago de una reparación económica.