Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

Se acerca el día de las Elecciones Generales en el Perú y se van conociendo los antecedentes de los candidatos al próximo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. En ese contexto, La República revisó las declaraciones juradas que todos los postulantes presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y detectó que, al menos, 51 de ellos cuentan con una sentencia por violencia familiar en su pasado.

El partido que lidera el ranking de este tipo de condenas es Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña. En su historial, lleva 13 candidatos con fallos judiciales: 11 de esos postulantes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados, mientras que 2 a la del Senado.

La siguiente organización política de la lista es Perú Moderno, con 5 postulantes con sentencias de este tipo: 4 de ellos aspiran a ser diputados y 1 busca ser senador. El tercer puesto es ocupado por Perú Primero, el partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra, y Progresemos, con 4 condenados cada uno. El siguiente puesto lo ocupa el Partido Aprista Peruano (APRA) —que lleva a Enrique Valderrama como candidato presidencial—, con 3 sentencias.

Asimismo, 7 partidos cuentan con dos candidatos al Parlamento sentenciados por violencia familiar: Perú Libre, del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón; Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Podemos Perú, que lleva a José Luna Gálvez a la Presidencia; País para Todos, que va con Carlos Álvarez; Somos Perú, de George Forsyth; Juntos por el Perú (JPP), de Roberto Sánchez; y Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra.

En suma general, 36 candidatos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 14 senadores con este tipo de sentencia en su pasado.

En ese mismo ámbito, un candidato a la Cámara de Diputados del partido Democrático Federal cuenta con una sentencia por violencia familiar contra la mujer y sus integrantes. La agrupación Progresemos tiene a 2 postulantes como diputados que cuentan con dos condenas por lesiones leves por violencia familiar.

Ahora bien, existen otros 14 candidatos al Congreso de la República que cuentan con sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es decir, tuvieron un fallo judicial en su contra por no cumplir con su obligación de dar el apoyo económico para la compra de los alimentos a pesar de contar con un mandato judicial.

El APRA, Perú Primero y Podemos Perú tienen a 2 postulantes cada uno con este antecedente en su pasado. Ahora Nación, Avanza País, Cívico Obras, Democrático Federal, Somos Perú, Perú Libre, Perú Moderno y Progresemos tienen a uno. En suma, 10 aspiran a ser diputados y 4 a senadores.

Es preciso resaltar que las cifras tomadas para este informe están basadas en las candidaturas declaradas inscritas por los jurados electorales especiales. Se dejó de lado a las postulaciones que fueron declaradas improcedentes, excluidas, renuncias o tachadas. De haberse incluido ese número de candidatos, el número hubiera sido mayor.

Elecciones 2026: 186 candidatos fueron sentenciados por familia y alimentos

Por otro lado, existe otra lista de 186 candidatos que tienen sentencias por familia y alimentos. Este ranking negativo es encabezado por los partidos de Alianza para el Progreso, el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el de José Luna Gálvez (Podemos Perú) y el de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Ahora bien, veamos el detalle. En APP, hay 20 candidatos con sentencias de familia/alimentos; 9 de ellos aspiran a ser diputados, 10 a senadores y uno como parlamentario andino.

En el fujimorismo, hay 11 de estos postulantes con ese historial. 5 quieren ser diputados y 6 senadores. Podemos Perú tiene la misma cifra negativa, pero 7 de ellos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 3 senadores.

Renovación Popular tiene 10 sentenciados. 6 buscan una curul como diputados, 1 como parlamentario andino y 3 como senadores.

Pero eso no es todo, la lista continúa: País para Todos de Carlos Álvarez tiene a 9 con este historial; 6 buscan ser diputados y 3 senadores. La misma cifra se repite con Perú Primero, que lleva a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia.

El partido de izquierda Juntos por el Perú (JPP) también se incluye en la lista. La agrupación cuenta con 8 candidatos con sentencias, 2 a diputados y 6 a senadores. En suma, estos 7 partidos con mayor visibilidad tienen a 41 candidatos a diputados, 34 senadores y 3 parlamentarios andinos con este antecedente.

El APRA, Demócrata Unido Perú, Somos Perú, Unidad Nacional y Perú Moderno no se quedan atrás; estos partidos tienen a 7 candidatos al Congreso con estas sentencias en su pasado. Del total de estas 5 agrupaciones, 25 buscan ser diputados, 2 parlamentarios andinos y 8 senadores.

Más abajo del ranking también se ubica el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación, Cívico Obras y Demócrata Verde con 5 candidatos con sentencia, respectivamente. Mientras tanto, Perú Libre, Democrático Federal y Cooperación Popular cuentan con 6 cada uno.

Salvemos al Perú y Frente de la Esperanza 2021 tienen a 4. La Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Partido del Buen Gobierno, el Partido Morado y Perú Acción llevan a 3 cada uno entre sus filas.

Progresemos, Primero la Gente (el partido de Marisol Pérez Tello, que se inscribió al último), el PRIN, Integridad Democrática, el Partido Patriótico Peruano (PPP), Libertad Popular y Fe en el Perú tienen a 2 candidatos con estas sentencias. Las agrupaciones de SíCreo y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) tienen a uno cada uno.

En general, estas 35 agrupaciones políticas que buscarán ocupar una curul llevan a 112 candidatos a diputados, 6 a parlamentarios andinos y 68 a senadores con sentencias por familia y alimentos.

Por otro lado, existe otra lista de candidatos con sentencias por el delito de falta contra la persona, lesiones dolosas o culposas. Aunque es mínima, es importante. Hay 5 postulantes (3 diputados y 2 senadores) con este antecedente. Fuerza Popular, Frente de la Esperanza 2021, Perú Libre, Perú Moderno y Unidad Nacional llevan a un aspirante al Congreso con esta condena en su pasado.

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Según la Plataforma Electoral, Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, es el partido con mayor número de candidatos que tienen sentencias en su historial. En total, 53 postulantes de APP presentan condenas: 32 aspiran a ser diputados, 1 al Parlamento Andino y 20 al Senado. Le sigue Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, con 32 candidatos sentenciados: 21 para diputados y 11 para senadores.

Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ocupa el tercer lugar en cuanto a candidatos con antecedentes penales. El partido presenta 33 postulantes con condenas: 21 aspiran a ser diputados, 2 al Parlamento Andino y 10 al Senado. En cuarto lugar se encuentra Perú Primero, de los hermanos Martín y Mario Vizcarra, con 29 candidatos sentenciados: 19 para diputados y 10 para senadores.

Copeinca inicia arbitraje contra Cosco Shipping y reclama US$2.63 millones por fallas en emisor submarino en Chancay

La pesquera acusa incumplimientos en la reubicación de su emisor submarino y exige compensaciones por daños, lucro cesante y costos de reparación.

Corporación Pesquera Inca (Copeinca), la principal empresa pesquera industrial del país, inició un proceso arbitral contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, reclamando el pago de US$2.63 millones más intereses legales por presuntos daños derivados de la reubicación de su emisor submarino en Chancay.

La acción fue presentada el 17 de diciembre de 2025 mediante un memorial de 130 páginas acompañado de 103 pruebas documentales. Según la compañía, los perjuicios se originaron durante la ejecución del traslado de esta infraestructura, esencial para la evacuación de aguas residuales tratadas y la continuidad de sus operaciones.

El conflicto se remonta a un convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 entre ambas empresas. En ese acuerdo, el operador portuario asumió la responsabilidad de desarrollar la ingeniería del proyecto y ejecutar la reubicación del emisor submarino de Copeinca.

Fallas en la reubicación del emisor submarino

De acuerdo con la pesquera, el convenio establecía que Cosco debía realizar la ingeniería y ejecutar el traslado de la infraestructura sin afectar el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, debía asumir la responsabilidad técnica del proyecto y cubrir los costos asociados a la reubicación.

Copeinca sostiene que estas obligaciones no se cumplieron plenamente. Según detalla la demanda, durante la ejecución se habrían producido fallas técnicas relevantes, entre ellas la instalación del emisor en coordenadas distintas a las autorizadas.

La empresa también afirma que la obra se habría ejecutado sin estudios suficientes sobre la geomorfología y la dinámica oceanográfica de la zona.

Estas deficiencias, según la pesquera, habrían generado contingencias que comprometieron la integridad de la infraestructura instalada. Como consecuencia, el emisor submarino habría sufrido dos rupturas posteriores: una en diciembre de 2024 y otra entre abril y mayo de 2025.

Tras estos incidentes, Copeinca exige la construcción de nuevos emisores y una reparación integral que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.

Reclamo económico por daños y lucro cesante

Dentro del proceso arbitral, la empresa estructuró sus pretensiones en seis bloques.

En primer lugar solicita que se declare el incumplimiento contractual por parte de Cosco Shipping. Además, exige una compensación de US$738,800 por daño emergente derivado de las fallas detectadas en la infraestructura.

A este monto se suma un reclamo de US$883,800 por concepto de lucro cesante. La compañía también solicita un pago adicional de US$1’008,000 destinado al reforzamiento temporal y a la reparación integral del sistema.

Asimismo, pide indemnidad frente a eventuales reclamaciones de terceros vinculadas al convenio firmado en 2021 y el reembolso total de los gastos del arbitraje.

Antes de acudir a esta instancia, ambas empresas sostuvieron una etapa de trato directo que no logró resolver la controversia. Durante ese proceso, Copeinca afirma haber presentado evidencia técnica sobre los efectos de la reubicación defectuosa, incluyendo paralizaciones de operaciones y mayores costos operativos.

Fuente: Revista Economía

Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

El Poder Ejecutivo aprobó la transferencia de S/ 100 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras una reunión entre el presidente del ente electoral y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con esta asignación de recursos, Roberto Burneo anunció que se ha logrado cubrir el 98.7% del presupuesto necesario para la organización y ejecución de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

El titular del JNE precisó que, a pesar del avance presupuestario, aún no se llega a un consenso con el Gobierno, debido a que no se ha aprobado la asignación de bonos para los magistrados del Poder Judicial que integran los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esta situación representa un avance desigual en el proceso, ya que para los comicios generales operan 60 JEE, pero las regiones la cobertura es deficiente, con apenas 28 instalados de los 91 requeridos.

Pese a estas limitaciones, el organismo aseguró contar con la capacidad logística para fiscalizar los locales de votación y las mesas de sufragio. Al respecto, el presidente del JNE destacó que el plan operativo contempla la asignación de un fiscalizador por cada dos mesas, una medida estratégica ante la recurrente ausencia de personeros y observadores en diversos puntos del país. “La idea es que el Jurado esté presente con su equipo de fiscalizadores para garantizar la legalidad del proceso”, señaló Burneo vía RPP.

Esta transferencia se realiza bajo el Decreto Supremo N° 031-2026-EF, que autoriza el uso de un total de 224,77 millones de soles provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

Esta cifra se distribuye entre tres sectores estratégicos para asegurar la viabilidad de las elecciones generales y regionales 2026:

Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Recibe S/ 100 millones destinados específicamente a los gastos operativos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Ministerio de Defensa (Mindef): Recibe S/101,47 millones para financiar la intervención de las Fuerzas Armadas en el resguardo del proceso.

Ministerio del Interior (Mininter): Recibe S/ 23,29 millones para las acciones de seguridad a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Osinergmin autoriza a industrias cambiar de GNV a otros combustibles tras la restricción de gas natural

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) autorizó medidas excepcionales para que industrias afectadas por la restricción del gas natural puedan migrar temporalmente a combustibles alternativos como GLP o diésel y así evitar la paralización de sus operaciones.

Mediante un comunicado, el regulador informó que se aprobaron medidas excepcionales y transitorias que exceptúan la inscripción de consumidores directos en el Registro de Hidrocarburos, lo que permitirá que determinadas empresas cambien de manera temporal su matriz energética y continúen con sus actividades productivas.

Cabe recordar que, tras la restricción del suministro de gas natural, varios sectores se han visto afectados, especialmente el industrial, ya que muchas empresas dependen de este recurso para sus procesos productivos.

Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural se encuentran actualmente afectadas por esta situación.

Daly señaló a este diario que las compañías están asumiendo pérdidas significativas, aunque descartó, por el momento, un desabastecimiento de productos básicos, ya que muchas cuentan con reservas para afrontar emergencias de este tipo. No obstante, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos.

Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía mientras dure la emergencia.

“Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, expresó.

Las disposiciones fueron aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 39-2026-OS/CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 002-2026-EM, normativa que forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para enfrentar la emergencia en el sistema de transporte de gas natural.

Osinergmin precisó que la medida responde a que, como consecuencia del racionamiento del gas natural, algunas industrias han visto afectado el abastecimiento de este recurso energético. En ese contexto, se habilita temporalmente el uso de instalaciones existentes destinadas al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos, siempre que las empresas cumplan con las condiciones de seguridad establecidas y cuenten con una póliza de seguro vigente.

Asimismo, señalaron que estas medidas transitorias permiten exceptuar temporalmente —y bajo condiciones técnicas de seguridad— el cumplimiento de determinadas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas vinculadas al sector hidrocarburos.

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

La presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, anunció nuevas medidas el viernes 6 de febrero debido a la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). Entre las decisiones, la funcionaria reveló la priorización del teletrabajo y la modalidad de clases virtuales durante una semana, mientras se restablece el suministro del hidrocarburo en la capital.

En una rueda de prensa, la titular precisó que la modalidad de clases a distancia se implementará en instituciones educativas tanto públicas como privadas, abarcando colegios, institutos y universidades de Lima y Callao, debido a las dificultades de transporte ocasionadas por la escasez de GNV. En el ámbito laboral, el Gobierno destacó la adopción del trabajo remoto en el sector público y su fomento en el ámbito privado.

Nuevas medidas ante crisis por el GNV

Entre las principales iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo se encuentran el teletrabajo y las clases en línea durante la duración de la emergencia técnica. Esta medida busca disminuir la demanda de transporte y combustible, dado que el abastecimiento de gas natural está restringido.

Asimismo, el Gobierno instó al sector privado a implementar la modalidad de teletrabajo. Además, solicitó que se promoviera el adelanto de las vacaciones en aquellas industrias afectadas por la menor disponibilidad del hidrocarburo.

Congreso quiere aprobar hoy leyes que le costarían al país S/12,000 millones

Hoy se llevará a cabo la primera sesión del Pleno del Congreso correspondiente a la última legislatura de este quinquenio 2021-2026, caracterizado principalmente por el blindaje a las inconductas éticas, la virtualidad, el ausentismo parlamentario y la aprobación de normas populistas sin importar si provocan o no un forado en las arcas fiscales y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Apenas hace unos días, el Consejo Fiscal (CF) informó que solo entre 2021 y 2025 el Parlamento aprobó 229 leyes que le han provocado al país un gasto aproximado de S/36,000 millones.

El escenario no parecería mejorar de aquí hasta el inicio del próximo gobierno. Por el contrario, se torna más preocupante en plena campaña electoral, con legisladores que aspiran a la reelección, que han identificado bolsones electorales como los maestros o el personal de Salud, y que no tendrían sonrojo en utilizar sus demandas y necesidades para aprobar dádivas bajo la figura de leyes a cambio de votos.

Populismo en leyes

De hecho, en la agenda del Pleno de hoy jueves se han incluido no pocas iniciativas que van en esa línea, como la que, bajo el supuesto de una “dignificación” de los docentes, plantea fijar una pensión para los maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial, lo cual —según el Consejo Privado de la Competitividad— implicaría un gasto para el Estado de más de S/7,395 millones.

Dicha propuesta, se recuerda, fue aprobada por el Parlamento, observada por el Ejecutivo y luego nuevamente aprobada por insistencia por el Congreso en octubre. A estas alturas podría convertirse en ley si se ignoran las observaciones del gobierno central respecto de que “generaría cargas económicas significativas y permanentes para el Estado” y que “no resulta procedente ni técnicamente viable establecer un esquema de pensión nivelada y basado únicamente en la condición del maestro al momento de su retiro sin tomar en cuenta el historial de aportaciones del afiliado”.

Y no es la única iniciativa cuestionable. También está el dictamen que recomienda, también por insistencia, el nombramiento automático de profesores contratados de educación básica regular, lo que generaría un costo anual superior a los S/4,568’406,388.37 —según ha advertido el Ejecutivo—, y que se salta a la garrocha la meritocracia. “No es compatible permitir un ingreso directo sin evaluación a los profesores, contratados sólo porque tengan cierta cantidad de años de experiencia profesional”, se lee entre las observaciones.

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En la agenda de hoy también figuran otros dos proyectos que generan alarma. El primero dispone la incorporación extraordinaria, de manera gradual y progresiva, de los trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Pese a la opinión desfavorable de SERVIR fue aprobado por mayoría por la Comisión de Presupuesto que señala que la norma “no contempla el acceso a la función pública por un concurso público de méritos”.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, alertó que su implementación demandaría mayores recursos presupuestarios y el consecuente incremento de gastos al Tesoro Público con un costo anual estimado de S/ 34’349,287,98. “La iniciativa coadyuvaría al desorden en la gestión del recurso humano que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, que comprende, entre otros, la gestión de la compensación de los servidores civiles fiscalmente sostenible”, subrayó el MEF.

Una segunda iniciativa busca autorizar el nombramiento excepcional y por única vez del personal de la salud profesional, técnico y auxiliar asistencial contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El proyecto es de Perú Libre, APP, Renovación Popular y Acción Popular. Todos estos grupos, salvo AP, tienen intereses electorales el 12 de abril.

SABÍA QUE

Con el auspicio de las bancadas de Perú Libre y Podemos Perú se impulsa en el Congreso un proyecto de ley para el noveno retiro de fondos de las AFP.

La iniciativa está en la cancha de la Comisión de Economía y no considera, convenientemente, que hay actualmente más de cuatro millones de afiliados con saldo cero.

En ese mismo grupo de trabajo hay propuestas para el retiro de fondos de la ONP pese a su carácter antitécnico.

OPINA

«Son preparativos para la fiesta populista»

Carlos Casas, economista

Como se sospechaba, como parte de la campaña política el Congreso iba a empezar con estas iniciativas populistas que lo único que hacen es dejar una bomba de tiempo para el siguiente gobierno, porque todos estos aumentos de gasto definitivamente atentan contra la salud fiscal del país.

Es irresponsable porque en el corto plazo puede significar un alivio, una mejora a la condición de vida de la gente, pero no se mira el costo en el largo plazo que puede ser mucho mayor.

Con una situación fiscal deteriorada, más adelante, podemos tener que hacer ajustes estructurales, reducir gastos, aumentar impuestos. Estos van a ser argumentos de campaña: “yo aprobé esto”, “mi partido aprobó esta medida populista”; es una feria de ofertas y ya se están viendo los preparativos para la fiesta populista que va a pasar la factura más temprano que tarde.

(…) Si se mantiene la situación y no baja la presión fiscal para el siguiente gobierno, en el corto plazo vamos a empezar a ver nuestra deuda crecer, podríamos perder el grado de inversión. Nadie puede gastar más de lo que tiene de recursos.