Entre enero y febrero del 2024, el Perú registró más de 31 mil casos de dengue, el doble de personas diagnosticadas con esta enfermedad en el mismo periodo del 2023. Si seguimos analizando la data, este año, el número de casos de dengue es diez veces mayor a al que se reportó en 2017, en pleno fenómeno El Niño Costero, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Hasta el cierre de este informe, 32 peruanos han fallecido en las zonas más críticas afectadas por el dengue. Esta situación ha llevado al Gobierno a declarar en estado de emergencia sanitaria 20 regiones del Perú por el plazo de 90 días. El titular del Minsa, César Vásquez, indicó cuáles son los departamentos más golpeados. “Son cuatro las regiones más afectadas hasta ahora, Piura, La Libertad, Áncash, Ica. Sin embargo, las demás regiones están en un riesgo inminente también de poder llegar a presentar epidemias y no queremos esperar a que esto se produzca”, dijo a RPP.
Vásquez enfatizó que, con la declaratoria de emergencia, se buscará que la transferencia de recursos de más de S/ 160 millones para Lima y el resto de regiones. Sostuvo que también se realizará un mayor monitoreo de las acciones que emprendan los gobiernos regionales y locales, a fin de lograr un trabajo articulado que también involucre a la población.
Consultado por RPP Data respecto a una posible respuesta tardía por parte del Estado, el ministro respondió: «Uno siempre quiere que las cosas mejoren y tengamos el menor número de casos posibles, pero si no hubiésemos hecho [la acciones que hemos realizado hasta ahora], estoy seguro de que no estaríamos hablando de un aumento de casi el 100% [de casos de dengue], sino de 1000%, como lo están pasando países vecinos».
Factores que favorecen el aumento de casos
Si analizamos la data de todo el 2023, en ese año se superaron las 269 mil personas con dengue en el Perú, cantidad dos veces mayor que la suma de todos los casos registrados entre 2020 y 2022.
El incremento del dengue en el Perú está relacionado a dos factores principales. El primero, explica el médico infectólogo Augusto Tarazona del Colegio Médico del Perú, tiene que ver con el aumento de calor debido al cambio climático, que favorece la reproducción rápida del mosquito que trasmite la enfermedad.
La segunda condición está vinculada a la presencia de un débil sistema de vigilancia y control de este zancudo por parte de los ciudadanos y las autoridades. «Existen numerosos estudios que muestran que, con el incremento de la temperatura, el mosquito acelerara su reproducción. Lo que normalmente toma un periodo de siete a diez días, baja hasta tres a cinco días. Es decir, la población de mosquitos puede duplicarse o triplicarse en menos de una semana», comentó a RPP Data.
“Por otro lado, está el tema de la vigilancia. Al mosquito hay que eliminarlo cuando es larva y cuando es adulto. Cuando es larva, interviene mucho la población porque los criaderos están en los floreros, los depósitos pequeños de agua (…) En el caso del mosquito adulto, la intervención es a través de la fumigación. Vamos muy lento en esto. Tenemos dificultades en el abastecimiento de insecticidas, en la disponibilidad de equipos y de personal de salud especializado”, añadió el infectólogo Tarazona.
“Siempre hemos vivido muy tranquilos aquí, pero todo cambió desde que hace unos años se inició la construcción de este puerto multipropósito”, dice Miriam Arce, lideresa vecinal de este municipio a 80 kilómetros al norte de la capital de Perú, donde se ubica el que se proyecta como epicentro del intercambio comercial entre China y los países de América del Sur.
Chancay es uno de los 12 municipios de la provincia de Huaral y con una población de unos 63 000 habitantes. Se caracteriza por sus valles agrícolas, un mar pródigo para la pesca artesanal y la producción de harina de pescado, y olas muy atractivas para los practicantes de surf.
“Esta es una bahía idónea para vivir lejos de la vorágine de Lima, la gente venía porque encontraba esa calma y certeza de estar en un lugar seguro donde todos se conocen, sin temor a que te roben y poder disfrutar de una playa hermosa y platos con frutos marinos”, rememora a IPS Arce, presidenta de la Asociación en Defensa de las Viviendas y Medioambiente del puerto de Chancay.
Su bisabuela llegó en la década de 1930 a Perú huyendo de la guerra civil española, se asentó en aquel entonces pueblo costero del Pacífico y sus hijos siempre se mantuvieron vinculados a la pesca. “Mi abuelo trabajó en la primera fábrica de harina de pescado y en el boom de los años 60 la empresa construyó estas casas como un campamento frente al mar y mi papá, que fue pescador, la compró posteriormente”, relata.
Sus recuerdos se relacionan con el dilema que le plantean algunas personas sobre irse y dejar atrás el conflicto generado por la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que abarcará 992 hectáreas en total y tendrá una inversión de capitales chinos de 1213 millones de dólares en la actual primera etapa, para alcanzar los 3600 millones cuando esté completada.
Esta inversión es parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta lanzada mundialmente por Beijing en 2013 como parte de su política económica mundial, que incluye el desarrollo de infraestructura vial, portuaria y de conectividad en diferentes países del planeta, incluyendo a los sudamericanos.
La mayor empresa naviera china, la estatal Cosco Shipping, entró en el proyecto en 2019, cuando adquirió 60 % de sus acciones. Cambió el diseño original de la obra iniciada en 2016, para reconvertirlo en el terminal multipropósito, con cuatro puertos planificados y hacerse responsable de la construcción. El restante 40 % quedó en manos de la proyectista inicial, la privada empresa minera peruana Volcan.
Se le denomina puerto multipropósito por las diferentes funciones que cumplirán sus terminales, donde se prevé movilizar un millón de contenedores al año de carga general, a granel no mineral, líquida y rodante, en una infraestructura con tres componentes diferenciados: el operativo portuario, el de acceso y logística y el del túnel vehicular, según explica la naviera china en la página digital del proyecto.
La primera etapa, que abarca 141 hectáreas, culminará con la construcción de un primer puerto que será inaugurado durante la próxima cumbre de países del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec), que por tercera vez se realizará en Perú en noviembre del 2024, y a la que asistirá el presidente de China, Xi Jinping.
Según el gobierno peruano, esta megaobra colocará al país andino como el primer centro logístico del Pacífico en América Latina, dinamizará su economía, las exportaciones, incrementará las oportunidades de comercio, así como el empleo local.
¿Por qué debo desarraigarme?
Arce tiene 54 años y vive con sus padres en la casa que habitaron sus abuelos, tíos y primos. Desde el frontis se puede contemplar el mar y el muelle artesanal mientras que el lado posterior colinda directamente con las obras de Cosco Shipping, que le ha impuesto la convivencia permanente con el polvo, la contaminación y la intranquilidad.
“Esta no es solo una vivienda, es la historia de mi familia, por qué tendría que irme, desarraigarme, si yo he nacido aquí y amo este lugar. Yo no era luchadora social, pero defender la bahía de Chancay me ha hecho tomar conciencia del significado de la vida y de los intereses en juego en nuestro país, donde parece que el dinero vale más que los derechos de las personas”, expresa.
Su casa está en la zona de La Puntilla y junto con ella IPS recorrió el conjunto de viviendas que se alinean en el malecón y que llevan hasta una cumbre desde donde se avista el espigón construido, el movimiento de maquinaria y de algunos trabajadores.
Y lo que más llama la atención es la mutilación del cerro Cascajo en uno de sus lados, en cuya falda lateral están las viviendas de La Puntilla, y que da a la zona operativa portuaria donde se instalarán los muelles, espigones y las áreas para el ingreso marítimo, para el almacenamiento de contenedores y talleres de mantenimiento.
Arce señala cómo en la zona se ha erosionado la playa. También muestra los geotubos, unas mangas de lona de tres metros de diámetro rellenadas de arena con agua que la empresa ha colocado entre el mar y la arena como un muro de contención para contrarrestar la erosión.
“Las obras han cambiado las corrientes marinas, ya no tenemos olas y se ha perdido no solo la belleza característica de la bahía que era un atractivo turístico, sino se ha dañado el ambiente y los recursos naturales”, deploró.
En el 2016 empezaron las explosiones que tuvieron el efecto de ondas sísmicas entre las casas ubicadas a 50 kilómetros del área del proyecto. Las protestas dieron lugar a la firma de convenios entre pobladores afectados que recibieron pagos del equivalente de entre 260 y 75 dólares por las molestias causadas. Una suma de improvisaciones.
“Ese es el problema, que no nos reconocen como afectados, y los convenios prácticamente condicionan a las personas a no denunciar ni protestar”, cuenta a IPS Angely Yufra, de la zona de Peralvillo, parte también de Chancay, donde vive desde que nació hace 49 años.
Ahora reside solo con su pareja porque sus hijos ya se independizaron y asegura que no la amedrentan las amenazas de la empresa que ha criminalizado las protestas enjuiciando a varios de sus dirigentes.
En un recorrido por las calles del puerto hasta la carretera principal de acceso a llamada Panamericana Norte, Arce y Yufra muestran cómo la empresa ha tomado prácticamente áreas urbanas para el traslado de sus camiones con materiales hasta la boca de entrada a la zona de las obras, así como a una parte reparada por un hundimiento provocado por la construcción del túnel que recorrerá Chancay.
En su página informativa, Cosco Shipping indica que el túnel del viaducto subterráneo tiene una longitud de 1,8 kilómetros y es un corredor vial con tres carriles para el exclusivo tránsito de carga relacionada con las operaciones portuarias, y dos grandes fajas transportadoras.
“No ha habido análisis de suelos que son muy variados en Chancay para hacer este túnel, es que desde el inicio este proyecto nació mal porque para la envergadura de la obra debió pensarse en una zona desértica y no poblada”, explica Arce.
Al borde de la carretera Panamericana, una vía que separa en dos el municipio de Chancay, señala unos enormes pilones de cemento sobre los que se construirá un eje vial elevado para el paso de los camiones a la zona logística del puerto, que se prevé que sean al menos 4000 cada día, precisó.
“¿Y cómo va a quedar la gente que vive a los costados? Va a quedar enclaustrada, sin poder cruzar para ir al colegio, al mercado, a ver a un familiar. Lo que han dicho es que les van a construir una vía alternativa, pero eso puede demorar años”, indica la lideresa vecinal.
Arce manifestó que este proyecto tiene un origen marcado por la desinformación y trámites bajo la mesa. Y que involucra al segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y a los que le sucedieron: los de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido y los demás están procesados por diferentes delitos.
“Todos han dado su visto bueno pese a que las organizaciones de sociedad civil y de la población hemos presentado más de un centenar de observaciones a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, necesario para la autorización de las obras”, refiere Arce.
Estas observaciones incluyen afectaciones a la vida y derechos de la población, a la naturaleza, así como procedimientos irregulares.
Entre las afectaciones se encuentran los impactos en la salud mental de la población. Es el caso de María Bautista “chancayana del puerto toda mi vida” y quien a sus 75 años dice no haber pasado por algo igual antes.
Con su hija y su nieta se hace cargo de un restaurante donde el ceviche, uno de los platos bandera de Perú, es de los preferidos, así como de un hospedaje en el piso superior, al que llegaban los surfistas. “Ahora ya no vienen porque no hay olas”, se lamenta.
Agrega que se siente mal psicológicamente y que se encuentra con el sistema nervioso casi colapsado. “Tenemos además la contaminación de la tierra que nos afecta los bronquios y los malos tratos del personal de la empresa que atropella nuestra dignidad por darnos los montos pactados. Nos han dicho que por navidad recibiremos una canasta ´porque están arrancados´, como si estuviéramos mendigando dinero cuando somos una población trabajadora”, subraya Bautista.
En el recorrido de IPS por las calles del puerto de Chancay, el diálogo fue con vecinas y lideresas, porque los dirigentes varones se encontraban fuera en otras gestiones.
La Asociación en Defensa de las Viviendas y Medioambiente del puerto de Chancay y otras organizaciones de pobladores saben que no habrá marcha atrás en las obras porque “los intereses económicos y el lobby político son muy fuertes”, indica Arce.
Explica que ante ello están planteando la formación de una mesa multisectorial a nivel del gobierno para que se evalúe el Estudio de Impacto Ambiental y se reconozca a las personas como afectadas, pues será la única forma de poder luchar por una política de compensación que actualmente no tienen asidero legal para reclamar.
Arce advierte que la población se irá sumando a las protestas pues a medida que las obras avanzan se amplía el rango de los daños, como está sucediendo con la construcción del túnel bajo las calles urbanas. Igualmente comienzan a percibirse los impactos del próximo eje vial superior que “generará un atolladero en el kilómetro 80 de la Panamericana Norte perjudicando no solo a nosotros sino a toda persona que intente ir o venir por esa vía”, afirma.
“Somos una piedra en el zapato de ese gigante”, resume.
¿Dinamizará la economía?
Para la economista Norma Canales, quien residió en el valle de Huaral en su infancia, existe la posibilidad de que con el desarrollo del puerto multipropósito de Chancay se incremente el producto interno bruto (PIB), tal como subrayan sus impulsores, lo que podría contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, consideró que para ello es necesario tomar en cuenta los impactos que tendrá en el estilo de vida los habitantes al generarse un cambio radical en su infraestructura urbana y productiva.
“Será pasar de una ciudad de pescadores artesanales con vocación agrícola a una ciudad de mega puerto con el ingreso de embarcaciones navieras de gran capacidad”, dijo a IPS.
En ese escenario, adujo, no debe perderse de vista el posible crecimiento poblacional por la demanda de empleo que pueda darse, lo que obligará a una respuesta que garantice el acceso a servicios como agua, luz, vivienda, entre otros.
Con más del 70% de avance y una fecha estimada de inauguración en noviembre de 2024, el Megapuerto de Chancay continúa motivando la generación de mejoras en la infraestructura que rodeará el terminal portuario. Todo ello con el fin de convertirse en el hub sudamericano que conecte la región con Asia.
Recientemente, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, reveló que su sector tiene previsto mejorar la fluidez del tránsito de carga en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay a través de dos nuevas vías adicionales. En diálogo con TV Perú, el ministro precisó que se trata de una vía de evitamiento entre Chancay y Chancayllo (al norte), así como una vía adicional en la variante de Pasamayo (al sur).
“El propietario del puerto está desarrollando un intercambio para efectos del transporte de carga, pero nosotros tenemos un proyecto para hacer una vía de evitamiento entre Chancay y Chancayllo que permita una mayor fluidez del transporte. Chancayllo se ha convertido en una zona urbana. La idea es sacar esta vía de evitamiento para poder evitar que los camiones pasen por la zona urbana y por tanto haya mayor flujo de vehículos”, explicó Pérez-Reyes.
A su criterio, esta obra tendría que haberse planificado hace tres años, por lo que durante todo el 2023 el MTC estuvo trabajando en la zona para hacer gestión de tráfico.
En relación a la vía de Pasamayo, indicó que primero se realizarán labores para controlar el tráfico de la zona y que ya se encuentran en preparación de los perfiles de proyectos.
“Estamos haciendo una vía adicional, un par vial en la zona de la variante de Pasamayo para poder aumentar el flujo de vehículos que transiten por ahí. En la etapa inicial vamos a tener que hacer mucha gestión de tráfico, pero las soluciones están avanzadas, están preparándose los perfiles de los proyectos”, refirió. “Yo creo que vamos a tener en el 2026 o 2027 algunas señas de estos proyectos que van a ir mostrando resultados y que van a ayudar a reducir la transitabilidad en estas zonas que son camiones con carga”, añadió.
Nueva Carretera Central
Por otro lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones comentó que las primeras labores de construcción de la Nueva Carretera Central comenzarán en el primer trimestre de 2026 y se terminarían en 2031 de forma optimista.
“Deberíamos estar comenzando en el primer trimestre de 2026 a más tardar las obras. Si todo avanza bien, deberíamos estar al 2031 con la obra concluida”, destacó.
Por el momento, su sector se encuentra trabajando en la liberación de predios a fin de tener el menor nivel de interferencias en la obra. “Una parte importante de la ruta inicial en la zona de Lima tiene un túnel de casi 5 km de longitud porque lo que busca es reducir interferencias con las zonas urbanas que son la mayor parte de los problemas que tienen nuestros proyectos”, puntualizó.
En el 2022, el mar de Ventanilla y otros puntos costeros como Chancay y Aucallama se vieron gravemente afectados por el derrame de petróleode Repsol: el peor desastre ecológico de la última década en el Perú.
Tras haber recibido una compensación económica, dos años después del hecho, los pescadores artesanales denuncian que aún luchan por recuperarse ante la prohibición de la empresa involucrada de ejercer la pesca, dejando a más de 10 mil pescadores sin poder retomar su medio de vida tradicional.
Por tal razón, el desastre ecológico, que no solo ha causado afectaciones a la fauna marina sino también a la economía local, continúa poniendo a la responsable en el centro de la controversia por su gestión de las compensaciones y las restricciones impuestas.
Pues, a pesar de que Repsol afirma haber pagado montos por encima de lo requerido por el Gobierno peruano, la comunidad pesquera continúa presentando quejas acerca de las insuficiencias en estos pagos y exige una revisión del acuerdo firmado.
Esto debido que, a la fecha, la producción de pesca se encuentra paralizada, situación que afecta el sustento de miles de familias.
¿Cuál es la situación de los pescadores artesanales de la provincia de Huaral?
Actualmente, los pescadores artesanales de Huaral —afectados por el derrame— critican las exigentes condiciones de Repsol para la compensación.
En 2022, la suma entregada fue de 70 mil soles, reducida a 35 mil soles en 2023, cantidad que, según los pescadores, no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni retomar sus actividades.
Además, la prohibición de pescar ha dejado inactivas a más de 1000 embarcaciones, incrementando los gastos de mantenimiento sin generar ingresos. Ante esta realidad, la comunidad pesquera de la costa central del país exige a las autoridades modificar el acuerdo con Repsol, buscando una solución que permita reactivar la pesca, el comercio y la recreación en las zonas afectadas.
Según análisis de CooperAcción, las compensaciones económicas entregadas por Repsol a los afectados del derrame, varían entre los 50 mil 000 y 70,000 soles, lo cual representa solo un 25% de lo estimado necesario.
También, de acuerdo a investigaciones realizadas por IDL-Reporteros, estos pagos se establecieron como únicos y definitivos por parte de la empresa.
Por ello, los pescadores denuncian la naturaleza abusiva de estos acuerdos, argumentando que se les presionó a aceptar dichas sumas durante un período de extrema necesidad, después de haber perdido su principal fuente de ingresos.
Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el proceso no constituyó un trato justo para las víctimas, evidenciando una falta de equidad en las negociaciones.
La demanda en contra de Repsol fue presentada el miércoles 10 de enero de 2024. Foto: composición Infobae/Andina
Pagos de Repsol a afectados no constituye compensación real
Recientemente, Infobae Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el desastre ecológico producido en el litoral peruano.
Al respecto, Goodhead explicó que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, focalizando en una actividad económica por familia y dejando fuera a múltiples personas impactadas por el derrame, planteando interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.
“Hemos revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber “compensado” a varias víctimas, y creemos que, en muchos de los casos, ello no constituye una reparación real. Como máximo, Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia o un bono, pero no una reparación completa y justa por los daños causados”, declaró a Infobae Perú Goohead.
En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando a la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de las víctimas.
La Semana Santa tiene un gran significado en el calendario religioso y cultural del Perú. Cada año, miles de fieles y turistas se preparan para vivir intensamente estos días de reflexión y tradición, en los que conmemoran la entrada de Jesús a Jerusalén, recuerdan su sacrificio y su posterior victoria sobre la muerte mediante la resurrección.
Si bien el mes de febrero no tuvo feriados, marzo tendrá un fin de semana largo por Semana Santa, que incluirá dos feriados para los trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general. A continuación, revisa qué días caen el Jueves y Viernes Santo en este 2024. ¡Presta atención y toma nota!
Semana Santa 2024 en Perú: ¿cuándo comienza?
Este 24 de marzo inicia la Semana Santa en 2024 con el Domingo de Ramos, lo cual marcará el comienzo de un periodo lleno de devoción y ceremonias religiosas. Esta fecha está dedicada a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y es el preludio de los eventos que se sucederán durante los días siguientes:
Domingo de Ramos: 24 de marzo
Jueves Santo (última cena): 28 de marzo
Viernes Santo (muerte de Jesús): 29 de marzo
Sábado de Gloria (vigilia pascual): 30 de marzo
Domingo de Pascua (resurrección de Jesús): 31 de marzo.
¿Qué FERIADOS habrá en Semana Santa 2024?
Los días más significativos de la Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo, caerán el 28 de marzo y 29 del mismo mes. Estos días son feriados nacionales en Perú, lo que permite a muchos participar en las actividades religiosas y reflexionar sobre el significado de este periodo. Asimismo, constituye una oportunidad de descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado, quienes pueden reemplazar estos feriados por otras fechas o recibir un triple pago si realizan sus labores en esas jornadas.
¿Cuál es el significado de cada día de Semana Santa?
Cada día de la Semana Santa tiene un significado particular en la tradición cristiana:
Domingo de Ramos: es el inicio de la Semana Santa, en el que se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.
Jueves Santo: se recuerda la Última Cena, la celebración de la eucaristía y el lavado de pies.
Viernes Santo: día de la crucifixión y muerte de Jesús.
Sábado Santo: Vigilia y reflexión en espera de la resurrección.
Domingo de Resurrección: es la culminación de la Semana Santa, en el que se conmemora la resurrección de Jesucristo.
¿Cuáles son los feriados en Perú?
Además de los feriados de Semana Santa, Perú cuenta con otros días de descanso obligatorio a lo largo del año:
Día del Trabajador: miércoles 1 de mayo
Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio
San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio
Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzáles: martes 23 de julio
Fiestas Patrias: domingo 28 de julio
Fiestas Patrias: lunes 29 de julio
Batalla de Junín: martes 6 de agosto
Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto
Combate de Angamos: martes 8 de octubre
Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre
Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre
Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre
Navidad: miércoles 25 de diciembre.
Días no laborables en Perú:¿cuáles restan?
Viernes 26 de julio de 2024
Lunes 7 de octubre de 2024
Viernes 6 de diciembre de 2024
Lunes 23 de diciembre de 2024
Martes 24 de diciembre de 2024
Lunes 30 de diciembre de 2024
Martes 31 de diciembre de 2024.
¿Por qué cambia de fecha la Semana Santa cada año?
La fecha de la Semana Santa cambia cada año porque se determina según el calendario lunar. Tradicionalmente, el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Como el equinoccio y las fases de la luna varían cada año, las fechas de la Semana Santa también cambian.
Este método de cálculo fue establecido en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. para unificar la fecha de la Pascua en la cristiandad.
¿Cuál es la razón por la que la Biblia prohíbe el consumo de carne?
En la Biblia católica no se encuentra un pasaje directo que prohíba el consumo de carne en ciertos días. La tradición de abstenerse de carne se ha transmitido de generación en generación como una práctica arraigada, más que como una norma explícita en las escrituras.
La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.
“En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7.En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.
Durante la conferencia, el titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3%, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4% y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1%.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5%), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2%) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3%).
Ranking de regiones
En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.
El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%) se completan las primeras diez posiciones.
Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, Áncash con S/ 1311 millones, Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones. Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).
“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.
Funcionarios con presunta responsabilidad
El Contralor General informó que como resultados de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se pudo determinar que 9338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.
De ese total, existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal. Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.
Agenda de control 2024
El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50 mil servicios de control, de los cuales 38 200 servicios son de control simultáneo, 11 670 son de control posterior y 130 de control previo.
“Lo más importante aquí es que vamos a tener, por primera vez, una enorme cobertura. En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas, lo que significaba que más de las dos terceras partes de entidades públicas nunca recibían una visita o auditoría de la Contraloría. Ahora esa tasa de cobertura en el 2023 fue del 67% y en el 2024 va a ser 95%, prácticamente vamos a tener cobertura plena. Por primera vez, en toda la historia de la Contraloría, este año vamos a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú”, manifestó.
Adelantó que como parte del Plan Nacional de Control se tiene previsto ejecutar seis operativos de control en materias como el operativo de Seguridad Ciudadana, donde se supervisarán más de 1400 entidades públicas tales como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y municipios (provinciales y distritales) y el operativo de Discapacidad e Inclusión Social, con el cual se supervisará el cumplimiento de la normativa vigente sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, accesibilidad y ejecución presupuestal en un total de 1800 entidades públicas.
Otro operativo programado por la Contraloría es el Buen Inicio del Año Escolar 2024 para determinar si las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular cumplen con las disposiciones vigentes y normativa aplicable para el inicio de clases escolares. También figura el operativo de Espacios Culturales, con el que se supervisará el cumplimiento de la normativa sobre el ingreso de visitantes a nueve espacios culturales en siete departamentos.
La Contraloría también pondrá en marcha el operativo sobre consultorías para promover que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado, y otro operativo denominado “Deporte para Todos”, donde se fiscalizará las transferencias realizadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los 200 inmuebles bajo su administración.
“Estos seis operativos se van a desarrollar en el primer semestre del presente año y algunos se extenderán hasta el segundo semestre”, acotó.
Portal para transparentar información de consultorías
Shack Yalta también anunció que ante los resultados de la fiscalización hecha por la Contraloría a las consultorías, usando herramientas como la Inteligencia Artificial y el apoyo de la participación ciudadana, se consideró pertinente hacer más transparente el acceso a la información sobre consultorías y por eso se implementó una plataforma web (https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe/), que puede ser revisada por toda la sociedad civil.
Indicó que en el 2023 se gastaron S/ 19 mil millones en contrataciones cuyo valor era menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y de ese monto se tiene que entre S/ 5 mil millones y S/ 6 mil millones son órdenes de compra, y el saldo de S/ 13 mil millones corresponden a órdenes de servicio, entre los cuales figuran los servicios de consultorías contratadas por las entidades públicas.
“En términos de consultorías propiamente dichas estamos hablando de casi S/ 6 mil y S/ 7 mil millones que se gastan al año y para tener una idea de la magnitud del monto, eso es casi la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú”, refirió. Agregó que el gasto en consultorías en el país llama mucho la atención también por su crecimiento, ya que aumentó en casi 15% entre los años 2022 y 2023.