El informe ‘Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’ que ayer presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

Precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.

También por el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. “Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.

Y menciona que 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas.

Sobre Ayacucho

El informe de la CIDH señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

Anota que, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Además, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.

Refiere que como resultado de estos hechos, 10 personas perdieron la vida. Y que, según la información suministrada por el Ministerio Público, todas las necropsias fueron realizadas por una persona médica legista en compañía de fiscales.

Las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 individuos resultaron heridos por armas de fuego y objetos contundentes.

Ejecutivo. Boluarte y Otárola, a la cabeza de este Gobierno. Foto: Félix Contreras/La República

Respecto a Juliaca

En cuanto a lo sucedido en Juliaca, región Puno, la CIDH indica que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.

Anota que todo esto ocurrió en el marco de una compleja situación violenta, que se inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto Inca Manco Cápac, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.

De los graves hechos de violencia y represión policial que se dieron luego en el terminal aéreo y otros lugares de la ciudad de Juliaca, 226 personas resultaron heridas entre los días 6 y 10 de enero, y a la fecha de cierre del este informe, 18 habían perdido la vida.

También indica que hay graves denuncias de familiares de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, a quienes les atribuyen todas las muertes ocasionadas por armas de fuego.

Refiere que personas que rindieron testimonio a la comisión señalaron que, a partir del mediodía del 9 de enero, “la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego”; y que “se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa” por parte de fuerzas de seguridad del Estado.

Adicionalmente, algunas personas denunciaron la participación de agentes policiales, vestidos de civil y sin identificación entre los manifestantes, a los que señalaron como pertenecientes al llamado Grupo Terna.

También indica que, por su parte, los agentes del Estado manifestaron a la CIDH que el 9 de enero las fuerzas de seguridad estuvieron todo el tiempo dentro del perímetro del aeropuerto bajo un ataque sostenido de armas hechizas, como avellanas, dirigidas al cuerpo.

Asimismo, señalaron que no hubo fallecidos al interior del aeropuerto o alrededor del perímetro externo. Los agentes entrevistados negaron que la causa de las muertes hubiese sido el uso excesivo de la fuerza, aduciendo que los disparos y las muertes ocurrieron fuera de ese perímetro, incluso en lugares o calles alejadas del aeropuerto, a donde no se habrían hecho presentes integrantes de las fuerzas de seguridad ese día.

A su vez, solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes para individualizar a las personas y armas que causaron los mismos, mediante la determinación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar de cada una de las muertes.

Que se investiguen

La Comisión Interamericana condena los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

En reunión que sostuvo con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal le informó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen. Dicha información coincide con los registros del Ministerio de Salud y con los certificados de defunción a los que la CIDH tuvo acceso.

La Comisión Interamericana formuló recomendaciones

Entre las recomendaciones que hizo la CIDH, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.

Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.

Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.

Tomar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.

Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.

El dato

Las muertes ocurridas en Ayacucho, según el informe, podrían llevar a calificar lo ocurrido “como una masacre”. Todas las personas murieron por arma de fuego.

Un informe contundente

CIDH se refiere a los sucesos en Ayacucho y afirma que observa con extrema preocupación lo sucedido.

Sobre Juliaca se indica que habría hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Importante. El documento recomienda un “diálogo genuino” implementado desde el Estado con “enfoque étnico y territorial”.