Copeinca inicia arbitraje contra Cosco Shipping y reclama US$2.63 millones por fallas en emisor submarino en Chancay

La pesquera acusa incumplimientos en la reubicación de su emisor submarino y exige compensaciones por daños, lucro cesante y costos de reparación.

Corporación Pesquera Inca (Copeinca), la principal empresa pesquera industrial del país, inició un proceso arbitral contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, reclamando el pago de US$2.63 millones más intereses legales por presuntos daños derivados de la reubicación de su emisor submarino en Chancay.

La acción fue presentada el 17 de diciembre de 2025 mediante un memorial de 130 páginas acompañado de 103 pruebas documentales. Según la compañía, los perjuicios se originaron durante la ejecución del traslado de esta infraestructura, esencial para la evacuación de aguas residuales tratadas y la continuidad de sus operaciones.

El conflicto se remonta a un convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 entre ambas empresas. En ese acuerdo, el operador portuario asumió la responsabilidad de desarrollar la ingeniería del proyecto y ejecutar la reubicación del emisor submarino de Copeinca.

Fallas en la reubicación del emisor submarino

De acuerdo con la pesquera, el convenio establecía que Cosco debía realizar la ingeniería y ejecutar el traslado de la infraestructura sin afectar el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, debía asumir la responsabilidad técnica del proyecto y cubrir los costos asociados a la reubicación.

Copeinca sostiene que estas obligaciones no se cumplieron plenamente. Según detalla la demanda, durante la ejecución se habrían producido fallas técnicas relevantes, entre ellas la instalación del emisor en coordenadas distintas a las autorizadas.

La empresa también afirma que la obra se habría ejecutado sin estudios suficientes sobre la geomorfología y la dinámica oceanográfica de la zona.

Estas deficiencias, según la pesquera, habrían generado contingencias que comprometieron la integridad de la infraestructura instalada. Como consecuencia, el emisor submarino habría sufrido dos rupturas posteriores: una en diciembre de 2024 y otra entre abril y mayo de 2025.

Tras estos incidentes, Copeinca exige la construcción de nuevos emisores y una reparación integral que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.

Reclamo económico por daños y lucro cesante

Dentro del proceso arbitral, la empresa estructuró sus pretensiones en seis bloques.

En primer lugar solicita que se declare el incumplimiento contractual por parte de Cosco Shipping. Además, exige una compensación de US$738,800 por daño emergente derivado de las fallas detectadas en la infraestructura.

A este monto se suma un reclamo de US$883,800 por concepto de lucro cesante. La compañía también solicita un pago adicional de US$1’008,000 destinado al reforzamiento temporal y a la reparación integral del sistema.

Asimismo, pide indemnidad frente a eventuales reclamaciones de terceros vinculadas al convenio firmado en 2021 y el reembolso total de los gastos del arbitraje.

Antes de acudir a esta instancia, ambas empresas sostuvieron una etapa de trato directo que no logró resolver la controversia. Durante ese proceso, Copeinca afirma haber presentado evidencia técnica sobre los efectos de la reubicación defectuosa, incluyendo paralizaciones de operaciones y mayores costos operativos.

Fuente: Revista Economía

Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

El Poder Ejecutivo aprobó la transferencia de S/ 100 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras una reunión entre el presidente del ente electoral y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con esta asignación de recursos, Roberto Burneo anunció que se ha logrado cubrir el 98.7% del presupuesto necesario para la organización y ejecución de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

El titular del JNE precisó que, a pesar del avance presupuestario, aún no se llega a un consenso con el Gobierno, debido a que no se ha aprobado la asignación de bonos para los magistrados del Poder Judicial que integran los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esta situación representa un avance desigual en el proceso, ya que para los comicios generales operan 60 JEE, pero las regiones la cobertura es deficiente, con apenas 28 instalados de los 91 requeridos.

Pese a estas limitaciones, el organismo aseguró contar con la capacidad logística para fiscalizar los locales de votación y las mesas de sufragio. Al respecto, el presidente del JNE destacó que el plan operativo contempla la asignación de un fiscalizador por cada dos mesas, una medida estratégica ante la recurrente ausencia de personeros y observadores en diversos puntos del país. “La idea es que el Jurado esté presente con su equipo de fiscalizadores para garantizar la legalidad del proceso”, señaló Burneo vía RPP.

Esta transferencia se realiza bajo el Decreto Supremo N° 031-2026-EF, que autoriza el uso de un total de 224,77 millones de soles provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

Esta cifra se distribuye entre tres sectores estratégicos para asegurar la viabilidad de las elecciones generales y regionales 2026:

Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Recibe S/ 100 millones destinados específicamente a los gastos operativos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Ministerio de Defensa (Mindef): Recibe S/101,47 millones para financiar la intervención de las Fuerzas Armadas en el resguardo del proceso.

Ministerio del Interior (Mininter): Recibe S/ 23,29 millones para las acciones de seguridad a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Osinergmin autoriza a industrias cambiar de GNV a otros combustibles tras la restricción de gas natural

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) autorizó medidas excepcionales para que industrias afectadas por la restricción del gas natural puedan migrar temporalmente a combustibles alternativos como GLP o diésel y así evitar la paralización de sus operaciones.

Mediante un comunicado, el regulador informó que se aprobaron medidas excepcionales y transitorias que exceptúan la inscripción de consumidores directos en el Registro de Hidrocarburos, lo que permitirá que determinadas empresas cambien de manera temporal su matriz energética y continúen con sus actividades productivas.

Cabe recordar que, tras la restricción del suministro de gas natural, varios sectores se han visto afectados, especialmente el industrial, ya que muchas empresas dependen de este recurso para sus procesos productivos.

Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural se encuentran actualmente afectadas por esta situación.

Daly señaló a este diario que las compañías están asumiendo pérdidas significativas, aunque descartó, por el momento, un desabastecimiento de productos básicos, ya que muchas cuentan con reservas para afrontar emergencias de este tipo. No obstante, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos.

Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía mientras dure la emergencia.

“Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, expresó.

Las disposiciones fueron aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 39-2026-OS/CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 002-2026-EM, normativa que forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para enfrentar la emergencia en el sistema de transporte de gas natural.

Osinergmin precisó que la medida responde a que, como consecuencia del racionamiento del gas natural, algunas industrias han visto afectado el abastecimiento de este recurso energético. En ese contexto, se habilita temporalmente el uso de instalaciones existentes destinadas al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos, siempre que las empresas cumplan con las condiciones de seguridad establecidas y cuenten con una póliza de seguro vigente.

Asimismo, señalaron que estas medidas transitorias permiten exceptuar temporalmente —y bajo condiciones técnicas de seguridad— el cumplimiento de determinadas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas vinculadas al sector hidrocarburos.

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

La presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, anunció nuevas medidas el viernes 6 de febrero debido a la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). Entre las decisiones, la funcionaria reveló la priorización del teletrabajo y la modalidad de clases virtuales durante una semana, mientras se restablece el suministro del hidrocarburo en la capital.

En una rueda de prensa, la titular precisó que la modalidad de clases a distancia se implementará en instituciones educativas tanto públicas como privadas, abarcando colegios, institutos y universidades de Lima y Callao, debido a las dificultades de transporte ocasionadas por la escasez de GNV. En el ámbito laboral, el Gobierno destacó la adopción del trabajo remoto en el sector público y su fomento en el ámbito privado.

Nuevas medidas ante crisis por el GNV

Entre las principales iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo se encuentran el teletrabajo y las clases en línea durante la duración de la emergencia técnica. Esta medida busca disminuir la demanda de transporte y combustible, dado que el abastecimiento de gas natural está restringido.

Asimismo, el Gobierno instó al sector privado a implementar la modalidad de teletrabajo. Además, solicitó que se promoviera el adelanto de las vacaciones en aquellas industrias afectadas por la menor disponibilidad del hidrocarburo.

Congreso quiere aprobar hoy leyes que le costarían al país S/12,000 millones

Hoy se llevará a cabo la primera sesión del Pleno del Congreso correspondiente a la última legislatura de este quinquenio 2021-2026, caracterizado principalmente por el blindaje a las inconductas éticas, la virtualidad, el ausentismo parlamentario y la aprobación de normas populistas sin importar si provocan o no un forado en las arcas fiscales y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Apenas hace unos días, el Consejo Fiscal (CF) informó que solo entre 2021 y 2025 el Parlamento aprobó 229 leyes que le han provocado al país un gasto aproximado de S/36,000 millones.

El escenario no parecería mejorar de aquí hasta el inicio del próximo gobierno. Por el contrario, se torna más preocupante en plena campaña electoral, con legisladores que aspiran a la reelección, que han identificado bolsones electorales como los maestros o el personal de Salud, y que no tendrían sonrojo en utilizar sus demandas y necesidades para aprobar dádivas bajo la figura de leyes a cambio de votos.

Populismo en leyes

De hecho, en la agenda del Pleno de hoy jueves se han incluido no pocas iniciativas que van en esa línea, como la que, bajo el supuesto de una “dignificación” de los docentes, plantea fijar una pensión para los maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial, lo cual —según el Consejo Privado de la Competitividad— implicaría un gasto para el Estado de más de S/7,395 millones.

Dicha propuesta, se recuerda, fue aprobada por el Parlamento, observada por el Ejecutivo y luego nuevamente aprobada por insistencia por el Congreso en octubre. A estas alturas podría convertirse en ley si se ignoran las observaciones del gobierno central respecto de que “generaría cargas económicas significativas y permanentes para el Estado” y que “no resulta procedente ni técnicamente viable establecer un esquema de pensión nivelada y basado únicamente en la condición del maestro al momento de su retiro sin tomar en cuenta el historial de aportaciones del afiliado”.

Y no es la única iniciativa cuestionable. También está el dictamen que recomienda, también por insistencia, el nombramiento automático de profesores contratados de educación básica regular, lo que generaría un costo anual superior a los S/4,568’406,388.37 —según ha advertido el Ejecutivo—, y que se salta a la garrocha la meritocracia. “No es compatible permitir un ingreso directo sin evaluación a los profesores, contratados sólo porque tengan cierta cantidad de años de experiencia profesional”, se lee entre las observaciones.

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En la agenda de hoy también figuran otros dos proyectos que generan alarma. El primero dispone la incorporación extraordinaria, de manera gradual y progresiva, de los trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Pese a la opinión desfavorable de SERVIR fue aprobado por mayoría por la Comisión de Presupuesto que señala que la norma “no contempla el acceso a la función pública por un concurso público de méritos”.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, alertó que su implementación demandaría mayores recursos presupuestarios y el consecuente incremento de gastos al Tesoro Público con un costo anual estimado de S/ 34’349,287,98. “La iniciativa coadyuvaría al desorden en la gestión del recurso humano que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, que comprende, entre otros, la gestión de la compensación de los servidores civiles fiscalmente sostenible”, subrayó el MEF.

Una segunda iniciativa busca autorizar el nombramiento excepcional y por única vez del personal de la salud profesional, técnico y auxiliar asistencial contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El proyecto es de Perú Libre, APP, Renovación Popular y Acción Popular. Todos estos grupos, salvo AP, tienen intereses electorales el 12 de abril.

SABÍA QUE

Con el auspicio de las bancadas de Perú Libre y Podemos Perú se impulsa en el Congreso un proyecto de ley para el noveno retiro de fondos de las AFP.

La iniciativa está en la cancha de la Comisión de Economía y no considera, convenientemente, que hay actualmente más de cuatro millones de afiliados con saldo cero.

En ese mismo grupo de trabajo hay propuestas para el retiro de fondos de la ONP pese a su carácter antitécnico.

OPINA

«Son preparativos para la fiesta populista»

Carlos Casas, economista

Como se sospechaba, como parte de la campaña política el Congreso iba a empezar con estas iniciativas populistas que lo único que hacen es dejar una bomba de tiempo para el siguiente gobierno, porque todos estos aumentos de gasto definitivamente atentan contra la salud fiscal del país.

Es irresponsable porque en el corto plazo puede significar un alivio, una mejora a la condición de vida de la gente, pero no se mira el costo en el largo plazo que puede ser mucho mayor.

Con una situación fiscal deteriorada, más adelante, podemos tener que hacer ajustes estructurales, reducir gastos, aumentar impuestos. Estos van a ser argumentos de campaña: “yo aprobé esto”, “mi partido aprobó esta medida populista”; es una feria de ofertas y ya se están viendo los preparativos para la fiesta populista que va a pasar la factura más temprano que tarde.

(…) Si se mantiene la situación y no baja la presión fiscal para el siguiente gobierno, en el corto plazo vamos a empezar a ver nuestra deuda crecer, podríamos perder el grado de inversión. Nadie puede gastar más de lo que tiene de recursos.

Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

Un estudio reciente realizado por egresados de la Universidad del Pacífico (UP) señaló que cinco partidos que competirán en las elecciones generales de 2026 utilizaron inteligencia artificial en la redacción de al menos el 90% de su plan de gobierno. Según los resultados presentados, Fe en el Perú, Fuerza y Libertad, Partido Demócrata Verde, Partido Morado e Integridad Democrática son las agrupaciones que más recurrieron a la IA para elaborar estos documentos. Para el análisis correspondiente, los investigadores utilizaron la herramienta Pangram, la cual permite detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción de textos.

“La herramienta que usamos para detectar IA (Pangram) es confiable: en un estudio del BFI Chicago con miles de textos de distintos tipos, confundió texto humano como generado por IA en menos del 1% de los casos. Pangram y su validación por instituciones externas son de acceso público; ninguno de los porcentajes compartidos está oculto; los enlaces de verificación y los documentos utilizados se encuentran en la página web. Los reportes específicos no son un resumen elaborado por nosotros, sino enlaces directamente alojados por Pangram”, señalaron los investigadores Roberto Monjarás, Fiorella Ramírez y Francesca Chocano.

La ficha técnica del estudio detalla que los planes de gobierno analizados fueron los presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fe en el Perú, partido cuyo candidato presidencial es el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, obtuvo la calificación más alta en uso de IA. Según Pangram, esta agrupación redactó el 100% de su plan de gobierno utilizando herramientas de inteligencia artificial.

El segundo lugar lo ocupa Fuerza y Libertad, alianza partidaria cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli, que alcanzó un índice de 92% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su plan. El Partido Demócrata Verde y el Partido Morado, cuyos candidatos son Alex Gonzáles y Mesías Guevara, respectivamente, también obtuvieron un alto índice de 91%. La lista de partidos con mayor uso de IA en la elaboración de sus planes se completa con Integridad Democrática, cuya postulación es liderada por Wolfgang Grozo; la plataforma Pangram halló un 90% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su documento.

Figuras de los partidos involucrados responden

Desde el Partido Morado, el coordinador del plan de gobierno de esta agrupación, Alfredo Urquiza, señaló que el documento es resultado de un trabajo colectivo iniciado en 2015, antes de la existencia de herramientas de inteligencia artificial, en el que han participado más de 200 personas. Explicó que el plan de 2026 se construyó sobre versiones previas, incorporando nuevas propuestas como la matriz de desarrollo nacional y el modelo de sistemas viables, elaboradas —según afirma— íntegramente por personas.

Indicó que la IA solo se utilizó en dos aspectos: recopilar y organizar información actualizada, posteriormente revisada por el equipo técnico, y uniformizar el estilo del documento final para asegurar coherencia en la redacción. También cuestionó parcialmente los resultados del análisis de Pangram, al señalar que los cambios de estilo pueden haber influido en la evaluación.

En Fuerza y Libertad, La República pudo conversar con Fiorella Molinelli. La candidata señaló que, en evaluaciones previas, su plan de gobierno sí obtuvo una calificación aprobatoria: “Nosotros tenemos la verificación de Turnitin IA Detector y arroja menos del 20% en promedio, que es lo razonable”, indicó.

Por su parte, Paz de la Barra señaló que la publicación no era creíble debido a que los investigadores no figuraban en el registro de Concytec. Además, afirmó que en los próximos días presentaría pruebas de que su plan de gobierno no había sido redactado con estas herramientas.

Desde el equipo de prensa de Wolfgang Grozo señalaron que su plan de gobierno es resultado de un trabajo humano y colaborativo basado en propuestas propias y aportes territoriales. Además, indicaron que la normativa electoral no prohíbe el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo editorial para ordenar, estructurar y mejorar la claridad del texto sin cambiar su contenido.

Se cursaron comunicaciones también con el equipo de prensa de Alex Gonzáles; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fuerza Popular habría utilizado IA para la redacción del 44% de su plan de gobierno, según Pangram

El partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por su candidata Keiko Fujimori, también presenta un porcentaje considerable de utilización de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de su plan de gobierno. Según el estudio, la agrupación habría redactado hasta el 44% del documento con IA. Este medio intentó comunicarse con el equipo de prensa del partido; no obstante, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República señala que Fujimori comparte los primeros puestos junto a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Tanto el exalcalde de Lima como el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) registran bajos porcentajes de utilización de IA en la redacción de sus planes. En el caso del primero, el uso de IA es nulo (0%), mientras que López Chau registra un 8%.

Otras figuras como César Acuña, Carlos Álvarez, José Luna y Mario Vizcarra también presentan porcentajes de uso de IA. El plan oficial de Alianza para el Progreso figura con un 12% de utilización de estas herramientas; País para Todos, partido de Álvarez, obtuvo un 29%; el hermano del expresidente Martín Vizcarra alcanzó un 26%, y Gálvez registró un 21%.

“El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa”

La República conversó con Roberto Monjarás, economista egresado de la Universidad del Pacífico, quien lideró el equipo de trabajo que publicó este informe. Monjarás defendió la precisión de Pangram como herramienta para detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción.

«Esto no necesariamente implica que la detección de texto por IA suponga ideas creadas por IA. Reescribir con IA contamina el texto. Lo contrario es mucho más difícil: lograr que un texto generado por IA pase como humano ante este detector requiere herramientas especializadas y un esfuerzo deliberado», añadió.

Monjarás señaló que detrás de esta investigación hay dos preguntas por responder: «Lo primero sería lo siguiente: ¿está el candidato comprometido con lo que propone? Un plan escrito en su totalidad por IA tiene menos probabilidades de reflejar convicciones reales. Alguien que cree en una propuesta tiende a articularla con su equipo, en su propio lenguaje. También preguntaría: ¿hubo cuidado en la elaboración del plan? Incluso si el candidato cree en lo que propone, dejar que una IA escriba el documento final sin revisión dice algo sobre la seriedad con que se asumió el proceso», indicó.

El joven economista señaló que considera beneficiosas las herramientas de inteligencia artificial, pero advirtió que su uso indiscriminado puede ser perjudicial: «No minimizamos ni su impacto ni sus capacidades. No suscribimos narrativas deflacionistas. Pero hay un problema concreto cuando la IA redacta planes de gobierno sin supervisión: los equipos técnicos saben cosas que la IA no sabe, como cómo funciona la institucionalidad local, qué restricciones legales existen y qué es viable en la práctica. Sin ese filtro, nadie en el equipo termina entendiendo realmente los detalles de lo que se propone. Si hay que implementarlo, se empieza de cero».

Además, detalló que esto puede escalar a otros niveles del Estado: «El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa. Si esto se vuelve el proceso estándar para generación de documentos, podría en el futuro cercano darse leyes que contradigan la legislación vigente, propuestas desconectadas de la realidad y ningún técnico que detecte los errores a tiempo. Eso es especialmente preocupante dado el éxodo de técnicos del sector público desde la crisis política».