PNP desarticula banda de préstamos “gota a gota” en Lima: nueve detenidos y explosivos incautados

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló esta madrugada a la banda criminal “Búnker Gota Colombo”, dedicada a la extorsión bajo la modalidad de préstamos “gota a gota”, tras un operativo ejecutado en el distrito de Villa El Salvador.

La intervención fue realizada por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, quienes ubicaron el inmueble que funcionaba como centro de operaciones de la organización. En el lugar fueron capturados nueve presuntos integrantes: ocho ciudadanos extranjeros y un peruano.

Los detenidos fueron identificados como Diego Buitrago, Juan Rodríguez, Robert Gonzales, Miguel Madulanda, Deison Morales, Sebastián Zapata, Mariana Vera, Angélica López y el nacional José Silva.

Según la Policía, los implicados son investigados por la presunta comisión de delitos de fabricación y uso de armas, así como por extorsión agravada.

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron cuatro cartuchos de dinamita, presuntamente utilizados para amedrentar a sus víctimas. También decomisaron 33 teléfonos celulares, siete cuadernos con registros de cobros, 13 motocicletas y un automóvil.

De acuerdo con las investigaciones, la banda operaba en distritos como Ate, Santa Anita, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde sembraba temor entre decenas de ciudadanos mediante amenazas para exigir pagos a través de billeteras digitales.

El operativo se inició tras la denuncia de una mujer que reportó haber sido víctima de constantes intimidaciones para realizar depósitos, lo que permitió a la Policía seguir el rastro de la organización.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. Con esta intervención, el Ministerio del Interior reafirmó su compromiso de combatir las mafias vinculadas a los préstamos “gota a gota” y los delitos de extorsión en el país.

Ica: Detienen a psicólogo del Inpe que cobraba S/1.000 a internos

En Ica hay conmoción por el caso de un psicólogo clínico quien fue detenido bajo la acusación de cohecho pasivo impropio. La víctima, un recluso del penal Cristo Rey de Cachiche, que estaba recibiendo terapia del profesional, durante meses, había entregado un adelanto de dinero por un informe a su favor.

De acuerdo con la información detallada por las autoridades del Ministerio Público, este hombre, que ejercía como psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, se encargaba de ofrecer tratamiento a los internos que presentaban cuadros de depresión.

La tarde de este jueves 16 de abril, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica logró la detención en flagrancia de Jorge Condori Castro, coordinador del área de salud mental.

La intervención se produjo a solicitud del fiscal provincial Alexander Pérez López y la fiscal adjunta titular Rosmely Guillén Cortez, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Según las investigaciones preliminares, el trabajador del Inpe exigió el pago de S/1.000 a un interno recluido en el referido establecimiento penitenciario, a cambio de emitir un informe psicológico a su favor.

Durante el registro personal al servidor público, las autoridades hallaron S/700 en efectivo, dinero que había sido previamente fotocopiado e impregnado con reactivo químico por el personal fiscal y policial para asegurar la validez de la prueba.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier acto de corrupción que vulnere la integridad de las instituciones del Estado y el sistema penitenciario.

Al respecto, el Inpe, a través de un comunicado informó que se ha dispuesto en inicio del procedimiento disciplinario inmediato y la adopción de la medida cautelas.

Asimismo, la institución viene brindando las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones de ley, en aras de la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

El Inpe también invocó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de corrupción en los establecimientos penitenciarios.

Huancayo: envían a prisión a 12 implicados de “Los Tecnológicos del Mantaro” por robo de celulares

Doce investigados vinculados al caso “Los Tecnológicos del Mantaro” fueron trasladados a los penales de Huamancaca y Jauja, tras dictarse prisión preventiva por los presuntos delitos de banda criminal y receptación agravada en la ciudad de Huancayo.

Durante el traslado, algunos detenidos lanzaron amenazas contra los agentes policiales, mientras otros mostraron signos de nerviosismo. Entre ellos se encontraba Flor de María Curasma Clemente, conocida con el alias “La reina de las manzanitas”, quien gritó ser inocente mientras era conducida al establecimiento penitenciario.

Red manipulaba celulares robados y vaciaba cuentas bancarias

Según las investigaciones policiales y escuchas telefónicas, la red delictiva operaba con la participación de falsos taxistas, conocidas como “peperas”, así como delincuentes dedicados al hurto de celulares mediante arrebatos.

Los equipos robados eran llevados hasta el sector conocido como Andaluz, donde presuntos especialistas informáticos, denominados “flasheadores”, manipulaban los dispositivos móviles para desbloquearlos y acceder a aplicaciones financieras.

De acuerdo con un investigador del caso, los delincuentes utilizaban esta técnica para apoderarse de dinero mediante transferencias electrónicas y posteriormente vender los teléfonos en el mercado ilegal.

“La red tenía los contactos en Andaluz, hasta donde a diario llegaban de seis a diez celulares hurtados”, señaló un investigador policial vinculado al caso.

Los equipos, especialmente teléfonos iPhone, eran comercializados a precios que oscilaban entre 800 y 1,500 soles, según información obtenida durante las diligencias.

Juzgado dictó 18 meses de prisión preventiva

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización.

Entre los implicados trasladados a prisión figuran los policías Raúl Páucar Davan, Jhordan Gamarra Calderón y César Padilla Sernaqué, quienes también son investigados por su presunta participación en la red delictiva.

El general PNP César Calero, jefe policial encargado de las investigaciones, indicó que el número de involucrados y la estructura detectada podrían corresponder a una organización criminal.

“El juez señaló que se trataría de una banda criminal; sin embargo, por la cantidad de personas, los roles y el fin delictivo, estaríamos frente a una organización criminal”, sostuvo el oficial.

Asimismo, precisó que los equipos celulares incautados serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

Fiscalía apeló plazo de prisión preventiva

El general Calero informó que el Ministerio Público presentó una apelación al considerar insuficiente el plazo de prisión preventiva dictado por el juzgado.

La Fiscalía solicitó que el periodo se amplíe a 36 meses, argumentando la complejidad del caso y la cantidad de investigados involucrados.

Además, se informó que Flor de María Curasma Clemente habría colocado un chip a su nombre en el celular perteneciente a Alexandra Sobrevilla, víctima de un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2024.

Las investigaciones también señalan que otros integrantes manipularon el teléfono de Franklin Chahuin, quien fue asesinado el 21 de enero de 2024.

El general Calero indicó que, una vez concluidas las diligencias, los equipos recuperados serán devueltos públicamente a sus propietarios.

Cae 15 integrantes de organización criminal que extorsionaba buses y colectivero en Chancay, Huaral, Barranca y Huacho

En un megaoperativo llevado a cabo en distintos puntos del país, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público capturaron a 15 integrantes de la organización delincuencial «Los Despiadados II», que se encuentra siendo investigada por los delitos de sicariato y extorsión contra transportistas.

La diligencia fiscal fue ejecutada en una acción coordinada entre agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra.

Organización recaudó más de S/1.800 millones

El operativo contempló el allanamiento de 22 inmuebles a nivel nacional y la requisa de un celda en el penal de Juliaca (Puno). Asimismo , se realizaron incautaciones de celulares, dispositivos electrónicos y documentación importante que vincule a la red criminal con los delitos imputados.

Operativa en el negocio ilícito desde 2023, la red «Los Despiadados II» es investigada por cobrar cupos a conductoresde colectivos y buses interprovinciales. A los primeros choferes se les exigía el pago S/10, mientras que a los segundos S/20.

La organización criminal lograba amasar entre S/1700 y S/2000 mediante amenazas en las rutas de Lima al Norte chico, como hacia Chancay, Huacho, Huaral y Barranca. La extorsión les permitió amasar hasta S/1,800 millones en un año.

El caso implica también el asesinato de un sujeto que habría pertenecido a otra red criminal, en julio de 2025, como parte de una pugna por el control del paradero Fundición, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Cae organización ‘Las Cuentas del Miedo’

En otro duro golpe contra la extorsión a transportistas en este mes de abril, La PNP y la Fiscalía también consiguió detener a 18 presuntos miembros de la organización ‘Cuentas del Miedo‘, una banda dedicada a extorsionar a más de 10 empresas de transporte solo en la capital.

En el operativo se detuvo a un miembro de las Fuerzas Armadas, un chofer de la línea ‘Los Rojitos‘ y la esposa de alias Pitbull, principal sospechoso de múltiples asesinatos en el interior del país’. Se especula que mediante estas operaciones ilícitas, la organización consiguió amasar más de S/9 millones desde 2023.

En conclusión, la Fiscalía y la PNP lograron desarticular a la banda ‘Los Despiadados II», acusada de delitos de extorsión e investigada por amasar más de S/1.800 millones al año mediante estos delitos.

JNE defendió el derecho al voto con decisiones oportunas y legales

El magistrado se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso donde explicó la situación presentada el último domingo 12 de abril

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República donde afirmó que su institución defendió el derecho al voto de los ciudadanos con decisiones oportunas y legales frente a las deficiencias reportadas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Aseguró que, ante los retrasos en la instalación de mesas de sufragio, atribuibles a fallas logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Pleno del máximo organismo electoral, de manera oportuna y por unanimidad, tomó las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de todos los peruanos.

Detalló que el primer acuerdo se tomó antes del mediodía para ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta las 2:00 pm, así como el horario de votación hasta las 6:00 pm a nivel nacional e internacional.

Burneo informó que los reportes de los fiscalizadores del JNE señalaban que dicha demora estuvo vinculada al despliegue de los insumos de tipo tecnológico (computadoras, impresoras, tintas), sin que la ONPE precisara la situación real en ese momento.

Señaló que el Pleno del JNE tomó un segundo acuerdo (alrededor de las 19:00 horas) que amplió la jornada electoral hasta el 13 de abril, en aquellas mesas de Lima Metropolitana en las que no llegó el material electoral, así como en dos circunscripciones en los Estados Unidos, de acuerdo con los horarios establecidos en el primer acuerdo.

El magistrado garantizó que el JNE realizó acciones permanentes en el marco de la fiscalización que le compete, entre ellos requerimientos de información, supervisión de las etapas del proceso y adopción de acuerdos dentro de las competencias que la Constitución y la ley le asigna.

Para este proceso, detalló, se contrataron 48,072 fiscalizadores de local de votación (FLV) a nivel nacional, 110 fiscalizadores de línea de recepción (FLR), y se contó con la participación de personeros de diversas organizaciones en todo el país.

Refirió, además, que 39 organismos internacionales acreditaron misiones de observación electoral, con 563 especialistas, mientras que también hubo 4014 observadores nacionales, quienes, en sus primeros informes, destacaron las decisiones adoptadas por el JNE.

“Comprendemos la preocupación de la ciudadanía frente a los incidentes ocasionados por la ONPE durante la jornada electoral. Frente a ello, desde el JNE continuaremos ejerciendo nuestra labor de fiscalización, a fin de asegurar la legalidad y transparencia del proceso electoral”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que el JNE espera que la ONPE envíe a la brevedad los ejemplares de las actas que le corresponden, a fin de garantizar la celeridad en la resolución de las observaciones pendientes.

PNP decide solicitar la detención preliminar del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros, según Augusto Thorndike

La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido solicitar la detención preliminar de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta medida alcanza también a otros funcionarios y representantes de la empresa Servicios Generales Gálagas S.A.C., según reveló el periodista Augusto Thorndike.

La investigación se centra en la contratación del transporte de material electoral para las Elecciones Generales del 2026. Según fuentes policiales, el retraso en la entrega de actas y cédulas en Lima afectó la instalación de mesas de sufragio.

Este incidente obligó a las autoridades a ampliar el horario de votación. La PNP sostiene que los problemas logísticos no fueron accidentales, sino producto de una cadena de decisiones irregulares que configurarían el delito de colusión agravada.

Hallazgos de la investigación de Dircocor, de acuerdo a Augusto Thorndike

El informe policial identifica una validación dudosa de la capacidad operativa de la empresa proveedora. Servicios Generales Gálagas S.A.C. declaró contar con 70 conductores, pero los registros oficiales solo confirmaron a 33 trabajadores.

Además, se detectó una flexibilización de requisitos técnicos y términos de contratación contradictorios. Los planes operativos establecían que las unidades debían estar cargadas el 10 de abril, pero el proceso inició recién la madrugada del día 12.

Los implicados en este caso incluyen a José Samamé, gerente electoral, y Juan Fang, subgerente operativo. La hipótesis fiscal apunta a un presunto direccionamiento del contrato mediante el uso de normas especiales para favorecer a la empresa.

Allanamiento y medidas restrictivas

La solicitud de detención preliminar por siete días busca evitar la manipulación de pruebas. La medida incluye el allanamiento e incautación en viviendas, oficinas y vehículos de los investigados para asegurar dispositivos digitales. Para la Policía, el sistema de transporte electoral falló desde su diseño hasta su ejecución. La investigación también evalúa posibles delitos de omisión de funciones y falsa declaración administrativa por parte de los responsables de la ONPE.