Una trabajadora de limpieza pública encargada del área involucrada en Surquillo aseguró que no visualizó documentos ni cajas electorales durante sus labores diarias. Sus declaraciones ponen en duda la veracidad del hallazgo reportado, sugiriendo que el incidente podría ser un intento de sabotaje.

Según las declaraciones recogidas por Exitosa, la empleada edil manifestó que el personal de limpieza recorre las calles en dos turnos para garantizar la higiene. Ella fue enfática al señalar que ningún trabajador reportó la presencia de material oficial de la ONPE.

Testimonio descarta presencia de material electoral

La trabajadora de limpieza pública explicó detalladamente la rutina que sigue el equipo municipal para juntar los residuos sólidos encontrados en la pista y vereda. Según su testimonio, ellos revisan minuciosamente cada caja abandonada para separar materiales que puedan ser reciclados posteriormente.

Según su declaración, al encontrarse objetos de valor o que se puedan reciclar, es algo que llamaría su atención. Además, de haberse hallado algo de tal magnitud, se lo habrían comunicado de inmediato a las autoridades pertinentes.

«Lo hubieran dicho joven, hubieran avisado a los supervisores, miren hemos encontrado cajas de la ONPE, pero no, nada», sentenció la servidora pública municipal.

En su relato, la mujer resaltó que el personal municipal está atento a cualquier objeto inusual que aparezca en la vía pública de Surquillo. Según su versión verídica, resulta muy extraño que denuncien actas tiradas cuando el servicio de barrido es constante.

Sospechas de un posible perjuicio institucional

La barrendera municipal sugirió que la aparición de estos documentos podría tratarse de una acción armada por terceros para generar inestabilidad. Según sus palabras informativas, alguien podría estar haciendo esto intencionalmente para perjudicar directamente a la ONPE o al sistema electoral.

«Nosotros revisamos para ver si hay platita, a veces se olvidan un reloj o un juguete», comentó la trabajadora sobre su labor de inspección diaria. Además, precisó que buscan papel blanco para vender como reciclaje, por lo que habrían notado los sobres.

Finalmente, la PNP y la DIRCOCOR continúan analizando las cámaras de seguridad para corroborar si el material fue plantado recientemente. Es vital determinar si realmente existieron actas de votación de la ONPE en Surquillo como indica la denuncia de la coordinadora.

El testimonio de la trabajadora municipal resultaría clave para esclarecer el paradero del material electoral de la ONPE en Surquillo. Las autoridades deberán determinar si el extravío de los sobres fue un descuido administrativo o un acto provocado. La investigación policial busca garantizar que no se vulnere la transparencia de los votos ciudadanos.

El sicario trasladó a su víctima en una moto lineal. Ese domingo -3 de julio del 2021- transcurría tranquilo, con el toque de queda decretado por el Estado para prevenir contagios por el COVID-19. La chica, una joven venezolana, había estado, poco antes, reunida con un grupo de compatriotas. Solo una de ellas era su objetivo y fue sacada con engaños.

Cuando llegaron a la urbanización Virgen del Rosario, el hombre de la moto la obligó a descender. Su misión era ejecutarla y no falló. Disparó cinco veces y escapó.

El crimen con el sello de una mafia ocurrió en Surco. No era la primera vez que un asesinato por encargo se cobraba la vida de mujeres en Lima, pero fue uno de los casos más sonados hasta que luego, en el 2022, se extendió con el homicidio de otras dos extranjeras en el jirón Zepita.

La joven venezolana asesinada en Surco había sido captada, mediante engaños, en Colombia y trasladada al país para explotarla sexualmente.

Le exigían el pago de US$5.000 por su libertad, pero la ultimaron porque amenazó con denunciar su caso a las autoridades.

Un mes antes del crimen, en junio, una denuncia de la Policía de Colombia llegó a la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Los agentes se enteraron así que una venezolana había sido captada en la ciudad de Cartagena y, junto con otras chicas, fueron traídas a Lima.

Tras una ardua investigación, la policía capturó a ‘Los chamos de Santa Rosa’ y hoy el Poder Judicial los sentenció a duras penas de prisión, según lo confirmó la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.

“Se consiguió que se confirme, en segunda instancia, condenas de hasta 34 años de prisión efectiva para los integrantes de esta banda criminal por los delitos de explotación sexual en agravio de cuatro mujeres, y homicidio calificado”, dijo un representante del Ministerio Público.

La sentencia confirma la pena de 34 años de cárcel para Víctor Hernández Jiménez, alias Vitoco, líder de la banda; así como de 24 años para José Lorven Cortez; y de 15 años y 11 meses para Keiner López Pastran y Deibis Villegas Parra, cada uno.

La condena para el cabecilla de la banda también comprendió el delito de homicidio calificado al haber ordenado la ejecución de una de las víctimas de explotación sexual que informó sobre su situación a las autoridades.

Por esta razón, se le impuso a Hernández Jiménez el pago de S/60.000 como reparación civil por ese hecho, así como el de S/50.000 por cada agraviada por el ilícito de explotación sexual. Por el delito de banda criminal, todos deberán pagar también S/10.000.

Según los hechos comprobados en doble instancia, la red operaba desde 2021 y captó mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp a mujeres, en su mayoría extranjeras, para luego explotarlas en el distrito de Santa Anita.

Los miembros de la banda cumplían distintos roles como el cobro de cupos, transporte y vigilancia de las víctimas, a quienes sometían a la prestación de servicios sexuales bajo amenaza y coacción.