Resolución publicada en El Peruano obliga a autoridades locales a rendir cuentas semestrales sobre el uso de fondos públicos destinados a tareas de supervisión.
En un movimiento estratégico para fortalecer la transparencia y combatir la inconducta funcional, la Contraloría General de la República ha oficializado la Directiva N° 002-2026-CG/PREV. Esta norma, ratificada mediante la Resolución de Contraloría N° 178-2026-CG publicada en el diario oficial El Peruano, establece la obligatoriedad de presentar el «Balance Semestral de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales».
La medida surge tras una evaluación técnica de la Subgerencia de Prevención, que determinó la necesidad de optimizar los mecanismos de control tras un año de vigencia de la normativa anterior. Bajo el amparo de las Leyes N° 31433 y N° 31812, que modificaron la Ley Orgánica de Municipalidades y de Gobiernos Regionales, la Contraloría busca garantizar que los recursos públicos asignados para fortalecer las labores de fiscalización sean utilizados con prudencia y transparencia fiscal.
A partir de ahora, cada regidor y consejero regional del país deberá informar detalladamente sobre los montos ejecutados en sus funciones de vigilancia. Esta fiscalización del gasto no es opcional; responde a la urgencia de cerrar las brechas que permitían un uso discrecional de los presupuestos destinados al control interno de las gestiones locales.
El órgano superior de control enfatiza que este nuevo proceso de rendición de cuentas busca una «correcta comprensión e interpretación» de las disposiciones, evitando el mal manejo de fondos. Con esta disposición, la Contraloría pone bajo la lupa la labor de los fiscalizadores locales, recordando que la lucha contra la corrupción comienza con la transparencia absoluta de quienes deben velar por los recursos del Estado.
La jornada electoral dejó 48 detenidos y 46 ocurrencias de relevancia penal que han ameritado el inicio de investigaciones fiscales en medio de los operativos de control desplegados por las autoridades del Ministerio Público en todo el país.
De todas las personas intervenidas 47 están vinculados al proceso electoral, mientras que del total de ocurrencias, 27 por suplantación de identidad, 3 por destrucción del material electoral, 3 por difusión de propaganda política durante el mismo día de las elecciones, 3 por incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado, 1 por disturbios debido a problemas en la instalación de mesas y 9 por otros eventos.
Según informó la Fiscalía de la Nación de los delitos cometidos el 51,1% corresponde a suplantación de identidad, venta de bebidas alcohólicas durante el periodo de prohibición (19,1%) y difusión de propaganda electoral en horario restringido (12,8%).
Se reportó 1 caso de presunta suplantación de votante en Lurín, en la I.E. Santísimo Salvador, donde un ciudadano denunció que, al acudir a votar, el padrón indicaba que ya había sufragado.
En resumen: entre el 11 y el 13 de abril se realizaron 14.721 actuaciones preventivas del Ministerio Público. El sábado hubo 6.190 que representó el 37,2% del total nacional mientras que, el domingo (día central de elecciones) hubo 7.883 actuaciones fiscales preventivas. Ese fue el día de mayor actividad con 47,4% del total.
El lunes, durante la jornada complementaria en Lima Sur, se reportaron 648 actuaciones fiscales preventivas, equivalente al 3,9% del total.
En resumen: entre el 11 y el 13 de abril se realizaron 14.721 actuaciones preventivas del Ministerio Público. El sábado hubo 6.190 que representó el 37,2% del total nacional mientras que, el domingo (día central de elecciones) hubo 7.883 actuaciones fiscales preventivas. Ese fue el día de mayor actividad con 47,4% del total.
El lunes, durante la jornada complementaria en Lima Sur, se reportaron 648 actuaciones fiscales preventivas, equivalente al 3,9% del total.
Así fue como, a través de la iniciativa ‘Elecciones sin delitos 2026’, el Ministerio Público efectuó las 14.721 acciones preventivas a nivel nacional durante las elecciones generales 2026, lo que representa el 88,5% de toda la operación desplegada durante el proceso electoral, según información del Observatorio de Criminalidad de la institución.
El Ministerio Público, en un trabajo conjunto con el fiscal superior Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, continuará con las acciones necesarias para garantizar la legalidad del proceso electoral y el respeto de los derechos ciudadanos.
Las jornadas electorales suelen ser utilizadas por las fuerzas policiales para dar con aquellas personas que se encuentran prófugas de la Justicia, con monitoreos y operativos encubiertos. Estos comicios no fueron la excepción y se espera un reporte de la Policía Nacional.
El gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, detenido en la mañana del lunes 13 de abril, declaró a los agentes policiales que el verdadero responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material destinado a la votación del domingo es el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.
Efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) arrestaron a José Samamé luego que el Ministerio Público iniciara las indagaciones para identificar a los autores de la frustrada elección en 211 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, atribuido a que nunca llegó la logística a los locales de votación.
La ONPE contrató a la proveedora de transportes Servicios Generales Galaga por S/36,9 millones para que distribuya el material electoral, pero los vehículos nunca llegaron, perjudicando a 52.261 electores.
El mismo domingo el organismo electoral mediante comunicado responsabilizó de la anomalía a Servicios Generales Galaga, dejando entrever que sus propios funcionarios no eran culpables de lo sucedido.
Salen más nombres
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Cercado de Lima consiguió un mandato judicial para aprehender al gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, identificado como el funcionario que adjudicó el contrato de transporte del material a la compañía Servicios Generales Galaga.
En lo que representa un giro en el caso, al ser interrogado por las autoridades, José Samamé admitió haber intervenido en la contratación de Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo.
Pero Samamé advirtió que correspondía al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, hacer un seguimiento a la ejecución del contrato por parte de Servicios Generales Galaga.
«Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles», explicó José Samané a la fiscalía.
De acuerdo con las fuentes consultadas, es probable que se registren más detenciones como resultado de las declaraciones de José Samamé.
“Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE en el jirón Washington. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, dijo José Samamé.
Mucho más que “negligencia”
“Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, añadió.
Fuentes con conocimiento en el caso informaron a este periódico que entre la documentación incautada por la policía anticorrupción (Dircocor en la sede de la ONPE en el jirón Washington, se halló el contrato con Servicios Generales Galaga.
“Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional – Despliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para Simulacro y Sufragio – Elecciones Generales 2026”, dice el documento.
Los términos de referencia fueron suscritos por José Samamé y Juan Phang, quienes dieron la conformidad a Servicios Generales Galaga, sin tener en cuenta que dicha empresa no contaba con la experiencia en el rubro. Es más, la proveedora contaba con varias sanciones por incumplimiento de contrato con ONPE. Suficiente para no calificar en la licitación. Pero sucedió todo lo contrario.
José Samamé Blas fue arrestado en su despacho de la sede central de la ONPE, ubicado en la avenida Washington 1894, cuando esperaba su relevo.
Samamé dimitió del cargo como resultado del caos que se originó por el cierre de los locales de votación en varios distritos limeños, porque Servicios Generales incumplió con trasladar la logística necesaria para la instalación de las mesas.
Mediante una carta dirigida al jefe del la ONPE, Piero Corvetto, con fecha 12 de abril, José Samamé Blas, dijo que lamentaba lo sucedido.
“Ante los hechos acontecidos por fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos lugares de la localidad de Lima, generando retrasos e inconvenientes en las mesas de sufragio y estando a cargo de la gerencia e cargador de dicha labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, escribió Samamé a Corvetto.
José Samamé será investigado por el delito de omisión y rehusamiento en los actos funcionales, cuando ejercía la gerencia de la gerencia de Gestión en la ONPE, según indicaron fuentes fiscales.
A propósito, José Samamé es cónyuge de la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien, coincidentemente, labora en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El 22 de noviembre 2023, Servicios Generales Galaga, durante el mandato del exalcalde Rafael López Aliaga, firmó contrato con la Municipalidad de Lima por S/ 686.400. El objeto fue el transporte de materiales y equipos de la sub Gerencia de Gestión y Fiscalización.
Servicios Generles Galaga empezó con un capital de S/349.941 y en S/5.000.000. Foto: La República
Un “cuello blanco” conocido
La República preguntó a la oficina de prensa de la MML en qué oficina labora la abogada Dorcas Sánchez Arce, esposa del funcionario del ONPE implicado en el caso Galaga, José Samamé, y si tuvo participación en la contratación de esta firma. La MML no respondió.
Por otro lado, es relevante el antecedente judicial Juan Phang Sánchez, señalado por José Samamé Blas como responsable del incumplimiento del contrato de Servicios Generales Galaga. Phang está implicado en el mega caso de corrupción conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que salpicó a algunos funcionarios de la ONPE durante la gestión de Adolfo Castillo Meza (2017-2020).
En noviembre de 2020, la vivienda de Juan Phang fue allanada por disposición judical, ya que la fiscalía del caso determinó que estaba implicado en una conspiración de “Los Cuellos Blancos del Puerto” para designar a Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE.
El propósito del plan era que Adolfo Castillo facilitara la inscripción del partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez, lo que efectivamente sucedió. Como presunto responsable es señalado Juan Phang Sánchez, quien estaba a cargo de la Subgerencia de Calidad de la ONPE.
De acuerdo con el expediente del caso que obra en el Ministerio Público, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, designó en el cargo a Juan Phang para que contribuyera con el plan de inscribir el partido Podemos Perú.
Los testigos señalaron que Adolfo Castillo, por intermedio de Juan Phang, presionaba a otros funcionarios de la ONPE para alcanzar la inscripción de la organización política de José Luna.
La fiscalía le atribuye a Juan Phang los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
Sospechosos aumentos de capital
De acuerdo con Registros Públicos, Augusta Pfuyo Huamanguilla de Alvarado y Verónica Alvarado Pfuyo, madre e hija, fueron quienes fundaron la empresa Servicios Generales Galaga, el primero de diciembre de 2009.
En aquel entonces su capital fue de S/100.000: el 99% de las acciones pertenecían a Augusta Pfuyo y el 1% a Verónica Alvarado.
El 23 de marzo de 2011, Augusta Pfuyo renunció a la gerencia general y en su reemplazo fue nombrado su hijo Juan Alvarado Pfuyo. En esa misma reunión Augusta Pfuyo se convirtió en Sub Gerente.
El 11 de junio de 2012, la empresa Servicios Generales Galaga aumentó su capital a S/349.941. El primero de octubre 2019 volvió a aumentar el capital a S/1.572.091.
Más recientemente, el 04 de abril de 2025, la compañía incrementó nuevamente su capital a S/5.000.000. La fiscalía del caso no descarta disponer de un peritaje contable para determinar las fuentes de los fondos invertidos.
El empresario Juan Alvarado Pfuyo está vinculado con siete empresas, de ellas cuatro fueron fundadas por él: Sgg Mining S.A., Sonein S.A.C., Gala’Tel S.A.C y Galapharma S.A.C. En las otras tres Alvarado ejerce funciones como gerente general, como Integral Comunications S.A.C., Servicios Generales Galaga S.A.C. y Ralce S.A.C.
La ONPE adjudicó el último contrato a Servicios Generales Galaga, no obstante, con una serie de antecedentes por irregularidades.
El 20 de noviembre de 2020 y el 27 de marzo de este año, la Contraloría emitió informes observando las contrataciones de Servicios Generales Galaga porque incumplía con los términos de referencia de la ONPE. ¿Quién apadrinaba al contratista?.
Galaga ganó 80 contratos por S/50,8 millones
Desde el 21 de agosto de 2018 a la fecha, según el portal de Proveedores del Estado, la empresa Servicios Generales Galaga ha contratado con el Estado 80 veces, sumando un total de S/50,8 millones.
Las entidadades que adjudicaron contratos a Servicios Generales Galaga son el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la Dirección de Redes integradas de Salud Lima Sur y el Ejército.
También el Ministerio de Vivienda, el Programa de Educación Básica para Todos y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, entre otros.
Tras un enfrentamiento a balazos, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), logró la liberación de 20 personas que permanecían secuestradas al interior de la bocamina “Sanone” que se sitúa en el anexo Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, en La Libertad.
ACCIONES
De acuerdo con la información oficial, la operación denominada “Qatar” se realizó en horas de la madrugada del último domingo como resultado de un trabajo articulado de inteligencia militar y policial, luego de tomar conocimiento que integrantes de una organización criminal habría ingresado violentamente al yacimiento minero para luego tomar como rehenes a trabajadores artesanales que se encontraban en el interior del socavón.
Ante esta amenaza, el Cupaz desplegó de inmediato las fuerzas de élite que ejecutaron una maniobra táctica de control territorial que derivó un enfrentamiento armado con los sospechosos. Los delincuentes al advertir la presencia, capacidad operativa y superioridad estratégica de las fuerzas del orden, optaron por escapar por los conductos interiores de la mina. De esta manera, se logró poner a buen recaudo a los mineros, sin registrarse heridos ni pérdidas humanas.
Foto: MINDEF
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, destacó que las Fuerzas Armadas y la PNP actúan con disciplina, preparación y compromiso permanente, logrando la recuperación del control territorial y la protección de la vida de la población frente a organizaciones criminales.
El Ministerio Público informó que viene evaluando las responsabilidades penales derivadas de las deficiencias operativas registradas durante las elecciones generales, así como del manejo y custodia del material electoral en diversos distritos de Lima.
El coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, señaló que durante la jornada electoral se detectaron retrasos en la instalación de mesas, problemas en la distribución del material y fallas en la cadena de seguridad, lo que afectó el normal desarrollo del sufragio.
“Han habido serias deficiencias operativas por parte de ONPE, lo que ha generado evidentemente un retraso en el material electoral”, precisó.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público tomó conocimiento de situaciones ocurridas en distritos como Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, donde se reportaron irregularidades en la recolección y traslado de cédulas de votación, por lo que se evalúa dar parte a la fiscalía penal correspondiente.
“El día de ayer el Ministerio Público ha tomado nota de todas las deficiencias que se han podido apreciar con motivo de los hechos en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores”, sostuvo.
En relación con la detención preliminar de un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el representante explicó que la medida responde al presunto delito de omisión o demora de actos funcionales, sin descartar que la investigación alcance a otros funcionarios.
“Se ha procedido la detención en flagrancia del señor José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el delito de omisión o demora de actos funcionales”, indicó.
Barrenechea también advirtió que, además de las fallas operativas, se investiga un posible caso de colusión en la contratación de una empresa encargada del despliegue logístico, la cual no habría contado con la capacidad suficiente para cumplir con el servicio.
“Se va a establecer si además de este acto de negligencia habrá un acto doloso y por tanto con consecuencias penales”, remarcó.
El Ministerio Público recordó que, de confirmarse los delitos, estos podrían implicar penas de hasta siete años de prisión efectiva, especialmente en casos relacionados con la afectación del derecho al voto y la gestión irregular del material electoral.
“Podría ser una pena grave que podría inclusive llevar una pena efectiva […] por lo menos de 7 años”, afirmó.
Finalmente, se informó que fiscales de prevención del delito continuarán con labores de supervisión para verificar que el traslado y custodia del material electoral se realicen conforme a la ley.
La Policía Nacional detuvo en flagrancia a José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
ENFOQUE REAL 