Juan José Santiváñez aún no cumple un mes como ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero ya ha convertido en bandera de su gestión una propuesta controversial: la reconstrucción del penal El Frontón, ubicado en la isla del mismo nombre. El proyecto busca aliviar el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios y ya cuenta con el respaldo de la presidenta, quien con inusitada velocidad inspeccionó el área y dio luz verde a la propuesta. Sin embargo, no todo es favorable, pues los detalles técnicos podrían evidenciar una realidad muy distinta a la esperada por las autoridades. Entre costos de construcción y salarios, la reapertura de El Frontón demandaría un presupuesto cinco veces mayor al actualizado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según información obtenida por La República a través de la plataforma Consulta Amigable sobre la Ejecución del Gasto del INPE, el organismo cuenta con un presupuesto actualizado de aproximadamente 1.130 millones de soles. No obstante, Javier Llaque, exjefe del INPE, estimó que la implementación total del proyecto bordearía los 5.000 millones de soles: “Con ese dinero, podríamos construir 20 penales y prácticamente eliminar el hacinamiento en el país”, afirmó en una entrevista con una emisora local.

“Imagino que esta cifra incluye no solo infraestructura, sino también acondicionamiento y optimización. Recordemos que actualmente el penal no cuenta con ningún tipo de servicio básico”, comentó Cecilia Capacharín, exdirectora del Centro Nacional de Estudios Criminalogicos y Penitenciarios (Cenecp), a La República.

Trabajadores, salarios y otros gastos

Capacharín criticó el proyecto anunciado por Santiváñez y Boluarte. Explicó que no solo los costos de instalación y construcción serían determinantes al momento de elaborar el presupuesto, sino también los salarios y la logística necesaria para el personal asignado a un penal de esta magnitud.

“Según el anuncio de la presidenta Boluarte, el penal albergaría a 2.000 internos. Esto significa que debería ser un establecimiento penitenciario de tipo A, lo que implica que, además de una dirección, contaría con un consejo técnico penitenciario, una unidad de administración y cuatro subdirecciones —a diferencia de otros penales, que tienen solo tres—: tratamiento, salud, registro y seguridad penitenciaria”, explicó.

De acuerdo con la especialista, estos espacios requerirían entre 120 y 150 trabajadores. Además, recordó que en 2020 los sueldos de los agentes penitenciarios oscilaban entre 1.500 y 3.000 soles, lo que evidencia la variabilidad de las remuneraciones en este sector: “Pensemos en el pago de planillas que implicaría mantener operativo este penal: al menos 100 agentes penitenciarios, unos 20 administrativos y otros 20 dedicados a tratamiento. Y no solo es planilla, también el costo del traslado del personal. No quiero imaginar que, en caso el penal empiece a funcionar, se le cargue ese gasto de traslado a los propios trabajadores”, advirtió Capacharín.

Finalmente, la exdirectora del Cenecp señaló que la construcción del recinto penitenciario podría tardar lo suficiente como para no concretarse hasta dentro de dos gestiones presidenciales: “Puede demorar un año como también diez. Veamos, si no, el ejemplo más inmediato: la construcción del megapenal en Ica. Se aprobó su factibilidad en 2013, pero la obra recién comenzó en 2018; se esperaba concluirla en 2020, y hasta ahora no se ha logrado terminar”, apuntó.

Santiváñez niega que ‘El Frontón’ demande 5.000 millones de soles

Las críticas llegaron a oídos del ministro de Justicia, quien, en entrevista con un medio local, rechazó la opinión de expertos en temas penitenciarios. Santiváñez aseguró que la reconstrucción de ‘El Frontón’ costaría solo una décima parte del monto estimado inicialmente.

“Es una mentira lo que nos han hecho creer durante años, que El Frontón sería un penal que costaría 5.000 millones de soles. Ya existen estudios técnicos que han determinado que el costo aproximado de la construcción es de 500 millones de soles”, afirmó.

El ministro también adelantó que contará con el apoyo de efectivos militares para “preparar el terreno”. Además, señaló que el proyecto cuenta con la asistencia de otras carteras del Ejecutivo: “La construcción se iniciará de inmediato y, para ello, el Ministerio de Vivienda nos está asistiendo en la emisión del Decreto Supremo que habilite la obra, utilizando nuevos procedimientos de edificación en bloques”, precisó.

No es la primera vez que proponen reabrir ‘El Frontón’

Lo cierto es que en el clima de inseguridad ha llevado a que más de un político en turno proponga reabrir El Frontón. Previo a Santiváñez, en 2023, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que buscaba reabrir el histórico penal. Según aseguraba, su propuesta tiene como objetivo convertir este establecimiento en un centro para recluir a delincuentes considerados de alta peligrosidad.

El proyecto planteaba que tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el INPE asuman la tarea de reconstruir e implementar nuevamente este penal. Soto argumentaba su propuesta bajo los mismos parámetros de Santiváñez: excesivo hacinamiento. Del mismo modo, la propuesta del parlamentario también obvia los potenciales gastos que podría traer la reinstalación de ‘El Frontón’. En su análisis costo-beneficio, Soto aseguró que esta medida no representaba mayores costos o gastos al Estado. Algo que, como se expuso previamente, es falso.

En línea con las palabras dichas hoy por el ministro de Justicia, el congresista señalaba que reabrir El Frontón permitiría aislar a los criminales más peligrosos y evitar que mantengan contacto con la población general. La propuesta entonces fue apoyada por José Arriola, quien se desempeñaba como vocero del partido de la lampa. Hoy, esta iniciativa sigue descansando inactiva en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.