Raúl Pérez Reyes niega negociación irregular para adjudicar Proyecto Olmos

El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, negó haber participado en una negociación irregular para adjudicar el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) a la empresa IAGESA SAC.

Su pronunciamiento se dio tras la difusión de un audio por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, en el que Saúl Yábar, gerente de la empresa, implicaría al titular del MEF.

En el audio se escucha a Yábar afirmar que conversó con Pérez-Reyes y con el exministro José Salardi para facilitar el contrato mediante un decreto de urgencia. No obstante, Pérez-Reyes calificó las declaraciones como falsas y anunció que iniciará acciones legales contra el empresario, así como contra Ranjiro Nakano, director ejecutivo del PEOT.

«[Quiero] expresar mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace este señor Saúl Yábar, a quien no conozco, con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado y a quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que ha hecho con el señor Nakano”, indicó a Panorama.

El ministro tildó de «patraña» la acusación de Yábar y aseguró que la acusación ha sido una respuesta a la reunión que mantuvo con Nakano y miembros de la Asamblea Regional de Lambayeque, en la que se decidió que no se renovará el contrato con Novonor (antes Odebrecht), para llevar a cabo la Presa Limón y el trasvase.

«Quien va a asumir, a partir de setiembre de 2025 la operación, es el Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque. Eso es lo que hemos quedado el jueves, nos hemos reunido todos», aseguró.

«Voy a pedir al señor Nakano, que me explique cómo es posible que él tenga esta conversación y que luego se reúna conmigo y no me diga nada de ello. O sea, si le estaban planteando un acto de corrupción, a quien tendría que haber cuestionado es a mí y yo le habría dicho que esto es falso. Lo que están buscando es descalificar a la persona que está justamente cuestionando el contrato de Odebrecht, que soy yo», agregó.

Denuncian que la oficina de Juan José Santiváñez representa un gasto de 900 mil soles solo en sueldos

La Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, liderada por el exministro del Interior, Juan José Santivañez, representa un gasto anual de S/ 900 000 solo en el pago de planillas, según un reportaje de Cuarto Poder.

Además, el gasto en planillas no incluye mobiliario, logística u otros gastos operativos.

El dominical expuso que la oficina, creada durante la gestión de Dina Boluarte, cuenta con el siguiente esquema: dos especialistas en monitoreo, dos analistas en monitoreo, una secretaria y un asistente.

De acuerdo con documentos oficiales, cada uno de los dos especialistas en monitoreo perciben sueldos de S/ 11 970 mensuales. Además, los analistas tienen un pago de S/ 7 135.

Mientras tanto, la secretaria y el asistente perciben sueldos de S/ 4 000 y S/ 3 000, respectivamente.

A este esquema, se suma un asesor FAG, un consultor externo que está fuera de la planilla regular, pero que es contratado bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial, con un sueldo superior a los S/ 15 000 mensuales.

Por ejemplo, Linnet Echegaray, exasesora II del despacho de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior, cobró más de S/ 21 000 entre mayo y junio.

Antes, el puesto estuvo ocupado por Erick Caso, otro personaje procedente del Mininter que lideró Santiváñez Antúnez hasta su censura en marzo pasado.

Según los registros del portal de Transparencia, Caso cobró S/ 9 880 por haber ocupado el cargo desde el 25 de abril hasta el 13 de mayo, pues, posteriormente, fue nombrado secretario general del Mininter.

Visitas de alcaldes al despacho de Santiváñez

Además de los gastos en las planillas, a esta oficina han llegado alcaldes cuyos municipios después fueron beneficiados en el Proyecto de Ley 11923/2024, una iniciativa del Ejecutivo que busca aprobar un crédito suplementaria por S/ 636 millones para destrabar proyectos en gobiernos locales.

Cuarto Poder menciona en el reportaje que el distrito de Santa Lucía, en Puno, percibirá más de S/ 3.2 millones y, justamente, su alcalde, Ali Cabana, figura como visitante al despacho de Santiváñez.

Ancón también tiene proyectos por casi S/ 2 millones luego de que su burgomaestre, Samuel Daza Taype, acudiera a la citada oficina en mayo pasado.

Ambos burgomaestres evitaron dar sus descargos al dominical.

El distrito del Rímac también recibió un financiamiento por S/ 942 219 después de que su alcalde, Néstor de la Rosa, se reuniera con Santiváñez. Al ser consultado por Cuarto Poder, la autoridad distrital negó haber tratado este tema en la cita.

Para el analista político Iván García, el despacho de Santiváñez “está adquiriendo tanto o más peso políticamente” que el espacio que le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Presidencia se pronuncia tras difusión del reportaje

Poco después de la emisión del reportaje, la Presidencia de la República informó que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental cuenta actualmente con dos personas asignadas, una de las cuales está contratada a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Asimismo, rechazó que alcaldes o autoridades regionales hayan sostenido reuniones con Santiváñez Antúnez para tratar asuntos relacionados con el proyecto de ley 11923 sobre crédito suplementario.

“La gestión de Dina Boluarte promueve la articulación y el fortalecimiento de la ejecución en los gobiernos locales y regionales, manteniendo un diálogo permanente con las autoridades de todo el país…”, se lee en un comunicado.

César Acuña confirma en entrevista con streamer Cristorata cercanía con Dina Boluarte: «Me llevo bien (…) Conversamos»

César Acuña, líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), recibió en su mansión en Trujillo al reconocido streamer en el Perú, Cristorata, el último domingo 20 de julio. A través de la plataforma Kick en la que el influencer comparte contenido para jóvenes, el gobernador regional de La Libertad se refirió a su cercanía con la presidenta Dina Boluarte.

Durante la transmisión en vivo del creador de contenido, Cristopher Puente le consultó a Acuña sobre su relación con la jefa de Estado y cómo se llevan mientras este le presentaba sus cuadros y reconocimientos obtenidos a lo largo de su vida y que estaban colgados en su vivienda. En ese contexto, el líder de APP señaló que se lleva «ahí» y no detalló si es buena o mala.

«Es la actual, Dina. La actual. ¿Y se lleva bien con Dina o no?», preguntó el streamer durante su visita a la mansión del gobernador regional de La Libertad.

«Sí, ahí conversamos», respondió Acuña. «A veces, de vez en cuando», consultó Cristorata. «De vez en cuando», aseguró el líder de Alianza para el Progreso.

Asimismo, Acuña le mostró al influencer sus fotografías con los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Castillo, cada uno sentenciado e investigado por diversos delitos, y otras autoridades internacionales durante su carrera como político.

César Acuña: no inicia campaña electoral, pero ya realiza propaganda política, según el JEE

La campaña electoral aún no ha comenzado, pero ciertos políticos están llevando a cabo actividades de propaganda, según ha señalado el Jurado Electoral Especial (JEE). Este es el caso de César Acuña, quien está siendo investigado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego del que el JEE determinó que se habría infringido el principio de neutralidad electoral.

El JEE de Chiclayo señaló que el gobernador regional de La Libertad habría transgredido las normas de neutralidad electoral al hacer promoción de su partido político, Alianza para el Progreso (APP), en eventos públicos.

De acuerdo con las evidencias recogidas, esto incluyen videos en las que se observaría a Acuña participando en eventos masivos junto con simpatizantes con prendas de colores alusivos a su partido políticos, así como con carteles a una eventual candidatura presidencial suya.

Más ‘waykis’ para Dina Boluarte: cambian norma para que presidenta reciba regalos sin límite de precio

Dina Boluarte podrá continuar recibiendo regalos de autoridades. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el 1 de julio se creó y aprobó la modificación de una directiva que flexibiliza las condiciones bajo las cuales la presidenta puede recibir regalos, donaciones o beneficios. Los nuevos criterios no establecen límite de precios y permite que los remitentes sean amigos o autoridades de la mandataria.

La norma fue redactada por Walter Enrique Zegarra, jefe de la Oficina de Integridad Institucional, y revisada por otras tres oficinas clave del despacho: Recursos Humanos, Planeamiento y Asesoría Jurídica. La aprobación final fue otorgada por Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del despacho presidencial, quien también autorizó el incremento del sueldo presidencial. Y lo más llamativo: se creó y aprobó en menos de 24 horas.

Se trata de la Directiva 004 – 2025 de la subsecretaría general del despacho presidencial, que en su artículo 8, sostiene que los servidores del despacho presidencial tienen prohibido, solicitar, recibir o aceptar ya sea de manera directa o indirecta regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares.

Con esto, según la normativo de junio del 2021, los únicos regalos que podía recibir la máxima autoridad eran objetos modestos y funcionales, como lapiceros, resaltadores, porta lapiceros, mouse pads y otros artículos que podrían ser considerados como productos corporativos.

Sin embargo, la modificación realizada por los funcionarios de Boluarte flexibiliza esas indicaciones.

La directiva fue probada de forma exprés el 1 de julio, establece que la presidenta sí puede recibir regalos donaciones cortesía y beneficios propias de las costumbres de comunidades rurales, o regalos entregados por gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos o instituciones nacionales o internacionales como consecuencia de su participación en ceremonias o actos oficiales.

No hay límite ni razones para que Dina Boluarte reciba regalos

No hay límite de precio ni razones, pues se permiten regalos con motivo de cumpleaños, aniversarios o logros personales, incluso provenientes de su entorno laboral.

Así lo precisa el punto C del artículo 11: «Aquellos regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares que provengan del entorno familiar, amical o laboral de los servidores del Despacho Presidencial, con ocasión de onomástico, aniversarios, logros personales, académicos o profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros».

JNJ investiga a Delia Espinoza por negarse a reponer a Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por negarse a acatar la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público (MP). Esta decisión había sido dictada por la propia JNJ el 13 de junio último. Tras su nulo cumplimiento, el abogado Luis Miguel Caya denunció a Espinoza Valenzuela.

En detalle

Según la resolución a la que accedió Correo, la JNJ formalizó la apertura de la investigación el 18 de julio último. El documento lleva la firma de su presidente, Gino Ríos, y designa a María Teresa Cabrera (vicepresidenta) como miembro instructora del caso.

Cabrera, excongresista de Podemos, lidera la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios de la JNJ y elaboró el informe que recomendó iniciar las pesquisas.

Espinoza es sindicada de abuso de poder e instrumentalización del cargo; usurpación de funciones; rehusamiento de actos funcionales; y requerimiento indebido de la fuerza pública (Hechos 1, 2, 3 y 4 —extremo “a”—, respectivamente).

“(Esto) no implica un adelanto de criterio, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario”, indica el informe.

La decisión fue adoptada “por unanimidad” en el pleno de la JNJ del 16 de julio, “sin la participación de Francisco Távara por tener abstención con relación a Espinoza Valenzuela”.

Los hechos

Espinoza se le atribuye abuso de poder e instrumentalización del cargo por hacer “caso omiso” de la resolución de la JNJ y “no atender” a Benavides cuando acudió al MP.

Sobre ello, el informe “concluye que existen elementos iniciales que la vinculan” con presuntas inconductas funcionales.

Destaca que además de lo señalado en la denuncia, “es un hecho de alcance público” lo ocurrido por los reportes de la prensa.

“(Se) habría incluso convocado a fiscales de Prevención del delito de unidades de flagrancia a que se levanten actas, pese a que no se habría incurrido en comisión de delitos”, acota.

En tanto, se atribuye usurpación de funciones al sindicarle lo siguiente: “convocar a Junta de Fiscales de manera virtual, filtrar imágenes y fotos de lo que ocurría en el Piso 9 del MP, seguir despachando con diversas áreas y gerencias; y emitir notas de prensa y publicaciones, señalando, entre otros, ‘nadie me sacará de aquí’”.

Asimismo, habría cometido rehusamiento de actos funcionales por “no querer atenderla (a Benavides) para hacer la entrega de cargo y demás procedimientos correspondientes” pese a que esta se apersonó a la sede fiscal.

Sobre un presunto requerimiento indebido de la fuerza pública se aceptó indagar sobre el extremo “a”, que atribuye a Espinoza “haber instigado a que personal fiscal y administrativo del MP, el lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde y a fin de que se constituyeran al Piso 9 del MP, permanecieran por espacio de cuatro horas, aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento” a la reposición de Benavides.

Fiscalía inició investigación contra Dina Boluarte por presuntos aportes ilícitos a su campaña en 2021

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el supuesto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticos. Se trata de un caso vinculado a la campaña de electoral de 2021, cuando fue parte de la plancha presidencial de Perú Libre.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el 19 de mayo de 2021, se realizó una reunión en una casona de la avenida Inca Garcilaso de la Venga, en Cercado de Lima, en la que participaron Boluarte Zegarra, la ciudadana Maritza del Carmen Rosario Milagro Sánchez Perales; Marcela Saldarriaga Ortiz, quien era asistenta de la mandataria durante la campaña; y el empresario Eduvigis Beltrán Salinas.

El documento de la Fiscalía da cuenta de que en el encuentro se habría acordado de que Beltrán entregue un total de S/ 150 000 para costear los gastos de la “batucada” – grupo de jóvenes con instrumentos de percusión que realizaban el acompañamiento musical en las actividades proselitistas – en el tramo final de la campaña política de la entonces candidata vicepresidencial.

La entrega del dinero se habría coordinado durante un almuerzo en el restaurante El Hornero y el desembolso, según la investigación, se realizó entre el 19 al 26 de mayo.

Parte del documento fiscal sobre la investigación preliminar seguida a Boluarte.Fuente: Difusión

El Ministerio Público no precisa si la jefa de Estado recibió el dinero de forma directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga. Tampoco descarta que el intermediario de la recepción del monto pudo haber sido otra persona.

“Se presumen que Beltrán Salinas habría retirado dicho monto monetario de su patrimonio o del patrimonio de alguna de las personas jurídicas vinculadas a sus actividades empresariales…”, se lee en el documento.

Boluarte fue citada a declarar el 14 de octubre

Beltrán Salinas ha negado haberse reunido con la entonces candidata perulibrista. A su vez, el empresario ha referido ante el despacho fiscal que no conoce personalmente a la ahora jefa de Estado. Por ese motivo, el MP determinó que tomársele su declaración indagatoria sería “inconducente”.

Mientras tanto, la Fiscalía señaló que el abogado de Marcela Saldarriaga Ortiz dio cuenta del fallecimiento de su patrocinada en agosto de 2023, por lo que se requirió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentar el acta de defunción respectiva.

Con relación a la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio Público programó recibir su declaración indagatoria el próximo 14 de octubre de 2025.

Esta nueva investigación preliminar contra la mandataria es una ampliación de la carpeta fiscal por presunto lavado de activos.

Además, a diferencia de otras denuncias, este caso no requiere el visto bueno del Congreso, porque la presidenta no está siendo investigada como “aforada”, ya que los hechos denunciados se habrían producido antes de que sea electa vicepresidenta.