El Ministerio Público volvió a encender las alarmas en el caso de Andrés Hurtado, al revelar que Laura Bozzo recibió 9,427 dólares provenientes del entorno del hoy detenido conductor de televisión.
La transacción, llevada a cabo a través de un ciudadano venezolano identificado como Orangel Ortega Tovar, figura en la investigación como parte de los pagos irregulares vinculados a la red de testaferros del también conocido ‘Chibolín’.
Las pesquisas fiscales identificaron que el giro de dinero se ejecutó el 11 de febrero de 2022, cuando Ortega Tovar, entonces integrante del equipo de Hurtado, remitió el monto a la presentadora radicada en México. Con ello, los fiscales ampliaron el cerco de investigaciones y colocaron el nombre de Bozzo en el radar judicial.
Laura Bozzo no eludió las cámaras y respondió de inmediato. A través de un comunicado difundido por medios de televisión, la conductora rechazó participar en actividades irregulares y aseguró que el pago obedeció a una entrevista profesional que ofreció por encargo del propio Andrés Hurtado.
“Yo cobro por entrevista, punto. Si me la manda alguien de su equipo, yo no tengo por qué investigar. A mí me pagan por un servicio, punto”, afirmó tajante.
Asimismo, la figura televisiva expresó estar dispuesta a colaborar con las autoridades peruanas si la citan en el marco de la indagación.
“Si la Fiscalía me llama, tomo el primer vuelo a Perú y me presento. El que no la debe, no la teme”, sostuvo Bozzo, marcando distancia del escándalo que envuelve a su colega.
Pese a su actitud desafiante, Bozzo reconoció que enfrentó anteriormente procesos complicados, pero salió airosa.
“He estado en peores problemas”, declaró, minimizando el impacto que podría tener este nuevo episodio en su trayectoria mediática.
Desde la sede del Ministerio Público, los fiscales no confirmaron aún si emitirán una citación formal, pero fuentes vinculadas al caso adelantaron que preparan diligencias para esclarecer el rol que habría jugado Laura Bozzo en el presunto circuito de pagos irregulares.
En paralelo, los abogados de Andrés Hurtado prefirieron guardar silencio respecto al vínculo con la presentadora mexicana, mientras se intensifican las investigaciones sobre los supuestos testaferros y los servicios contratados por el entorno del conductor.
El presidente del partido Morado, Luis Durán, se pronunció sobre la reciente polémica en la que se han visto involucrados algunos partidos políticos respecto a la presunta contratación de ‘fábricas de firmas’ para conseguir afiliados a sus filas.
En diálogo con Prueba de fuego de RPP TV, Durán responsabilizó de las presuntas firmas falsas y afiliaciones fraudulentas al Congreso de la República. Según detalló, el Parlamento aprobó en junio del 2024 la ley 32054, la cual establecía que “los partidos políticos no son sujetos de ningún delito penal”.
“Si se llegara a comprobar que ha habido fábricas de firmas, donde algunos dirigentes de algunos partidos han construido afiliaciones, no va a poder ser juzgado. ¿Y sabes quiénes votaron [por la ley 32054]? Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos, APP y los restos de Acción Popular”, expresó.
“[Los partidos políticos] se mantienen en el sistema. No los pueden suspender ni eliminar. Otra cosa serán las consecuencias penales de los representantes, de los comités ejecutivos. Es una responsabilidad personal, pero el partido no sale del sistema”, acotó.
En esa misma línea, el presidente del partido Morado indicó que la ley aprobada por el Parlamento favorece “a las personas que entienden la política como una obsesión personal” y no “como un trabajo colectivo e institucional”.
“El sistema político peruano debería organizarse, ¿sabes alrededor de qué? De una idea. Los partidos son instituciones y los que militan en el partido tienen que asegurarle al país que van a llevar a sus mejores cuadros [opciones]. Y eso no ocurre”, manifestó.
“Los órganos electorales no están cuidados por el sistema legal para poder hacer bien su trabajo”
Al ser consultado sobre la responsabilidad del Reniec en la identificación de las presuntas firmas falsas, Durán indicó que “hay una normativa” que no permite brindarles a los órganos electorales “instrumentos para que” realicen sus funciones correctamente.
“Los órganos electorales no están cuidados por el sistema legal para poder hacer bien su trabajo. […] Yo no puedo discutir […] si hubo dolo o no en el Reniec, tendrán que investigar, pero creo que, si han encontrado esa cantidad de firmas, quiere decir que han guarnecido en algún sentido. […] En todas las actividades, ante el Reniec hay un funcionario del Reniec y hay un personero del partido. Y están viendo y juntos, y discuten las firmas. [Posteriormente], el Reniec tiene que cotejar la firma de la ficha escaneada con la firma que aparece en el sistema. Eso es todo lo que pueden hacer. Si nosotros quisiéramos que hubiera peritos grafotécnicos, necesitaríamos darle más presupuesto al Reniec”, indicó.
Los días de Alejandro Toledo en la cárcel llegarían pronto a su fin. Y todo por una norma aprobada por el Congreso de la República. El expresidente sentenciado a 20 años de prisión efectiva por recibir coimas de la empresa Odebrecht solo está a la espera de que termine el trámite para irse a su casa.
Roberto Su, abogado del exmandatario, confirmó a Perú21 que días después de que su patrocinado cumpliera 80 años, el pasado 28 de marzo, requirió al Poder Judicial que se aplique la nueva ley.
La Ley Nº 32181 fue promulgada el 11 de diciembre de 2024 y, entre otros cambios, modificó el artículo 22 del Código Penal que refiere a la reducción de la pena por edad.
La directriz ahora señala claramente que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán sus condenas conforme a lo que estipulan los artículos 288 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal. En ambos se especifican las restricciones que puede imponer un juez a un procesado considerando la detención domiciliaria.
No se hacen distinciones, corruptos, violadores, asesinos y hasta terroristas podrían invocar la norma para su beneficio.
“Hace más de un mes hemos presentado el pedido, el juez decide si resuelve o convoca a una audiencia previa, pero lo que ya debió hacer el magistrado es haber notificado a la Fiscalía para que emita su opinión”, expresó Su a este diario.
Esa solicitud se encuentra en el despacho del juez de garantías Richard Concepción Carhuancho. Se trata de un proceso diferente a la apelación que interpuso la defensa de Toledo Manrique a la sentencia por corrupción, que aún no tiene fecha de audiencia para evaluarse.
Toledo fue sentenciado en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, pero ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de haber sido extraditado desde Estados Unidos.
El ejemplo más claro de que el exgobernante será beneficiado sucedió el último lunes. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a Rómulo Peñaranda, exdirectivo de la empresa Alpha Consult que recibió coimas de Odebrecht para aprobar informes de supervisión de obras que ejecutó la constructora brasileña.
Los jueces, no obstante, aclararon que Peñaranda cumplirá la condena en arresto domiciliario ya que tiene 82 años.
Y así como ellos hay otros personajes que pronto gozarán de esa ley. Uno de los más próximos: el exasesor Vladimiro Montesinos.
El ‘doc’ sonríe
En 18 días, Montesinos cumplirá 80 años y al día siguiente podrá requerir a la justicia que se adecúe la Ley Nº 32181 a su caso. Es decir, culminar el arresto en su vivienda.
Vladimiro Montesinos. (Poder Judicial)
Sobre el ‘doc’ pesan condenas por violación de derechos humanos, pero por un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en diciembre de 2024, este podrá recuperar su libertad plena en 2026.
La sentencia del TC fue emitida por un recurso que interpuso el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en el caso del asesinato y desaparición del ciudadano Fortunato Gómez Palomino.
El máximo intérprete de la Carta Magna concluyó que el conteo de la pena, por más que sean múltiples contra una persona, se subsumen en la pena mayor y empieza desde que el condenado fue detenido en prisión.
Montesinos fue capturado en junio de 2001 y la condena mayor que acata es la de 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos. Por eso el conteo termina para él en junio de 2026, en plenas elecciones.
Otros beneficiados
Hace dos semanas, el 15 de abril, el número 2 de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo, cumplió 80 años y si bien fue sentenciado a cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata en 1992, puede requerir pasar sus últimos días en arresto domiciliario.
En el caso Lava Jato hay más exfuncionarios públicos que también serán beneficiados con esa norma impulsada por el Congreso. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, procesado por los contratos que suscribió su empresa con Odebrecht mientras fue ministro, tiene 86 años y califica con el requisito.
Otro es el exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, quien recientemente fue acusado por la adjudicación irregular del Metro de Lima durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).
La Fiscalía ha requerido contra Nava la pena de 30 años de cárcel por interceder para beneficiar a Odebrecht modificando el marco legal del proyecto y a cambio de ello recibió US$4 millones.
El exhombre de confianza de García cumplirá 80 años el 19 de marzo del 2026, fecha para la que aún no se habrá emitido sentencia en el proceso que afronta.
Según el penalista Fernando Silva, el Poder Judicial no actúa de oficio sino a pedido de las defensas. En su opinión, debería convocarse a audiencias para que se evalúe el requerimiento uno a uno.
“Los jueces deben meditar sus decisiones, creo que tendría que haber una audiencia al respecto porque las normas penales son de aplicación inmediata; acá la evaluación no es por la persona sino en determinar si los sentenciados cumplen el requisito procesal”, dijo Silva a Perú21.
Ante las consecuencias que trae la Ley Nº 32181, desde el Congreso han empezado a tomar medidas.
La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone excluir de este beneficio penal a los mayores de 80 años que fueron sentenciados por violación de menores de edad, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.
La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen final, sin incluir delitos de corrupción ni lavado de activos, y ahora este debe ser debatido en el Pleno para proceder con los cambios.
De esta forma empezará el desfile de sentenciados que buscarán regresar a la comodidad de sus hogares, muy lejos de reformarse en prisión y de arrepentirse de sus delitos.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, brindó un mensaje durante las conmemoraciones por el Día del Trabajador. Sus palabras estuvieron en sintonía con la creciente ola de delincuencia que se vive actualmente. La titular del PJ aseguró que estos hechos generan un fuerte impacto negativo en el desarrollo del trabajo en el Perú.
“No somos indiferentes ante la ola delincuencial que, con extorsiones y amenazas, ataca un derecho fundamental: el derecho al trabajo. La inseguridad ha puesto en riesgo miles de empleos (…)”, señaló.
Tello afirmó que el Poder Judicial continuará trabajando en favor de la protección de la ciudadanía frente al aumento de los delitos: “La ciudadanía tiene derecho a trabajar libremente, sin miedo. En esta conmemoración reafirmamos nuestro compromiso con los derechos laborales”.
No es la primera vez que Janet Tello se pronuncia sobre la inseguridad ciudadana
No es la primera vez que Tello se refiere a la inseguridad ciudadana. Durante el último paro de transportistas en Lima y Callao, la presidenta del Poder Judicial hizo un llamado de atención al Congreso. La magistrada advirtió que varias leyes recientemente aprobadas por el Parlamento benefician a organizaciones criminales y requieren una revisión urgente. Este pronunciamiento se da en un contexto en el que el país enfrenta cifras récord de homicidios en lo que va del año.
Entre las normas cuestionadas, Tello destacó la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia, una medida aprobada por el Legislativo en diciembre de 2024, cuya restitución tardó en concretarse. También mencionó leyes como la 31990, que reduce el plazo de la colaboración eficaz a solo ocho meses; la 32108, que excluye delitos con penas menores a seis años del marco del crimen organizado y exige la presencia del abogado del imputado para realizar allanamientos; y la controvertida Ley 32107, que excluye de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad a quienes los cometieron antes de 2002, lo que podría significar impunidad para militares involucrados en abusos durante el periodo del terrorismo.
Por otro lado, también cuestionó la Ley 32182, que introduce modificaciones en la carrera de jueces y fiscales, y que, a su juicio, podría interpretarse como una forma de intimidación al sistema de justicia por decisiones basadas en criterios jurídicos. Si bien saludó la convocatoria del Congreso a un Pleno centrado en la seguridad ciudadana, Tello reiteró la urgencia de revisar estas normas y pidió priorizar el proyecto que crea el Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia. Esta iniciativa permitiría una respuesta judicial más ágil frente al delito, contribuyendo a una justicia más efectiva en beneficio de la población.
En aquella ocasión, la magistrada no solo dirigió sus críticas al Congreso de la República, sino también al Gobierno de Dina Boluarte: «De otro lado, solicito al Poder Ejecutivo completar la asignación de los recursos necesarios para su total implementación y funcionamiento, a fin de llevar a cabo un trabajo efectivo entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Poder Judicial”, señaló Janet Tello.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se refirió a las reconsideraciones presentadas en el Parlamento luego de rechazar las inhabilitaciones contra los exmandatarios Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Al respecto, mencionó que solo faltarían cinco votos para alcanzar los 66 mínimos requeridos para aprobar la sanción.
«Solo faltaron cinco o cuatro votos. No faltaron muchos. Y si sacamos la cuenta de quienes son los que se ausentaron, la mayoría son votantes en verde, son de las bancadas que tienen una posición ganada con respecto a lo que hizo el señor Vizcarra y el señor Sagasti«, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
«En cuanto al señor Salvador del Solar, el tema no se va a ver en reconsideración porque se aprobó una cuestión previa para declarar su caducidad. Ese tema no se va a ver», agregó.
Levantamiento del antejuicio a Francisco Sagasti
Por otro lado, Muñante comentó que se aprobó levantar el antejuicio al exmandatario Sagasti para que pueda ser investigado por el caso de los ascensos en el Ejército.
«Lo que hemos aprobado es aperturar la causa penal, el antejuicio. Es decir, hemos dejado expedito para que no haya ningún impedimento para investigarlo (…). Lo que hicimos también es el juicio político, que sí es una prerrogativa exclusiva del Congreso y que no llegó a los votos necesarios», finalizó.
La bancada de Renovación Popular presentó una reconsideración a la votación del Congreso para inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años.
Presentan reconsideración a votación del Congreso
Al no haber alcanzado la votación para inhabilitar a Martin Vizcarra por el cierre del Parlamento en septiembre del 2019, la parlamentaria Noelia Callao presentó este recurso ante el presidente de la Mesa Directiva.
«La presente para saludarlo cordialmente y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, presento reconsideración a la votación», indica la misiva enviada a Eduardo Salhuana.
Herrera Medina presentó la reconsideración de la votación de la Resolución Legislativa recaída en la DC 400 y 466 acumuladas luego de que el Congreso no alcanzara los votos suficientes para aprobar la inhabilitación de Martín Vizcarra.
Pleno rechaza inhabilitar al expresidente
El último miércoles, el Pleno del Congreso rechazó el informe que recomienda inhabilitar políticamente al expresidente Martín Vizcarra por 10 años. La representación nacional no alcanzó los votos requeridos para sancionar al exmandatario, quien fue señalado por presuntamente disolver el Parlamento en 2019 de manera ilegítima.
Con 57 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo rechazó el informe previamente aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual recomendaba suspender por una década a Vizcarra Cornejo para que no ocupecargos públicos. Se requerían 66 votos para que la inhabilitación sea concretada, por lo que ahora el informe pasará al archivo.
«El proyecto de resolución legislativa que proponía la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública de Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, pasará al archivo al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación», informó el Congreso a través de sus canales oficiales.
¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre decisión del Congreso?
El expresidente Martín Vizcarra se encontraba brindando una entrevista en vivo cuando el Congreso realizaba la votación para determinar su inhabilitación política. Pese a que los resultados fueron favorables para él, el exmandatario aclaró que no se trata de una victoria.
Durante una entrevista para Canal N, el exjefe de Estado se pronunció sobre el rechazo del Congreso a su inhabilitación y aclaró que él no cree que no se hayan alcanzado los votos necesarios porque confiaron en sus argumentos. Según Vizcarra, los resultados de la votación se deben a que un gran número de parlamentarios estaría «de vacaciones».
De esta manera, se dio a conocer que Renovación Popular presentó la reconsideración de la votación para inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años.
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