Estudiantes de Beca 18 abuchean a presidenta, pero seguridad los silencia: «Fuera, Dina»

Dina Boluarte fue abucheada por estudiantes de Beca 18 cuando participaba de una actividad de bienvenida a los nuevos becarios de este programa en el coliseo Eduardo Dibós. Al grito de «Fuera Dina» los escolares expresaron su rotundo rechazo hacia la presidenta, sin embargo, fueron silenciados por su personal de seguridad.

Tras ese recibimiento, la jefa de Estado aprovechó su discurso para hacer referencia a su cuestionada gestión y culpó a externos. «Les dicen que no estamos haciendo nada es porque aquellos que hablan y provocan esa narrativa falsa es porque este Gobierno no trabaja. No trabaja con aquellos que tenían al Gobierno capturado», dijo.

Boluarte es rechazada por estudiantes tras anuncio de un eventual incremento de sueldo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, quiere ganar más del doble de su salario actual. El pedido de aumento fue realizado al MEF por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este informe quedó listo el 28 de abril último y dispone que la jefa de Estado pase de ganar 16.000 soles mensuales a 35.568, es decir, casi 36.000. El documento está a la espera de la aprobación de la PCM.

Según el documento al que accedió el programa Panorama, la justificación de este aumento son lineamientos técnicos y recomendaciones internacionales, siendo el principal argumento citado el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual sugiere que los salarios de los trabajadores del sector público deben ser corresponder al valor del puesto donde ejercen.

Fuentes del referido medio señalaron que fue el representante de la PCM, Gustavo Adrianzén, quien habría presionado a que el sueldo de la mandataria sea aumentando a un 125%.

Para ello, el MEF realizó un estudio para justificar el aumento del sueldo de la jefa de Estado. Este contó con un análisis cuantitativo de los ingresos del personal y un foque cualitativo basado en dos criterios: la responsabilidad y la competitividad del cargo. El primero considera el nivel de las obligaciones, decisiones y funciones asociadas al puesto de presidente de la Nación, mientras que el segundo evaluó si la remuneración actual estaba acorde a los estándares del mercado laboral.

La página 15 del documento busca justificar que la compensación del presidente de la República debe reflejar su relevancia por ser considerado «la máxima autoridad del país, encargado de dirigir la política general del gobierno, representar la Nación y tomar decisiones estratégicas para el desarrollo del país».

Luis Arce Córdova: PJ declara nula sanción de la JNJ y ordena su reincorporación pese a investigaciones

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por el exfiscal supremo Luis Arce Córdova contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenó su reposición en el cargo. La resolución judicial -a la que accedió La República- deja sin efecto la destitución impuesta por la JNJ en julio de 2022, luego de que el magistrado Jorge Ramírez Niño de Guzmán concluyera que el procedimiento seguido vulneró derechos fundamentales del demandante.

El juez consideró que la JNJ aplicó de forma errónea un procedimiento disciplinario inmediato sin motivación suficiente, y que la sanción carecía del estándar exigido por el Tribunal Constitucional (TC) en precedentes recientes sobre la remoción de jueces y fiscales titulares. Además, determinó que Arce no tuvo garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa de manera efectiva.

Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo del exfiscal supremo Luis Arce Córdova y ordenó su reposición. | Foto: La República.

PJ ordena reincorporación de Luis Arce como fiscal supremo

Luis Arce Córdova fue separado del cargo por remitir una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que declinaba continuar participando como su miembro, en plena segunda vuelta electoral del 2021. La JNJ calificó esa conducta como una falta muy grave por atentar contra la estabilidad del sistema electoral y la institucionalidad democrática.

En su defensa, Arce Córdova alegó que su decisión fue una expresión de protesta frente a lo que consideraba irregularidades en el proceso electoral, especialmente por la negativa del JNE a permitir auditorías a actas impugnadas. Si bien el juez no avala expresamente ese argumento, señala que la JNJ no logró probar que esa renuncia configurara una falta muy grave.

«Se concluye que no le corresponde a la JNJ iniciar procedimientos disciplinarios inmediatos, al no haberse previsto, ni en su propia Ley Orgánica, ni en la Constitución Política; por ello, se ha advertido que el procedimiento disciplinario inmediato en contra del demandante, mediante el cual, se da su destitución, ha vulnerado el principio de jerarquía normativa», se lee en el fallo judicial.

A la fecha de su destitución, Luis Arce Córdova era uno de los últimos fiscales supremos nombrados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Su nombre también ha estado vinculado al caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», una supuesta red de corrupción en el sistema de justicia, y el Ministerio Público lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En abril de 2022, el fiscal Pablo Sánchez solicitó levantar su inmunidad para incluirlo formalmente en las indagaciones.

¿Luis Arce regresará al Ministerio Público?

Pese al fallo favorable del Poder Judicial, el retorno de Luis Arce Córdova a la Fiscalía Suprema no es inmediato. La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia. Incluso si se solicita su ejecución provisional, Arce enfrenta un obstáculo mayor: fue destituido en dos oportunidades.

La primera, por su presunta vinculación con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y la segunda, por haber declinado a su rol en el Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral de 2021. Finalmente, aunque el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso, esta aún no ha sido tramitada. Por lo que, más allá del reciente fallo judicial, su eventual retorno dependerá también de cómo se resuelvan estos procesos pendientes.

Millonaria incautación golpea a Vladimir Cerrón: Poder Judicial transfiere fondos al Estado

El Poder Judicial ejecutó una contundente medida contra Vladimir Roy Cerrón Rojas al incautar una cuenta bancaria y decomisar un cheque de gerencia que, en conjunto, superan los 1 millón 600 mil soles.

La orden, dictada por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima, transfirió inmediatamente los fondos a favor del Estado peruano tras declarar fundada la demanda presentada por la Fiscalía.

El juez Juan Antonio Rosas Castañeda lideró la decisión judicial al validar los argumentos del Ministerio Público, que vincularon los recursos económicos del fundador de Perú Libre con presuntas actividades ilícitas.

Las sumas incautadas ascendieron a S/ 1’236,543.30 y S/ 376,969.13, montos que, según la Fiscalía, representaban un incremento patrimonial injustificado por parte del exgobernador regional de Junín.

La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima respaldó la decisión judicial al considerar que los fondos incautados podrían derivar de delitos contra la administración pública, durante la gestión de Cerrón en Junín.

Congreso lamenta la muerte de 13 mineros, pero respaldaron el Reinfo: así votaron las bancadas en el 2024

Tras el asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad, distintas bancadas y líderes políticos se han pronunciado al respecto, solicitando una serie de medidas y proponiendo respuestas inmediatas. No obstante, un detalle que ha pasado desapercibido es que muchas de estas bancadas votaron a favor, en el Congreso, de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el régimen que ha facilitado la proliferación de la minería ilegal. Como se recuerda, se ha denunciado que los agentes criminales que asesinaron a los trabajadores mineros estarían vinculados a este sector ilícito.

Según un artículo previo de La República, desde la entrada en vigencia del Reinfo en junio de 2017, se registraron 90.265 solicitudes, pero solo 2.108 lograron formalizarse, es decir, apenas el 2,34 %. Una vez formalizados, estos salieron del listado del Reinfo. De esta manera, el actual régimen de formalización minera, lejos de fomentar la legalidad en el sector, ha incentivado sus vertientes ilícitas.

Bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, la Bancada Socialista, Podemos Perú, Avanza País, entre otras, agrupan a congresistas que votaron a favor de la ampliación de este régimen. Esas mismas bancadas, tras el estallido mediático de la tragedia en Pataz, han expresado ahora su solidaridad. La contradicción radica en que respaldaron un régimen que favorece la minería ilegal, precisamente el sector que habría perpetrado el asesinato de estos jóvenes trabajadores.

Así votaron las bancadas para aprobar la prolongación del Reinfo en 2024

En la sesión del 29 de noviembre del 2024, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025, con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. La iniciativa, exonerada de una segunda votación, contó con el respaldo mayoritario de la Comisión de Energía y Minas. El dictamen amplía el plazo y consolida la conducción del proceso de formalización integral de la actividad minera en los ámbitos de la pequeña minería y la minería artesanal.

«Se hace necesaria su salida inmediata»: congresistas se pronuncian sobre moción de censura contra Gustavo Adrianzén

Congresistas de diferentes bancadas vienen promoviendo una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a raíz de su «responsabilidad política» por su manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de criminalidad que azota el país.

En declaraciones a RPP, el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Honor y Democracia, cuestionó la respuesta que dio Adrianzén tras conocerse el secuestro de los 13 trabajadores mineros en Pataz, cuyos cuerpos fueron hallados el último domingo.

«Él, como primer ministro, es el responsable directo de lo que está sucediendo en los diferentes sectores que involucran este tema. [El ministro del Interior] también», manifestó Montoya, cuya bancada sumaría las firmas de sus cinco integrantes en la moción contra el jefe del gabinete.

Cabe recordar que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, se requieren 33 firmas para presentar formalmente la moción contra el titular de la PCM. De momento, se han reunido 20.

Masacre en Pataz «agrava» situación de Adrianzén

En tanto, el parlamentario no agrupado Edward Málaga también se mostró a favor de la salida de Adrianzén del cargo, una postura que mantiene desde el 2024 debido a «su manifiesta incapacidad para liderar un gabinete que le dé respuestas efectivas a los problemas del país».

«Las razones no se limitan a la inseguridad o la minería ilegal, sino que trasciende a ámbitos como el manejo económico, político, de los escándalos de la presidenta Dina Boluarte«, expresó.

Para Málaga, la masacre ocurrida en Pataz «agrava» la situación de Adrianzén, por lo que se hace «necesaria» su salida «inmediata».

Por su parte, el congresista Roberto Chiabra sostuvo que, luego de lo ocurrido en la provincia de La Libertad, «el camino más viable» es el cambio total del gabinete de ministros.

«El cambio de gabinete es una acción inmediata. La vacancia de la presidente va a demorar tiempo y no vamos a lograr nada. Con la información que no ha tenido el primer ministro, yo creo que se complica la situación y tienen que meditar bien», refirió.

Ollanta Humala: abogado de expresidente denuncia a los jueces por no notificar sentencia condenatoria

La defensa del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia se quejaron que 18 días después del adelanto del fallo aún no se les notifica el íntegro de la sentencia condenatoria por presunto lavado de activos, en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Por lo cual, a través del abogado Wilfredo Pedraza, presentaron una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contra los jueces Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa. La presentación de la queja funcional fue anunciada a través de la cuenta de Humala, en la red social X.

«He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido a la Autoridad de Control se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció para saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia», comunicó el ex presidente.

Ollanta Humala se encuentra privado de su libertad desde el 15 de abril, mientras que su esposa Nadine Heredia se encuentra con asilo político en Brasil, acompañada de su hijo menor de edad. Brasil les concedió protección diplomática como perseguidos políticos.

La falta de notificación les impide apelar

Tercer Juzgado Penal Colegiado integrado por los jueces Nayko Coronado, Mercedes Caballero y Max Vengoa

El abogado Wilfredo Pedraza señala que el jueves 29 de abril, día que en teoría se debía leer todo el integro del fallo, sólo se leyó una parte, lo que les impide interponer el recurso de apelación. “Hasta hoy a las 14 horas, aún no somos notificados con la sentencia escrita, por lo que desconocemos la integridad de sus fundamentos; y, más grave aún, estamos impedidos de apelar mientras no exista notificación escrita. El artículo 2, numeral 24, literal f) de nuestra Constitución, establece que nadie puede ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez. Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 abril”, escribió el abogado en la red social X.