Gustavo Adrianzén: 57 congresistas van por su censura, mientras Fuerza Popular y APP brillan por su ausencia

El Congreso continúa en la búsqueda de los votos necesarios para concretar una posible censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Para que esta prospere, se requieren al menos 66 votos —la mitad más uno del total de congresistas—. Hasta ahora, las cuatro mociones presentadas suman 57 firmas. Faltaría que nueve parlamentarios se adhieran a estos pedidos para conseguir que el Pleno remueva al primer ministro del cargo.

Las cuatro mociones ya han superado las 30 firmas cada una y fueron impulsadas por Podemos Perú (Moción N.º 16991), Acción Popular (Moción N.º 16992), Renovación Popular (Moción N.º 16997) y una moción multipartidaria (N.º 17003) promovida por el no agrupado Edward Málaga y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

11 bancadas apoyan la censura contra Adrianzén

Respecto a las bancadas de los 57 congresistas que firmaron las mociones, Podemos Perú y Renovación Popular lideran el pedido con 11 firmas cada uno, es decir, todos sus integrantes de las bancadas (salvo dos de Podemos) se han alineado con la moción; y le sigue Acción Popular con los 9 congresistas que integran su bancada firmando la moción.

También destacan los no agrupados con 5 firmas, al igual que Juntos por el Perú, el Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, todos con una participación activa en el impulso multipartidario. Por su parte, Perú Libre (Flavio Cruz e Isaac Mita), Avanza País (Diana Gonzales y Karol Paredes), y el Bloque Magisterial (Paul Gutierrez y Oscar Zea) han aportado solo dos firmas cada uno, lo que evidencia división interna o una postura aún no definida dentro de dichas bancadas. Honor y Democracia figura con una única firma de Jorge Montoya.

Mientras que un grupo de 16 congresistas firmó las cuatro mociones, pertenecientes principalmente a Acción Popular (6), la Bancada Socialista (4), Bloque Democrático (4), Victor Cutipa de Juntos por el Perú y Flavio Cruz de Perú Libre.

Fuerza Popular y APP brillan por su ausencia

Sin embargo, hay ausencias notables. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) —dos de las bancadas más numerosas del Congreso y aliados clave del Gobierno de Dina Boluarte— no han aportado ni una sola firma a ninguna de las cuatro mociones presentadas. También destaca la falta de respaldo por parte de Somos Perú, cuyos integrantes no se han sumado en bloque.

En el caso de Perú Libre, 9 de sus 11 congresistas tampoco han suscrito ninguna moción. La situación es similar en otras bancadas, como el Bloque Magisterial (6 de 8 sin firmar), Avanza País (4 de 6) y Honor y Democracia (4 de 5), lo que refleja una postura dividida o de cautela ante la posible censura.

Esta omisión marca distancia frente al intento de censura y podría dejar entrever que, al menos por ahora, dichas agrupaciones prefieren mantener una postura expectante a lo que surja días próximos al debate en el Pleno y su decisión final será determinante para que la moción prospere o se archive.

Tensión y dudas hasta la hora de la votación

Un caso similar al actual intento de censura contra Gustavo Adrianzén fue el del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fue removido por el Pleno del Congreso a fines de marzo con más de 70 votos a favor. En un inicio, se dudaba de que se alcanzaran los votos necesarios para concretar su salida.

Sin embargo, un movimiento desde la bancada de Fuerza Popular —en particular, desde el despacho de la congresista Patricia Juárez— fue determinante. Esta acción terminó por convencer a varios parlamentarios indecisos de respaldar la censura. Finalmente, la moción fue aprobada con 73 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones.

Los días y horas previos a la votación en el Pleno donde se voten estas mociones serán decisivos para definir la postura de los congresistas y las estrategias que adoptarán las bancadas. Lo cierto es que el hecho de que, inicialmente, Gustavo Adrianzén negara el secuestro de 13 trabajadores en Pataz, fue la gota que derramó el vaso. Este episodio expuso, según el argumento de una de las mociones de censura, “la falta de estrategia para enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana que viene atravesando nuestro país”.

Carlos Adrianzén: No es momento de subir ningún sueldo

El economista Carlos Adrianzén se pronunció sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien defendió el crecimiento económico del 3% anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y trató de justificar el incremento de su sueldo a más de 36 mil soles mensuales, según una propuesta oficial.

En diálogo con Canal N, dijo que el contexto no solo es inapropiado para discutir aumentos salariales, sino que además revela una falta de visión estratégica en el manejo económico del país.

“En realidad, no es momento de subir ningún sueldo”, sostuvo en una entrevista. Añadió que si bien es comprensible que la mandataria intente defenderse diciendo que se evitó un escenario peor con la salida del expresidente Pedro Castillo, “eso no convierte a su gestión en una historia de éxito”.

Adrianzén reconoció que el Perú evitó caer en un modelo similar al chavismo, pero advirtió que un crecimiento del 3% no es suficiente para reducir la pobreza.

“Un crecimiento que reduce pobreza va por el doble”, precisó. En ese sentido, consideró que no hay políticas inteligentes por parte del Ejecutivo para alcanzar tasas de crecimiento de al menos 6 o 7%, necesarias para hablar de una verdadera recuperación.

Impacto político del aumento de sueldo

Sobre el impacto político del aumento de sueldo a Boluarte, Adrianzén señaló que el verdadero reto del Gobierno de cara al bicentenario de 2026 es atraer inversión privada y, sobre todo, inversión extranjera, que actualmente representa apenas el 1.5% del PBI.

“Debería estar en 15% para tener un valor robusto que permita reducir pobreza y generar crecimiento. Pero no estamos haciendo nada en ese camino”, lamentó.

Además, criticó duramente al Congreso de la República, al que acusó de impulsar propuestas que perjudican la inversión privada: “Desde el Congreso se están haciendo verdaderas barbaridades. Es como si quisieran vengarse de Castillo, pero a la mala”.

Finalmente, comentó los recientes informes que revelan graves deficiencias en la gestión de inversión pública. Según el Consejo Privado de Competitividad, más de 10 mil proyectos cuestan en promedio el doble de lo aprobado inicialmente.

Esto, sumado a la propuesta del Ejecutivo de extinguir 14 entidades responsables de la inversión pública con la promesa de ahorrar hasta S/4 mil millones, no genera optimismo.

“La burocracia se ha vuelto más ineficaz y corrupta en los últimos diez años. Todo intento de reorganizar el Estado es incierto. La propuesta de ahorro es una buena intención y nada más, porque si se hace mal, podríamos terminar gastando más… y peor todavía”, concluyó.

Involucrados en afiliaciones y firmas falsas: JNE plantea ley para cancelar a actuales partidos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la función fiscalizadora del organismo que preside y sancionar con la cancelación de la inscripción a los partidos políticos involucrados en afiliaciones indebidas y firmas falsas durante sus procesos de inscripción.

“Vamos a presentar una propuesta para suspender o cancelar la inscripción de los partidos, inclusive de aplicación inmediata y excepcional para estas elecciones generales”, sostuvo ayer en la Comisión de Constitución del Parlamento.

Informó que el citado proyecto de ley ya fue aprobado el lunes 5 por el pleno del JNE y será presentado en los próximos días.

Burneo subrayó que la severa sanción contra los grupos políticos se daría en casos de graves delitos como los ya denunciados y que involucran a 32 de las 43 organizaciones habilitadas para participar en las elecciones de 2026.

“No podemos avalar este tipo de situaciones. Tenemos que dar respuesta a la preocupación de la población”, dijo.

FISCALIZACIÓN

Asimismo, el titular del JNE subrayó que la iniciativa anunciada también busca fortalecer la labor fiscalizadora posterior del JNE y que esta sea permanente e inopinada.

“Vamos a proponer algunas medidas importantes que buscan que la fiscalización sea permanente, no solo respecto a los afiliados, sino también a los comités partidarios”, anotó.

Comentó que hoy pueden fiscalizar a los partidos con un aviso previo de 15 días. “Avisamos 15 días antes de que vamos a fiscalizar un comité, pero en 15 días lo arman (el comité) y al día siguiente, incluso el mismo día, lo desmantelan. Y ya no podemos volver a fiscalizar”, señaló.

En la sesión de la Comisión de Constitución también se presentó la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra ministro Morgan Quero por insultar a víctimas de las protestas contra Dina Boluarte

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de incitación a la discriminación, luego de que este llamara ratas a las víctimas de protestas contra Dina Boluarte, en una entrevista que realizó La República en diciembre de 2024.

«Presento la denuncia constitucional contra Morgan Quero en su actuación como ministro de Educación por el presunto delito contra la humanidad en la modalidad de incitación a la discriminación», anunció la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta de X.

Fue el pasado 11 de diciembre que este medio le consultó a Quero por qué el Gobierno de Boluarte no se ha pronunciado sobre los fallecidos en las protestas en el marco del Día de los Derechos Humanos. Ante esto, el ministro de Educación respondió: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en alusión a las víctimas de la represión ocurrida entre finales de 2022 y principios de 2023.

Las declaraciones vertidas por el mencionado ministro de Estado ocasionaron un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, especialmente de los familiares de las víctimas de las protestas sociales, quienes hasta la fecha han venido llevando a cabo esfuerzos sostenidos en busca de verdad, justicia y reparación.

Por esta razón, la Fiscalía sostiene que las expresiones emitidas por Quero, al minimizar y desvalorizar las muertes ocurridas durante los conflictos sociales que se dieron en el actual gobierno, constituyen un acto de discriminación.

«Según se menciona, este comportamiento proviene de un representante del Estado, quien, conforme al marco jurídico nacional e internacional, tiene el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Dichas conductas, ejercidas desde una posición de poder institucional, no solo vulneran la dignidad de las víctimas, sino que contravienen directamente las obligaciones positivas del Estado de crear condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sin exclusiones ni restricciones arbitrarias», argumenta la Fiscalía en la investigación contra el ministro de Educación.

Ministro de Educación justifica su declaración ante la Fiscalía

En el marco de la investigación, el ministro de Educación declaró ante la Fiscalía, el pasado 10 de enero de 2025. Según dijo, él no escuchó correctamente la pregunta de la periodista, por lo que las declaraciones brindadas no afectarían el derecho fundamental de ningún grupo social en particular.

De esta manera, precisó que no se retractó de sus declaraciones, ya que había realizado aclaraciones públicas al respecto.

«De ello se desprende que el ministro no mostró interés en rectificar su declaración, ya que consideró suficiente con una aclaración pública. En esta línea, tampoco niega lo dicho; por el contrario, justifica su afirmación argumentando que la realizó porque pensó que la periodista se refería a los violadores, sin tener en cuenta que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Como titular del Ministerio de Educación, su deber es promover y defender estos derechos, no propiciar su exclusión de algún grupo social», apunta la Fiscalía.

Autoridades con manos manchadas de sangre: Carlincatura expone como leyes aprobadas por el Congreso alentaron tragedia en Pataz

La ilustración de Carlos Tovar destaca cómo las nuevas leyes aprobadas por el Congreso de la República agravan el clima de delincuencia en el país.

La Carlincatura de hoy, 7 de mayo, expone cómo recientes iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República han contribuido al clima de delincuencia e impunidad que reina en todo el país. El resultado más reciente de esta situación fue la tragedia ocurrida en Pataz, donde 13 trabajadores mineros perdieron la vida a manos de delincuentes que los asesinaron tras haber estado secuestrados desde el 25 de abril.

Las leyes 31751, 31989, 31990, 32130, 32138 y 32303, cuyos efectos están relacionados con la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, son mencionadas por el caricaturista, quien recuerda la responsabilidad del Congreso —bajo el amparo del gobierno de Dina Boluarte— en la reciente tragedia.

Anuncian extinción de 14 programas públicos con el objetivo de generar más inversión y menos burocracia

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, anunció la extinción de 14 programas públicos, con el objetivo de «consolidar una unidad central de inversión pública que nos va a permitir generar más inversión y menos burocracia».

«La propuesta que estamos planteando y la medida que se va a tomar es la de extinguir estos 14 programas y sus inversiones van a ser incorporadas en lo que tiene que ver la cartera de proyectos de ANIN. El objetivo con esta unidad central de inversión pública básicamente pasa por tener impactos positivos como una integración de gestión, una articulación territorial adecuada para tener intervención en territorio, lograr una rapidez y eficiencia en la gestión y ejecución de las inversiones», manifestó en conferencia de prensa.

¿Cuáles son? Se trata de los siguientes programas:

-Provías Nacional

-Provías Descentralizado

-Programas Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL)

-Programas Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)

-Programas Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS)

-Programas Nacional de Saneamiento Urbano (TNSU)

-Programas Nacional de Saneamiento Rural (TNSR)

-Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC)

-Programa Subsectorial de Irrigación (PSI)

-Plan Copesco Nacional (PSN)

-Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)

-Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)

-Programa Nuestras Ciudades (PNC)

-Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP).

El titular del MEF añadió que con en estas medidas tendrán el objetivo final de tener una infraestructura de calidad a servicio de los peruanos, avanzando en un «cierre real de la brecha de infraestructura existente en el país».