Congreso: presentan denuncia constitucional contra los magistrados del juicio contra Pedro Castillo

Desde el Congreso, los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentaron una denuncia constitucional contra los jueces del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022: José Antonio Neyra FloresSalomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.

Asimismo, en el oficio enviado por los legisladores al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, solicita que se inhabilite a los magistrados de la función pública por un periodo de 10 años.

 Denuncia constitucional contra jueces

Denuncia constitucional contra jueces

Pedro Castillo: motivos de la denuncia constitucional

De acuerdo con el documento, la denuncia se basa en que Carbajal Chávez habría adelantado opinión con respecto al presunto delito de rebelión por el que se le investiga a Castillo Terrones, así como el no permitir acreditarse al exmandatario en la sesión de juicio oral del 4 de abril.

«De las expresiones del Magistrado José Antonio Neyra Flores, en la audiencia de instalación de juicio oral llevada a cabo el 04 de marzo de 2025, se denota claramente, que Pedro Castillo está asistiendo a un proceso en donde solamente dos magistrados sentenciarían conforme a ley, puesto la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez ya adelantó opinión.
En este caso, se encuentra expuesto a una situación en que Pedro Castillo y los demás coprocesados no cuentan con las garantías suficientes para tener la confianza que se respetará el debido proceso», se lee en el documento.

Es preciso resaltar, que en diferentes audiencias cuando los jueces le preguntan a Castillo sobre sus datos para poder comenzar la sesión, este se ha negado a hacerlo, rechazando el juicio en su contra. En la sesión del 22 de abril, el exjefe de Estado volvió a oponerse al juicio y advirtió a la jueza Carbajal con una denuncia constitucional: «Usted ha adelantado opinión en este juicio y eso es infracción a la constitución y eso merece una denuncia constitucional, rechazo este juicio».

En total, son 8 los congresistas que firmaron el documento de denuncia constitucional: Roberto Sánchez Palomino, Víctor Cutipa Ccama, Guillermo Bermejo, Nieves Limachi, Elías Varas Meléndez, Wilson Quispe Mamani, Hamlet Echevarría y Margot Palacios (No agrupada)

Como se recuerda, Castillo Terrones es investigado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una pena privativa de la libertad de 34 años, la inhabilitación de la función pública por 3 años y 6 meses, así como una reparación civil por más de S/64 millones.

Dina Boluarte: Cambian fiscales que investigan muertes en las protestas sociales contra la presidenta y el Congreso

Además del nombramiento de una fiscal sin experiencia de derechos humanos, como  coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales contra Dina Boluarte y el Congreso, el Ministerio Público decidió cambiar a nueve fiscales a cargo de los casos por otros, que no son especializados en este tema. 

Como se recuerda, el viernes pasada asumió el cargo Rosario Isabel Quico Palomino, en reemplazo de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, quien durante dos años condujo la investigación de los muertes y heridos producto del excesivo uso de la fuerza de las fuerzas del orden durante las movilizaciones de 20022 y 2023 exigiendo la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso.

La propia Quico relató en la entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) durante su proceso de ascenso, que ella no ha visto antes casos de derechos humanos, y más bien ha llevado carpetas de corrupción. Sin embargo, la nombraron coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos; y, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

La República pudo conocer que, por ejemplo, uno de los nuevos fiscales nombrados el equipo que ve los abusos durante las protestas es As Carlo Antonio Atocha Castro, quien según su propio curriculum entregado a la JNJ para el proceso de ascenso del año pasado, ha tenido experiencia en temas de violencia familiar y feminicidio.

Fiscal As Atocha fue nombrado en el equipo que investiga las protestas sociales sin tener experiencia en casos similares.

Fiscal As Atocha fue nombrado en el equipo que investiga las protestas sociales sin tener experiencia en casos similares.

Otros fiscales convocados es Marcelo Alejandro Fernández Vásquez, quien ha sido fiscal adjunto en delitos de corrupción de funcionarios el Callao y ha llevado cursos sobre lavado de activos; Alberth Fernández Salazar tiene una tesis para el grado de maestro en derecho penal y procesal penal, y otro en gestión pública, pero ninguno tiene estudios y han trabajado en temas de derechos humanos.

El fiscal Marcelo Fernández se ha especializado en crimen organizado y en lavado de activos, no en protestas sociales.

El fiscal Marcelo Fernández se ha especializado en crimen organizado y en lavado de activos, no en protestas sociales.

También están Tania Griselda Loyaga Flores y Katherine Fiorella Delgado López, lo único que mencionaron en sus curriculums fue haber llevado 60 horas en un curso de Especialización en derecho Constitucional, Procesal Constitucional y el Sistema de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Huaura.

Otros casos

En tanto, nombraron en la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Terrorismo y Delitos Conexos a Patricia Josselyn Espejo Cruz, quien en su curriculum subido a la JNJ solo incluyó un curso de derechos humanos de 60 horas por el Colegio de Abogados de Tumbes, y otros sobre derecho procesal y procesal penal; mientras que Javier Antonio Heredia Cercado informó que llevó un diplomado de 120 horas sobre violencia contra mujeres, derechos humanos e interculturalidad en el Colegio de Abogados del Callao.

De los otros cuatro fiscales nombrados para dicha fiscalía solo Nancy Moreano Rozas declaró un curso de 75 horas de la Academia de la Magistratura sobre Constitucionalidad y tratados de derechos humanos. Jackeline Olivares tiene una maestría en Ciencias Penales y diplomados en violencia familiar, criminología y procesos constitucionales; Peter Paul Miranda y Zendhi Armas Chilón consignaron cursos sobre violencia familiar y técnicas de litigación, entre otros.

En todos los casos, los fiscales fueron presentados como adjuntos provinciales titulares especializados en derechos humanos e interculturalidad de Lima Centro, pese a no tener experiencia en esos temas, lo que genera, por lo menos una preocupante demora en las investigaciones sobre las muertes en las protestas, por los que la propia jefa de Estado se encuentra investigada, entre otros casos.

Ni fujimoristas ni apepistas

Por Dante Pacheco:

No nos cabe la menor duda que el Congreso de la República está podrido, ahora se pretende seguir menoscabando las instituciones tutelares como la Policía Nacional pretendiendo unificar la escuela de sub oficiales con la de oficiales, lo que significa un despropósito, pero el escándalo de la semana es el hecho de ponerse al descubierto que se creó una oficina especial para entregarle la jefatura a la hija política de César Acuña con un sueldo superior a los 19 mil soles, más que un congresista, solo por el hecho de pertenecer a APP.

El escándalo difundido en medios de comunicación de carácter nacional dando cuenta de que la privilegiada no tiene perfil, solo es bachiller en Derecho, pero por ser de Alianza para el Progreso se le concede beneficios extraordinarios. El poder de APP radica en que tienen como aliados al fujimorismo y que juntos hacen lo que les da la gana en el Congreso, pero con dinero de todos los peruanos porque quien llevó a la Presidencia del Parlamento a Eduardo Salhuana fue fuerza popular y entre ellos se reparten la torta.

A lo largo de todo este tiempo han generado leyes en beneficio de ellos mismos y dándoles algunos mendrugos a los demás Partidos para mantenerlos tranquilos, pero son ellos los que tienen poder y abusan de ello creando las Cámaras de Senadores y de Diputados para poder reelegirse, ellos son los de aumentarse los beneficios económicos y esquilmar el presupuesto en complicidad con el Ejecutivo que forma parte de esta trilogía. Solo esto es suficiente para que podamos conocer de cuerpo entero a estos políticos que no merecen volver al Congreso y que podamos reflexionar para elegir a gente nueva y decirles no más a los corruptos.

Vestida de negro: así se presentó Dina Boluarte en la misa por el papa Francisco tras no poder ir al Vaticano

Dina Boluarte acudió a la Catedral de Lima para participar en la misa en homenaje al papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a causa de un derrame cerebral. La presidenta asistió a la ceremonia luego de que el Congreso de la República, por mayoría, decidiera no autorizar su viaje al Vaticano para las exequias oficiales del sumo pontífice. Boluarte optó por vestir de negro, en señal de luto por el fallecimiento del líder católico.

La mandataria no llegó sola al recinto religioso, sino que fue acompañada por su propio séquito. En las imágenes oficiales se pudo observar a gran parte del Consejo de Ministros participando en la ceremonia eucarística. Entre ellos destacaron Gustavo Adrianzén, primer ministro; Eduardo Arana, ministro de Justicia —quien en los próximos días podría enfrentar una moción de censura—; y Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social —que será próximamente interpelada—, entre otros.

La propia Boluarte había anunciado que, ante la negativa del Congreso para viajar a Roma, se realizaría un homenaje póstumo a la memoria de Francisco desde territorio peruano. Durante su participación a las afueras de Palacio de Gobierno, la jefa de Estado dedicó unas palabras al fallecido pontífice: «Su ejemplo no quedará en el silencio ni en el olvido. Su voz seguirá echando raíces en nosotros», expresó.

 Dina Boluarte y sus ministros durante la misa en homenaje al papa Francisco | Foto: Presidencia del Perú.

Congreso denegó viaje a Dina Boluarte para asistir al funeral del papa Francisco

El Congreso de la República negó el permiso solicitado por Dina Boluarte para viajar a Roma y asistir al funeral del papa Francisco. La presidenta no logró autorización para salir del país en medio de la grave crisis de inseguridad que atraviesa la nación. A pesar del respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y otros grupos afines, la votación culminó con 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención, resultado insuficiente para aprobar su salida. La sesión, de carácter extraordinario y semipresencial, contó en su mayoría con la participación virtual de los legisladores.

La solicitud de Boluarte fue remitida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el martes por la noche, lo que motivó una rápida convocatoria para debatir el tema. La jefa de Estado tenía previsto partir el jueves rumbo a Roma y permanecer fuera del país hasta el 28 de abril, gobernando de manera remota durante ese tiempo. Sin embargo, el rechazo fue impulsado por el descontento generalizado de las bancadas tanto de derecha como de izquierda, que consideraron inaceptable que pretendiera abandonar el país en plena crisis de seguridad.

Durante el breve debate, solo Diego Bazán y Norma Yarrow, de Renovación Popular, junto con Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, intervinieron de manera presencial. Bazán criticó duramente la solicitud, calificándola como una pérdida de tiempo frente a las verdaderas urgencias del país. Yarrow, por su parte, acusó a Boluarte de actuar con soberbia y de no comprender el dolor popular, mientras que Paredes exhortó a la mandataria a actuar con austeridad y advirtió que no permitirían burlas hacia la población, amenazando incluso con promover su vacancia.

Funcionario del PRONIS se duerme en plena reunión sobre hospital de Abancay, en muestra de desprecio a la población

Mientras se desarrolla en estos momentos la importante reunión entre representantes de la sociedad civil y el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, con el objetivo de abordar la problemática en torno al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, un hecho indignante ha llamado la atención: uno de los integrantes del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) decidió, en una actitud de absoluta falta de respeto, tomar una siesta en plena sesión.

La reunión, que congrega a dirigentes sociales, autoridades locales y congresistas, busca exigir respuestas claras ante la intención, promovida desde el gobierno central y el gobierno regional, de demoler el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Sin embargo, la actitud del funcionario del PRONIS no solo refleja desinterés, sino un abierto desprecio hacia los reclamos de la ciudadanía abanquina, que lucha desde hace años por un sistema de salud digno.

Los asistentes no ocultaron su malestar frente a este comportamiento, que evidencia el poco compromiso de algunos funcionarios nacionales con los problemas reales que aquejan a regiones como Apurímac. «Mientras el pueblo exige soluciones, ellos prefieren dormir», se escuchó entre algunos indignados participantes.

La falta de respeto demostrada hoy pone en tela de juicio no solo el profesionalismo de quienes representan al Estado en instancias claves, sino también la verdadera voluntad política de atender las necesidades urgentes de salud pública.

Vladimir Cerrón y Juan Silva retornan a la lista de los más buscados: Mininter anunció la reincorporación de ambos

El Ministerio del Interior (Mininter) ha informado que Vladimir Roy Cerrón Rojas, líder de Perú Libre, y Juan Francisco Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, han sido reincorporados al Programa de Recompensas tras cumplir con los procedimientos legales establecidos. 

La decisión fue tomada luego de que las autoridades realizaran las diligencias pertinentes para asegurar su inclusión en la lista de los más buscados en el país. Ambos exfuncionarios figuran ahora como prófugos de la justicia, y las autoridades continúan trabajando para garantizar su captura.

El Mininter, en colaboración con la Policía Nacional del Perú, ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. 

La recompensa por información sobre su paradero asciende nuevamente a 200,000 soles para Cerrón y 50,000 soles para Silva, como parte de los esfuerzos para localizarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

¿Qué cargos enfrentan Vladimir Cerrón y Juan Silva?

Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y actual líder del partido Perú Libre, enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses en el marco de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de su partido.

Este caso forma parte de la investigación sobre la organización criminal «Los Dinámicos del Centro», que estaría involucrada en actividades ilícitas relacionadas con la financiación de campañas políticas. 

A pesar de haber sido retirada una condena previa en su contra por un tribunal, Cerrón sigue siendo uno de los principales involucrados en este caso. Por su parte, Juan Silva enfrenta una acusación de corrupción relacionada con su periodo como ministro de Transportes y Comunicaciones. 

En particular, se le vincula con el caso «Puente Tarata», que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante su gestión. Silva también tiene una orden de prisión preventiva y es buscado activamente por las autoridades.

¿Por qué fueron retirados de la lista?

Cerrón y Silva fueron inicialmente incluidos en el Programa de Recompensas debido a la gravedad de los cargos que enfrentan. Sin embargo, recientemente fueron retirados de esta lista tras las decisiones judiciales que modificaron su situación procesal. 

El Poder Judicial anuló una condena previa contra Cerrón, lo que dio paso a su exclusión temporal del programa. A pesar de ello, las órdenes de prisión preventiva siguen vigentes, lo que significa que ambos continúan siendo buscados.

La inclusión de Cerrón y Silva en el registro del Mininter refuerza la idea de que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado sigue siendo una prioridad para el gobierno y las fuerzas de seguridad del país.