El congresista Luis Aragón no participará en las elecciones generales 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por el personero legal de Avanza País, con el que se buscaba revertir la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco que declaró improcedente su postulación a la Cámara de Diputados.
De esta manera, el máximo organismo electoral confirmó la decisión adoptada en primera instancia y dejó sin efecto la inscripción del actual parlamentario en la lista de candidatos del partido Avanza País. La resolución del JNE agota la vía administrativa, por lo que la exclusión de Aragón queda firme.
Jurado Nacional de Elecciones.
JEE de Cusco declaró improcedente su candidatura
El JEE de Cusco había declarado improcedente la postulación de Luis Aragón al advertir incumplimientos vinculados a las normas de democracia interna. Según la resolución, el partido no acreditó de manera válida el procedimiento mediante el cual el congresista fue incorporado a la lista de candidatos, tras la renuncia de otro postulante.
El órgano electoral señaló que no se presentó el acta correspondiente que sustente la designación directa de Aragón, requisito indispensable para validar su inclusión en la nómina. Asimismo, se cuestionó la documentación relacionada con su autorización para postular por una agrupación distinta a la que integró originalmente.
JNE ratifica decisión y cierra el caso
Ante esta decisión, el personero legal de Avanza País interpuso un recurso de apelación ante el JNE, al sostener que las observaciones del JEE podían ser subsanadas y que no se había vulnerado el derecho a la participación política del candidato.
No obstante, el Pleno del JNE concluyó que las omisiones detectadas no cumplían con las exigencias establecidas en la normativa electoral y que no correspondía amparar el recurso presentado. En consecuencia, declaró infundada la apelación y confirmó la improcedencia de la candidatura.
Con esta resolución, Luis Aragón queda definitivamente excluido del proceso electoral rumbo a 2026, mientras Avanza País deberá continuar la contienda sin su postulación a la Cámara de Diputados.
Aún podría acudir al Poder Judicial
Si bien la resolución del JNE es definitiva en la vía electoral, la normativa permite que el candidato o el partido puedan acudir al Poder Judicial mediante una acción de amparo. Este recurso podría ir acompañado de una solicitud de medida cautelar, con el objetivo de suspender los efectos de la decisión mientras se evalúa el fondo del caso.
Todo vale para ganar votos en las próximas elecciones del domingo 12 de abril. Y es que, al mismo estilo del presidente argentino, Javier Milei, gran parte de los candidatos al sillón de Pizarro ha decidido apostar por la reducción de ministerios bajo la promesa de que se logrará disminuir la burocracia estatal y el gasto público.
A través de una revisión de los planes de gobierno de las 36 agrupaciones políticas habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que 14 proponen disminuir la cifra actual de 19 ministerios porque la consideran muy abultada.
En la lista destacan Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú, el APRA, Unidad Nacional y el Partido Morado. A estos se suman nuevos partidos políticos, como Sí Creo, Perú Moderno, Unido Perú, Perú Acción, Integridad Democrática, Un Camino Diferente y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN).
El MIMP en la mira
Todas estas organizaciones que apuestan por dicha medida provienen de la derecha o centroderecha. Pero eso no es todo.
Lo que llama la atención es que al menos la mitad de las 14 agrupaciones busca extinguir o fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con otras carteras, tal como lo pretendió, en su momento, el Gobierno de Dina Boluarte, con el aval del Congreso.
Por ejemplo, la fusión del MIMP con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es planteada por Avanza País, el APRA, Podemos Perú, Integridad Democrática y Unidad Nacional. Mientras tanto, APP y el Partido Morado no consideran al MIMP en la nueva estructura del Ejecutivo. Asimismo, los otros siete no dan más detalles en sus planes de gobierno.
“Crearemos el Ministerio de Protección Humana tras la fusión del Midis y el MIMP”, plantea Unidad Nacional. “Crearemos el Ministerio de la Familia, la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, propone Podemos. “Unificaremos el MIMP y el Midis y se llamará Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, ofrece Integridad Democrática (ver recuadro).
Ataque conservador
Para la exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, esta nueva intención de fusionar el MIMP con el Midis es preocupante porque responde a un contexto político predominantemente conservador y antiderechos que no solo se está dando en el Perú sino también en otros países, como Argentina, Ecuador y Estados Unidos.
“Es un mensaje que estos partidos, muchos con escaños en el actual Congreso, no van a priorizar los derechos de las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló Miloslávich tras agregar que también es una muestra de machismo y desconocimiento del Estado.
La exministra explicó que no existen sustentos para fusionar el MIMP con el Midis porque sus mandatos son diferentes.
“El objetivo del Midis es disminuir la pobreza con la implementación de programas sociales; mientras que el MIMP tiene bajo su rectoría no solo las políticas vinculadas a la prevención de violencia y la igualdad de género, sino también la rectoría en materia de niñez, personas con discapacidad y adultos mayores. Se quiere retroceder 30 años de avances”, precisó.
En opinión de la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, la reducción de ministerios debe basarse, principalmente, en sustentos técnicos sólidos y no en posiciones ideológicas.
“Para la mejor prestación de los servicios del Estado, lo que tiene que primar es el tecnicismo y la búsqueda de eficiencia antes que posiciones ideológicas o personales”, manifestó.
Nuevos ministerios
Pero, ¿qué plantea cada una de estas organizaciones políticas que buscan votos?
Alianza para el Progreso, que lleva como candidato presidencial a César Acuña, ofrece reducir de 19 a 10 ministerios fusionando y extinguiendo carteras y oficinas adscritas, “con el fin de eliminar duplicidades y trámites cruzados, generar menos gasto corriente improductivo y tener un Estado cercano a la población”.
De esta manera, APP propone el Ministerio de Defensa y Seguridad Interna, el Ministerio de Servicios Estratégicos Básicos (fusión del Minedu y Minsa), el Ministerio de Desarrollo Socio Económico (fusión del MTC, Minem, Agricultura, Vivienda y Ambiente), el Ministerio de Infraestructura, entre otros. Permanecerían aún los ministerios de Justicia, Economía, Relaciones Exteriores y el Mincetur. APP eliminaría el MIMP porque no aparece en su estructura.
En el caso del Partido Morado, cuyo candidato presidencial es Mesías Guevara, plantea reducir de 19 a 12 ministerios “para evitar duplicidad de esfuerzos y desperdicio de recursos”.
Así, se crearía el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo (fusión de Producción, Trabajo, Mincetur y Minem), el Ministerio de Infraestructura (fusión del MTC, Vivienda y ANIN), el Ministerio del Conocimiento (fusión de Cultura y Concytec), el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Con estos permanecerían las carteras de Educación, Agricultura, Ambiente, Defensa, Economía y la PCM. El Partido Morado tampoco toma en cuenta al MIMP en su estructura.
“Estas fusiones se darían vía decreto supremo, con un plan de transferencia de 6 a 12 meses y con garantías laborales. Para eso se calcula una inversión de 365 millones de soles y un ahorro de 825 millones al año”, responde.
Más fusiones
En el plan de gobierno de Avanza País, que lleva como candidato a José Williams, se promete disminuir de 19 a 16 ministerios “para evitar burocracia, gasto e inestabilidad por la constante rotación de ministros”. Para eso, fusionaría el MIMP con el Midis; el Ministerio de Producción con el Mincetur; así como el Minedu con Cultura.
De igual forma, Unidad Nacional, cuyo candidato es Roberto Chiabra, ofrece disminuir de 19 a 15 ministerios “para lograr una economía de gestión y también empoderar a los sectores desarticulados”. Así, se crearía el Ministerio de Turismo y Cultura, el Ministerio de Obras Públicas (fusión de Vivienda y MTC) y el Ministerio de Producción y Comercio Exterior (fusión de Producción, Mincetur y Agricultura).
Por otro lado, Renovación Popular, que lleva como candidato a Rafael López Aliaga, pretende reducir de 19 a 6 ministerios. Si bien no ha precisado qué ministerios eliminará en su plan de gobierno; su líder ha adelantado que el MIMP será el nuevo Ministerio del Ser Humano.
Sí Creo, de Carlos Espá, también promete reducir de 19 a 6 ‘supraministerios’. Un Camino Diferente, de Rosario Fernández, plantea bajar la cifra a ocho ministerios y Perú Acción, de Francisco Diez Canseco, a 10. Los demás partidos indican que disminuirán las carteras ministeriales, pero no dan detalles.
Que prime la cordura
De acuerdo con la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, la propuesta de reducción de ministerios se ha convertido en el ‘caballito de batalla’ de los partidos políticos que participan en elecciones. Sin embargo, esta no debe ser una promesa electoral vacía sino que debe sustentarse en un análisis técnico que esté aterrizado a nuestra realidad para evitar que se descuiden servicios básicos.
“Si pensamos en tener menos ministerios para reducir la planilla estatal, estamos partiendo de una premisa equivocada. Es un riesgo tener un Estado pequeño para una población grande si no se ha elaborado un plan que mejore cuantitativa y cualitativamente la eficiencia, el gasto y la calidad de la burocracia. El objetivo es tener una suficiente capacidad para que se cumplan las políticas de Estado y se optimicen los servicios que se dan a los ciudadanos”, dijo.
A su vez, la exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, lamentó que, en plena campaña electoral, 14 partidos políticos generen preocupación en vez de esperanza al pretender adecuar el Estado peruano a sus intereses.
“Desde el Congreso, muchos de estos partidos sobre todo Renovación Popular y Fuerza Popular, ya han boicoteado políticas a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables con proyectos de ley que fueron aprobados. Ahora, buscan hacer lo mismo y más desde el Ejecutivo. No podemos permitir esto, ojalá los electores sepan elegir bien porque el panorama no puede ser desalentador”, respondió la exministra con mucha preocupación.
Intentos del Ejecutivo y Congreso
El 28 de julio del 2024, la expresidenta Dina Boluarte, anunció la creación del Ministerio de Infraestructura y la fusión de cuatro ministerios, entre ellos el Midis y el MIMP. Sin embargo, no prosperó.
Desde el Congreso se han presentado al menos cuatro proyectos de ley para eliminar, fusionar o cambiar el nombre del MIMP.
En febrero del 2022, el legislador Américo Gonza presentó una iniciativa para cambiar el nombre del MIMP por el de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.
Entre diciembre del 2023 y febrero del 2025, su colega Milagros Jáuregui presentó dos proyectos para que el MIMP sea el Ministerio de la Familia, Desarrollo e Inclusión Social.
En enero del 2024, la congresista Katy Ugarte propuso reducir de 19 a 9 ministerios.
Información sobre propuestas de partidos políticos.
Este domingo, 1 de febrero, se realizó la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China en la explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en el distrito limeño de San Borja, tal como la embajada de dicho país anunció, el viernes pasado.
Cabe resaltar que la efeméride estuvo en el ojo de la opinión pública, de manera particular, debido a que el presidente José Jerí justificó su reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang -ocurrida el pasado 26 de diciembre, a altas horas de la noche, en un chifa de la avenida San Luis- indicando que el encuentro era para tratar asuntos relacionados con dicha celebración que, según dijo, se realizaría en Palacio de Gobierno.
“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles», indicó el jefe de Estado, el pasado 12 de enero, en declaraciones a la prensa.
«[Empresarios como Zhihua Yang] tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera, y eso es lo que hay que entenderlo en ese contexto», agregó.
Dado el interés del mandatario en la realización de dicha actividad, llamó la atención que, finalmente, no acudiera a la ceremonia realizada hoy. Al respecto, Alfredo Luna, ministro de Cultura, indicó que el presidente no pudo acudir «porque tiene una agenda de trabajo».
Sin embargo, RPP revisó la agenda oficial del mandatario y constató que no tiene ninguna actividad programada para este domingo.
¿Por qué la celebración se realizó en el Ministerio de Cultura y no en Palacio de Gobierno?
Consultado respecto al cambio de lugar de la actividad, el ministro Luna Briceño aludió a temas de «logística» y a la naturaleza cultural de la celebración. Además, indicó que, el último 19 de enero, recibió el encargo del presidente para que su sector se encargue de las coordinaciones.
«En el momento que se me encarga, yo le propongo al presidente hacerlo acá [explanada del Mincul] El 19 de enero [fue el encargo], por un tema logístico y la esencia cultural de la actividad», aseguró.
Asimismo, indicó que los preparativos iniciaron en diciembre pasado con la participación de varios sectores del Ejecutivo, aunque, finalmente, el Mincul recibió la tarea.
«Como le he dicho en el discurso, esta celebración se está realizando en coordinación del Gobierno del Perú, a través de su Ministerio de Cultura, y la Embajada china […] La festividad comenzó a organizase desde diciembre con varios sectores y, en enero, se me encarga, por encargo del presidente, que sea Cultura quien lo haga», explicó.
Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que «barrerlo».
El legislador de Fuerza Popular ingresó como parte del público a la audiencia virtual en la que los jueces iban a tomar una decisión, en una abierta presión para que apliquen la norma aprobada por el Congreso que permite dejar en la impunidad cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército acusados de la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida el 14 de mayo de 1988, admitió el argumento del Tribunal Constitucional que permite la prescripción del delito de lesa humanidad a los hecho ocurridos antes de julio del 2002. Sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, dijo que los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.
Rospigliosi arremetió contra los magistrados, acusándolos de “politizados y prevaricadores” en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional, sin embargo el legislador obvió la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales suscritos en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.
«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.
Momentos antes se quejaba de que no lo dejaban ingresar a la Sala, mostrando una foto en la que aparecía la frase «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan«, como normalmente aparece a todos los asistentes que desean participar de una audiencia. Finalmente el congresista fujimorista pudo asistir. Además, ingresaron la también legisladora naranja Martha Moyano y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.
No es la primera vez que Rospigliosi critica al Poder Judicial. Hace dos días, en un evento en el Congreso señaló que la «mafia caviar» está enquistada allí, pues suspendido a un juez que aplicó la ley de impunidad. «No podemos dejar que siga inaplicando las leyes», advirtió entonces. Y el 13 de enero último, poco antes de iniciar una audiencia del caso Cayara, escribió un post advirtiendo a los magistrados que «si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión».
Atenta contra la división de poderes
En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que «barrer» contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.
«El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026», sostuvo en X.
Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», precisó en su cuenta.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió una investigación preliminar sumaria contra el fiscal suspendido José Domingo Pérez. La medida se debe a que, presuntamente, habría intentado influir en la decisión del juez Wilson Reátegui para que no se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la investigación del caso Cócteles, en el que estaba involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
De acuerdo con la resolución 01-2026, a la que tuvo acceso La República, Pérez Gómez habría llamado al desacato al magistrado para inaplicar la sentencia del TC. Por esa razón, califica como una falta muy grave el supuesto accionar del exmiembro del desactivado Equipo Especial Lava Jato.
Informe de la ANC contra José Domingo Pérez
En esa misma línea, la investigación se sustenta en que el fiscal supuestamente incurrió en las prohibiciones de la Ley de Código de Ética de la Función Pública. La norma indica que a todo servidor público le está prohibido «obtener ventajas indebidas, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia».
En ese contexto, la ANC inició el trámite especial de investigación preliminar sumaria contra Pérez Gómez por un plazo de 5 días hábiles.
Además, se le otorgó al fiscal un plazo de 24 horas luego de haber sido notificado para que presente un informe de hechos respecto a los cargos que se le imputa.
«En caso de que requiera ampliación del plazo otorgado, deberá tener en cuenta lo establecido en el considerando 74 de la presente resolución y la naturaleza perentoria del plazo de investigación preliminar», se lee en el documento.
Asimismo, se dispuso recabar de la mesa, de parte de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro, el récord de quejas, así como la última resolución de designación del fiscal.
José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato
El pasado 13 de enero, la ANC impuso una suspensión de 6 meses contra Pérez Gómez por presuntas infracciones administrativas graves cometidas durante sus funciones.
La investigación fue por el caso Cócteles y la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori.
Según el documento, se cuestiona a Pérez por haber presentado un requerimiento acusatorio sin una imputación adecuadamente fundamentada en los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios.
Esta deficiencia técnica llevó a que la acusación fuera devuelta hasta en 19 ocasiones y que, finalmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declarara de oficio la nulidad del auto de enjuiciamiento.
Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que «barrerlo».
El legislador de Fuerza Popular ingresó como parte del público a la audiencia virtual en la que los jueces iban a tomar una decisión, en una abierta presión para que apliquen la norma aprobada por el Congreso que permite dejar en la impunidad cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército acusados de la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida el 14 de mayo de 1988, admitió el argumento del Tribunal Constitucional que permite la prescripción del delito de lesa humanidad a los hecho ocurridos antes de julio del 2002. Sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, dijo que los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.
Rospigliosi arremetió contra los magistrados, acusándolos de “politizados y prevaricadores” en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional, sin embargo el legislador obvió la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales suscritos en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.
«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.
Momentos antes se quejaba de que no lo dejaban ingresar a la Sala, mostrando una foto en la que aparecía la frase «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan«, como normalmente aparece a todos los asistentes que desean participar de una audiencia. Finalmente el congresista fujimorista pudo asistir. Además, ingresaron la también legisladora naranja Martha Moyano y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.
No es la primera vez que Rospigliosi critica al Poder Judicial. Hace dos días, en un evento en el Congreso señaló que la «mafia caviar» está enquistada allí, pues suspendido a un juez que aplicó la ley de impunidad. «No podemos dejar que siga inaplicando las leyes», advirtió entonces. Y el 13 de enero último, poco antes de iniciar una audiencia del caso Cayara, escribió un post advirtiendo a los magistrados que «si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión».
Atenta contra la división de poderes
En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que «barrer» contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.
«El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026«, sostuvo en X.
Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», precisó en su cuenta.
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