Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes

La Fiscalía formalizó el pedido de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por presunta falsificación de información de los aportes del partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante la audiencia del último jueves, la fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez presentó la acusación fiscal contra el candidato presidencial por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

Sánchez se llegó a conectar al inicio de la audiencia para acreditarse ante el juez Adolfo Farfán. El intercambio entre ambos fue limitado, tras las críticas que recibió el magistrado por su anterior interacción.

Cabe precisar que, la representante del Ministerio Público intentó que solo se subsanará la acusación tal como señaló la Sala de Apelaciones y se emita el auto de enjuiciamiento. Es decir, que se autorice el paso al juicio oral. Sin embargo, el juez Farfán Calderón rechazó la pretensión fiscal. Argumentó que, ante la variación de la acusación, el Código Procesal Penal exige realizar el control correspondiente, invalidando la postura de la Fiscalía que sostenía que este paso ya había precluido.

Llevar a cabo un nuevo control de acusación podría dilatar el proceso penal contra Roberto Sánchez. El magistrado deberá realizar control formal y sustancia, sumado al control de las pruebas que se usarán en el juicio oral.

Por otro lado, el Ministerio Público formalizó el retiro del extremo de la acusación referente al delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esto en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción respecto a este delito.

Los hechos

Se le atribuye haber presentado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE respecto a la información financiera anual del año 2018.

La fiscalía también sostiene que Sánchez declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020, así como sobre los gastos e ingresos de la campaña electoral para las elecciones congresales de 2020. Se mencionó la supuesta declaración de un aporte en especie por el uso de un local partidario, valorizado en 27,400 soles, que fue negado por el presunto aportante durante la fiscalización.

Por ello se pide una pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra el candidato presidencial, además de la pena de inhabilitación definitiva para ejercer cargos como presidente del partido político Juntos por el Perú.Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro CinquePeruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Cierre de campaña

Roberto Sánchez cerró su campaña presidencial ante miles de seguidores en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María, en el último acto proselitista permitido antes del balotaje del 7 de junio contra Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú (JPP) subió al escenario de la avenida La Peruanidad pasada la medianoche y prometió derogar las leyes que calificó de “procrimen” como primera medida de gobierno.

El cierre en Lima fue el punto final de una semana de recorrido por el sur andino: Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3. La Municipalidad Metropolitana de Lima le había negado el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que obligó al equipo de campaña a trasladar el acto al Campo de Marte.

Keiko Fujimori asegura que respetará los resultados de la segunda vuelta: «Siempre lo hemos hecho»

Keiko Fujimori aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, hasta hace unos días continuaba insinuando la narrativa de fraude en este proceso electoral y en el del 2021.

«Seré absolutamente respetuosa de la voluntad popular (…) Estamos tomando las medidas para tener personeros en todas las mesas del país e invocamos a los observadores para que estén atentos, pero por supuesto que vamos a respetar como siempre lo hemos hecho la voluntad popular», anotó.

“Qué viva el compatriota Antauro”: Vuelve a circular video de Roberto Sánchez elogiando a su socio

Así quiera desmarcarse ahora de él y hacerlo a un lado de su campaña presidencial, el vínculo que tiene Roberto Sánchez con Antauro Humala tiene largo tiempo y es mucho más fuerte de lo que el candidato de Juntos Por el Perú (JPP) quiere negar ante el país. Nuevas imágenes nos recuerdan la cercanía y hasta admiración que el también congresista tiene por el condenado a prisión por la muerte de cuatro policías por el ‘Andahuaylazo’.

En el mismo evento partidario del movimiento A.N.T.A.U.R.O, del etnocacerista, por los 20 años de este acto criminal y en el que Sánchez calificó esta asonada como “un acto político”, el líder del JPP se dirige directamente a Antauro como «compatriota» y «líder del pueblo» y finaliza su proclama vivando por el aliado que hoy niega.

«Compatriota Antauro Humala, líder del pueblo. Compañero, no queremos levantar un programa patriótico para el día siguiente hablar de la hoja de ruta y cambiar el programa de la transformación», arenga Sánchez ante el grupo de ‘antauristas’ que lo escuchaban y teniendo en la mesa principal a su socio político, que por ese entonces —enero de 2025— aún pretendía postular a la presidencia y su agrupación no perdía su inscripción

«El reto no es solamente ganar el gobierno, compatriota, sino construir el poder popular. Porque tal como están desencontradas las fuerzas, ¿usted cree, compatriota, que lo van a dejar gobernar?», lanzó, en una pregunta dirigida directamente al entonces candidato Humala.

A lo largo de su discurso, Sánchez reconoció abiertamente que varios integrantes del movimiento etnocacerista enfrentan procesos judiciales y que algunos se encuentran «recluidos». Y los reivindicó.

«Ya sabemos, hoy muchos de ustedes están procesados por un conjunto de delitos supuestos de carácter político y otros compañeros, así como usted, estuvo cerca de 18 años en la cárcel. Hoy también tenemos compañeros nuestros afrontando lo que significa estar recluidos y los recordamos, los tenemos presentes», dijo.

La proclama cerró con un viva explícito de Sánchez: «Que viva el compatriota Antauro», la que fue respondida con vivas por los simpatizantes antauristas. Una relación que va más allá de alianzas y a estas alturas ya imposible de negar. 

Presidente Balcázar «pondría en juego su cabeza» al indultar a Pedro Castillo

En medio de los rumores de renuncias ministeriales por un eventual indulto del presidente José María Balcázar al golpista expresidente Pedro Castillo, el constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que una decisión de este tipo el mandatario pondría en riesgo su permanencia en el cargo.

«El abogado de Castillo ya va presentando seis peticiones de indulto, cada una más inadmisible que la otra, porque el indulto es una gracia presidencial y, por lo tanto, no es un derecho que se obtiene, que se puede exigir», declaró Quiroga.

Cabe señalar al respecto que, días atrás, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, dio cuenta del ingreso de una nueva solicitud de indulto en favor del exmandatario quien —como se recuerda— ha sido condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Quiroga, en tanto, explicó que el otorgamiento de esta gracia solo puede darse en cumplimiento estricto de la Constitución Política que establece que la persona indultada debe previamente haber sido sentenciada.

En ese contexto, recordó que Pedro Castillo tiene un proceso judicial que aún no cuenta con una resolución definitiva. «Si bien Castillo tiene una condena en primera instancia, esta ha sido apelada». 

«No podría el presidente indultar a una persona que podría ser absuelta por la corte superior», agregó, tras subrayar que Castillo está descalificado para un beneficio como el indulto que —insistió— solo procede «con una condena firme, que aún no tiene».

El constitucionalista reflexionó sobre el tema y prosiguió diciendo que una posible salida de Pedro Castillo antes del balotaje de este domingo habría inclinado la balanza de las elecciones por uno de los candidatos. 

«La salida de Castillo antes de las elecciones hubiese sido mortal para nuestro proceso eleccionario; hubiese terminado, sin duda alguna, inclinando la balanza en favor de uno de los contendores. Ahora ya no es posible que eso pase; el domingo votaremos con la tranquilidad de que Castillo está en la prisión que le corresponde», afirmó.

«Sería un indulto inconstitucional y creo que lo más probable que ocurriría, si eso se diese de esa manera irregular, es que Balcázar pondría en juego su cabeza en la presidencia transitoria de la República. Es decir, sería censurado de inmediato por el Congreso antes de que termine sus funciones el 28 de julio», enfatizó.

Fernando Rospigliosi descartó indulto a Pedro Castillo: “Absolutamente imposible”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró este miércoles que no existe posibilidad de indulto para el expresidente Pedro Castillo, luego de las versiones que apuntaban a un informe médico que respaldaría dicha medida.

En declaraciones a la prensa luego de una sesión de la Comisión Permanente, Rospigliosi sostuvo que la medida sería inviable legalmente, debido a que la condena impuesta a Castillo aún se encuentra en etapa de apelación.

Espero que no, porque esta es una situación completamente ilegal. Él ha apelado a una segunda instancia la condena que se le dio en primera instancia. Desde ese punto de vista es absolutamente imposible que se le indulte”, indicó.

Renuncia ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, en medio de discrepancias por el acuerdo comercial Perú-Brasil

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, en la que argumenta razones vinculadas a sus «convicciones profesionales» y a la necesidad de preservar los intereses del Estado en asuntos de relevancia internacional.

En el documento, Reyes señala que su decisión responde a principios institucionales que considera indispensables para el ejercicio de la función pública, especialmente en contextos relacionados con relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones estratégicas para el país.

«Considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado», señala en la carta.

Alusión a temas de integridad y transparencia

Uno de los aspectos más relevantes del documento es la referencia a eventuales acuerdos internacionales que podrían involucrar aspectos relacionados con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción.

El ahora exministro sostiene que cualquier decisión sobre estas materias debe considerar la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que el Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional.

Asimismo, afirma que, en coherencia con su posición técnica respecto a estos temas, ha optado por «dar un paso al costado» para salvaguardar los intereses del Estado.

Interpelación

El exministro Reyes debía asistir el jueves 4 de junio al Congreso para ser interpelado por el pleno. El pedido era para que explique las razones por las cuales el Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil, suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño en 2017, continúa sin entrar en vigencia en el Perú.

La moción, impulsada por congresistas de las bancadas Somos Perú (SP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Democrático Popular (BDP) y otros grupos parlamentarios, plantea un pliego interpelatorio de 20 preguntas orientadas a esclarecer la posición oficial del Poder Ejecutivo respecto del acuerdo y los motivos de la prolongada demora en su ratificación.

Entre los principales temas que deberá responder el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo figuran los beneficios potenciales del tratado para las exportaciones peruanas, la integración económica bilateral y el impacto que tendría en diversas regiones del país con posibilidades de ampliar su relación comercial con Brasil.

Asimismo, el Congreso busca determinar si el acuerdo podría implicar riesgos para el Estado peruano en materias vinculadas a inversiones, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas relacionadas con actos ilícitos.